La decisión de Maduro de
acortar la semana laboral a los funcionarios no solucionará la crisis
energética
La decisión del gobierno de Venezuela de paralizar casi por completo el
día a día de la gestión del país instaurando para los funcionarios una semana
laboral de dos días —lunes y martes— constituye una disparatada y peligrosísima
huida hacia adelante de Nicolás Maduro para combatir la escasez energética.
La situación parece directamente extraida de un
relato del realismo mágico. El Ejecutivo justifica la instauración del fin de
semana de cinco días por el bajo nivel de agua —por la sequía— de una central
hidroeléctrica que genera el 70% de la energía consumida en el país
sudamericano. Suspendiendo, en principio durante quince días, la mayor parte de
la actividad en el sector público —los colegios ya han declarado festivos los
viernes— se pretende evitar el colapso energético.
La iniciativa de Maduro alimenta las sospechas de
la oposición, que controla el Congreso: precisamente el martes comenzó la
recogida de firmas necesarias para activar un referéndum revocatorio del
mandato del presidente. Hay un plazo de 30 días hábiles para reunir esas firmas
(hacen falta 195.000, el 1% de los inscritos en el registro electoral), pero
ahora, con la semana oficial de dos días, el referéndum se puede posponer casi sine die.
El régimen de Maduro, enrocado en su negativa a reconocer que perdió estrepitosamente
el respaldo popular en las elecciones legislativas del pasado seis de
diciembre, puede seguir adoptando medidas desesperadas mientras —literalmente—
mira al cielo esperando que llueva, pero apenas servirán para solucionar el
desastre económico y administrativo. La brutal crisis energética que atraviesa
uno de los países más ricos del mundo en reservas de petróleo solo es
explicable por la incompetencia y la corrupción continuadas en la gestión de
los recursos naturales. Y viene a sumarse a una precariedad material
inconcebible hasta hace pocos años en un país como Venezuela.
Protestas en Maracaibo en rechazo al racionamiento eléctrico obligado por la sequía. HUMBERTO MATHEUS EFE
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