En respuesta al Acuerdo
aprobado por los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional del 3 de
noviembre de 2015, rechazando la paralización de actividades en 10
universidades venezolanas
Autores: Ana Julia Bozo de
Carmona, María Cristina Parra Sandoval, Alicia Inciarte González y Jesús
Alberto Fuenmayor. (Investigadores y Docentes de la Universidad del Zulia)
Considerando
Que las universidades públicas
no son víctimas de secuestro alguno por “fuerzas de diferente signo” sino que
son espacios de discusión, confrontación y convivencia de todas las tendencias
culturales, científicas y políticas que interactúan en el escenario venezolano,
prueba de lo cual es que existen y obran en su seno actores individuales y
colectivos, declaradamente pro y anti gobierno.
Considerando
Que la paralización de las
universidades ha sido explicada y justificada por los gremios de docentes,
empleados y obreros a la opinión pública y al MPPEUCT de forma escrita y
verbal; que constituye el simple ejercicio legítimo de los recursos que la
LOTTT, la Constitución, la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos
garantizan a los trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales
y que, el Estado, en su condición de patrono, no está exento de cumplir las
normas que amparan los derechos de los trabajadores.
Considerando
Que las cifra de 84 mil
millones de bolívares transferida este año a las universidades, según el
gobierno nacional, tiene que estimarse en función del número de universidades
públicas, de estudiantes atendidos, de profesionales egresados, de programas de
pre y postgrado ofrecidos, de los resultados de la investigación científica y
de la extensión, indexando proporcionalmente tal cifra a la hiperinflación que
confronta Venezuela.
Considerando
Que, este gobierno ha mantenido
los presupuestos universitarios reconducidos sin agregar más recursos que los
estrictamente necesarios para el pago de pasivos laborales y, a pesar de ello,
las universidades han mantenido e incrementado el número de estudiantes
matriculados en un esfuerzo “extraordinario” por garantizar a los jóvenes
venezolanos el derecho constitucional a la educación.
Considerando
Que la verdad a la que se
refiere el artículo 1 de la ley de Universidades vigente es la que resulta de
la indagación y la formación científicas, del “saber, la investigación y la
enseñanza” y no es la falacia que deriva de especulaciones ideológicas o de
posturas radicales cuya objetividad y neutralidad son la antítesis del concepto
de universidad reflejado en la ley y la constitución venezolanas.
Considerando
Que la universidad pública
autónoma se mantiene, en la percepción de los jóvenes, como uno de los bienes
sociales más estimados y la vía más idónea para alcanzar el bienestar
individual y colectivo. Considerando Que la violencia física o en la forma de
amenaza, intimidación o presión es una condición inadmisible en la práctica
académica y que debe ser sancionada e impedida por los medios legales e institucionales
existentes
Acordamos
Primero.
Exigir al gobierno nacional que
otorgue a los académicos una remuneración satisfactoria cónsona con los niveles
reales de inflación que sufre Venezuela y que guarde paralelismo con las
remuneraciones a otros factores cruciales de la vida nacional como por ejemplo
los funcionarios de las fuerzas armadas. (Recomendación UNESCO relativa a la
Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, Principio Rector 57:
1997) pues la pobreza del personal docente es uno de los principales obstáculos
para la educación de calidad (Informe de resultados de la Alianza Mundial para
la Educación. Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las
Recomendaciones relativas al personal docente, 2012).
Segundo.
Instar al gobierno a respetar
los derechos sindicales y laborales de quienes hacemos esfuerzos
indescriptibles para mantener la excelencia educativa, en aras de garantizar a
los jóvenes venezolanos una educación superior de calidad y no, una educación
inferior y disminuida que los mantendría ajenos a las competencias y destrezas
necesarias para ser sujetos creadores y productores en la sociedad del
conocimiento.
Tercero.
Reiterar nuestro apoyo a todas
las iniciativas que promuevan una rendición de cuentas de los actores que
administran recursos públicos desde el presidente de la república, presidente
de PDVSA, ministros, autoridades universitarias, entre otros.
Cuarto.
Exigir al gobierno nacional no
ejercer la violencia a través de expresiones descalificativas de la institución
universitaria o de intimidación a quienes ejercen como sus autoridades electas
por el actual periodo, injustificadamente extendido.
Quinto.
Exhortar al gobierno y a las
universidades para que se celebren elecciones universitarias con la
participación protagónica pero ponderada de los trabajadores universitarios de
conformidad con lo establecido en las leyes vigentes. La renovación de las
autoridades universitarias es una condición innegociable para recuperar la
calidad de la gestión institucional.
Sexto.
Solicitar al gobierno nacional
que valore el innegable impacto que tiene la educación superior de calidad para
el desarrollo de Venezuela de forma que, conjuntamente, con las universidades
autónomas (emblemáticas casas del saber) evitemos la irremplazable fuga de
jóvenes profesionales cuyo talento aprovecha a otros países y empobrece nuestra
dolida Venezuela.
Séptimo.
Acelerar la aprobación de una
nueva Ley de Educación Superior que sea el resultado de la consulta a todos los
actores del sistema y tome en cuenta los anteproyectos presentados por las
universidades o los universitarios.
Octavo.
Invitar a todos los integrantes
de la comunidad académica venezolana para participar activamente en un proceso
de transformación universitaria profundo y comprometido con la excelencia
académica y los más exigentes criterios de convivencia cívica.
Noveno.
Rechazar cualquier intento
encubierto o explícito del gobierno nacional de vulnerar la autonomía
universitaria.
Maracaibo, 5 de noviembre de
2015
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