Esto sucede en Ciudad
Juárez
En Ciudad Juárez se ha
hecho evidente la tríada que somete a México: esa en la que se articulan las
políticas antimigrantes, la militarización de la frontera con Estados Unidos y
el crecimiento de un ejército industrial con salarios baratos para la maquila.
El 5 de agosto de 2019,
el gobierno federal mexicano y la asociación empresarial de maquiladoras INDEX
inauguraron el centro de migrantes Leona Vicario en Ciudad Juárez. Ubicado en
una antigua maquiladora de esta ciudad, el centro es el primero de varios que se abrirán a lo largo de la frontera norte de
México para apoyar a individuos y familias que han sido devueltas por Estados
Unidos a México para presentar sus solicitudes de asilo bajo el
programa «Permanece en México» de la administración Trump.
Las políticas de
este programa han convertido las ciudades fronterizas mexicanas en una
virtual «sala de espera» para miles de migrantes que buscan
entrar Estados Unidos. Según los comunicados de prensa del gobierno, el nuevo centro
conectará de manera más eficiente a estos migrantes, principalmente de países
centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala, con algunas de las
casi 50.000 vacantes en el sector maquilador a lo largo de la
frontera norte de México.
Los programas federales
como este, diseñados para integrar una fuerza de trabajo migrante en el mercado
laboral fronterizo de la industria maquiladora, deben analizarse en relación
con las políticas antimigrantes actualmente promovidas por los gobiernos de
Trump y López Obrador en el contexto de la nueva agenda comercial impulsada por
la renegociación del tratado de libre comercio estadounidense llamado T-MEC.
Visto desde esta óptica, es posible argumentar que, en lugar de estar frente a
esfuerzos para lograr significativos aumentos salariales de trabajadores de la
maquila y fomentar el bienestar del trabajo, la conjura entre la política antimigrante
y la integración de fuerza de trabajo migrante a las maquilas evidencian un
nuevo esfuerzo entre los gobiernos de Estados Unidos y México para profundizar
la precariedad laboral a lo largo de la frontera entre ambos países.
La vinculación tríadica
que podemos observar en la actualidad, donde se articulan las políticas
antimigrantes, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y
el crecimiento de un ejército industrial con salarios baratos para la maquila,
no es algo nuevo en esta zona del mundo. Históricamente, la «competitividad
global» de esta región industrial se ha sustentado sobre la base de la
criminalización y vulneración de la migración como fuente fundamental en la
creación de un mercado laboral precario para la industria maquiladora, de
manera que la guerra contra la migración que podemos observar hoy en esta
frontera de más de 3 mil kilómetros es tan sólo un nuevo giro de tuerca para
apretar el mismo tornillo.
«México exporta bienes,
no personas»
El primer momento en el
cual se vinculó el desarrollo de la industria maquiladora y la generación de un
ejército industrial por medio de políticas antimigrantes fue en la década de
los años 60, cuando se daba inicio a esta industria de exportación. El desarrollo industrial del norte de México en la década de
1960 convirtió a ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana en centros
industriales maquiladores para la exportación. En sus primeros días, la
maquiladora fue enunciada bajo el Programa de Industrialización Fronteriza,
como un mecanismo para emplear a los millones de ex braceros
sin trabajo que fueron devueltos a México cuando se canceló el Programa Bracero
en 1964
En realidad, estos empleos industriales precarios fueron cubiertos por
miles de mujeres jóvenes, que migraron en masa desde comunidades rurales de los estados
fronterizos del norte de México. Este desarrollo industrial temprano de la
frontera norte de México que dependió del trabajo de los migrantes mexicanos
rurales, también estuvo acompañado por políticas estadounidenses que resultaron
en la restricción, control y criminalización de los flujos
migratorios desde México y América Latina hacia Estados Unidos.
En ese
escenario destacó la Operación Intercepción en 1969, durante el periodo
presidencial de Nixon, que aumentó el personal de las fuerzas de seguridad a lo
largo de la frontera entre Estados Unidos y México enmarcándose como un ejemplo temprano de la militarización fronteriza. Si
bien no impidieron que los migrantes mexicanos cruzaran a los
Estados Unidos en busca de trabajo, esta política de militarización sirvió para
aumentar la condición vulnerable, y bajar el valor de su trabajo, de los
trabajadores mexicanos en ambos lados de la frontera. En otras palabras, la
industria maquiladora nació bajo la egida de una política animigrante que buscó
criminalizar a la fuerza de trabajo migrante con el fin de perpetuar la condición
de inseguridad en el mercado laboral y profundizar la precariedad salarial con
el fin último de mantener «competitiva» a la industria de exportación en esta
región.
El segundo momento
fundamental en esta configuración fue el de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) en la década de los años 90, cuyas bases
ampliaron la viabilidad de la industria maquiladora en todo el país. Para el
año 2000, la maquila generaría el 48% de las exportaciones del
país. Más importante aún, sirvió para profundizar las relaciones económicas y
políticas de desigualdad y asimetría entre México y los Estados Unidos. Como ha
sido documentado, el TLCAN, lejos de ser un acuerdo comercial, más bien se
trató de un proyecto de protección de la inversión extranjera para que las
grandes corporaciones estadounidenses pudieran ampliar el control sobre el
territorio y la fuerza de trabajo mexicana. Mientras esta política impulsaba la
apertura al flujo de bienes, restringía la movilidad de los trabajares. Así lo
afirmó contundentemente el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari,
quien opinó que el objetivo de implementar el TLCAN era «exportar bienes y no personas».
Como en sus primeros
días, la competitividad de la maquiladora bajo la arquitectura del TLCAN
continuó enraizada en la centralidad de los bajos costos de mano de obra y
atracción de fuerza de trabajo migrante. Entre los muchos resultados
desastrosos que generó el TLCAN en México, destaca el abandonó estatal al
incentivo de la producción agrícola y la ampliación del despojo territorial de
las comunidades campesinas e indígenas en beneficio de las empresas
trasnacionales. Como resultado, se produjo una masiva migración de comunidades rurales de los
estados del sur, como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, para buscar trabajo
en las maquiladoras de las ciudades del norte, o para llegar a los Estados
Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos respondió a este aumento del flujo de migrantes
desarrollando reformas restrictivas de inmigración como la Ley de Reforma
de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, que criminalizaba aún más a los migrantes. Igual,
profundizaba la militarización fronteriza, iniciando la construcción del muro fronterizo en la división entre
Tijuana y San Diego, y se aplicó la Operation Gatekeeper, una iniciativa que amplió las
inversiones en tecnologías de seguridad e intelegencia así como el número de
agentes de la patrulla fronteriza desplegados para frenar
coercitivamente los flujos de migración Al igual que en décadas
anteriores, estas políticas tuvieron poco efecto en la reducción de
la migración a los Estados Unidos, en cambio solo aumentaron la vulnerabilidad
de los migrantes.
La vulnerabilidad de la
fuerza de trabajo migrante.
Con la implementación
actual de nuevas políticas y prácticas que criminalizan y
militarizan aún más a los migrantes y a las comunidades fronterizas, es posible
afirmar que estamos presenciando señales de un tercer momento histórico en la
articulación entre políticas antimigrantes, militarización de la frontera y ampliación del ejército
industrial de reserva para la maquila. Coincidentemente, esta ofensiva contra
migrantes ocurreen el marco de una nueva agenda estadounidense de libre
comercio bajo las siglas del T-MEC que en esencia apuesta a redoblar el control
que las corporaciones estadounidenses tienen sobre el territorio y la fuerza de
trabajo mexicana. Por tanto, lejos de cualquier discurso triunfalista que
coloque a la inversión extranjera y a la industria maquiladora como una palanca
de desarrollo y escalamiento industrial, lo que estamos presenciando es la
profundización de un modelo en el que la precariedad laboral continúa apuntalando la
competitividad exportadora de la economía mexicana.
La intención, según López Obrador, «es organizar los flujos migratorios y
proporcionar opciones de empleo alternativas, al mismo tiempo que mantener
buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos para evitar una guerra
comercial». Voces críticas denuncian que las políticas del gobierno
mexicano no han sido diseñadas para proteger a los migrantes, y en
su lugar continúan bajo el predominio de un enfoque que concibe la
migración como un problema de seguridad nacional que debe resolverse con la
militarización fronteriza. En el tiempo transcurrido desde que asumió el cargo,
la actual administración federal en México se ha alineado con la política de
mano dura diseñada en la Casa Blanca por medio del sorprendente aumentó de tropas en la frontera y despliegue de una nueva guardia nacional encargada de
frenar la migración.
En los meses
transcurridos desde la vigencia de la política «Permanecer en México», más
de 15,000 personas han sido devueltas a Ciudad Juárez. Los
migrantes enfrentan violencia y carecen de acceso tanto al refugio como
a la asesoría legal.
En palabras de un migrante de Honduras,
«prefiero ser detenido y encarcelado en los Estados Unidos que quedarme en
México». Recientemente, unos abogados en El Paso nos dijo que la línea de
tiempo para presentar una solicitud de asilo bajo el marco del programa
'Permanecer en México' es muy incierta, pero podría tomar hasta dos años. En
este contexto, la creciente imposibilidad de cruzar desde México hacia Estados
Unidos significa que los solicitantes de asilo centroamericanos pueden
convertirse en la próxima población migrante semipermanente vulnerable que la
industria maquiladora utilizará para llenar las vacantes a medida que aumente
la demanda, lo mismo que se plantea desde el gobierno federal en cuanto a integrar a migrantes en megaproyectos planificados en el
sur de México.
El presidente nacional
de INDEX, Luis Aguirre Lang, explicó que en los próximos meses se intensificarán los
esfuerzos para promover las vacantes para los migrantes
centroamericanos que
tienen un permiso de trabajo en México, citando los beneficios de emplear a los
migrantes a trabajar en maquiladoras: «Estamos trabajando con el Ministerio de
Trabajo para crear una estrategia precisa para todos los migrantes
centroamericanos que están varados en municipios fronterizos.
Recuerde, nuestra
industria se ha fortalecido por este tipo de fenómenos». El potencial de
integrar a fuerza de trabajo migrante en la maquila, por el parte del goberino
y el sector privado, también puede funcionar para la esfera empresarial como
esfuerzo para aumentar el control sobre la organización de trabajadores, un
control que ha sido desafiado por fuertes movilizaciones laborales en Ciudad Juárez y Matamoros en los últimos años. En cualquier caso, está
claro que el centro Leona Vicario y otros similares que se abrirán a lo largo
de la frontera, en una pequeña parte de un esfuerso continuo para poner a los
inmigrantes a trabajar en las ciudades fronterizas del norte de México.
Ha pasado más de medio
siglo desde el nacimiento de la maquila, que puso a Ciudad Juárez en el mapa
como un centro industrial vinculado orgánicamente a las cadenas de producción y
suministro mundiales. Actualmente, en 2019, asistimos a la etapa inaugural de
un nuevo ciclo de este modelo industrial en el que se vinculan políticas de
precarización laboral con políticas antimigrantes en la frontera norte. Al
igual que el TLCAN, el T-MEC hace poca referencia a la reforma migratoria o la movilidad de
los trabajadores, lo que, aunque no es sorprendente, ofrece pocas esperanzas
para futuras revisiones positivas. En concierto con las recientes políticas
comerciales y laborales, la gran cantidad de iniciativas antimigrantes actuales
y los esfuerzos por militarizar aún más las comunidades fronterizas, han
servicio para profundizar la precariedad e inmovilidad de los migrantes y los
residentes fronterizos.
Nuso. org
17 de Noviembre del 2019
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