La Policía ha lanzado gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes llegasen a la Defensoría del Pueblo
La tensión en Venezuela empieza a ser parte de la cotidianidad. La oposición
regresó este sábado a la calle, por tercera vez en una semana, con muchas más
razones que las que en principio convocaban la protesta. El gobernador Henrique Capriles Radonski, su
principal líder, no
podrá ocupar cargos públicos durante los próximos 15 años tras ser inhabilitado
el viernes por el régimen chavista. La policía reprimió la manifestación con
gases lacrimógenos y pelotas de goma.
Fue otra vez Capriles, el líder de esta oleada de protestas que
empezaron hace diez días, el encargado de dirigir a los
manifestantes hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de
Caracas. Fue una decisión sorpresiva pero nada casual. La Defensoría del Pueblo
es parte del Consejo Moral Republicano, una instancia que se negó a calificar
como grave la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo que avalaron dos sentencias que usurpaban las
funciones del Parlamento.
La Policía Nacional Bolivariana interceptó la cabeza de la
marcha cuando transitaba por la avenida Libertador. La fuerte represión con
gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de goma disuadió a algunos
manifestantes, pero otros insistían en seguir hacia su destino. Algunos
trataron de tomar vías aledañas y arrojaron piedras a los agentes. La vía quedó
completamente cerrada al tránsito de vehículos.
Varios sectores del este de Caracas estaban sumidos en el
caos tras las intensas escarmuzas entre la oposición al régimen de Nicolás Maduro y la policía. La represión ha durado varias horas. Al final
de la tarde los enfrentamientos se concentraron en la zona de El Rosal y en
Bello Monte, muy cerca de las oficinas de Capriles.
En el afán de dispersar a los manifestantes, la Guardia
Nacional arrojó muchas bombas lacrimógenas. Una de ellas incendió el depósito
de una empresa de encomiendas vecina al despacho de Capriles. El edificio ha
sido desalojado. Capriles se encontraba en su despacho pero está fuera de
peligro, al igual que el resto del equipo que le acompañaba. Solo el conserje
ha sido atendido porque presentó síntomas de asfixia. Es una situación que se
repitió en algunos sectores del este de Caracas, que sufrieron hasta bien
entrada la tarde una gran cantidad de gases arrojados durante las escaramuzas
Lo sucedido este sábado siguió el mismo patrón
mantenido a lo largo de la semana y que amenaza con convertirse en una pauta de largo
recorrido. Al menos 17, personas resultaron heridas según el alcalde del
municipio capitalino de Chacao, el opositor Ramón Muchacho.
La fuerte represión de los pasados días, que incluso
provocó la muerte de un manifestante en una población vecina a Caracas, ha
llevado a Amnistía Internacional a condenar en un comunicado el uso excesivo de la fuerza
contra los manifestantes y a recordar que la obligación del Estado es
“garantizar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica
de todas las personas”.
“En vez de usar sus recursos para empecinadamente
perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el Gobierno de Venezuela debería
estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria, que
empeora día a día”, agregó Érika Rojas, directora para las Américas de la
organización.
Controlar
la calle
La insistencia de la oposición de permanecer en la calle
busca quebrar el apoyo interno que tiene el régimen de Maduro. Con la comunidad
internacional prácticamente en contra, los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) parecen decididos a conseguir esta vez un compromiso
concreto en su objetivo de reducir el poder del chavismo.
Pese a que ya no tiene el apoyo popular del pasado, el
régimen no parece dispuesto a dar marcha atrás en su control del poder. Es ahí
donde se explica la decisión de inhabilitar a Capriles, según un dictamen de la
Contraloría General de la República —la Intervención General— hecho público el
viernes, y apartarlo de la política. Si la sanción se confirma, el gobernador
del Estado de Miranda no podría aspirar a cargos de representación política
hasta cumplir 60 sesenta años. Una posibilidad que Capriles descarta. “A mí
Maduro no me va a retirar de la política. Sólo me retiraría el pueblo de
Venezuela”, afirmó en un acto celebrado el viernes en Caracas.
La medida reconfigura el panorama de la oposición y llena
de dudas la selección del candidato unitario que se enfrentaría al chavismo en
las elecciones presidenciales de fines de 2018. La carrera aún no ha empezado,
pero ya se empiezan a vislumbrar algunas aspiraciones. Con Capriles bajo
amenaza de ser inhabilitado y con Leopoldo López preso,
las restantes opciones con posibilidades para liderar la oposición son figuras
débiles y discutidas, que insisten en la reconciliación y el acuerdo nacional
como puntos medulares de su oferta. Y ese sería el escenario más favorable para
el Gobierno en unas elecciones.
De ahí que el Ejecutivo parezca estar diseñando una
oposición a la carta. Obligado por la condena internacional que supuso el
autogolpe promovido por el Tribunal Supremo de Justicia mediante dos polémicas
sentencias, y el calamitoso estado de la economía, el régimen parece obligado a
no seguir posponiendo la fecha de las elecciones de gobernadores y de no
retrasar con argucias legales los comicios presidenciales. Esta semana Maduro
reconoció que en 2018 habrá elecciones en Venezuela.
Manifestantes opositores marchan en Caracas CRISTIAN HERNÁNDEZ EFE
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