Las sanciones económicas son un conjunto de
penalizaciones comerciales y financieras aplicadas por uno o varios países, a
un Estado, personas o grupo. En el caso venezolano las restricciones aplicadas
desde agosto del 2.017 y la orden ejecutiva de enero del 2.019, han logrado
limitar la capacidad de maniobra de la Tiranía, sin embargo, no han logrado
derrocarla. Es innegable afirmar que algunas de ellas al restringir la
movilidad del régimen, han impactado de forma negativa a la población.
Las sanciones se han convertido en una herramienta
utilizada en estos tiempos, para atender desafíos geopolíticos como el
terrorismo, narcotráfico y conflictos globales. Los gobiernos y los organismos
multinacionales imponen sanciones económicas para tratar de perturbar las
decisiones de los actores estatales y no estatales que amenazan sus intereses o
violan las normas internacionales. Existen voces críticas que señalan que las
sanciones en algunos casos están mal concebidas y rara vez tienen éxito en
cambiar la conducta de una individualidad o grupo, mientras que los partidarios
sostienen que se han vuelto más efectivas en los últimos años y siguen siendo
una herramienta esencial de política exterior.
Las sanciones aplicadas en Venezuela buscan obligar,
disuadir, castigar o humillar a un grupo delictivo que se encuentra en el
poder, que ponen en peligro intereses regionales y que violan las normas
internacionales de proceder. Nuestro país en estos pavorosos años de
revolución, se ha convertido en una amenaza por su conexión con el terrorismo
internacional, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, por su contaminación
antidemocrática hemisférica y por la violación sistemática de los derechos
humanos de la población.
El régimen intenta de forma desesperada endosar toda la
carga por la desastrosa gestión de gobierno a las sanciones, lo cierto es que
la tragedia vivida es consecuencia de un cumulo de errores cometidos antes de
agosto del 2.017, que con la entrada de las restricciones se hicieron más
evidentes. La crisis en los servicios públicos son producto de la corrupción
insaciable, que dilapido los recursos presupuestarios y financieros asignados a
las obras de mantenimiento y mejora de los sistemas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro administra los programas de sanciones aplicados
fundamentalmente a empresas e individualidades conectadas con el régimen.
Existen otras instancias que han aplicado restricciones a los mismos actores
como el Departamento de Estado, el de Comercio, Seguridad Nacional y Justicia.
Es importante señalar que las sanciones no únicamente las aplicó y aplicá los
Estados Unidos, también otros países del hemisferio y la Unión Europea las
acompaña. Lo que es una muestra de la preocupación mundial, por el genocidio en
desarrollo en Venezuela.
Las sanciones son una acción de menor costo y menor
riesgo entre la diplomacia y la guerra. Los hacedores de políticas pueden
considerar las sanciones como una respuesta a las crisis extranjeras, en las
cuales el interés nacional es menos que vital o donde la acción militar no es
factible. Ese es el caso específico de Venezuela, a pesar que se mantiene en el
relato de que todas las acciones están sobre la mesa, la intervención será una
acción terminal, en el supuesto que la Tiranía se pase de los límites
tolerables por la comunidad internacional.
Sanciones, restricciones y cerco a la elite gobernante se
mantendrán y se profundizarán, hasta lograr la derrota de esté infame régimen.
Las burbujas de confort y lujo en las cuales viven los familiares de los
tiranos, tanto en el exterior como internamente deben ser punzadas. Es
totalmente injusto y obsceno que mantengan privilegios mientras la gran mayoría
de los venezolanos estamos en condiciones de exterminio selectivo. Y la
diáspora sometida a condiciones de xenofobia inaceptable.
Es necesario que la comunidad internacional y la
oposición organizada internamente ponderen y evalúen continuamente las
sanciones impuestas, y las que se deriven en el futuro, para mitigar los
impactos sobre el tejido social refugiado en el país. Profundizar las sanciones
a las individualidades y sus familiares será una herramienta que los persuada y
obligue para una salida acordada de esta tragedia.
Recientemente el diario estadounidense de The New York
Times publicó un artículo, en el cual hace referencia a un aparente auge de la
economía venezolana. Fundamentalmente en la mencionada publicación los
periodistas Anatoly Kurmaneavy Isayen Herrera, realizaron una investigación de
campo en Caracas y lograron verificar que, a pesar de las sanciones, hay una
elite muy pequeña que tiene acceso a dólares y burbujas de confort obscenas.
Esto no puede mantenerse, ampollas de riqueza y
comodidades para una minúscula elite y la mayoría de los venezolanos condenados
a muerte, las sanciones deben acabar con esas extravagancias, que pareciera
mostrar una Venezuela de fantasía, negada para la gran mayoría. La elite
gobernante, los contratistas y sus familiares deben padecer lo mismo que vive
el pueblo. No puede haber espacios, reductos ni áreas protegidas de las
inclemencias sociales y económicas, la incomodidad debe ser para todos. Así
como todos debemos ser receptores del progreso y prosperidad de un nuevo
gobierno, en el cual el Estado exista.
@germanrodri
@germanoveja
Comunicacion Continua
21 de Febrero del 2020
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