Las políticas migratorias violatorias de los derechos
humanos no comenzaron con el actual presidente estadounidense. No obstante,
bajo su gobierno, alcanzaron dimensiones antes desconocidas, en el marco de una
expansión de los discursos xenófobos y antiinmigración. El sistema de asilo
está siendo degradado pero, al mismo tiempo, los discursos xenófobos que
ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca siguen funcionando como forma de
fidelización de su base electoral.
El 3 de agosto de 2019, un hombre blanco armado mató a 20
personas e hirió a otras varias en un Walmart de la localidad texana de El
Paso, una ciudad fronteriza con una población predominantemente hispana. Poco
antes de la masacre, el asesino había publicado un manifiesto en las redes
sociales en el que hablaba de la «invasión hispana de Texas». En el texto,
despotricaba contra los inmigrantes y advertía que «los extranjeros están
reemplazando a los blancos»1.
Los crímenes de odio de este tipo, que vienen aumentando significativamente en
Estados Unidos, deben pensarse en paralelo con la política migratoria racial y
xenófoba de Donald Trump2.
Parte de la campaña y de la plataforma política de Trump
consistió en denigrar a los inmigrantes y a las personas de color. Sus
declaraciones plagadas de insultos y falsedades son demasiado numerosas como
para que demos cuenta de ellas en este artículo. Insistió, por ejemplo, en que
construiría un muro para detener las «hordas de invasores» y etiquetó a los
mexicanos como «criminales» y «violadores». También afirmó que los musulmanes
eran «terroristas» y prohibió su ingreso al país3.
Su retórica divisionista alentó a su base electoral y fue clave en su camino a
la Presidencia. Una vez en el poder, Trump continuó con sus disparates
discursivos en Twitter, sugiriendo, por ejemplo, que eeuu necesitaba
inmigrantes noruegos en lugar de gente de países «de mierda», poblados de
negros. Su gobierno ha implementado una sucesión de medidas dirigidas contra
los migrantes con el objetivo explícito de restringir, modificar o destruir el
sistema estadounidense de inmigración y de asilo.
Si bien al comienzo Trump afirmó apuntar únicamente
contra los inmigrantes «ilegales», los ataques contra los migrantes no
autorizados alimentaron la animosidad hacia la gente de color y la cambiante
demografía de eeuu. Este tipo de actitudes no son nuevas en el país. A
pesar de que la narrativa estadounidense sobre el melting pot tiene
cierto fundamento histórico, fueron las políticas raciales las que sentaron los
cimientos de la primera ley inmigratoria. Las cuotas de «origen nacional»
establecidas a comienzos del siglo xx fueron fijadas para fomentar la
inmigración del norte de Europa en detrimento de la de países europeos del sur
y del este.
Además, prácticamente se prohibió el ingreso de asiáticos hasta
1965. Estas leyes restrictivas fueron reformadas gracias a los movimientos por
los derechos civiles de la década de 1960, los cuales contribuyeron al aumento
de la inmigración latinoamericana y asiática. Como resultado de la apertura a
la inmigración legal de las distintas poblaciones y del aumento de la
inmigración del Sur global, la demografía de eeuu ha ido cambiando
sustancialmente con el tiempo. Los demógrafos estiman que para 2050 la
población dejará de ser mayoritariamente blanca4.
Este es el trasfondo demográfico con el que debemos analizar las políticas del
gobierno de Trump.
Como se verá más adelante, aunque en un primer momento la
retórica y los cambios de política estuvieron enfocados en los inmigrantes no
autorizados, el gobierno nunca tuvo la intención de orientar sus acciones
únicamente hacia esta parte de la población. En reiteradas ocasiones, antes de
la elección de Trump, el Partido Republicano empleó el discurso de que los
inmigrantes no autorizados «debían hacer la fila» para obtener una visa legal,
a sabiendas de que tales filas no existen.
De hecho, las leyes inmigratorias
de eeuu anteriores al desmantelamiento de muchos de los programas
producido bajo el gobierno de Trump son extremadamente limitadas y acumulan
demoras de muchos años para los pocos que califican para migrar de manera
legal. Al gobierno de turno y sus seguidores les importa muy poco si las
personas tienen estatus legal o no; su animosidad tiene que ver con el color de
la piel. Un ejemplo extremo de este fenómeno es el eslogan emblemático
utilizado por los nacionalistas blancos: «No nos reemplazarán». Si bien muchos
de los cambios de política de Trump están diseñados para reducir la inmigración
proveniente de la frontera sur y deportar a los migrantes irregulares del
interior del país, sus iniciativas más recientes también apuntan a restringir
severamente la inmigración legal.
Medidas como la separación forzosa de niños de sus padres
en la frontera sur; la detención de niños y sus padres migrantes en celdas y
jaulas en condiciones deplorables; la deportación de migrantes que han residido
toda su vida en el país, que incluso deben dejar a sus hijos nacidos en eeuu,
junto con muchas otras iniciativas, tienen como objetivo la destrucción del
sistema inmigratorio del país tal como lo conocemos. Si bien puede ser que
Trump sea el vocero más vulgar del movimiento antiinmigratorio, hay sectores
del Partido Republicano que han promovido muchas de sus políticas durante años.
Para los que trabajamos en el campo de la inmigración y los derechos humanos,
estas políticas resultan chocantes y, hasta ahora, inimaginables: la crueldad
ha reemplazado todo resabio de humanitarismo, protección y reunificación de la
familia.
Cambios en las políticas
No fue el propio Trump quien ideó estas políticas
inhumanas y muchas veces ilegales, sino que el arquitecto de la ofensiva antiinmigración
es Stephen Miller, quien, irónicamente, es descendiente de refugiados judíos
provenientes de Europa del Este5.
Aunque algunos representantes del Partido Republicano elegidos por voto popular
se manifestaron ligeramente en contra de los programas de la Casa Blanca, la
mayoría le dio carta blanca al gobierno, ya sea por estar de acuerdo con esas
políticas o por miedo a enfurecer a la base electoral antiinmigrante del
partido.
La prohibición de viajar fue una de las primeras medidas
de Trump. En enero de 2017, con el pretexto de proteger al país de los
terroristas, el presidente estadounidense firmó tres órdenes ejecutivas que
prohibían la entrada de personas procedentes de países de mayoría musulmana. La
primera versión, más abarcativa y titulada «Protección de la Nación contra la
Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos», prohibía el ingreso de
ciudadanos de siete países (Siria, Iraq, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen),
sin importar su categoría de visa, incluidos los refugiados previamente
autorizados y los residentes permanentes legales que se encontraban en el
exterior al momento de la firma.
La medida estipulaba que los países afectados
no habían recolectado ni compartido suficiente información de inteligencia
con eeuu. Además, se prohibió el ingreso de ciudadanos sirios de modo
permanente. De inmediato, un juez rechazó la primera orden ejecutiva y también
una segunda orden revisada. Pero, lejos de desanimarse, el presidente dictó una
tercera aprobada como proclama presidencial, que abarcaba siete países, cinco
de ellos musulmanes. La tercera orden eximía a los residentes permanentes y
otorgaba exenciones limitadas y raramente concedidas a ciertos migrantes.
Esta
versión fue aprobada por la Corte Suprema, actualmente controlada por jueces
conservadores6.
La Corte recurrió a la jurisprudencia, que otorga amplia discrecionalidad al
Poder Ejecutivo fundándose en sus facultades de política exterior y avala la
discriminación hacia los inmigrantes de un modo que resultaría inconstitucional
si se aplicara a un ciudadano estadounidense. La prohibición de viajar provocó
la separación de familias y muchas otras dificultades. Por ejemplo, el
Departamento de Estado rechazó 37.000 solicitudes de visa tras la prohibición
de 2018 y concedió solo 6% de las solicitudes de exención humanitaria en los
casos en que regía la prohibición7.
Dreamers y estatus de protección temporal
Aunque Trump vaciló al momento de rescindir la protección
otorgada a los dreamers (soñadores), como se denomina a los jóvenes
inmigrantes que vivieron la mayor parte de sus vidas en eeuu, no dudó en
utilizar a este colectivo como moneda de cambio para impulsar su agenda
antiinmigración. Y al no tener éxito, revocó su estatus.
En 2012, el gobierno de Barack Obama implementó la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (daca, por sus siglas en inglés), un
programa que protegía a esta población de la deportación y brindaba permisos de
trabajo temporales. Aproximadamente 700.000 personas, en su mayoría mexicanos,
recibieron protección temporal de la deportación en el marco de la daca8.
El programa tuvo un fuerte impacto, ya que les permitió a los dreamers cursar
estudios universitarios, avanzar en sus carreras, obtener la licencia de
conducir, viajar y, lo más importante, vivir sin el temor constante a ser
deportados. En 2014, el gobierno de Obama intentó ampliar el programa para
beneficiar a un grupo más amplio, pero los gobernadores republicanos, liderados
por Texas, recurrieron a la Corte para objetar la ampliación y lograron impedir
su implementación. Cuando Trump asumió la Presidencia, el litigio continuaba
pendiente.
Trump comenzó a negociar la protección de los dreamers a
cambio de financiamiento para la construcción del muro fronterizo prometido
durante la campaña electoral de 2016, pero chocó contra la oposición del
Congreso. En consecuencia, en septiembre de 2017 rescindió el programa y abrió
nuevos pleitos legales. Ante la creciente cantidad de demandas, los beneficiarios
de la daca que contaban con estatus de migrantes temporales en el
momento de la cancelación solicitada por Trump pudieron conservar su estatus de
protección. No obstante, como el programa de Obama requería que los
solicitantes tuvieran 15 años al momento de postularse, los migrantes más
jóvenes que no pudieron hacerlo en ese entonces se quedaron afuera del
programa.
La legalidad de la cancelación del programa aún debe ser revisada por
la Corte Suprema, que últimamente ha otorgado amplia discrecionalidad al Poder
Ejecutivo, lo que acaba con las expectativas de que Trump deje sin efecto la
eliminación de la daca. Su accionar contra el programa embelesó una vez
más a su base electoral, a pesar del enorme apoyo que los dreamers recibieron
de la opinión pública en defensa de su pleno estatus legal. La rescisión de
la daca claramente demuestra que Trump y los republicanos quieren
deportar a todos los migrantes, incluso a aquellos asimilados, simpatizantes
del gobierno y con estudios superiores9.
En la misma línea, el gobierno actual tiene previsto
deportar cerca de 300.000 personas, principalmente centroamericanos y
haitianos, que cuentan con el estatus de protección temporal (tps, por sus
siglas en inglés), que protege a los inmigrantes de la deportación y brinda
permisos de trabajo. Muchos de los beneficiarios del tps han vivido
más de 20 años en el país y construido vínculos familiares. Al igual que con
los dreamers, los republicanos han frenado en reiteradas ocasiones toda
acción judicial tendiente a otorgar estatus legal permanente a esta parte de la
población. De hecho, la imposibilidad de los centroamericanos con tps de
obtener pleno estatus legal y solicitar que los miembros de su familia puedan
migrar legalmente a eeuu es una de las muchas razones que explican
los elevados niveles actuales de migración ilegal proveniente de América
Central. La cancelación del tps ha sido rechazada por la justicia por
ser «arbitraria y caprichosa», una figura contemplada en el derecho administrativo
y motivada por la discriminación racial. Estos casos aún deben ser elevados a
la Corte Suprema.
Si bien la cifra de deportados siempre ha sido elevada
en eeuu, bajo el gobierno de Trump todo migrante se encuentra en riesgo.
Las redadas en los hogares y lugares de trabajo se han vuelto moneda corriente.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ice, por sus siglas en
inglés), el brazo de control del Departamento de Seguridad Nacional (dhs, por
sus siglas en inglés), ha deportado a personas con largo tiempo de residencia,
casadas y con familia e hijos nacidos en eeuu, ignorando su situación
personal, enfermedades graves o factores humanitarios que en otro contexto
podrían impedir la remoción. Los activistas sin un estatus legal pleno han sido
blanco de deportaciones sumarias, sin contemplación alguna del fundamento de
sus peticiones. Por ejemplo, al argentino Claudio Rojas, quien vive hace años
con su familia en eeuu y participó en un documental sobre abusos en
una prisión para inmigrantes proyectado en el festival de Sundance, le
suspendieron este año su permiso temporal y fue posteriormente deportado a
Argentina10.
Se eliminó todo tipo de facultad discrecional ejercida anteriormente por
el dhs. Por otro lado, los republicanos del Congreso frenaron la sanción
de leyes que buscaban regularizar la situación de los migrantes, al mismo
tiempo que Trump ató la reforma inmigratoria a la obtención de financiamiento
para la construcción del muro fronterizo. Los funcionarios de inmigración de
carrera han sido reemplazados por funcionarios políticos de línea dura con una
enraizada visión antiinmigrante, y todos los inmigrantes irregulares corren hoy
peligro de ser deportados.
El muro fronterizo
Una pieza central de la campaña de Trump fue la
construcción de un «hermoso muro», que deberá ser pagado por el gobierno
mexicano, si bien ya existe un muro en algunas partes de la frontera sur. Trump
aspira a ampliarlo a lo largo de toda la frontera de eeuu con su
vecino del sur. En un desconcertante revés al presidente, en enero de 2019, el
Congreso destinó 1.380 millones de dólares a la construcción de un cercado
adicional, mucho menos de lo que Trump había solicitado, lo que condujo al
«cierre del gobierno» (government shutdown) más extenso en la historia de eeuu.
Decidido a avanzar como sea, en febrero de este año, Trump declaró la
emergencia nacional para desviar fondos del Departamento de Defensa y de ese
modo utilizar financiamiento militar destinado a otros proyectos para financiar
la construcción del muro.
Pero entonces se topó con la oposición de las
ciudades y los estados fronterizos, propietarios de tierras, miembros de la
fuerza militar y grupos ambientalistas, entre otros. Más recientemente, el
Servicio de Parques de eeuu informó que la construcción del muro
dañará sitios arqueológicos en los parques nacionales ubicados a lo largo de la
frontera11.
Una vez más, siguiendo un patrón similar, el desvío de fondos fue frenado por
los tribunales federales inferiores, pero luego fue autorizado por la Corte
Suprema, con una votación de cinco a cuatro, siguiendo las líneas ideológicas.
La decisión de la Corte Suprema permite que los fondos del Pentágono se usen
mientras se desarrolla el litigio.
Asilo
Al mismo tiempo, la determinación del gobierno de Trump
de destruir el sistema de asilo ha tenido como resultado políticas
estremecedoras e inhumanas que, además de ser contrarias al derecho nacional e
internacional, han tenido un alto costo humano. Si bien la migración irregular
a eeuu se ubica en su mínimo histórico, la cantidad de migrantes
centroamericanos que arriban a la frontera sur –principalmente familias y
niños– aumentó de manera constante. En el primer cuatrimestre de 2019,
aproximadamente 100.000 centroamericanos llegaron allí cada mes. El ex-fiscal
general Jeff Sessions, un detractor de la inmigración de larga data, culpó a
los «solicitantes de asilo fraudulentos» y a los «abogados corruptos» que los
asesoran por el aumento de la migración centroamericana. Después de haber
trabajado con refugiados centroamericanos durante muchos años, yo misma puedo
afirmar que estas aseveraciones son completamente falsas. Los factores
principales que empujan a los centroamericanos en dirección a eeuu son
la persecución y la violencia perpetradas principalmente por bandas
organizadas, el cambio climático, la escasez de alimentos y la falta de
protección gubernamental12.
Por otro lado, el gobierno de eeuu frenó la
ayuda internacional brindada a iniciativas centroamericanas diseñadas para
reducir la violencia de las pandillas y proteger a la sociedad civil. El
gobierno también puso fin al mecanismo de pedido de asilo destinado a menores
centroamericanos con familia en eeuu, que les permitía solicitar asilo sin
necesidad de viajar a la frontera de ese país. Además, el fiscal general,
encargado de supervisar los tribunales y a los jueces de inmigración, revirtió
varias sentencias que reconocían la violencia doméstica y familiar y la
proveniente de las pandillas –problemas típicos denunciados por los
centroamericanos– como causales de la solicitud de asilo. Sin más, el gobierno
de Trump ha instituido una medida tras otra para tornar imposible acceder al
derecho de asilo.
En un comienzo, el gobierno afirmó estar ocupándose
únicamente de los solicitantes de asilo que cruzaban la frontera ilegalmente,
si bien aquellos migrantes (principalmente familias y niños no acompañados) se
presentaban inmediatamente ante los agentes de la Patrulla Fronteriza para
solicitar asilo.
Sin embargo, pronto quedó claro que impedir el cruce ilegal de
la frontera no era la única intención del gobierno. En abril de 2018, el dhs comenzó
a frenar el ingreso de solicitantes a eeuu –y su proceso de asilo–
cuando estos llegaban al puente internacional o al control fronterizo
migratorio ubicado a lo largo de la frontera sur. La agencia estableció un
«sistema de cuotas» que permitía procesar una cantidad limitada de solicitudes
de asilo, aproximadamente entre 10 y 20 por semana.
Los agentes de inmigración
se ubican en el centro de los puentes internacionales, justo antes del límite
con el territorio de eeuu, y envían a los migrantes de regreso a México
para que saquen un turno y esperen el inicio del proceso. Según lo observado en
varios casos denunciados, los agentes obligan a los migrantes a regresar a
México incluso después de que estos han logrado cruzar la frontera.
Como corolario, familias y niños deben acampar cerca de
los puentes internacionales o buscar refugio en superpoblados centros de
acogida ubicados en los pueblos mexicanos fronterizos y esperar durante semanas
o meses en condiciones meteorológicas inclementes y calor abrasador. En la
primavera boreal de 2019, asesoré a migrantes desesperados de todas las edades,
inclusive niños, que vivían en campos de refugiados improvisados en Matamoros,
Tamaulipas, cerca del puente internacional que conduce a Brownsville, Texas,
esperando cruzar la frontera. Los cárteles delictivos y los corruptos oficiales
mexicanos no tardaron en tomar el control de la asignación de turnos y del
sistema de cuotas para decidir qué familias quedarían primeras en la lista de
espera. Como era previsible, en lugar de servir como freno a la migración, la
medida hizo que cada vez más familias intentaran cruzar el traicionero Río
Grande, lo cual produjo un aumento en la cantidad de ahogados. Como ocurrió con
otras medidas inmigratorias de Trump, el litigio continúa pendiente en los
tribunales.
Procesamientos penales y separación de menores
Hasta 2018, tanto los migrantes que entraban ilegalmente
como los que lograban ingresar por los puntos de acceso internacionales eran
detenidos en centros de detención para inmigrantes o liberados para continuar
con las solicitudes de asilo en eeuu. El dhs decide la
liberación o detención de los migrantes, caso por caso, según el espacio
disponible en los centros de detención y la capacidad de procesamiento. Antes
de que se tome una decisión, los migrantes son detenidos en «hieleras», celdas
superpobladas donde la temperatura se mantiene adrede a niveles extremadamente
fríos o en jaulas grandes llamadas «perreras». Este tipo de instalaciones han
existido siempre pero, a comienzos de 2018, las impactantes imágenes de menores
con sus familias en las celdas y jaulas fueron ampliamente difundidas a través
de los canales tradicionales y de las redes sociales, y esto provocó la
indignación y el repudio del público. Por otro lado, la abundante documentación
sobre las horribles condiciones de vida, los abusos, el maltrato y la falta de
alimentos y de cuidados médicos fue catapultada al centro de la atención
pública.
Más tarde, Trump dio un paso más: comenzó con los procesamientos
penales y con la separación forzosa de menores de sus padres. En paralelo al
«sistema de cuotas», en mayo de 2018 el gobierno anunció una medida de
tolerancia cero que introdujo el procesamiento penal de los migrantes por
delitos menores para los recién ingresantes y por delitos graves para aquellos
que ya habían sido deportados. Como resultado de los procesamientos, miles de
niños fueron separados forzosamente de sus padres.
Si bien padres e hijos eran arrestados juntos y detenidos
en los centros de procesamiento fronterizos, miles de padres fueron procesados
y trasladados a un tribunal federal cercano para declararse culpables y aceptar
una sentencia de «tiempo cumplido». Es decir que eran acusados penalmente por
un delito menor o un delito grave sin pasar tiempo en prisión. Sin embargo,
cuando los padres regresaban del tribunal federal, se encontraban con que sus
hijos ya no estaban pues habían sido trasladados a centros para niños no
acompañados. Por supuesto, los menores no estaban «no acompañados», sino que
habían sido separados de sus padres a la fuerza. La edad de los niños no
importaba. Cientos de ellos de menos de cinco años, inclusive bebés, fueron
separados de sus padres. El dhs engañó a los padres haciéndoles creer
que si abandonaban el país podrían reencontrarse con sus hijos. De ese modo,
muchos de ellos fueron obligados a aceptar la deportación. De hecho,
aproximadamente 430 padres fueron deportados sin sus hijos, algunos a remotas
regiones indígenas de Guatemala.
A raíz de la indignación de la opinión pública y de las
demandas judiciales, en junio de 2018 el gobierno de Trump dejó sin efecto la
medida, pero se negó a facilitar la reunificación de las familias hasta que fue
obligado a hacerlo como producto de un proceso iniciado por la Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles ante el tribunal federal. El dhs admitió
ante la corte no haber guardado registros de los niños separados de sus padres,
a pesar de que estos eran demasiado pequeños como para brindar información
sobre sus familias. Inicialmente, el organismo informó la separación de 2.500
niños, pero estadísticas que publicó posteriormente revelaron que entre abril y
agosto de 2018 el número de familias separadas fue de 6.022. En los tribunales
federales, el gobierno continúa revisando la cifra, aún en ascenso. La mayoría
de los niños se reunieron con sus padres después de haber atravesado
prolongadas separaciones; otros fueron entregados a familiares que viven
en eeuu. Un escaso número de padres deportados fue autorizado a regresar
a eeuu para retomar los trámites de solicitud de asilo o encontrar a
sus hijos.
Hay muchas historias terribles de separaciones. Un
hondureño se suicidó mientras estaba bajo custodia del dhs, tras ser
separado de su familia; un bebé fue arrancado de su madre cuando lo estaba
amamantando. Niños afligidos tuvieron que cuidar de otros niños que no eran
parte de su familia. Los padres que se reunieron con sus hijos hablaron de los
persistentes problemas de conducta de los niños. Yo misma fui testigo de este
fenómeno en el centro de detención Karnes, en Texas, donde me reuní con padres
e hijos traumatizados y conmovidos que habían sido separados y luego reunidos
antes de su liberación o posterior deportación.
Si bien los acuerdos judiciales pusieron fin al
sistemático procesamiento penal de los padres y la separación involuntaria de
los niños, el dhs sigue inventando pretextos para continuar con las
separaciones, procesamientos y negativa a reunir a las familias. Algunos meses
después de introducida la medida para separar a las familias, el gobierno lanzó
su siguiente ataque sobre el proceso de asilo. Trump firmó una proclama
presidencial que prohibía a inmigrantes no regularizados buscar asilo, si bien
la política de «cuotas» ya había tornado casi imposible el ingreso legal al
país. La medida fue rechazada por un juez del tribunal federal por violar la
ley de asilo de eeuu y la Convención de los Refugiados, que autorizan
al migrante a solicitar asilo sin perjuicio de su modalidad de ingreso al país13.
«Protocolos de persecución»
Como parte de las últimas medidas implementadas para
reducir la cantidad de solicitudes de asilo en la frontera sur, se obligó a los
migrantes a esperar en México durante el transcurso del proceso de asilo y se
firmaron acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras para que el
procesamiento de solicitudes de asilo se realice en estos países en lugar
de eeuu.
En enero de 2019, el dns anunció la
implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes (ppm), término
eufemístico para denominar una medida que los defensores de migrantes
denunciaron y rebautizaron Protocolos de Persecución a Migrantes. De acuerdo
con los protocolos, los solicitantes de asilo que ingresen a eeuu ilegalmente
o que se anuncien en algún puerto de entrada internacional deben ser procesados
en audiencias judiciales de asilo de tipo adversarial en el país, aunque son
enviados de regreso a peligrosas ciudades mexicanas fronterizas hasta el
momento de la audiencia, cuyo desarrollo puede tardar entre meses y años.
El
programa encuentra su fundamento en una sección oscura de la Ley de Inmigración
de eeuu que permite a las autoridades enviar a los inmigrantes que
llegan a la frontera de regreso al país contiguo del que vinieron. Tiempo
atrás, esta disposición se aplicaba esporádicamente, pero nunca a los
solicitantes de asilo. Inicialmente, México se negó a cooperar con los ppm,
dado que el país no tiene obligación de aceptar migrantes no mexicanos enviados
de regreso por el gobierno de eeuu. Sin embargo, después de que Trump
amenazara a México con imponer aranceles a la importación, el gobierno mexicano
aceptó recibir migrantes devueltos y brindarles una limitada protección
humanitaria, algo que en realidad nunca logró hacer.
Desafortunadamente, los
tribunales federales se rehusaron a dictar una orden judicial para prohibir el
programa, aunque el proceso continúa.
Como resultado, entre 48.000 y 50.000
solicitantes de asilo han sido enviados de regreso a México. Si bien los ppm afectan
principalmente a los centroamericanos, cubanos, venezolanos y migrantes de
otras partes de Latinoamérica también han quedado varados en México.
El programa ppm es desastroso. Las ciudades
fronterizas del norte de México son extremadamente peligrosas. Carecen de la
infraestructura, los recursos y la asistencia estatal necesarios para ayudar y
proteger a los migrantes. Los refugios están saturados y dan prioridad a los
migrantes recién devueltos. Sin duda, el gobierno mexicano no puede protegerlos
del poder y alcance de los cárteles; muchos han sido secuestrados y
extorsionados. Un pastor que dirigía un refugio en Nuevo Laredo se negó a
entregar a dos cubanos a los cárteles y fue secuestrado en agosto de 2019; aún
no se tienen noticias de su paradero14.
Sobrepasado por la cantidad de solicitantes de asilo y consciente de los
peligros que acechan en la frontera, el gobierno mexicano envió cientos de
migrantes de regreso a Chiapas, en la frontera entre México y Guatemala, donde
algunos terminaron en centros de detención de migrantes. Otros fueron
conducidos en autobús a Monterrey. Allí los migrantes esperaban tener mayor
seguridad que en las calles de las ciudades fronterizas, aunque ahora enfrentan
serias complicaciones para regresar a la frontera, donde deben aguardar el
inicio de sus audiencias de asilo. En algunas zonas donde se implementó el
plan ppm, los migrantes deben asistir a las audiencias, que se desarrollan
en instalaciones ubicadas en el puente internacional, puerto de entrada o en
sus alrededores. Los jueces de inmigración, ubicados en otras ciudades,
realizan las audiencias por videoconferencia. La logística del proceso es una
pesadilla. En algunas ciudades fronterizas, los migrantes dependen de que
el dhs los conduzca al tribunal para comparecer en sus audiencias;
otros deben presentarse en el puente internacional a las 4:30 de la mañana para
ser llevados a las carpas donde funcionan las «cortes móviles».
Aquellos que
han sido reubicados en ciudades mexicanas más seguras deben afrontar los gastos
de traslado para regresar a la frontera; algunos han sido secuestrados por los
cárteles cuando estaban en camino; y muchos otros han no han podido regresar a
la frontera para asistir a las audiencias. Los que no comparecen, cualquiera
fuere el motivo, son juzgados in absentia, tras lo cual se ordena su
deportación. Otros desisten por falta de recursos, transporte, desesperación o
factores similares.
La crítica falta de asesoramiento también produce
confusión respecto del proceso y las decisiones desfavorables de algunos casos.
Los abogados de eeuu tienen grandes dificultades para brindar
asesoramiento legal a los solicitantes de asilo en el marco del programa ppm,
ni que hablar para actuar como representantes legales. Las ong que
brindan asistencia legal no funcionan en México y prepararse para una audiencia
de asilo por videoconferencia es prácticamente imposible debido a la
complejidad del proceso. Además, suponiendo que hubiera un espacio confidencial
disponible en los superpoblados centros, ni los migrantes ni los refugios
tienen acceso a la tecnología. Si bien los abogados y las ong hacen
lo mejor posible por brindar asistencia, la tarea resulta extremadamente
ineficiente y difícil.
El principio de no devolución prohíbe la deportación de
una persona al país donde su vida o libertad puedan estar amenazadas en los
cinco casos previstos en la Convención de Refugiados. No obstante, los ppm violan
el principio de no devolución. Si bien cientos de migrantes han sido
secuestrados, asesinados y extorsionados en México, el gobierno ha obligado a
los oficiales de asilo, el cuerpo profesional capacitado, a rechazar la no devolución,
que constituye una excepción al programa ppm que permite al individuo
ingresar en eeuu para continuar con el proceso de asilo en lugar de
ser regresado a México.
Muchas veces, los agentes del dhs no
notifican a los oficiales de asilo sobre estos casos o realizan las entrevistas
ellos mismos para asegurarse de que el resultado sea negativo15.
De hecho, en el juicio en curso contra los ppm, el sindicato de los
oficiales de asilo realizó un pedido judicial donde afirma que los ppm «son
fundamentalmente contrarios al tejido moral de nuestro país» y reconoce que se
trata de «una amplia violación de la ley nacional e internacional»16.
Uno podría preguntarse si el programa brinda siquiera una
protección significativa del derecho de asilo y si garantiza el debido proceso
y una audiencia justa, pero al gobierno nunca le preocuparon estos temas. Al
contrario, al igual que sucedió con otras medidas de Trump, el objetivo es
deshacerse de las solicitudes de asilo y de la migración a lo largo de la
frontera sur. No obstante, el derecho de solicitar asilo está contemplado por
la legislación nacional e internacional. La creación de obstáculos
insuperables, como los ppm, es ilegal, ya que elimina la posibilidad de
solicitar asilo. Con suerte, los tribunales federales finalmente suspenderán el
programa; sin embargo, dadas la composición actual de la Corte Suprema y su más
reciente jurisprudencia, el panorama no parece favorable.
No conforme con el programa ppm, el gobierno de
Trump recientemente implementó medidas para obligar a los migrantes a solicitar
asilo en América Central. Primero, el gobierno introdujo una medida que niega
asilo a todo migrante que pase por México o por cualquier otro país que hubiere
ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la Organización
de las Naciones Unidas. La Corte Suprema permitió que esta medida entre en
vigencia, lo que restringió seriamente la posibilidad de garantizar asilo a las
personas que se acercan a la frontera sur de eeuu en busca de
protección17.
Además, el gobierno de Trump firmó acuerdos con Guatemala, El Salvador y
Honduras que permitirían a eeuu transferir a los recién llegados a la
frontera sur a uno de estos países centroamericanos para que busquen asilo allí
en lugar de eeuu. El principio del tercer país seguro está contemplado en
la ley de asilo estadounidense, pero el único acuerdo en vigencia hasta el
momento se firmó con Canadá. Si el solicitante de asilo arriba primero a Canadá
y luego viaja a eeuu o viceversa, en general debe solicitar asilo en
el primer país de acogida. Sin embargo, no existe comparación entre el
desarrollado sistema de asilo de Canadá y el de Guatemala, El Salvador y
Honduras, signado por los problemas de seguridad de esos países.
De hecho, el
gobierno estadounidense no funda los acuerdos en la seguridad, en el derecho al
asilo o en razones de equidad, sino en relación con la migración ilegal y la
seguridad fronteriza. Mientras tanto, alimenta falsas promesas de que protege a
las poblaciones vulnerables y contribuye al desarrollo regional18.
Así como México aceptó permitir la devolución de
migrantes no mexicanos a su territorio, estos países fueron presionados por los
acuerdos firmados bajo la amenaza de perder la ayuda internacional y sufrir
aranceles más elevados. eeuu ha ofrecido poco a cambio. El Salvador y
Honduras tienen las tasas de homicidio y violencia más altas del mundo;
Guatemala es uno de los países más pobres, donde la inseguridad también se ha
agravado. El hecho de que miles de centroamericanos escapen a eeuu cada
año en busca de protección debería servir como prueba suficiente de que el
objetivo de estos acuerdos, claramente, no es proteger a los solicitantes de
asilo, sino obstaculizar su llegada a eeuu y su acceso al sistema de
asilo. Los acuerdos efectivamente señalan el fin de la protección de los
refugiados en el país.
Muestran hasta qué extremo puede llegar el gobierno para
garantizar que ningún migrante arribe a la frontera, sin importar el peligro y
el daño que haya sufrido en su país de origen o el que sufrirá en estos tres
países; y sin perjuicio de las obligaciones internacionales, humanitarias y
morales asumidas. En resumen, estamos frente a la tercerización de la
protección del asilo.
Los refugiados, previamente identificados fuera de eeuu como
individuos que ameritan protección de acuerdo con la definición de refugiado,
tampoco son inmunes a la determinación del gobierno de Trump de atacar la
inmigración desde todos los flancos. Cada año, el presidente designa una cuota
de refugiados que pueden ingresar en eeuu. Durante el gobierno de Obama,
el techo de refugiados fue de 110.000. Para el próximo año, Trump anunció que
la cuota de refugiados admitidos será tan solo de 18.000, la cifra más baja
desde que eeuu aprobó la Ley de Refugiados en 1980, mediante la cual
incorporó la Convención Internacional de Refugiados a la legislación nacional.
Además, producto de la prohibición a la inmigración musulmana, esta irrisoria
cifra no incluye a personas de nacionalidad siria. Culpando una vez más a los
migrantes centroamericanos, un vocero del dhs declaró que la
reducción fue consecuencia de la «crisis de la frontera» y de la cantidad
pendiente de solicitudes de asilo, cuando, en realidad, los refugiados son
evaluados y autorizados según las leyes de eeuu antes de ser
admitidos en el país, sumado a que no ingresan por la frontera sur19.
Además de la mano dura que pesa sobre los solicitantes de
asilo y el aumento de las deportaciones, Trump también ha tomado medidas
xenófobas que afectan la inmigración legal. Aproximadamente un millón de
inmigrantes reciben la residencia permanente (green card) en eeuu cada
año. En el último censo, los asiáticos representaron 37,4% de los migrantes
legales, superando a los latinoamericanos, principalmente mexicanos, que
componen 26,6% de esa población, lo cual explica los cambios demográficos
mencionados anteriormente. Los think tanks antiinmigrantes y los
políticos conservadores vienen defendiendo desde hace mucho la idea de reducir
la inmigración legal a la par que aumenta la cantidad de inmigrantes no
blancos, pero ese tipo de cambios requieren de la aprobación del Congreso.
En agosto de 2019, el gobierno de Trump anunció un
importante cambio en las leyes sobre «carga pública» como solución alternativa
para reducir la inmigración legal. Para obtener la residencia permanente, el
inmigrante debe demostrar que «no tiene grandes probabilidades de convertirse
en una carga pública», es decir, que no dependerá de la asistencia del Estado.
Esta disposición, que forma parte de las leyes de inmigración desde hace
tiempo, requiere evaluar la responsabilidad financiera y la autonomía del
inmigrante. En virtud de las revisiones hechas a la ley de inmigración de 1996,
se modificaron los requisitos para exigir pruebas adicionales y específicas de
responsabilidad financiera. En aquel entonces, los defensores de los migrantes
convencieron con éxito al dhs de excluir de la evaluación del
carácter de «carga pública» el recibo de beneficios sociales tales como cupones
para alimentos y Medicaid, así como otros programas públicos recibidos por los
familiares del inmigrante que ya tienen ciudadanía estadounidense o que
califican legalmente, dado que aquellos tienen derecho a participar de los
programas.
Las nuevas regulaciones se originan en las falsas
afirmaciones de Trump sobre los inmigrantes, como aquella que sostiene que
estos se aprovechan de los beneficios estatales, si bien hay investigaciones en
sentido contrario. Las leyes contemplan la posibilidad de que cualquier
integrante de la familia reciba asistencia del Estado, sin importar su estatus
legal, elegibilidad para beneficios, destreza lingüística, salud, nivel
educativo o capacidad crediticia. La negativa a brindar asistencia por parte
del Estado perjudica a las familias con menores recursos. Históricamente,
muchos inmigrantes llegaron a eeuu con pocos recursos económicos,
pero a partir de la segunda generación, los niveles de ingreso aumentan
significativamente. Este cambio regulatorio ignora también el aporte económico
de los inmigrantes y las investigaciones que demuestran que aquellos con menor
nivel educativo realizan trabajos que los ciudadanos estadounidenses no están
dispuestos a hacer20.
Como respuesta a estas leyes, 20 estados gobernados por
los demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes iniciaron
acciones judiciales para frenar las resoluciones, con el argumento de que la
nueva ley afectará seriamente la economía estadounidense, convertirá en un arma
los programas de contención social, pondrá en peligro la salud pública y
fomentará el prejuicio contra las familias trabajadoras. Al margen de la
decisión que emane del juicio, este cambio regulatorio demuestra que las
medidas de Trump no se ciernen solo sobre los migrantes ilegales y los
solicitantes de asilo, sino que están pensadas para eliminar la inmigración en
general.
La resistencia
Si hay algo positivo que rescatar de las medidas de
Trump, es sin duda el crecimiento de la participación y oposición de los
defensores de los inmigrantes, autoridades religiosas, fiscales generales
demócratas y ciudadanos corrientes. Cada vez hay más ciudadanos que han tomado
conciencia y se oponen al sistema de detención de inmigrantes, que comenzó
mucho antes de que Trump llegara al poder pero que se intensificó bajo su
presidencia. También ha habido un gran aumento de la ayuda proveniente de
donaciones individuales, fundaciones filantrópicas y organizaciones sin fines
de lucro que defienden la causa en representación de los inmigrantes.
Las victorias demócratas en las elecciones de medio
término de 2018, que dieron a la oposición el control de la Cámara de
Representantes, pueden explicarse, en parte, gracias a los votantes
independientes y a los universitarios republicanos que rechazaron las medidas
xenófobas de Trump. Los estados gobernados por demócratas han desafiado sus
medidas en los tribunales estatales y federales. La Cámara de Representantes,
liderada por el Partido Demócrata, ha introducido leyes para proteger a los
inmigrantes y frenar las medidas del presidente, y ha celebrado audiencias
sobre detención de inmigrantes, separación de familias y otros asuntos
relacionados. No obstante, como el Senado de eeuu tiene mayoría
republicana, ninguna de estas iniciativas ha tenido éxito. Incluso si Trump
perdiera en las próximas elecciones presidenciales, llevará muchos años
revertir el daño provocado por su gobierno al sistema de inmigración y
recuperar nuestro sentido de moralidad, justicia y dignidad.
1.
Tim Arango, Nicholas Bogel-Burroughs y Katie Benner:
«Minutes Before El Paso Killing, Hate-Filled Manifesto Appears Online» en The
New York Times, 3/8/2019.
2.
«Hate Groups Reach Record High» en splc, 19/2/2019,
disponible en www.splcenter.org/news/2019/02/19/hate-groups-reach-record-high.
3.
Jenna Johnson: «Trump Calls for ‘Total and Complete
Shutdown of Muslims Entering the United States’» en The Washington Post,
7/12/2015.
4.
Kim Parker, Rich Morin y Juliana Menasce Horowitz: «Views
of Demographic Changes», Pew Research Center, 21/3/2019. Esta proyección se
basa en datos del censo de eeuu; otros predicen que este cambio ocurrirá en
2045. Stef W. Kight: «America’s Majority Minority Future» en Axios,
29/4/2019.
5.
Jason DeParle: «How Stephen Miller Seized the Moment to
Battle Immigration» en The New York Times, 17/8/2019.
6.
La composición actual de la Corte Suprema se debe a la negativa
del Senado de mayoría republicana a aprobar la nominación de un integrante por
parte del presidente Barack Obama, a la decisión de mantener la vacante abierta
hasta la elección de Trump y al posterior nombramiento de Neil McGill Gorsuch,
un juez extremadamente conservador. Ron Elving: «What Happened with Merrick
Garland in 2016 And Why It Matters Now» en NPR, 29/6/2018.
7.
William Robert: «US Democrats introduce bill to repeal
Trump’s travel ban» en Al Jazeera, 10/4/2019.
8.
«Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) Data
Tools» en Migration Policy Institute, s./f., www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles.
9.
Max Greenwood: «Poll: Nearly 9 in 10 Want daca Recipients
to Stay in us» en The Hill, 18/1/2018.
10.
Monique O. Madan: «Activist in Film about Immigrant
Detention Center in Florida Was Deported, Family Says» en Miami Herald,
2/4/2019.
11.
Juliet Eilperin y Nick Miroff: «Border Fence Construction
Could Destroy Archaeological Sites, National Park Service Finds» en The
Washington Post, 17/9/2019.
12.
Congressional Research Service: «Central American Migration:
Root Causes and us Policy», if11151, 16/6/2019, https://fas.org/sgp/crs/row/if11151.pdf;
Robert Strauss Center et al.: «Asylum Processing and Waitlists at the us-Mexico
Border», 12/2018, www.strausscenter.org/images/msi/AsylumReport_msi.pdf.
13.
Maria Sacchetti e Isaac Stanley-Becker: «In Blow to
Trump’s Immigration Agenda, Federal Judge Blocks Asylum Ban for Migrants Who
Enter Illegally from Mexico» en The Washington Post, 20/11/2018.
14.
Gus Bova: «Nuevo Laredo Shelter Director Reportedly
Kidnapped After Protecting Cuban Migrants» en Observer, 11/8/2019.
15.
Human Rights First: «Delivered to Danger: Illegal Remain
in Mexico Policy Imperils Asylum Seekers’ Lives and Denies Due Process»,
8/2019.
16.
Bobby Allyn: «Asylum Officers: Trump’s ‘Remain In Mexico’
Policy Is Against ‘Moral Fabric’ of us» en NPR, 27/6/2019.
17.
Adam Liptak: «Supreme Court Says Trump Can Bar Asylum
Seekers While Legal Fight Continues» en The New York Times, 11/9/2019.
18.
John Washington: «Sweeping Language in Asylum Agreement
Foists us Responsibilities onto El Salvador» en The Intercept, 23/9/2019.
19.
«Trump Sets Cap for Refugee Admission at an All-Time Low»
en The Guardian, 26/9/2019.
20.
us Chamber of Commerce: «Immigration: Myths and Facts»,
14/4/2016, disponible en www.uschamber.com/sites/default/files/documents/files/022851_mythsfacts_2016_report_final.pdf.
Nuso. Org
15 de Diciembre del 2019
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