El diario Curacao
Chronicle, en su edición de 15 de enero de 2018, denunció contrabando de oro a
gran escala desde Venezuela hacia el Caribe, incluyendo Curazao y Aruba, según
investigación que realizó en nuestro país el periodista y criminólogo
internacional Bram Ebus, financiada por Pulitzer Center on Crisis Reporting,
sobre la extracción ilegal de oro en el sur de Venezuela y que suministró a NPO
Radio 1 en Bureau Buitenland (VPRO).
Ebus señala que docenas
de aviones realizan vuelos, las 24 horas del día, “bajo las narices” o complacencia
de los miembros de la Fuerza Armada e indica como su fuente al mayor general
Cliver Alcalá Cordones, que tuvo a su cargo el control de áreas mineras hasta
2013 y quien asevera que militares se aseguran de que las aeronaves permanezcan
fuera del radar y se enriquecen; y que 80% del oro venezolano sale del país
como contrabando, es decir, miles de kilos por mes.
Ebus visitó durante tres
meses el área llamada Arco Minero para investigar la minería ilegal, por lo que
fue detenido por la Guardia Nacional durante 24 horas(1).
La investigación de Bram
Ebus, denominada “Explorando el Arco Minero. La destrucción de 110.000
kilómetros cuadrados en el proyecto minero más grande de Venezuela”, aparece
publicada por arcominero.infoamazonia.org(2), según la cual “el afán de las
fuerzas armadas por los minerales se traduce en un visible militarización de
las zonas mineras”, o áreas decretadas por el gobierno como “Arco Minero del
Orinoco”, como un proyecto contra la minería ilegal y de solución a la crisis
económica, que coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales
legalmente protegidos y en las cuales poco importa si el oro tiene un origen
legal o no: o, si es extraído por compañías o por bandas armadas o “pranes”.
Dichas zonas son: Área 1: Bauxita, coltán, tierras raras y diamantes. Área 2:
Oro y hierro. Área 3: Bauxita, oro y hierro; y Área 4: Bauxita, oro, cobre,
dolomita y caolín.
La intención del
gobierno, ante su déficit, con la creación de esta extensa zona minera, es
reducir la dependencia del petróleo mediante la extracción de oro, diamantes y
coltán. Ebus afirma que “el oro ilegal extraído allí se contrabandea a gran
escala hacia el Caribe es un secreto público “, y que “soldados, mineros, políticos,
todos lo saben”. Y que el Arco Minero resultó “un gran desastre: la zona está
llena de cráteres, con agua envenenada por mercurio y la supervivencia de las
comunidades indígenas está en juego” y que “todo tipo de negocios oscuros, en
parte está en manos del gobierno”; “todo esto tiene lugar bajo la atenta mirada
del Ejército”.
Según el diputado Elías
Mata han sido detenidos barcos pesqueros con cargamento de barras de oro que
salen del país hacia las islas del Caribe, específicamente Aruba y Curazao, y
que por contrabando de oro Venezuela ha perdido alrededor de 20.000 millones de
dólares.
Sobre este particular
informó el diputado Mata que el miembro de la Segunda Cámara del Parlamento
holandés, Ronald van Raak, había solicitado a su gobierno un informe sobre este
contrabando de oro.
De acuerdo con el
informe elaborado por el mencionado diputado Mata, según el Atlas de Economía
de la Universidad de Harvard, en el año 2015 Curazao exportó 514 millones de
dólares, lo que representa 32% del total de sus exportaciones. En Venezuela 80%
del oro sale por la vía del contrabando y que para 2015 aparecen 883 millones
de dólares exportados por el país, es decir, apenas 2,3%. Asimismo, destacó que
en ese año el país produjo alrededor de 4.415 millones de dólares, alrededor de
110 toneladas de oro, y si se le disminuye lo que supuestamente exportó
legalmente en 2015 salieron de contrabando 88 toneladas de oro del país. Pero
que si se atiende a las denuncias de los diputados oficialistas Juan Barreto y
Adel el Zabayar, no serían 88 toneladas de contrabando sino 200 toneladas.
“Una mafia disfrazada de
sindicato está al mando del yacimiento de oro más grande de Venezuela”, se
titula una investigación de Edgar López, publicada
en arcominerodelorinoco.com[3],
que resume su contenido, como “el auge de la delincuencia organizada en los
pueblos del sur del estado Bolívar ha sido directamente proporcional al
abandono estatal de la zona. Los jefes de las bandas criminales imponen el
terror con los mismos métodos de violencia extrema que usan los líderes de las
prisiones venezolanas, los pranes y han convertido el negocio minero en una red
hamponil que subyuga y corrompe a todos”.
En la zona de Las
Claritas, por ejemplo, que es el centro poblado más cercano a la principal
reserva de oro en Venezuela, su mercado está determinado por el mercado negro.
El precio de venta del oro lo fija, a modo de cartel, el sindicato en 90.000
bolívares el gramo y si alguien intenta superarlo es maltratado o asesinado.
Un caso paradigmático de
la mafia organizada y de la impunidad en el Arco Minero, al que se refiere la
investigación de Edgar López, lo es el caso del teniente del ejército
bolivariano Jesús Leonardo Curvelo, a quien le incautaron 33.034.920 bolívares
en efectivo, embalados en 31 cajas de cartón, cuando pasaba por el puesto de
control de la Guardia Nacional Bolivariana, La Romana, en la carretera Troncal
10.
Las investigaciones del
Ministerio Público determinaron que Curvelo y el conductor, Pedro Rafael Goitia
Salazar, formaban parte de una organización criminal y que el dinero provenía
de las organizaciones gubernamentales relacionadas con programas sociales:
Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal, cuyas sedes están en
instalaciones militares.
Curvelo estuvo 14 años
de servicio como asistente personal del general Julio César Fuentes Manzulli,
comisionado de la Gobernación del Estado Bolívar para los Pueblos del Sur, cuya
función era la de combatir las mafias mineras. Obtuvo casa por cárcel después
de 106 días detenido, hasta el 3 de febrero de 2016 y huyó del país hacia
Portugal.
Ya desde fuera, en un
informe fechado el 28 de septiembre de 2016, que dirigió al diputado Américo de
Grazia, Curvelo afirma que el dinero incautado era una encomienda de Fuentes
Manzulli y que sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez
(Juancho), el jefe del Pran del Sindicato 4 Minero Las Claritas(4).
Posteriormente, Curvelo,
en entrevista telefónica del 17 de enero de 2017, admitió que había realizado
otras operaciones delictivas y que la última remesa de dinero que intentó
llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque no hubo
coordinación entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del
estado Bolívar. Igualmente, señaló que el día de su detención recibió una
llamada telefónica del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana
Eduardo Gámez Flores, que dijo era sobrino de la primera dama,, Cilia Flores, y
quien le participó que ya estaban resolviendo su problema
En su entrevista Curvelo
afirma que sabía que estaba transportando dinero de origen ilícito, pero que
por estar trabajando por 14 años con un general no tenía más que preguntar y
que se sentía tranquilo, porque su “jefe tenía conocimiento de esto”. Admitió
también que, además de dinero, suministró armas de fuego a los jefes de bandas
criminales vinculadas con la minería.
El periodista Edgar
López termina su investigación diciendo: “En el expediente del caso Curvelo no
aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes Manzulli
ni el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huida del teniente del
ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido. La Fiscalía no avanzó en la
identificación de los integrantes ni en la precisión de otras operaciones de la
organización criminal que respaldó al acusado y que podría continuar sacando
provecho del tráfico de oro, dinero y armas en los pueblos del sur del estado
Bolívar”.
Por su parte, la
Asamblea Nacional, en acuerdo de fecha 14 de junio de 2016, declaró contrario a
los intereses de la República y a los derechos ambientales el decreto N° 2248,
de fecha 24 de febrero de 2016, de creación del Arco Minero del Orinoco, que
comprende una extensión de 111.846,70 kilómetros cuadrados, y, que por ende lo
desconocía y desautorizaba su creación, por atentar contra las reservas de agua
dulce no contaminadas, del país, ubicadas al sur del río Orinoco, la
biodiversidad de la Reserva Forestal de Imataca, de El Caura, La Paragua y las
zonas protectoras de la cuenca del río Caroní, los tepuyes, que son formaciones
biogeografías únicas en el mundo, y porque atenta contra el hábitat de los
pueblos indígenas y las Áreas bajo Régimen de Administración Especial, Áreas
Protegidas o de Especial Importancia Ecológica. Áreas estas para cuya
desafectación se requería la autorización de la Asamblea Nacional.
En dicho acuerdo se
denuncia igualmente que con el citado decreto el gobierno pretende otorgar los
contratos y concesiones para la explotación de los recursos de esa extensión,
sin la debida autorización de la Asamblea Nacional. El gobierno de Maduro, con
fundamento en el cuestionado decreto, anunció el 5 de agosto de 2016 la firma
de una serie de acuerdos por 4,5 millones de dólares con empresas nacionales e
internacionales, entre otros con la empresa Faoz, para la explotación de
yacimientos de tantallo(5) y niobo(6) y la constitución de una
empresa mixta, con la compañía Gold Reserve, a quien con anterioridad el
gobierno de Chávez había revocado el contrato para la exploración de oro y
cobre de la minas Las Brisas y Las Cristinas, en el municipio Sifontes, del
estado Bolívar.
Posteriormente, en
septiembre de 2016, Maduro autorizó la creación de la empresa mixta Siembra
Minera, constituida por la Corporación Venezolana de Minería y GR Mining de
Barbados. Asimismo, anunció que se invertirían más de 4 millardos de dólares en
la zona y que se instalarían con alianzas internacionales, tres empresas mixtas
para la explotación del coltán, mineral refractario imprescindible para la
industria electrónica, militar y aeroespacial(7).
A finales de 2017,
Maduro anunció la delimitación de 23 áreas para uso minero en una extensión de
3.409 kilómetros cuadrados, es decir, 3% del Arco Minero, de las cuales 22
están destinadas a la explotación de oro y la otra a la de diamante, lo cual se
acordó en el decreto N° 3189, por el que transfirió a la citada corporación y a
la Empresa Nacional Aurífera el derecho de desarrollar la explotación de oro y
minerales estratégicos en dichas extensiones, para cuyo desarrollo el gobierno
incorporaría más de 10.000 personas, mediante un plan llamado Chamba Juvenil,
es decir, minería a pequeña escala, con consecuencias para el ambiente y la
salud de las personas, por equipos que arrasan el suelo y que necesitan
mercurio, que contamina y envenena las aguas, los peces y las personas.
El gobierno, por decreto
N° 2413 del 5 de agosto de 2016, declaró elemento estratégico para su
exploración y explotación al niobio (Nb) y al tantallo (Ta), y mediante los
decretos No.2538, 2539 y 2540, publicados en la Gaceta Oficial N°
41026, creó, sin la autorización de la Asamblea Nacional, como lo exige el
artículo 150 de la Constitución, tres empresas mixtas para la exploración y
explotación del coltán, en las que la Corporación Venezolana de Minería tendría
la mayoría de las acciones. La primera de ellas con Energold Minerals Inc.,
canadiense, que según Bloomberg dedica a la explotación de diamante y bauxita,
denominada Empresa Mixta Minera Metales del Sur. La segunda, con la Corporación
Faoz C. A., sobre la cual se desconoce su actividad, llamada Empresa Mixta Minera
Ecosocialista Parguaza. Y, la tercera, con Supracal C. A., empresa venezolana
del estado Lara dedicada a la fabricación y distribución de cal, denominada
Empresa Mixta Oro Azul.
A la Empresa Mixta
Parguaza, mediante decreto N° 2683, publicado en la Gaceta Oficial N°
41078 del 19 de enero de 2017, le transfirió el gobierno el derecho de
exploración y explotación de coltán, ilmenita, casiterita, estaño, circón,
cuarzo granito, diamantes y oro, en un área de 10.201 hectáreas en el municipio
Cedeño del estado Bolívar.
Ahora bien, la
Corporación Faoz no tiene experiencia en el área y tampoco aparece en el
Registro de Contratistas y su página web está vacía al momento de la firma de
la constitución de la empresa mixta, y sin embargo, según el mismo Maduro deberá
invertir por lo menos 2.250 millones de dólares en el proyecto que estipula una
inversión de 5.000 millones de dólares. Por esta razón, se dijo: “Arco Minero:
Autorizan a empresa de maletín para explotar coltán en Parguaza” (8)
Al respecto, Carlos Tablante,
en un artículo titulado “Las minas de la corrupción”, señala que los acuerdos
ilegales celebrados, sin licitación pública, con las empresas canadiense,
italiana, suiza, china y congolesa representan más de 10.000 millones de
dólares, y que de esas empresas, con anterioridad el gobierno le había revocado
sus contratos, supuestamente a Gold Reserve por prácticas contra el medio
ambiente y que la empresa suiza Glencor, tiene un oscuro historial en Guayana
en la explotación de níquel. Asimismo, dice Tablante, en su artículo
mencionado, que las empresas que firmaron los contratos con Maduro y el
ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal, no tienen ninguna
experiencia, ni el capital, ni los recursos humanos para emprender la
explotación de los yacimientos, en especial, el coltán, y que por lo tanto son
“empresas de maletín”[9] . Fedor Linares, en su artículo “El Arco Minero
del Orinoco: fraude y catástrofe”, afirma que con la implementación del
proyecto, aparte de las razones oficiales, como la de atender sus obligaciones,
las razones reales son la de mantener el gobierno sus políticas clientelares,
su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia
internacional y que “es una nueva fuente ilícita de recursos e ingresos”, y que
el proyecto responde básicamente a un interés privado:” la satisfacción de los
intereses de la élite gobernante”. Y, que desconoce “derechos y principios
constitucionales” para favorecer los intereses de esta élite, “y del capital
extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el
desarrollo sostenible de nuestra nación” (10).
Por otro lado, el Banco
Central de Venezuela, que centraliza las operaciones, no presenta registros
sobre las compras de oro. Por los daños masivos al medio ambiente, que
determinan destrucción o pérdida de ecosistemas en las zonas del llamado Arco
Minero del Orinoco, así como el riesgo grave que supone para sus habitantes al
contaminar sus aguas y cultivos, a la luz de la comunidad internacional, su creación
se puede calificar de “ecocidio” y, por ende, de un delito contra la humanidad.
En efecto, se entiende
por ecocidio el daño masivo o destrucción medioambiental de un territorio o
zona, de tal magnitud que puede poner en peligro la supervivencia de sus
poblaciones. La Asamblea Nacional, en su acuerdo de fecha 14 de junio de 2016,
por el que declaró contrario a los intereses de la República y a los derechos
ambientales el decreto N° 2248 de fecha 24 de febrero de 2016 de creación del
Arco Minero del Orinoco, señalaba los daños que las actividades mineras
permitidas, así como los contratos a otorgar en dicha zona, en su extensión de
11.846,70 kilómetros cuadrados, a 150 empresas de 30 países diferentes, que
represente 12,2% del territorio nacional, afecta los frágiles ecosistemas de
los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Decreto este que por sus
consecuencias, no solo viola los artículos 127 a 129 y 304 y 327 de la
Constitución, sino también la normativa internacional ambiental suscrita por Venezuela,
como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención para la Protección
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de
América o Convención de Washington, la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco, y el Protocolo relativo a
las Áreas, Flora y Fauna Silvestres y el Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Ambiente en la Región del Gran Caribe; y el Tratado de
Cooperación Amazónica, del 3 de julio de 1978, suscrito por Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, cuyo propósito es el
desarrollo armónico de la Amazonía y lograr un desarrollo integral de sus
respectivos territorios mediante el equilibrio entre el crecimiento económico y
la preservación del medio ambiente.
En efecto, la actividad
minera en gran escala, en 22 zonas y en una de minería primaria, construyen
serias amenazas de contaminación con mercurio y cianuro y la deforestación de
bosques tropicales, lo que además impacta la salud y proliferan enfermedades
como la malaria. Estos daños serían irreversibles por su incapacidad de
regeneración.
Tales son los daños que
internacionalmente se le considera “el quinto crimen perdido contra la paz”[11],
por no encontrarse previsto expresamente entre los cuatro crímenes
internacionales en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, limitándosele
siempre a situaciones de guerra y a daños intencionales, pero si los daños son
de tal magnitud, extensos, duraderos y graves, que afectan a poblaciones como
las indígenas y a la mayor reserva de agua del país, y desproporcionados a sus
supuestos fines y ventajas, se alega si quienes actúan lo hacen consciente e
intencionalmente de los daños que provocan , por qué, por ejemplo, no se elaboraron
antes los estudios ambientales que imponen las leyes nacionales e
internacionales y por qué permiten la pequeña minería, o brigadas socialistas,
que utilizan mercurio.
Podría hablarse de que
tales hechos cabrían en la competencia de la Corte Penal Internacional,
conforme el artículo 30, de su Estatuto[12]. En ese orden de ideas se ha
manifestado el profesor Alexander Luzardo, proyectista de las normas
ambientales de la Constitución y profesor titular de Derecho Ambiental y
Desarrollo Sustentable de la Universidad Central de Venezuela, que ha
denominado al Arco Minero del Orinoco, como “el ecocidio del siglo XXI”[13].
Recientemente, la Coordinación de Consejo de Caciques Generales del Pueblo y
Comunidades Indígenas del Municipio Gran Sabana del Estado
Bolívar, en un
comunicado a la opinión pública nacional e internacional, ante la acusación que
hiciera el general de reserva activa Roberto González Cárdenas en el
programa Dossier transmitido por el canal nacional Venezolana de
Televisión y por el canal internacional Telesur en contra del pueblo pemón, al
que calificó de promotor de un movimiento secesionista, además de rechazar tal
señalamiento, denunció al referido general como cómplice de los grupos armados
colombianos de las zonas con yacimientos auríferos del sur del país, y
afirmaron: “Asimismo, alertamos al Estado venezolano y al presidente Nicolás
Maduro sobre la complicidad que mantiene la FANB en la región con el sistema de
Pranato de dominación[14], que se traduce en paramilitarismo colombiano, que
tienen el control de las zonas con yacimientos auríferos en El Dorado, 88,
Callao,
Tumeremo y San
Martin de Turumbang. Y
en consecuencia se ha visto una movilización forzada de las comunidades
indígenas violando sus derechos humanos, y por ende, el silencio ante esta
situación lo consideramos traición a la patria (sic) por parte de los cuerpos
de seguridad de la nación”.
[2] https://acominero.infoamazonia.org/sttory
[4] Ver Nota 148 sobre
la definición de “Pran” y de “Pranato”.
[5] Metal blanco
plateado (Ta) de número atómico 73, muy duro y de apesto semejante al del
acero.
[6] O columbio que se
emplea principalmente aleado en aceros para conferirles una alta resistencia,
por ejemplo, en la construcción de turbinas de aviones y propulsores de
cohetes espaciales.
[9] Cuentas clarasdigital.org.
[11] Gauger, Anja
(29012), “Ecocide is the Missing 5th crime against Peace” (sas-space.sas.ac.uk ,
Human Rights Consortium, School of Advanced Study, University of London)
[12] Soler Fernán
dez,
Rosel, “El ecocidio:¿crimen internacional?”. Ieee.es( (Instituto Español de
Estudios Integrales), Documento Opinión, DIEEE0128-2017_Ecocidio_
[13] https://www.larazon.net(2016/07/pro-alenxander-luzardo-el-mal-llamado-ArcoMinero.
[14] Pranato, es un
neologismo, supuestamente de la subcultura delictual colombiana, de un sistema
dominación de una prisión dirigida un líder carcelario, que controla la
población de reclusos y que llega hasta administrar la prisión. Y que ha
llegado hasta surgir fuera de las cárceles en los barrios como una organización
de pandilleros bajo el control de un líder o “pran” que acumula el dominio de
la población. Palabra que se construye bajo la idea de padre, padrino, profeta,
maestro (“El Pran: ¿Símbolo o significado”, Prensa OVV Mérida), (https://observatoriodeviolencia.org.ve/el-pran-simbolo-o-significado/)
El Nacional
G Miradas Multiples
26 de Noviembre del 2019
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