La agudización de la crisis económica ha llevado a miles
de venezolanos a migrar en condiciones de peligro, sin dinero, ni documentos,
ni plan, tan solo con el deseo de escapar de una situación que no les ofrece
más que hambre y miseria. Muchos venezolanos pobres han salido a pie por la
frontera con Colombia hacia Cúcuta, una región donde grupos irregulares
controlan los pasos fronterizos ilegales y el propio Estado convive con la
ilegalidad.
Introducción
Las fronteras son límites que demarcan un mundo
geopolítico, pero también son espacios de continuidades y encuentros de
diversos agentes y representaciones. En los últimos cinco años, junto con el
flujo migratorio, las dinámicas de las fronteras venezolanas han cambiado, de
allí la necesidad de estudiar a sus nuevos actores y sus problemáticas. Estas
realidades se desconocen en Caracas, al igual que las formas de vida de los
ciudadanos de los estados de frontera marcadas por esas dinámicas. En este
contexto, este ensayo tiene dos objetivos. El primero es presentar algunas
cifras sobre la movilidad de los venezolanos hacia el exterior, para lo que
recurriré como fuentes a trabajos de investigadores de Colombia y Venezuela,
Migración Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (acnur), debido a la falta de información oficial en Venezuela. El
segundo es describir el comportamiento de la frontera colombo-venezolana, para
lo cual me centraré en los pasos del estado Táchira, que colinda con el
departamento colombiano de Norte de Santander, cuya capital es la ciudad de
Cúcuta, por ser el más transitado, aunque haré algunos señalamientos de otros
puntos fronterizos1.
Realicé esta investigación asumiendo que la violencia en
las fronteras venezolanas ha aumentado y se ha hecho más compleja debido a los
conflictos políticos, la crisis económica y la falta de políticas de seguridad.
Al mismo tiempo, cabe enfocar algunos procesos desde la psicología social, área
que constituye mi formación académica. El trabajo de campo implicó cinco viajes
a Táchira, uno a Zulia y otro a Bolívar. Es un trabajo etnográfico cualitativo,
que incluyó entrevistas a migrantes, a representantes de los cuerpos de
seguridad fronteriza, a residentes de Cúcuta, San Antonio, San Cristóbal,
Maracaibo y Bolívar, así como a periodistas que cubren sucesos en la zona,
comerciantes y representantes de las cámaras de comercio de esas localidades.
Llevé adelante observaciones de un día entero en cada uno de los pasos formales
de Táchira al Norte de Santander: el Puente Internacional Simón Bolívar, de 315
metros de longitud y siete metros de ancho, el de mayores dimensiones y
tránsito de personas, que une San Antonio y La Parada; el Puente Internacional
Francisco de Paula Santander, de 210 metros de largo, en Ureña, y el Puente
Internacional La Unión, en Boca de Grita. Todos los puentes están sobre ríos y
tienen dos carriles (uno de ida y otro de vuelta); en su momento transitaban
vehículos, desde el año 2015 solo hay paso peatonal.
El contexto de Venezuela
Venezuela atraviesa una severa crisis económica; los
trabajos de los principales economistas del país así lo señalan2,
al tiempo que afirman que las perspectivas de recuperación son escasas a corto
plazo. La economía venezolana acumula en los últimos cinco años una caída
del pib de más de 50%. Las causas de esta severa crisis se vinculan a
una inflexible política cambiaria, con control de cambios y tipos de cambio
múltiples, que generó un auge de importaciones y la destrucción del aparato
económico; un ambiente de hiperregulación (controles de precio, de cambios, de
tasas de interés); sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones que
contrajeron el aparato productivo y generaron flujos de inversión privada
nacional e internacional que están entre los más bajos de la historia
venezolana; crecimiento de los niveles de endeudamiento y completo agotamiento
de los recursos ahorrados de los fondos de estabilización macroeconómica (fem)
y un aumento de la deuda pública3.
La caída del pib contrasta, por ejemplo, con el
buen desempeño macroeconómico de Bolivia y Perú, dos países con fuerte
crecimiento y baja inflación, y con modelos económicos muy diferentes. El
primero de ellos tiene un enfoque de economía de mercado; el segundo tenía
hasta ahora un enfoque dirigido por el Estado y orientado a lo social4. En la última década, Venezuela se ha
ubicado entre los diez países con las inflaciones más altas del mundo, lo que
ha ocasionado impactos muy negativos sobre los ingresos de los agentes
económicos, caída del consumo, empobrecimiento y, sobre todo, pérdida de
bienestar de la población.
Un indicador clave del colapso económico es la caída de
los salarios reales. El salario mínimo real a mediados de 2019 fue el más bajo
de los últimos 18 años y uno de los menores de América Latina. En la
actualidad, asciende a 150.000 bolívares; sumado a los bonos de alimentación
(otros 150.000), equivale a más o menos 15 dólares mensuales. Para dar una idea
de lo que se puede hacer con el ingreso más reciente, un cartón de 30 huevos
cuesta en la actualidad 80.000 bolívares, 45.000 bolívares el kilo de pollo
entero, 57.000 bolívares el kilo de carne roja y un kilo de jabón para lavar
ropa ronda los 150.000.
Otras incidencias que terminan por darle expresión a la
aguda situación económica son la falta de efectivo circulante y el colapso de
servicios públicos como electricidad, agua, vialidad y transporte (25% del
parque automotor está detenido por falta de repuestos). Es común leer en los
diarios noticias como esta: «Más de 100 horas sin luz y 8 días sin agua tiene
la población de Villa de Cura», sobre una localidad del estado Aragua5.
El estado Aragua es el tercero en importancia en el país;
en igual situación de precariedad de los servicios públicos están Zulia (el
principal estado petrolero del país) y Táchira. Ambos sufren racionamiento de
gasolina –el segundo desde hace seis años–, agravado por el contrabando y el
diferencial de precio en la frontera. Mientras un litro de gasolina en Cúcuta
cuesta 1.941 pesos colombianos (0,56 centavos de dólar por litro), en Venezuela
cuesta 6 bolívares (0,0003 dólares). Esta crisis de los servicios básicos,
donde incluyo también el suministro de gasolina, comenzó en los estados de
frontera y se fue extendiendo a los otros estados que los limitan hasta llegar
este año a la capital del país.
Cada una de estas carencias es merecedora de complejos y
largos análisis, pero quiero resaltar las dificultades que genera en la vida
cotidiana de los venezolanos vivir con racionamiento eléctrico y de agua, que
se dañen los equipos eléctricos o electrónicos y que no haya dinero para
reponerlos ni repuestos para repararlos, que disminuyan las fuentes de empleo,
que se deterioren los hospitales, las escuelas, el transporte; en resumen, el
empobrecimiento del país y de la población y los efectos psicosociales de la
precariedad y el sufrimiento.
Emigrar
Venezuela, que fue hasta hace algunos años un país
receptor de personas, se convirtió, en este contexto económico y social, en un
país expulsor de población. Iván de la Vega y Claudia Vargas dan cuenta de que,
para el año 2013, ya se estimaba la emigración venezolana en 1.200.000
personas, diseminadas en 65 países, lo que equivalía a 4,28% de la población6.
Una de las características de esta primera etapa de fuga es la alta
cualificación de un porcentaje significativo de los migrantes, lo que disminuye
el capital humano necesario para la recuperación socioeconómica futura. Y el
flujo migratorio sigue en aumento: nuevos contingentes de venezolanos pasan las
fronteras por zonas legales e ilegales, en condiciones que ponen en peligro sus
vidas. Hay referencias de venezolanos que han muerto en las aguas del mar
Caribe al intentar llegar en botes a las islas de Aruba, Curazao y Trinidad.
Otros salen por tierra hacia Colombia y Brasil y buscan otros destinos en
autobuses o caminando.
Los datos más completos los presenta acnur, que
estima que 4.486.860 venezolanos están viviendo fuera del territorio nacional,
la mayoría en países de América del Sur7.
Además, cerca de 650.000 personas han solicitado asilo en diferentes naciones
del mundo. Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y
solicitantes de asilo reportados por los gobiernos anfitriones. Pero sin duda
existe un subregistro. Por ejemplo, autoridades de Panamá estiman cerca de
150.000 venezolanos y la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes
de Venezuela reporta 69.100; por su parte, Migración Colombia reporta 1.447.171
venezolanos en el territorio colombiano y la Plataforma de Coordinación,
677.313.
De los venezolanos que salen del país, una buena parte
pasa por Colombia, ya sea en tránsito hacia otros países o para permanecer en
alguna de sus ciudades. Para la ciudad de Cúcuta este flujo poblacional ha
significado una verdadera tragedia, que ha hecho necesaria la presencia de
organismos nacionales e internacionales en la región para la atención de los
migrantes y la construcción urgente de refugios. De los 1.447.171 venezolanos
que Migración Colombia estima que han llegado al país, 699.677 están en
situación irregular, o bien porque superaron el tiempo legal de permanencia o
bien porque entraron sin autorización por los pasos ilegales o trochas. En esta
última situación se encuentran los llamados «caminantes», venezolanos que
esperan llegar por ese medio (a pie) a Perú o Ecuador. Son los más vulnerables,
los más pobres, los que no llevan dinero, ropa adecuada, comida suficiente ni
documentos de viaje, desconocen las diferencias climáticas que los esperan o la
geografía por recorrer, incluso no pueden imaginar lo que significa caminar
3.500 kilómetros hasta Perú. Ante las preguntas: «¿Hacia dónde van?», «¿Saben
cuántos kilómetros van a caminar?», «¿Llevan dinero?», «¿Conocen el camino
hasta su destino?», la mayoría respondió con frases como: «Pa’lante»,
«Caminaremos lo que sea necesario», «No nos devolvemos». El fenómeno de los
caminantes se hizo más notorio a partir de mediados de 2018. Al principio eran
jóvenes varones exclusivamente, pero luego se comienzan a integrar a los grupos
mujeres, niños, familias enteras, incluso mascotas y personas con enfermedades
crónicas y discapacidades motoras.
El volumen de caminantes era tan grande que
Colombia comenzó a colocar puntos de hidratación en el camino Cúcuta-Bogotá,
restricciones al paso de mujeres embarazadas y niños, y puntos de vacunación
para niños en La Parada, primera localidad que se encuentra al pasar el Puente
Simón Bolívar; también se crearon refugios para comer y usar servicios
sanitarios. Algunos de esos refugios surgen de iniciativas populares,
individuales y de organismos internacionales instalados en la zona de La
Parada.
Pasar la frontera hacia Colombia siempre supone para un
ciudadano corriente altos niveles de angustia por la arbitrariedad que eso
implica. Esto se acentuó a partir de 2015, cuando se cerró la frontera tras un
hecho violento en el que resultaron heridos tres funcionarios militares en San
Antonio del Táchira. El presidente Nicolás Maduro ordenó entonces de forma
unilateral el cierre de la frontera entre el estado Táchira y el departamento
Norte de Santander por un lapso de 72 horas, pero el cierre se mantiene hasta
la actualidad. Antes de 2015, se podía transitar libremente entre las dos
ciudades. Ahora solo se hace caminando con algún justificativo, esto es: una
prescripción médica para comprar medicinas o adquirir alimentos básicos para
uso familiar. En caso de no tener estos justificativos, están disponibles los
caminos ilegales (por debajo de los puentes y por las trochas).
San Antonio, incluso San Cristóbal, capital del estado
Táchira, y Cúcuta son ciudades muy cercanas. La convivencia que se tejió entre
ambas urbes tenía espacios de «armonía» entre la legalidad y la ilegalidad.
Esto se conocía en esos estados y, muy posiblemente, se desconocía en el resto
del país. Muchos se movilizaban a uno y otro lado de la frontera para trabajar,
estudiar y comprar, al tiempo que existía una alta tolerancia a la ilegalidad,
como por ejemplo el contrabando de gasolina, actividad completamente normal en
la zona.
Dos hechos llaman la atención sobre el paso de la
frontera.
En julio de 2016, un grupo de mujeres venezolanas rompen las barreras
de seguridad impuestas por el gobierno de Maduro para impedir el paso hacia
Cúcuta; en abril de 2019, una crecida del río impidió el paso por debajo del
puente y otras trochas, y un grupo importante de personas pasó entonces
desafiando los obstáculos sobre el puente y la seguridad. Y es que las
fronteras se convirtieron en un aliviadero para las personas que viven en sus
cercanías y que necesitan comprar medicinas, alimentos y enseres básicos ante
la escasez de estos en Venezuela.
Migración Colombia estima que entre 35.000 y 40.000
venezolanos cruzan a diario por diferentes motivos. Lo principal es el paso
pendular: ir a comprar y regresar, lo que da lugar a un nuevo mercado de
personas que compran artículos en Colombia y los venden en Venezuela para
generarse un ingreso extra en pesos colombianos y dólares. Ese comercio en
pequeña escala dio origen a otro de mayor envergadura y desplazó el valor y uso
del bolívar por las monedas regionales (colombiana y brasileña). Incluso se
organizan viajes desde otros estados del país para abastecerse de los productos
básicos y medicinas en Colombia y Brasil. Esto estimuló un nuevo tránsito entre
las ciudades y aumentó la escasez de gasolina en estas regiones, así como el
cada vez más cotidiano cobro de «vacuna» (sobornos) por parte de las
autoridades venezolanas que están en las carreteras y pasos de fronteras,
algunas veces en moneda y otras en mercancías. En febrero de 2019, Colombia
también cerró su frontera con Táchira, lo que complicó aún más el cruce por ese
paso fronterizo. El grueso de las personas se vieron entonces obligadas a pasar
por las trochas. Las mismas autoridades informaban que debía cruzarse por allí,
indicaban su ubicación y «horario de funcionamiento».
En esos espacios hay
verdaderas estructuras criminales, dominadas por grupos organizados de
delincuentes que cobran dinero para permitir el paso, revisan las mercancías y
calculan un pago dependiendo de la cantidad que se desee pasar. A los lados de
los puentes podía verse a las autoridades venezolanas y colombianas, que
conocen todo el movimiento legal e ilegal de la frontera. Incluso con la
frontera abierta, fui víctima de una revisión por parte de paramilitares que me
obligaron a abrir la maleta sobre el Puente La Unión. Uno de ellos se
encontraba en el extremo del puente del lado de Venezuela con una mesa, donde
me obligó a montar la maleta. La revisó cuidadosamente y al ver que mis
pertenencias eran ropa y libros, me dejó pasar «gratis».
En el paso por debajo del Puente La Unión hay que pagar
para montarse en la barca, pero también al llegar al otro extremo. El pago
oscila entre 5.000 y 10.000 pesos (2 y 5 dólares) y en el cobro participan
hombres, niños y mujeres. Los primeros días, las barcas se movían y salían con
grupos no mayores de diez personas, pero luego de una semana decidieron amarrar
las barcas y los migrantes deben pasar haciendo equilibrio con sus
pertenencias.
La dinámica más terrible la vi debajo del Puente Simón
Bolívar.
Se desarrolla allí todo un mundo de prácticas delictivas frente a las
cuales los ciudadanos nos sentimos totalmente desamparados y a merced de los
delincuentes y los diferentes grupos que dominan la zona. Debajo del Puente
Simón Bolívar hay una terminal que ofrece servicios para migrantes sin
documentos que desean dirigirse a diferentes ciudades de Colombia, a Ecuador y
Perú. Mujeres y niños se encargan de la venta menuda de mercancías: café, cigarrillos,
comida, agua; los adultos se encargan del cobro e inspección de mercancía en
grandes bultos, comida, llantas, bicicletas, baterías para carros, etc. También
pasan ganado, gasolina en gran escala, carros y drogas, pero eso responde a
otra dinámica más compleja en la que participa incluso personal de los cuerpos
de seguridad de ambos países.
En la actualidad, el cierre de la frontera ha estimulado
la economía informal y la pugna entre grupos violentos es más descarnada porque
han aparecido nuevos pasos ilegales y nuevas mercancías para contrabandear. El
informe de Transparencia Venezuela (2019) señala la presencia del Ejército de
Liberación Nacional (eln), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc)
y el Ejército Popular de Liberación (epl) y cómo estos grupos han penetrado al
menos seis estados del país, así como grupos violentos venezolanos.
Hice cinco viajes a la región del Táchira; en cada viaje
parecía enfrentarme a una nueva frontera, con más personas, más ilegalidad y
más caos. En la medida en que aumenta la migración, quienes buscan salir del
país se van quedando en los alrededores pidiendo dinero, vendiendo café, agua,
caramelos, durmiendo en las calles, y los ciudadanos desesperados por la crisis
se confunden con los que aprovechan la ocasión para robar y extorsionar. Hay
prostitución, trata de personas, trabajo forzoso, niños en la calle mientras
sus padres trabajan.
En el caso del paso por la frontera con Brasil,
principalmente por el estado Bolívar, la situación es diferente. La frontera se
mantiene abierta, aunque allí el gran problema es el Arco Minero8 y
la presencia de grupos paramilitares que controlan la zona, y cuando digo
«controlan» me refiero a que dominan a los representantes de la autoridad
venezolana, están infiltrados en mandos militares, cobran «vacunas» a
comerciantes formales, crean peajes ilegales en las carreteras y administran
justicia, su justicia. También son frecuentes las ejecuciones y los
enfrentamientos entre bandas.
Otro gran problema es que, ante una economía en crisis,
es mucho más rentable dedicarse a las actividades ilícitas o a la simple compra
y venta de alimentos y otros bienes. Incluso el cabello de mujeres se compra;
en desesperación y carencia absoluta, el cabello es un bien.
Todo este cambio en el comercio, el aumento de la
economía ilegal, la violencia, la debilidad institucional formal y la crisis
económica que atraviesa el país transformaron la relación entre los habitantes
de los estados de frontera, su cotidianidad y, en general, la calidad de vida y
la tranquilidad de sus habitantes, hasta hacerlos sentir que deben escapar de
Venezuela. Para muchos el país se convirtió en un infierno donde hay sufrimiento,
hambre, pobreza y falta de oportunidades para vivir dignamente.
Consideraciones finales
En este artículo se apuntó en primer lugar a presentar
algunas cifras del éxodo masivo de venezolanos en los últimos años,
caracterizados principalmente por la contracción de la economía,
hiperinflación, caída del salario, escasez de alimentos y medicinas y deterioro
de los servicios públicos. Ese flujo de personas por las distintas fronteras de
Venezuela, pero en especial por el estado Táchira hacia Cúcuta, complejiza la
realidad de la frontera.
La frontera colombo-venezolana no es un borde, no es una
línea. Es una franja con realidades diferentes que surgen de un contexto
físico, político y económico particular desconocido en el resto del país.
También hay problemas comunes a ambos lados: el sufrimiento de la gente,
la inseguridad ciudadana, la violencia, la desprotección por parte del Estado,
la dualidad de la institucionalidad pública y la baja calidad de vida de las
personas. Ese fue el segundo objetivo de este artículo: describir la vivencia de
estar en esa franja, los significados de vivir en la frontera Táchira-Norte de
Santander, en otros tiempos un espacio de convivencia y hoy cerrada por
problemas políticos.
Pero el cierre de las fronteras no solo no disminuyó los
problemas de violencia, sino que ha dado origen a muchos otros, en especial el
aumento de la corrupción, del contrabando y de los problemas sociales de la
región. Cerrar la frontera también cerró el aliviadero que significaba para los
venezolanos pasar para abastecerse de los bienes más básicos. Pero, como
demuestra la frontera con Brasil, mantenerla abierta sin políticas públicas de
seguridad tampoco acaba con los conflictos. Lo cierto es que los gobiernos
locales no tienen la estructura para abordar los problemas de la región, por lo
que se hacen imprescindibles políticas públicas transnacionales de seguridad
ciudadana.
La presencia de grupos irregulares sin duda marca la
dinámica del poder y la violencia. La ilegalidad se apropió del control de los
territorios: se trafican minerales, se cobran «vacunas», se contrabandea
ganado, comida, gasolina, medicinas, cauchos y carros, se reclutan jóvenes
ofreciéndoles «un trabajo más lucrativo» que los que ofrece el aparato
productivo legal en crisis. Estos grupos incluso administran justicia y ofrecen
paz y protección en algunos espacios a ciudadanos y empresarios a cambio de
dinero. Colombia y Venezuela perdieron la lucha por los territorios de frontera
y sus bienes.
Pero también la perdieron los ciudadanos que están totalmente
desprotegidos ante la violación de sus derechos, comenzando por el libre
tránsito. ¿Qué hacer al ser víctima de un delito en las fronteras? ¿Dónde
denunciar en un país que observa la fusión de actores gubernamentales con
grupos irregulares? Cualquier intento de resolución binacional ante problemas
tan graves ha quedado como papel mojado. Por otra parte, ese esquema de
economía ilegal y de una vida asociada a diversas prácticas irregulares en las
fronteras penetró en el resto del país y se convirtió en un problema de seguridad
ciudadana. Todos estos factores hacen que el venezolano vulnerable emigre en
las condiciones más desventajosas y peligrosas, para luego descubrir que
Colombia (o Ecuador o Perú) tampoco son el espacio que imaginaba, que cambia
unos problemas por otros más graves y que debe lidiar ahora con su tristeza, su
soledad y su estatus ilegal.1.
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219
kilómetros de extensión; los estados venezolanos que se extienden a lo largo de
esta frontera son Zulia, Táchira, Apure y parte de Amazonas.
2.
Leonardo Vera: «In Search of Stabilization and Recovery:
Macro Policy and Reforms in Venezuela» en Journal of Post Keynesian
Economics vol. 40 Nº 1, 2017 y «¿Cómo explicar la catástrofe económica
venezolana?» en Nueva Sociedad Nº 274, 3-4/2018, disponible en www.nuso.org; José Puente: «Venezuela en
colapso macroeconómico. ¿Qué se puede esperar?», Real Instituto Elcano,
Madrid, 2016; Alejandro Gutiérrez: «Venezuela’s Economic and Social Development
in the Era of Chavism» en Latin American Policy vol. 8 Nº 2, 2017.
3.
J. Puente y Jesús Rodríguez: «Venezuela en etapa de
colapso macroeconómico. Un análisis histórico y comparativo», inédito, 2019.
4.
Ibíd.
5.
Nota de Gregoria Pérez en Crónica Uno, 20/10/2019.
6.
I. de la Vega y C. Vargas: «Emigración intelectual y
general en Venezuela. Una mirada desde dos fuentes de información» en Bitácora-e,
2014.
7.
ACNUR: «Situación de los migrantes venezolanos»,
disponible en www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html.
8.
Francisco Javier Ruiz: «El Arco Minero del Orinoco.
Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos» en Nueva
Sociedad Nº 274, 3-4/2018, disponible en www.nuso.org.
Nuso. Org
15 de Diciembre del 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario