Aunque los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción fueron lanzados, en principio,
como canales que darían fuerza al poder comunal, lo cierto es que en la
práctica las comunidades no han manejado ni los recursos económicos, ni se han
encargado de la selección de los productos, ni han tenido un papel en la
frecuencia de distribución, señala el más reciente informe sobre la situación
de los derechos humanos en Venezuela de la ONG Provea.
"La
militarización en el terreno de los CLAP generó una estructura con instancias
llamadas 'Centro de Mando' y 'Estado Mayor de los CLAP', lo cual da cuenta de
una jerarquía y una línea de mando que pone en duda que este sistema de
distribución sea una gestión verdaderamente autónoma de las comunidades",
apunta el documento.
Los CLAP fueron
un mecanismo que se creó al margen de lo establecido en la Constitución y no
obedecieron a una ley dictada por la Asamblea Nacional, como lo indican los
artículos 137 y 156 de la Carta Magna. El decreto que rige su instalación no
indica cómo se constituyen ni quiénes lo integran y les da competencias
públicas inconstitucionales, como las del mantenimiento del orden público, sin
establecer para ello regulación ni límites; no forman parte de la
administración pública y están integrados por "grupos paraestatales de
claro corte partidista".
Otro de los
graves cuestionamientos es que se promovió con ellos "un monopolio de lo
alimentario manejado por un grupo de ciudadanos con más poder que otros, solo
por razones de ideología política". Paradójicamente, además, "al ir
progresivamente subiendo el costo de las bolsas de alimentos e incluir en ellos
productos importados en dólares, el manejo de los CLAP violaba la Ley de
Precios Justos y dio paso a una corrupción generalizada”.
El tejido que
somete el acceso a los alimentos a un control político y militar del país no es
gratuito, sino que obedece a un síntoma de un proceso que los expertos han
bautizado como violencia alimentaria. Cuya expresión fundamental es “el
sometimiento de una sociedad a partir del hambre de las personas, de la
coerción de su libertad de elección en materia alimentaria y de la manipulación
de toda la cadena socio productiva de los alimentos con un fin ideológico o
político. Las denuncias de discriminación por razones políticas, de las que han
sido objeto los CLAP, vulneran la Observación General N° 12 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el
Derecho a la Alimentación, que señala que no se debe negar el acceso a los
alimentos a determinados individuos o grupos, "y que establece como falta
del Estado no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que
violen el derecho a la alimentación de otras personas”.
Esta violencia
alimentaria tiene que ver con lo que significa hacer la cola para comprar
alimentos, que tengas que identificarte con un capta huellas, que tengas que
sustituir la alimentación tradicional por productos extraños a tu cultura, la
absoluta sensación de impotencia que sufres por no poder contrarrestar lo que
está ocurriendo. Además, se caracteriza por la escasez, por la inflación
y la pulverización del poder adquisitivo, por la pérdida de calidad de la
alimentación hasta en su contenido simbólico, por el hambre que empujó a muchas
personas a los basureros y por el daño ya evidente sobre el estado nutricional
de niños y adultos, sobre la educación y sobre la violencia que el hambre y la
escasez detonaron.
Todo esto es
producto de una política hambreadora que el régimen ha ido desarrollando
paulatinamente desde al año 2001 con la promulgación de la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario y continuó “a paso de vencedores” con el Plan
Especial de Seguridad y Soberanía Alimentaria e inauguración del primer Mercal
(2003), Misión Mercal y Casas de Alimentación ( 2004), Misión
Alimentación (2007), Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria (2008), Creación de Pdval (2008), Expropiación de
Agroisleña (2010), Expropiación Hacienda Bolívar (2011), Gran Misión
Abastecimiento Seguro y Soberano (2016) y los CLAP (2016).
Se puede
afirmar, sin temor alguno, que el régimen ha hecho de la distribución de
alimentos un mecanismo perverso de dominación política e ideológica. Ofrecieron
fraudulentamente vender alimentos a precios justos y terminaron distribuyendo
comida dolarizada y ajena a la cultura venezolana; los CLAP fueron
promocionados como una medida temporal debido a la emergencia alimentaria,
cuando en realidad solo buscaban dar forma de organización e instalar las bases
de defensa de la revolución, la compra de votos para los procesos electorales y
un multimillonario proceso de corrupción.
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