miércoles, 17 de febrero de 2016

CU analizó decreto presidencial que tiene que ver con la centralización para la adquisición de bienes y servicios



Durante desarrollo del Consejo Universitario realizado este lunes 15 de febrero, se discutió lo referido al decreto emitido recientemente por la Presidencia de la República y que es de gran preocupación para las universidades, ya que tiene que ver con la centralización para la adquisición de bienes y servicios. Este es un decreto que no está bien explicado y no se conoce su alcance en cuanto a desarrollar, de manera centralizada, la compra de bienes y servicios para todas las instituciones públicas, entre las cuales estarían las universidades.


“Por qué nos preocupa eso, el gobierno ha demostrado ser tremendamente ineficiente en el manejo de los recursos públicos y la Universidad de Los Andes, a través del estatuto autonómico que le da el Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha venido, desde hace muchísimo tiempo, inclusive en la Constitución anterior, ejerciendo su autonomía administrativa, la cual le permite, según la Ley de Universidades vigente, ejecutar su presupuesto de acuerdo con los lineamientos, normativas y criterios que maneja la universidad. Si ese decreto pretende que las compras de la universidad la maneje un ente centralizado, eso nos va a conducir hacia el desastre. Hay que ver lo ineficiente que es el gobierno en términos de adquisición de bienes de servicio y distribución, recordemos los problemas graves que han habido en el pasado por ejemplo, con la comida y medicamentos”, manifestó José María Andérez, secretario de la ULA.


La universidad, según lo analizado y decidido en el CU, debe mantener el control sobre sus compras de bienes y servicios, pero rindiendo los controles posteriores necesarios, tal como se ha hecho siempre a través de la Auditoría y Contraloría de la universidad así como de la Contraloría General de la República. Los universitarios ya tienen la experiencia necesaria para realizar sus compras y, a pesar de las penurias económicas que vive la universidad, siempre busca proteger los intereses universitarios. “El CU solicitó la derogatoria de ese decreto ante el Ministro de Educación Universitaria, esto con el objeto de que la Universidad no sea sujeto de la aplicación de ese decreto. Adicionalmente, se creó una comisión que tiene como objetivo la discusión acerca de la creación de una Oficina de Compras para la universidad, ya que en este momento estas se desarrollan a través de la Comisión de Contrataciones de la ULA, cuya función primordial no es esa y por lo tanto no les corresponde a ellos la adquisición. Esta comisión tiene como objetivo presentarle al consejo todo lo concerniente a la organización de una dependencia para las compras”, dijo finalmente el profesor Andérez. 

Golfredo Lobo / Prensa ULA / CNP 14.293

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