La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia de avalar la reelección indefinida del presidente y del resto de los
cargos electivos marca un punto de inflexión en un país tradicionalmente reacio
a la «perpetuación en el poder». Además, esa posibilidad había sido rechazada
en referéndum en febrero de 2016. Frente al nuevo escenario, la mayor parte de
la oposición se ha lanzado a denunciar la «dictadura» e incluso el
«totalitarismo» del gobierno, exageración que puede constituir un serio error
de lectura de cara al futuro próximo. Evo Morales, aunque menos popular que
antaño, sigue siendo una figura política con arraigo social y electoral y se
mantienen abiertos espacios para la acción política.
El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia falló en favor de un recurso presentado por un grupo
de legisladores del Movimiento al Socialismo (mas) para declarar improcedentes
las restricciones a la reelección de las autoridades bolivianas que figuran en
la Constitución, lo que habilita la repostulación sin limitaciones del
presidente Evo Morales. El hecho marcó una inflexión histórica por varios
motivos: por primera vez en la historia boliviana, se autorizó la reelección
indefinida, en contra de una tradición jurídica muy antigua; por primera vez se
usó el Tribunal Constitucional (que solo existe desde 1999) para alterar un
aspecto de la Constitución, lo que los juristas de oposición consideran
«aberrante», ya que por su naturaleza el Tribunal debiera limitarse a compatibilizar
las leyes con la Constitución; por primera vez, finalmente, el mas ha
recurrido al poder de las instituciones estatales en contra de las expresiones
de masas en las que había confiado prioritariamente durante su existencia. En
efecto, el trámite realizado por el oficialismo para habilitar a su candidato
contradice directamente el resultado del referéndum constitucional del 21 de
febrero de 2016: entonces, 51% de los votantes rechazó la reforma de la Carta
Magna aprobada en 2009 para levantar las limitaciones a la reelección de
Morales, las mismas que ahora el Tribunal Constitucional ha levantado mediante
una «interpretación» del texto constitucional.
Solía decirse que la democracia boliviana era
«plebiscitaria», ya que apelaba directamente a los electores para definir las
disputas de poder1. Y así fue hasta que el mas perdió
la mayoría, por lo menos en lo concerniente a la cuestión –para este partido,
crucial– de la reelección, que en las encuestas es rechazada por más de 60% de
la población2.
Por esta razón, Morales no pensó en organizar un nuevo referéndum para
«enmendar» los resultados adversos de 2016 y acudió en cambio a un expediente
de mucha menor legitimidad, pero más seguro: la consulta a unos magistrados a
punto de terminar su mandato y en su momento elegidos, entre otras razones, por
su proximidad al partido de gobierno. Ante estos jueces, el masargumentó
que el derecho de un ciudadano a elegir y ser elegido, consagrado por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San
José de Costa Rica), no puede ser menoscabado por las restricciones
establecidas por la Constitución que en su momento el oficialismo no objetó.
El
Tribunal aceptó este alegato.
Ulteriormente, la presidenta del Tribunal Supremo
Electoral, Katia Uriona, planteó ciertas dudas sobre la salida preparada por el
oficialismo, pero lo cierto es que nadie posee la fuerza institucional o
política para impedir que Morales sea candidato en las elecciones de 2019. La
oposición tradicional, es decir, la de los partidos políticos, se ha limitado a
condenar la evolución de los acontecimientos en los tonos más agudos posibles.
Un fenómeno más nuevo e interesante fue el estallido de protestas callejeras,
protagonizadas especialmente por jóvenes de clase media de la región más rica y
menos izquierdista del país, Santa Cruz. Uno de los objetivos de estas acciones
no muy numerosas (de varios cientos de participantes), pero sí fervorosas, fue
presionar a los dirigentes tradicionales de la región, llamados dirigentes
«cívicos», para que actuaran, dejando la pasividad frente al gobierno que los
ha caracterizado desde que, en 2008-2009, Morales se impusiera a la resistencia
de las clases dominantes y los sectores políticos desplazados por la revolución
política que conducía. Desde entonces, los líderes cruceños han mostrado un
perfil poco aguerrido, condicionado por el acuerdo que poco después los
empresarios de la región alcanzaron con el gobierno y que garantizó la
abstención política de los primeros a cambio de la colaboración económica del
segundo3.
Las protestas fueron interrumpidas por las fiestas de fin
de año y por un conflicto sectorial entre el gobierno y los médicos, pero su
espontaneidad mostró que el malestar de las clases medias, principales
adversarias del dominio de Morales, había llegado a un punto en el que superaba
el «intelectualismo» que normalmente las inviste, aunque como «fuerza física»
de movilización siguieran siendo muy inferiores a los campesinos y los sectores
populares de «clase baja» –para usar la estratificación propia de las
estadísticas electorales–, que en gran medida siguen apoyando al mas y
a los que este partido puede poner rápidamente y con gran efectividad en las
calles.
No hay, pues, fuerza política suficiente para impedir que
la maniobra reeleccionaria del oficialismo se lleve adelante, por lo menos en
las condiciones actuales, que son de estabilidad social y crecimiento económico
moderado. Por eso la proclamación de Evo Morales como candidato, escenificada
en Cochabamba el 16 de diciembre pasado frente a una multitud de decenas de
miles de adherentes, inició una campaña electoral a la que la oposición tendrá
que sumarse, a pesar de los «peros» estratégicos e ideológicos que pueda oponer
a una participación que terminaría por avalar esa alteración constitucional.
¿Gobierno totalitario? ¿Dictadura?
Los políticos bolivianos vienen discutiendo la
caracterización del gobierno de Morales desde su inauguración. Al comienzo, la
confusión era mayor, inducida por críticas como la de Gabriel Dabdoub, el
principal líder empresarial durante el primer periodo del mas (2006-2009),
quien deploró la anticuada y peligrosa ideología «socialista» de los adherentes
de Morales cuando estos se oponían a la libertad de comercio4.
A la incertidumbre de los observadores contribuyeron las
afirmaciones contradictorias de Morales y del vicepresidente Álvaro García
Linera sobre el objetivo del proceso que dirigían. En 2006 Morales desautorizó
una de las primeras definiciones realizadas por el vicepresidente como teórico
del proceso. Este planteó que, si bien el socialismo constituía el norte de la
revolución, en una primera etapa esta se abocaría a la construcción del «capitalismo
andino-amazónico», una plataforma nacionalista de posteriores y más avanzadas
transformaciones5. Es probable que esta nomenclatura
molestara a Morales por la tradición «anticapitalista» del mas y la
suya propia, aunque sin duda era la que mejor representaba lo que quería hacer
el gobierno.
Capitalismo nacional, sí, pero «de Estado», pues se
basaría en la nacionalización de la principal industria del país, la del gas, y
la de varias empresas importantes que fueron estatales antes de su
privatización de los años 90. En verdad se trataría, como en ese momento
señalamos6,
de un regreso al modelo económico y al método polarizador de hacer política que
habían inventado los movimientos nacional-populares latinoamericanos, en
concreto, al «nacionalismo revolucionario» que había irrumpido a fines de los
años 30 e imperado sobre el país hasta 1985. Como ya hemos dicho, entre 2006 y
2008 este proyecto fue resistido por las clases dominantes, que apoyaban a la
antigua y desplazada elite política neoliberal. Pero, en 2008, el masfinalmente
se impuso y al año siguiente celebró un acuerdo con el empresariado, en
particular el cruceño, que le concedió la completa gobernabilidad del país.
El 22 de enero de 2010 se produjo la ceremonia de
arranque de la segunda gestión de gobierno del mas y, en otra salida
algo desconcertante, García Linera dijo que el «horizonte» de la revolución
boliviana era «el socialismo». Frente a lo cual el ya mencionado Dabdoub, quien
entonces ya se había convertido en aliado del oficialismo, declaró que el sector
que representaba no temía al socialismo gubernamental, pues «el empresario no
tiene ideología (…) Si (…) el socialismo que se nos plantea (…) reconoce a la
propiedad privada [y] facilita la generación de empleo»7. Al final, la ideología oficial se estabilizó en una
orientación sintetizada por dos fórmulas: la «economía plural» o coexistencia
de la gran propiedad con los emprendimientos populares y las formas productivas
colectivistas que se dan en el campo, y el «socialismo comunitario», que con su
apelación a un crecimiento más armónico e igualitario tiene un valor ético y
retórico antes que económico.
El contraste entre las teorías revolucionarias sobre la
democracia de García Linera y el grupo Comuna (1998-2005), por un lado, y la
práctica representativa que el masrealizaba desde su fundación en los años
90, por el otro, dio pábulo también a debates sobre la calidad de la adhesión del mas a
la democracia8.
Y finalmente, la ideología oficial en este campo se estabilizó en la
aprobación, en 2009, de una Constitución con elementos liberales, «aliberales»
e innovaciones «posliberales», que si bien complementaba la democracia
representativa con derechos y modos de organización colectivos, la mantenía
como columna vertebral del sistema político.
Desde el principio, la oposición liberal asignó al
gobierno una condición «autoritaria», ya que este usaba su mayoría de más de
dos tercios en la Asamblea Legislativa y sus grandes números electorales para
saltarse las salvaguardas que hasta entonces se habían considerado
imprescindibles para la preservación del pluralismo, tales como enjuiciar lo
menos posible a los líderes opositores, no acosar a la prensa privada, no
monopolizar la comunicación pública, no usar con descaro los recursos estatales
en las campañas oficialistas, no esconder o tergiversar la información estatal,
etc. La suposición de que la poliarquía boliviana no era pluralista9 respondía
entonces, en particular, a la tendencia del mas a redactar o
interpretar las leyes de manera que favorecieran su propio poder. Por ejemplo,
el oficialismo impuso normas electorales que valoran más el voto rural que el
urbano, que es lo que le convenía; por la misma razón se prohibió el
financiamiento estatal a los partidos; se pusieron obstáculos legales a la
crítica a los candidatos oficiales en el periodo de campaña electoral, etc. Al
mismo tiempo, los medios de comunicación críticos del gobierno perdieron la
publicidad oficial, que en cambio favoreció abundantemente a los medios que sí
mostraron voluntad de acercamiento al oficialismo.
Intelectuales vinculados al gobierno han defendido estas
y otras medidas como propias de una democracia no procedimental sino
sustantiva, una democracia con proyecto que, mirándose en el espejo del jacobinismo,
dejaba de lado las limitaciones legales formalistas (Estado de derecho) y
desplegaba su genuina fuerza motora, que no era otra que el logro de la
igualdad socioeconómica. Para esta visión, lo importante no es el cumplimiento
de reglas, sino que accedan al escenario público y la toma de decisiones sobre
la suerte colectiva unas masas indígenas y trabajadoras que hasta ahora han
sido simple «carne de cañón electoral» de los partidos oligárquicos.
«No hay democracia por seguir unos procedimientos establecidos
sino, precisamente, porque cualesquiera que sean esos procedimientos (…) hay
personas y colectividades que ahora buscan participar en la dirección de esos
procedimientos, buscan responsabilizarse de la producción de dirección de la
sociedad, modificando las normas y procedimientos de la práctica política
legítima». Por tanto, «[los] procedimientos e instituciones [democráticas] son
medios transitorios, simples efectos revocables del hecho democrático». De esta
forma.
Las normas, reglas, instituciones, saberes y
legitimidades que regulan la vida política de una sociedad democrática son
circunstanciales, cristalizaciones provisionales de la estructura de resolución
del desacuerdo anterior, que habrán de dar paso a una nueva estructura de
poderes resultante de los nuevos desacuerdos que dan inicio a la acción
democrática de una sociedad. La democracia no es la ausencia de reglas, sino la
contingencia necesaria de esas reglas y el consenso acordado de esa
contingencia (...).10
Aunque la apelación a la épica de la participación
democrática ha ido menguando con el tiempo, conforme los movimientos sociales
que se insurreccionaron en 2003 y 2005 se fueron retirando de la escena
política y fueron dejando la gestión de la transformación exclusivamente en
manos del Estado11, nunca hasta ahora la hegemonía
política había dejado de legitimarse con una mayoría electoral indisputable.
Por ejemplo, la última vez que el mandato de Morales fue testeado en las urnas,
en las elecciones del 12 octubre de 2014, recibió un respaldo de 62% de los
votos y obtuvo una mayoría legislativa de más de dos tercios. Sin embargo, el
referéndum de 2016 terminó con la posibilidad del mas de apelar al
poder mayoritario. Con su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para
«voltear» la voluntad de la mayoría (por más que esa mayoría fuera estrecha12), impuso su hegemonía de una manera legal, pero
ilegítima.
¿Cómo ha afectado esto a la crítica de la oposición
liberal al «autoritarismo» del régimen boliviano? Como es lógico, ha habido una
general percepción de «ruptura» del consenso político que en los años 80 y 90
había dado fundamento al periodo democrático más prolongado de la historia de
Bolivia, y que consistía sobre todo en cierta resignación democrática de los
actores políticos que permitía la alternancia en el poder. En un tuit, el
dirigente opositor Samuel Doria Medina comparó el fallo con un «golpe de Estado»,
enfoque que luego han repetido otros. Por otro lado, algunos líderes de la
oposición, el más estridente de los cuales fue el derechista Jorge Quiroga,
comenzaron a considerar al gobierno boliviano como una «tiranía totalitaria».
El ex-presidente e historiador Carlos Mesa escribió que Morales se internó por
la senda del «totalitarismo, basado, no en el imperio de la ley, sino en el
imperio del poder total»13. Y analistas internacionales conservadores,
como Álvaro Vargas Llosa, también consideraron «dictatorial» a Evo14.
En la medida en que no sean solo una expresión de la
rabia por lo ocurrido, estas categorías pueden conducir a los estrategas de la
oposición a callejones sin salida. Por ejemplo, uno de los estrategas de campañas
electorales bolivianos, Ricardo Paz, llamó a no entrar en la campaña electoral
a la que el mas está invitando a la oposición –a fin de «pasar la
página»– y a concentrarse en organizar manifestaciones pacíficas que logren que
Morales desista de ser candidato en 201915, un propósito que hoy aparece como muy
superior a las fuerzas con que cuenta la oposición. En general, podemos decir
que las definiciones extremistas pueden darle a la oposición boliviana una
orientación maximalista similar a la que ha tenido la oposición venezolana en
diferentes momentos de su lucha contra el chavismo y que ha conducido a esta
repetidamente al fracaso.
Los partidos de Doria Medina y del gobernador de Santa
Cruz, Rubén Costas, que se habían inclinado hasta ahora, con matices, hacia el
centro político, parecen dudar al enfrentarse a un reiterativo argumento de los
radicales, que puede formularse de la siguiente manera: «Ahora que el
oficialismo ha torcido la justicia y ha desoído los resultados de la votación
en el referéndum, ¿qué nos garantiza que respetará los resultados de la
elección de 2019, que no hará fraude o que no inventará alguna trampa para
desconocer su (hipotética) derrota?». Este argumento, si se siguiera hasta el
fin, podría sacar a los actores políticos del escenario electoral y llevarlos a
adoptar métodos extraparlamentarios.
Sin embargo, la oposición tendrá que llegar hasta ese
puente antes de cruzarlo. Que el régimen político haya dejado de ser
«democrático» en el sentido de las definiciones minimalistas de democracia16 –según
las cuales un requisito fundamental es que no sea imposible que quienes están
en el gobierno pierdan las elecciones– es algo que todavía no se ha probado,
que solo se verá en 2019 (aunque se admiten dudas razonables dada la actual
conformación del Tribunal Electoral).
Además, que un régimen no sea democrático de acuerdo con
las definiciones antedichas no lo convierte automáticamente en dictatorial y
mucho menos en totalitario, al menos si usamos estas definiciones en su sentido
politológico habitual. Con las limitaciones ya anotadas, Bolivia sigue gozando
de las libertades civiles y políticas que diferencian una democracia de una dictadura,
como muestra el hecho de que las acusaciones de la oposición en contra de un
gobierno «dictatorial» se enuncien desde dentro del país, por los medios
masivos de comunicación, etc., y que no haya habido serias represalias en
contra de los manifestantes espontáneos de los que hemos hablado. Sin embargo,
no cabe duda de que la «democracia plebeya» que instauró el «gobierno de los
movimientos sociales» ya no existe en Bolivia, como muestran tantas cosas,
entre ellas que últimamente este lema ya no sea usado por los voceros
oficialistas. En lugar de la democracia igualitarista del pasado, se ha
instaurado, como «retorno» de un fenómeno muy antiguo, lo que podemos llamar
«caudillismo», que subordina el conjunto de la institucionalidad y la práctica
política democráticas al poder y la voluntad de un líder carismático. El
caudillismo vuelve al gobierno aristocrático allí donde nunca ha existido otra
aristocracia que la que vence en la lucha política diaria.
Lo más probable es que en los próximos dos años las
fuerzas que se desaten en torno de «lo electoral» terminen por arrastrar a la
oposición y, con ella, a todo el país. En este tiempo la oposición deberá
resolver cuestiones claves, como la definición (o no) de un candidato único y
la sustitución de Mesa –quien posee el mejor puntaje en las encuestas, pero ha
rechazado postularse– como baza contra el evismo. En este camino, una mala
caracterización del gobierno puede resultar un obstáculo. Al exagerar sus
rasgos autoritarios, la oposición podría mostrarse incapaz de distinguir las
fuentes de legitimidad con que el mas todavía cuenta y sentirse
tentada de plantear la lucha en un terreno solo en apariencia más realista, que
sería el de la movilización y la denuncia de la «dictadura» de cara al público
extranjero, en lugar de emplearse en una acumulación política en todos los
escenarios posibles, proceso que se ha revelado complicado y larguísimo, y que
por eso la desanima y exaspera.
Tendencias socioelectorales
El 3 de diciembre, inmediatamente después del fallo que
habilitó a Morales para intentar su cuarta reelección en 2019, se produjeron
las elecciones judiciales. Desde 2011, los altos magistrados se eligen por voto
popular en Bolivia, un método que no ha cuajado hasta ahora. En esta ocasión,
más de la mitad de los electores expresó su rechazo al gobierno y sus medidas,
tal como le pidiera la oposición, mediante el gesto de anular el voto. El voto
nulo fue abrumador en los barrios más acomodados de las ciudades y se fue
debilitando conforme estos barrios se hacían más populares o el conteo llegaba
a las áreas rurales. También fue más fuerte en Santa Cruz de la Sierra
(alrededor de 67%) que en el resto de las ciudades. Y fue más débil en El Alto,
alrededor de 47%. Lo inverso pasó con el voto válido (es decir, a favor de
alguno de los candidatos en liza, sin importar cuál fuera), que es al que llamó
el mas y que en promedio estuvo alrededor de 35%. Este resultado
ratificó casi con exactitud el del referéndum constitucional de 2016 en cuanto
al rechazo a Evo (o voto por el «No»). Este también fue más intenso en Santa
Cruz que en el resto del país y más fuerte en los sectores acomodados que en
los populares.
Para estudiar la composición de un determinado resultado electoral,
el método más preciso es el de la «encuesta autopsia», que desgraciadamente se
practica muy poco en Bolivia. Sin embargo, en 2016, excepcionalmente, el
Tribunal Supremo Electoral realizó una de estas encuestas después del
referéndum constitucional y llegó, entre otras conclusiones, a la siguiente,
que es fundamental para el análisis sociológico del proceso político-electoral
boliviano: mientras más jóvenes son y más ingresos tienen los electores,
más tienden al «No», es decir, a rechazar a Evo, y mientras más edad y
menos ingresos tienen, más votan «Sí», es decir, más apoyan a Morales.
Esta conclusión se ha confirmado en las elecciones
judiciales del 3 de diciembre pasado, por lo menos en la variable que podemos
observar, que es la socioeconómica. Mientras más acomodados eran los electores,
más negativos respecto del gobierno, y a la inversa. De ahí que en algunos
recintos electorales de La Paz, por ejemplo en el del Colegio Franco Boliviano
en el barrio de Achumani, que es uno de los más ricos de la ciudad, alrededor
de 85% de los votos fuera nulo. Las elecciones judiciales también mostraron que
el mas puede contar con un voto fiel de 35%, incluso en un proceso
tan complicado como este (en el que la actitud de los electores era contraria
al acto de votar por alguien a quien no conocían ni querían conocer). Ahora
bien, el 21 de febrero de 2016, en el referendo constitucional –una elección
muy difícil porque su deseo reeleccionario iba en contrasentido de la tradición
política del país–, el mas obtuvo un respaldo de 49% de los
electores. ¿Qué pasó entonces con el 14% con el que ya no contó en las
judiciales?
El sociólogo experto en opinión pública Julio Córdova
tiene la hipótesis de que ese grupo de votantes pertenece mayoritariamente a la
«clase media baja»; es un electorado espontáneamente favorable a las medidas
básicas tomadas por el mas, pero que duda cada vez más de Morales sin por
eso simpatizar con la oposición. Y dice que es probable que este grupo explique
una buena parte del voto en blanco en las judiciales, que coincidentemente fue
de 15%. Así, Córdova establece la siguiente demografía electoral: dos polos
enfrentados de alrededor de 35% cada uno: el 35% de los antievistas
convencidos, que se confunde con la «clase media típica» o más acomodada,
frente al 35% de los evistas convencidos, que proviene casi íntegramente de la
«clase baja». Junto a ellos, el 30% de la «clase media baja», que se divide en
dos grupos iguales: 15% de ex-votantes por Morales que lo abandonaron en las
urnas en 2016 y 2017, pero que no son «propiedad» (es decir, no son voto duro)
de la oposición, especialmente si tomamos en cuenta que esta probablemente se
presentará en 2019 en varias versiones; y 15% que votó por Morales en 2016 pero
que no es «patrimonio» del mas, como lo muestra que lo abandonara el 3 de
diciembre pasado. Algo que, por supuesto, el carácter de la elección hacía más
fácil: no debe olvidarse que los candidatos a jueces eran desconocidos para los
votantes y la ley no les permite hacer campaña proselitista. En una elección
similar en 2011 también se impuso el voto nulo y en blanco, sin consecuencias
para la reelección de Morales.
Es obvio decir que los resultados de los comicios de 2019
dependerán enteramente de este 30% del padrón; en otras palabras, de la clase
media baja. El resultado dependerá de: a) si algún grupo de la oposición sabe
atraer al 15% de los antievistas «blandos» y b) si el mas logra
reconquistar al 15% de los evistas soft, como dice la jerga del marketing
político. Este hecho, es decir, la correlación entre alineamiento político y
pertenencia social, que es casi totalmente favorable al oficialismo en el
tercio inferior y casi completamente favorable a la oposición en el tercio
superior, es quizá el más característico de la situación política boliviana. Y
se debe a un conjunto de factores de corto y largo plazo:
- indica que la política gubernamental, su énfasis
redistributivo y su simbología reivindicativa han sido finalmente propobre,
como por otra parte correspondía con la extracción social del mas. Pero
también muestra algo distinto: que la clase media alta es la que, por
conveniencia, educación o ideología, posee una mayor sensibilidad respecto a
los quiebres de la institucionalidad democrática, que probablemente no son tan
importantes para los sectores populares;
- la polarización social deja ver también lo que es
evidente: quiénes han ganado y quiénes han perdido (material pero también
simbólicamente) durante el proceso político dirigido por Morales en estos 12
años;
- y, en el amplio escenario histórico, es una de las
consecuencias de la sempiterna heterogeneidad, de la desigualdad de ingresos y
derechos, de grupos sociales y étnicos; una fractura que convierte a algunos
partidos en oligárquicos y torna a otros, más allá de sus merecimientos
históricos y sus resultados concretos, en portavoces de la identidad oprimida.
Solo esta polaridad entre un «nosotros» y un «ellos» puede explicar fenómenos
como que el chavismo continúe en el poder, pese a sus múltiples falencias y su
indudable autoritarismo, o que la oposición boliviana tienda a encerrarse en un
discurso autorreferencial, para ser ovacionada en los salones, lo que le genera
graves dificultades para convertir su mayor legitimidad democrática actual en
una mayoría operativa como la que necesita para llegar al poder.
1.
Simón Pachano: «Democracias plebiscitarias» en El
Universo, 25/11/2011.
2.
Según una investigación de la encuestadora Ipsos
(24/10/2017), en las capitales de departamentos el rechazo a una nueva
habilitación de Morales asciende a 68%. No obstante, ese porcentaje baja en
encuestas en el área rural.
3.
Gustavo Pedraza: «Los cambios políticos que
reconfiguraron Santa Cruz» en Página 7, 23/7/2017.
4.
ANF: «IBCE: Caudillos socialistas desplazados evitan
tratar ingreso al TLC», 24/3/2005.
5.
A. García Linera: «El ‘capitalismo andinoamazónico’» en Le
Monde diplomatique, edición
chilena, 1/2006.
chilena, 1/2006.
6.
F. Molina: Evo Morales y el retorno de la izquierda
nacionalista. Trayectoria de las ideologías antiliberales a través de la
historia contemporánea de Bolivia, Eureka, La Paz, 2006. V. tb. Pablo Stefanoni
y Hervé Do Alto: La revolución de Evo Morales. De la coca al Palacio,
Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007.
7.
«Patronal boliviana no teme al socialismo planteado por
Gobierno de Morales» en Hoy Bolivia.com, 1/2/2010
8.
F. Molina: Conversión sin fe. El mas y la democracia,
Eureka, La Paz, 2007.
9.
Robert Dahl: La democracia y sus críticos, Paidós,
Barcelona, 1992.
10.
A. García Linera: Democracia, Estado, Nación,
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2013.
11.
A. García Linera: «Las clases altas no tragan que
gobierne un indígena», entrevista de F. Molina en El País, 16/11/2016.
12.
El «No» obtuvo 51,3%, frente a 48,7% del«Sí»
13.
C. Mesa: «Gases, canicas y descomposición» en blog
personal, <https://carlosdmesa.com/2017/12/25/gases-canicas-y-descomposicion/>,
24/12/2017.
14.
A. Vargas Llosa: «El derecho a ser dictador» en La
Tercera, 3/12/2017.
15.
R. Paz: «¿Qué hacer?» en Página 7, 13/12/2017.
16.
Guillermo O’Donnell: Disonancias. Críticas
democráticas, Prometeo, Buenos Aires, 2007.
G Miradas Multiples
https://gmiradasmultiples.blogspot.com/2019/11/tendencias-socioelectorales-en-la.html
26 de Noviembre del 2019
26 de Noviembre del 2019
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