Es realmente inaudita la forma como alrededor del ochenta
por ciento de los connacionales, aun estando plenamente de acuerdo en que
atravesamos la peor crisis política, económica y social de la Venezuela
contemporánea, buscamos en cada episodio por secundario que parezca, un
argumento para separarnos más y con ello fortalecer el gobierno presidido por
Nicolás Maduro, denominador común en la generación de la crisis.
A principios del año 2019 todo parecía esperanzador,
teníamos en el diputado Juan Guaidó un líder común de la oposición, escogido
como tal por haber sido designado Presidente de uno de los Poderes del Estado,
la Asamblea Nacional, a su vez electa directamente por votación popular. De
este órgano surgió una hoja de ruta, también aceptada sin reservas por mayoría
aplastante y admitida por el resto con algunas observaciones secundarias: El
Estatuto para la Transición a la democracia y el restablecimiento de la
Constitución Nacional.
Allí se indicaron tres pasos que debíamos cumplir juntos,
ante la inminencia del inicio de un segundo mandato de presidente Maduro, esta
vez irregular porque las elecciones habían sido convocadas y celebradas en
forma intempestiva.
Efectivamente, el primer período concluía el 10 de enero de
2019, de manera que los comicios no podían ser antes del 10 de octubre del
2018, no en mayo de ese año como se hizo, si aplicamos el principio de la
continuidad de la norma constitucional, puesto si bien ni la Carta Magna de
1999 ni la de 1961 determinan lapso para la celebración del acto
electoral, si la de 1953 y además la tradición en la materia, es que la
escogencia del Presidente de la República y del cuerpo legislativo se hace con
tres meses de anticipación a la asunción de los cargos.
Cierto que la oposición había solicitado en República
Dominicana y Oslo el adelanto de las elecciones, pero el petitorio formaba
parte de una agenda integral por lo que debía aceptarse o rechazarse en bloque,
no de manera fraccionada. Hoy esa pauta la critíca algún sector, pero entonces
estaba admitido que nada está aprobado, hasta que todo esté aprobado.
El trípode establecido y acatado por la mayoría nacional,
es el cese de la usurpación; el establecimiento de un gobierno de transición y,
las elecciones definitivas con las debidas garantías, lo que permitiría volver
a un régimen auténticamente democrático en su origen y en su desempeño.
Sin embargo, el veinte por ciento restante de
venezolanos, conformes con la legitimidad y acciones del actual gobierno, han
logrado atomizar la aplastante mayoría porque nos llevan de incidencia en
incidencia siempre por la tangente olvidando el proceso principal, ayudados por
parte de la oposición, no sé si como cómplices o de buena fe.
Esta dispersión del grueso sector opositor no es nueva,
en distintas circunstancias algunos líderes en quienes confía el pueblo llano,
angustiado y sufrido han ayudado de alguna manera para fortalecer al gobierno
con elementos secundarios, no digo que no sean importantes, sino que nos
desvían del objetivo fundamental que es salir de la pesadilla, en la cual está
sumido el país. Por supuesto, no en todos los hechos se ve de bulto la ayuda
proporcionada, pero si la conducción errónea que en Derecho se traduce en culpa
lata de algunos dirigentes, de efectos similares al dolo.
En abril del 2002 un golpe de Estado o vacío de poder,
cada quien puede llamarlo como quiera y, en 2004 con una solicitud de
revocatorio, que sólo estaba previsto genéricamente en la CN99, sin regulación
legal o reglamentaria, dieron al traste con una derrota segura del
chavismo en el 2006, agotado en sus primeros pininos, por incapacidad gerencial
administrativa, la improvisación y corrupción desbordada con el Plan Patria
2000.
El 20 de mayo del 2004, con mayoría simple pero
valiéndose de vericuetos legales, la Asamblea oficialista aprobó 23 artículos
ininteligibles y kilométricos, en una cosa que llamaron Ley del Tribunal
Supremo de Justicia que elevó a 32 el número de magistrados, permitiéndole al
presidente Chávez el control del Tribunal Supremo de Justicia. Esta
circunstancia no fue apropiadamente analizada y denunciada, a tal punto que la
mayoría de ciudadanos no tuvo conocimiento pleno de las consecuencias de esta
ley.
En las elecciones parlamentarias del 2005, se pregonó que
deslegitimaríamos al gobierno si no participábamos en las parlamentarias de ese
año, con lo cual lo habilitamos para obtener una mayoría calificada, casi
unánime, que le permitió al oficialismo afianzarse mediante la sanción de leyes
pseudo socialistas de todo calibre. Por cierto, estas elecciones eran dentro de
los márgenes y lapsos legales, por lo que no puede compararse la renuencia a
votar en los comicios impropios del 2018.
En el 2007 los jefes de la oposición, quienes se supone
deben orientar al pueblo, no supieron o no quisieron conducir a buen puerto la
victoria aplastante obtenida, al negar la reforma constitucional para permitir
en forma indefinida la reelección presidencial.
Tampoco supieron como alinearnos en el 2009 para
desaprobar una propuesta de enmienda también inconstitucional, puesto
ambas son maneras de Reformar la Constitución (Título IX) y no puede, por ende,
plantearse ningún cambio nuevamente en el mismo período (artículo 345 CN99).
En las postrimerías del 2015 el Parlamento con mayoría
chavista pero después de electos los nuevos diputados, acortaron lapsos y
violaron procedimientos para imponer nuevos magistrados sobre todo de Sala
Constitucional, con lo cual pulverizaron la mayoría calificada obtenida en las
Parlamentarias del mismo año y, con ello, quitaron las funciones legislativas y
contraloras a la Asamblea Nacional.
Como propusieron 21 de 23 Colegios de Abogados, ese acto
pudo haber sido anulado por el principio de autotutela, porque se había violado
el orden público procesal administrativo. Esta misma figura es la que utiliza
hoy Juan Guaidó para dejar sin efecto las comunicaciones signadas por la
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
En el 2016 el Consejo Nacional Electoral, con el apoyo de
unos jueces sin jurisdicción ni competencia, truncó el Referendo Revocatorio
esta vez ya regulado apropiadamente y, en el 2017, como joya de la corona nos
impusieron una Asamblea Nacional Constituyente, sin convocatoria legítima, con
ilimitadas funciones violatorias a las específicas señaladas en el artículo 247
constitucional y sin duración definida.
Todos esos hechos listados a grandes zancadas con el
auxilio de la memoria, sin buscar reseñas en diarios u otro medio de
información lo que traduce la gravedad de los mismos, tienen en común el
desconocimiento del Estado de Derecho y una inapropiada conducción.
Hoy la oposición luce más fraccionada que nunca, con el
agravante que estamos a pocos días de la renovación de la Junta Directiva del Parlamento,
en peligro de sucumbir no obstante ser el único Poder no controlado, al menos
en apariencia, por el gobierno y estamos igualmente en las puertas de un año en
cuyas postrimerías, debe ser renovada la Asamblea Nacional.
Ante las graves circunstancias actuales, donde unos
diputados están cuestionados por los hechos del Cucutazo y otros por
actuaciones como miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea
Nacional, con responsabilidad y en estas horas aciagas para la patria, adopto
la siguiente actitud:
1.- Como ciudadano continúo respaldando la gestión de
Juan Guaidó, es muy tarde para cambiar de caballo en la tormenta que se
avecina. Ello no significa que le releve de responsabilidad, porque en su
momento debe rendir cuentas conforme a la Constitución.
2.- Voy a sufragar en las elecciones parlamentarias del
2019. Este año los comicios son tempestivos y establecidos en la ley suprema.
3.- Espero las pruebas sobre la participación de los
diputados en el cucutazo y la Comisión contralora, quienes no podrán dar la
espalda a la designación de un Presidente opositor en la próxima Junta
Directiva del Parlamento, porque ellos forman parte del liderazgo por el sólo
hecho de haberse postulado como diputados.
4.- Si estos diputados resultan responsables de los actos
que se les imputa, la mayoría parlamentaria debe autorizar e iniciar el
procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo 200 CN99. Ya veremos la
conducta de los magistrados del Supremo Tribunal de la República, quienes hasta
ahora han sido muy diligentes en sancionar diputados allanándoles su inmunidad.
5.- La culpabilidad comprobada de dichos diputados
implica, que son cómplices de los empresarios encargados de la provisión de los
CLAP, por lo que no puede salir inmune el gobierno nacional puesto ese programa
es oficial y por tanto, tiene la responsabilidad de vigilancia y control sobre
los mismos.
6.- Hago un llamado a la oposición para impedir que la
minoría siga imponiéndose sobre la mayoría, lo que se deberá determinar
electoralmente.
Feliz Navidad. Dios bendiga a Venezuela!
jesusjimenezperaza@gmail.com
@jesusajimenezp
Digalo Ahi digital
15 de Diciembre del 2019
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