Durante cuatro décadas, la doctrina predominante en
Estados Unidos fue que las corporaciones deben maximizar el shareholder value:
el valor para los accionistas (es decir, las utilidades y los precios de las
acciones) aquí y ahora, a como dé lugar, sin importar las consecuencias para
los trabajadores, los clientes, los proveedores y las comunidades. Así que la
declaración de apoyo a un capitalismo de “partes interesadas” (stakeholders),
firmada a principios de este mes por casi todos los miembros de la organización
empresarial estadounidense Business Roundtable, causó bastante revuelo. Al fin
y al cabo, son los directores ejecutivos de las corporaciones más poderosas de
Estados Unidos, y están diciendo a los estadounidenses y al mundo que una
empresa no se reduce a sus resultados financieros. Es un giro bastante radical.
¿Será verdad?
El ideólogo del libre mercado y premio Nobel de Economía
Milton Friedman tuvo un papel influyente no sólo en la difusión de la doctrina
de la primacía de los accionistas, sino también en conseguir que se incorporara
a la legislación en los Estados Unidos. Llegó a decir que hay una “única
responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos para participar en
actividades diseñadas para incrementar sus beneficios”.
Lo irónico es que poco después de que Friedman promulgó
estas ideas, y allá por el tiempo en que se popularizaron e incorporaron a las
leyes sobre gobernanza corporativa (como si se basaran en una teoría económica
sólida), Sandy Grossman y yo, en una serie de artículos de fines de los
setenta, mostramos que el capitalismo de los accionistas no maximiza el
bienestar social.
Esto es evidentemente cierto cuando hay externalidades
importantes como el cambio climático o cuando las corporaciones envenenan el
aire que respiramos o el agua que bebemos.
Y es evidentemente cierto cuando
promueven el consumo de productos nocivos para la salud, por ejemplo bebidas
azucaradas que contribuyen a la obesidad infantil o analgésicos que desatan una
crisis de opioides, o cuando explotan a personas incautas y vulnerables, como
la Universidad Trump y muchas otras instituciones estadounidenses de educación
superior con fines de lucro. Y es cierto cuando se aprovechan del poder de
mercado, como hacen muchos bancos y empresas tecnológicas.
Pero es cierto también en un sentido más general: el
mercado puede impulsar a las empresas a ser imprevisoras y no invertir lo suficiente
en los trabajadores y en las comunidades. Así que es un alivio que dirigentes
corporativos, presuntamente dotados de una comprensión profunda del
funcionamiento de la economía, finalmente hayan visto la luz y se hayan puesto
al día con la economía moderna, aunque les haya llevado unos cuarenta años.
Ahora bien: ¿creen realmente estos dirigentes
corporativos en lo que dicen, o es su declaración un mero gesto retórico frente
a la reacción popular contra numerosos abusos? Hay motivos para pensar que no
están siendo muy sinceros.
La primera responsabilidad de las corporaciones es pagar
sus impuestos; pero entre las que suscribieron la nueva visión corporativa hay
algunas de las empresas estadounidenses que más eluden impuestos, por ejemplo
Apple, que a todas luces sigue usando paraísos fiscales como la isla de Jersey.
Otras apoyaron el paquete impositivo promulgado en 2017 por el presidente
estadounidense Donald Trump, que mientras reduce impuestos a corporaciones y
milmillonarios, los aumentará para la mayoría de los hogares de clase media y
dejará a varios millones de personas más sin seguro médico cuando se complete
su implementación.
(Esto, en un país con el mayor nivel de desigualdad, los
peores indicadores sanitarios y la menor expectativa de vida entre las grandes
economías desarrolladas.) Y aunque estos dirigentes empresariales defendieron
la tesis de que la rebaja de impuestos generaría inversiones y aumentos
salariales, los trabajadores recibieron migajas. La mayor parte del dinero no
se usó para la inversión, sino para la recompra de acciones, que sólo sirvió
para forrarles los bolsillos a accionistas y ejecutivos con planes de
incentivos basados en acciones.
Un auténtico sentido de responsabilidad más amplia
llevaría a la dirigencia corporativa a apoyar una normativa más rigurosa que
proteja el medioambiente y la salud y seguridad de sus empleados. Unas pocas
empresas automotrices (Honda, Ford, BMW y Volkswagen) lo hicieron, y apoyan
normas que son incluso más estrictas que las que quiere el gobierno del
presidente Trump (que está ocupado en deshacer el legado medioambiental del
expresidente Barack Obama). Hasta hay ejecutivos de empresas de gaseosas que al
parecer se sienten mal por su contribución a la obesidad infantil, que como
saben, suele provocar diabetes.
Pero aunque muchos ejecutivos quieran hacer lo correcto
(o tienen familiares o amigos que quieren hacerlo), saben que no todos sus
competidores harán lo mismo. Hay que emparejar el terreno de juego para que las
empresas con conciencia no queden en desventaja frente a las irresponsables.
Por eso muchas corporaciones quieren normas contra el soborno y reglas que
protejan el medioambiente y la salud y seguridad de los trabajadores.
Por desgracia, esto no incluye a muchos de los grandes
bancos, cuya conducta irresponsable produjo la crisis financiera global de
2008. Apenas aprobada la Ley Dodd‑Frank (2010) de reforma financiera, que fijó
normas más estrictas para reducir la probabilidad de repetición de la crisis,
los bancos ya estaban trabajando para lograr la derogación de sus disposiciones
clave. Uno de esos bancos fue el JPMorgan Chase, cuyo director ejecutivo es
Jamie Dimon, presidente actual de Business Roundtable.
Previsiblemente, dada la
influencia del dinero en la política estadounidense, los bancos tuvieron
bastante éxito. Y un decenio después de la crisis, algunos todavía pelean en
los tribunales contra las demandas planteadas por víctimas de su conducta
irresponsable y fraudulenta: esperan que su capacidad económica les permita
aguantar más que los demandantes.
Por supuesto que la nueva postura de los directores
ejecutivos más poderosos de Estados Unidos es bienvenida. Pero habrá que
esperar hasta saber si es otro truco publicitario o si realmente creen en lo
que dicen. Mientras tanto, necesitamos una reforma legislativa. Las ideas de
Friedman no sólo dieron a ejecutivos codiciosos una excusa perfecta para hacer
lo que siempre habían querido hacer, sino que también produjeron leyes de
gobernanza corporativa que incorporaron el capitalismo de accionistas al marco
legal de Estados
Unidos y de muchos otros países.
Eso debe cambiar, para que
las corporaciones no tengan sólo la opción, sino también la obligación real, de
pensar en los efectos de su conducta sobre otras partes interesadas.
Traducción: Esteban Flamini
Project Syndicate
http://www.digaloahidigital.com/articulo/%C2%BFvolvi%C3%B3-realmente-el-%E2%80%9Ccapitalismo-de-las-partes-interesadas%E2%80%9D
23 de Septiembre del 2019
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