El Gobierno lleva alrededor de dos décadas poniéndole el ojo. Pero no para transformarla y ponerla a tono con los nuevos tiempos, sino para echarle mano y controlarla, impidiendo que sea una institución díscola, inclinada a pensar libremente, dándole la espalda al pensamiento oficial, dictado desde la comodidad del poder y convertido en doctrina infalible para interpretar todo cuanto ha pasado a lo largo de nuestra historia y fundamentar el que ha de ser nuestro inevitable y épico futuro.
Incompatibilidad de caracteres
Estos veinte años han demostrado que el Gobierno no se
lleva muy bien con las universidades, en particular las públicas autónomas. De
ello dan fe diversas medidas que han llevado al deterioro de sus instalaciones,
la disminución en el número de profesores y estudiantes, la disminución de las
actividades e investigación, la precariedad del salario de docentes y empleados
y otro conjunto de decisiones que las tienen en situación de sobre vivencia,
literalmente hablando.
En términos generales se trata de una estrategia
gubernamental orientada a achicar la libertad política en cada espacio (las
federaciones deportivas, los consejos comunales o el propio PSUV, por solo
citar tres ejemplos) y que se extiende hasta las universidades en las que, bajo
el pretexto de adoptar medidas que se presumen de fortalecer la democracia, en
verdad la pervierten, tal como acaba de suceder con la decisión del TSJ,
anunciada recientemente.
Se ordena realizar elecciones en las universidades
En efecto, hace algunos días el gobierno se valió del
Tribunal Supremo de Justicia para ordenarle a las universidades públicas
autónomas celebrar la elección de sus autoridades a través de un instrumento
propuesto hace algunos años y rechazado por las universidades por contravenir
las normas que rigen esta materia y violar la autonomía que les garantiza la
Constitución.
El episodio es largo de contar (y sobre todo complejo si
uno no es abogado), pero a los fines de estas páginas basta con recoger algunos
hechos : a) es una sentencia dictada por un organismo al que no le compete
legislar, no obstante o cual fija nuevos parámetros para el nombramiento
de las autoridades universitarias y define un plazo de 6 meses para realizar
los comicios ; b) con base en el fallo, de no realizarse tales comicios en el
lapso previsto, dispone que los cargos quedarán vacantes y podrían estar a disposición
de quienes nombre el Gobierno de forma interina ; y c) es una medida que se
toma en un país en el que las universidades creadas durante los veinte años de
gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no realizan comicios para designar a
sus autoridades, las cuales son designadas “a dedo” por el Ministro
correspondiente.
Mientras tanto …
Mientras el país se enfrasca en una discusión absurda
sobre formulas electorales, en otros lugares del planeta se examina la
institución universitaria, siempre bajo el entendido de que debe cambiar y
ajustarse a los modos que rigen este siglo XXI. De la denominada Sociedad del
Conocimiento, según se describe a la sociedad de hoy en día, se desprenden, tal
es el argumento, nuevas claves para re inventarla. Claves que vienen asociadas
al volumen y rapidez con la que hoy en día se generan y difunden los
conocimientos en sus diversos formatos; al espectacular acortamiento de los
ciclos que van desde la creación del conocimiento hasta su aplicación y
obsolescencia; a la aparición de nuevas disciplinas y sub disciplinas y su
indispensable vinculación entre ellas como imperativo del “pensamiento
complejo”, según la expresión de Edgar Morin.
Claves asociadas, así mismo, a la
globalización del conocimiento, proceso ligado a la naturaleza misma del saber
contemporáneo ; a la creación de conocimientos y tecnologías como un proceso
“socialmente distribuido” que asocia a las universidades c numerosas y diversas
organizaciones, cada una con sus diferentes recursos y capacidades,
a las posibilidades que abre la digitalización y, entre otros elementos,
a las nuevas modalidades que se abren en torno a la propiedad del conocimiento
; y, por citar un último aspecto, entre otros muchos, a los cambios en la
docencia, organizados en torno a la necesidad de desplazar el acento de los
procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje.
En el marco de lo esbozado anteriormente, emerge la
identificada como la Cuarta Revolución Industrial, sustentada en la
convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, generadoras de
mutaciones muy rápidas y radicales que están cambiando a fondo la forma en la
que los terrícolas vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Tal despliegue
cobra forma teniendo como telón de fondo una severa crisis en el vigente modelo
de desarrollo que se manifiesta claramente, aunque no sólo, en los graves
desacomodos ambientales y sociales y que asoma la urgente necesidad de
modificar el estilo de producir y consumir. Una crisis civilizatoria, prefieren
decir algunos, dada la amplitud de asuntos que envuelve, convertida obviamente
en un dato inevitable al momento de reflexionar acerca del papel de las
universidades, la forma de estructurarse y las maneras de desempeñarse.
Frente al “tsunami” que representa la emergencia de las
tecnologías como tecnologías disruptivas se ha hecho claramente evidente la
ausencia de mapas y brújulas que permitan la comprensión, la y la
regulación de los cambios que están ocurriendo, así como la manera de tratar
situaciones que remiten a eventos muy complejos y tocan los aspectos más
fundamentales de nuestras vidas, contribuyendo, incluso, a determinar la manera
misma en que nos percibimos como humanos, dando motivo a una intensa polémica
en torno al advenimiento de lo que se ha denominado la post historia, visible
desde las novedades que se desprenden de la bioingeniería y de la inteligencia
artificial.
Así las cosas, ciertamente, hay pocas cuestiones que
tengan más trascendencia para el país que la de construir una nueva mirada
sobre sus universidades. No es buena cosa jugar con el futuro. Es
irresponsable y pasa facturas que luego resultan difíciles de pagar
¿Qué mensaje llegará a Barbados?
El TSJ ha tomado, así pues, una medida ilegal que no
esconde el autoritarismo gubernamental ni su manera de ver la democracia. Una
medida que enrarece, así pues, el clima político nacional, justo cuando Nicolás
Maduro avisa que sigue planteada la presencia de sus representantes en las
negociaciones que auspicia el gobierno de Noruega.
Esta decisión intempestiva que agrede a las universidades
públicas autónomas (un sector
muy sensible de nuestra sociedad) pareciera ser
en estos momentos, una pésima noticia. Con ella el Gobierno no envía una
buena señal con referencia a las conversaciones que se llevan a cabo en
Barbados, cuyo tema central es, nada menos, que el tema electoral.
Ojalá uno este equivocado.
Digalo Ahi Digital
23 de Septiembre del 2019
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