La muerte
de adultos jóvenes, en plena edad productiva, comprometidos en accidentes de tránsito,
se cuenta por millares
Pueblos y ciudades de
Venezuela han sido inundadas de vehículos automotores de dos ruedas denominados
motocicletas. La industria china de estos vehículos ha encontrado en el país un
poderoso mercado para sus productos de este tipo y de toda la demás mercadería
que genera y distribuye por el mundo entero, sin considerar, para nada, la
calidad de lo fabricado.
En el pasado reciente, la
motocicleta era un vehículo de lujo, utilizado por personas de alta capacidad
económica para fines recreativos y de esparcimiento. Luego, fue utilizada como
medio de transporte para trabajos de reparto de encomiendas, distribución de
correspondencia, cobranzas y repartición de víveres, etc. En la actualidad, se
ha popularizado como medio de transporte urbano y rural, bajo la figura de taxi
(moto taxi) y, de manera muy especial, como medio para delinquir.
En Venezuela, de cada diez
delitos que se cometen contra las personas y sus bienes, en ocho de ellos está
involucrada una motocicleta. Se trata de un vehículo sumamente versátil, fácil
de conducir en ciudades con gran tráfico automotor y en lugares de difícil
acceso para otro tipo de medio de transporte.
El Estado venezolano, en sus
distintos niveles: nacional, estadal y municipal, ante el excesivo uso de las
motocicletas y la conducta abusiva de los motorizados, ha procurado algunas
medidas e, inclusive, ha dictado un Reglamento Especial de la Ley de Tránsito
Terrestre para regular la circulación de estos vehículos. Todo ha sido un
verdadero fracaso. En nuestro país, ya, ni siquiera podemos decir, que, la Ley
se acata, pero, no se cumple. Vivimos en un país sin gobierno, anarquizado y
autarquizado total y absolutamente. En estado de anomia colectiva. Cada quien
hace lo que quiere y provoca, sin importar sí con tal proceder afecta derechos
de terceros. A los motorizados, paradójica y contradictoriamente, los ha
empoderado el gobierno, pues, a algunos de ellos, delincuentes, por lo general,
los utiliza como fuerza de choque para agredir y amedrentar a la población.
Frente a esta conducta oficial qué se puede esperar. Estamos a merced de sus
tropelías y fechorías.
Los motorizados son los
dueños de la ciudad, de calles, avenidas, carreteras, esquinas, aceras,
calzadas, pase de peatones, parajes y cuanto lugar público existe. Ellos
imponen su ley. Transitan por donde se les ocurre, sin considerar a quien se
llevan por delante. Violan las normas de tránsito. Causan daños a vehículos y
personas impunemente y, además, se aglomeran para amedrentar y atribuir culpas
a inocentes y exigir pagos o indemnizaciones sin lugar para ello. Una norma
necesaria es la de exonerar de todo tipo de culpabilidad a los conductores que
colisionan con motorizados por imprudencia de éstos y la de convertir en
testigos presenciales a todos los motorizados que se aglomeren alrededor de un
accidente y, como tales testigos deben ser citados a los organismos
administrativos de tránsito y a los tribunales penales. Cuando hablamos de
motorizados no nos referimos exclusivamente a los moto taxistas y personas
particulares, comprendemos, por igual, a los Cuerpos de Seguridad del Estado,
escoltas, etcétera, quienes abusan hasta más no poder del uso de motocicletas,
inclusive, sin identificación alguna, sin placas y sin nada, hecho sumamente
peligroso, pues, fácilmente, se confunden con los delincuentes que operan en
igual forma. Es decir, que los guardianes del orden público se constituyen en
modelo de lo que no debe hacer un funcionario policial. Lo más triste es que los
policías de tránsito permiten todo tipo de irregularidades, es más, tiene que
apartarse para no ser atropellados por los motorizados.
La motocicleta, es,
adicionalmente, un medio de transporte de pasajeros y de carga, transporte
escolar y familiar, con lo que se expone a un riego innecesario a niños,
quienes, ante un accidente, resultan mayormente lesionados, pues, ellos no
utilizan casco protector y, por lo general, van aprisionados por sus padres o
adultos que los transportan.
En Venezuela, lo que está sucediendo
con la plaga motorizada es un problema de salud pública e inseguridad
ciudadana. La muerte de adultos jóvenes, en plena edad productiva,
comprometidos en accidentes de tránsito, se cuenta por millares. Igualmente, el
número de lesionados que a diario colapsan las salas de emergencia y
hospitalización tanto de instituciones públicas de salud como de las privadas.
Los gastos en atención médica por este concepto son incuantificables. Es tiempo
que se tome alguna medida al respecto, por ejemplo, la creación de un fondo
especial para cubrir la atención médica y de rehabilitación que amerita este
tipo de lesionados. Este fondo debe alimentarse, entre otros conceptos, con
recursos provenientes de las multas impuestas a los motorizados; con un
impuesto especial incluido en el precio de adquisición del vehículo, cuya
retención corresponde al vendedor; con un impuesto aplicado al aseguramiento
del vehículo, cuya retención corresponde a la empresa aseguradora; y, con un
gravamen impositivo de pago semestral o anual a cargo del propietario del
vehículo. Posiblemente, con una carga impositiva así, los motorizados cuiden un
poco más su vida y la de las demás personas.
Mención particular merece la
delincuencia motorizada. La modalidad delictiva actual es la que utiliza como
medio de transporte una motocicleta, la cual permite la circulación del
conductor y un acompañante o parrillero. El acompañante, se convierte en autor
material del delito, pues, es quien avista a la víctima, dispara y arrebata.
En fecha muy reciente, un
familiar cercano, saliendo de su centro de trabajo, una empresa del Estado, fue
atropellado por una pareja de motorizados, arrastrado por el pavimento y
golpeado en la cabeza, para despojarlo de su cartera. El resultado: fractura de
cráneo, sangramiento, pérdida de conocimiento, traslado a un centro de salud,
cuidados intensivos, días de hospitalización, reposo prolongado, rehabilitación
y una factura impagable. El hecho ocurrió al término de la jornada laboral, por
consiguiente, un típico accidente laboral ocurrido en el ir y venir del
trabajo, es decir, en plena jornada laboral, de conformidad con la Ley. Lo
curioso, como suele suceder y ya es costumbre o tradición, entre nosotros,
forzados por múltiples circunstancias, nadie vio nada. Ruedas asesinas
que actúan bajo total impunidad.
La Razon, Feb 10, 2016
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