Gemma Aiolfi, experta internacional en la lucha
contra la corrupción, se expresa sobre la transparencia y la democracia en
América Latina.
Durante
los últimos años, la situación de la corrupción política volvió a crecer con
fuerza en la opinión pública en América Latina a partir de diversos casos que
involucraron a gobiernos con empresas. ¿Cuál es el panorama actual de la
región? ¿Se están produciendo avances en la materia o aún los gobiernos no han
desarrollado políticas públicas efectivas para acabar con la corrupción?
La conciencia
acerca de la corrupción aumentó de manera sustancial en la región. Entre otras
cosas, esto ha sido el resultado de una mayor transparencia en el manejo de las
finanzas públicas, lo que generó una mayor necesidad de que los funcionarios
rindan cuentas de sus acciones.
Desde comienzos del
siglo XXI se desarrolló una gran cantidad de políticas públicas relacionadas
con esta cuestión. Un ejemplo es la Alianza
para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP),
que en 2011 tuvo como cofundadores a varios países en la región, como Brasil y
México. En 2011 también Colombia se sumó a la iniciativa. La OGP tiene un
fuerte componente anticorrupción y los gobiernos se comprometen a proveer, por
ejemplo, acceso a información, datos públicos, participación pública y apertura
fiscal.
En el nivel local,
las políticas públicas buscan incrementar el arsenal de gobiernos y empresas
para evitar la corrupción. Un ejemplo notable de esta búsqueda es el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel en
Colombia.
Muchos
de los gobiernos de la región parecían comprometidos a desarrollar una nueva
política alejada de las malas prácticas y de los vínculos espurios con
empresas. ¿Qué sucedió para que los resultados no fueran los esperados? ¿Qué
papel jugó el financiamiento privado de las campañas electorales en los casos
de corrupción?
Hay muchas razones.
Las regulaciones obsoletas o poco claras sobre la contratación pública son uno
de los tantos factores que han dado lugar a fraudes, como el escándalo que
involucró a los hermanos Nule en Colombia o los casos del mensalão y
el petrolão en Brasil. La captura estatal (es decir, la influencia
de los intereses privados en las instituciones estatales, las leyes y las
reglamentaciones para asegurar su beneficio personal a expensas del bien
público) es otro, como en los casos de Venezuela, Bolivia y Argentina (bajo el
gobierno de los Kirchner). Asimismo, como muchos países en la región dependen
de las industrias extractivas, muchos de ellos han reproducido las regulaciones
de otras naciones (por ejemplo, Perú adoptó regulaciones similares a las de
Chile), lo que ha conducido a resultados que distan de ser óptimos. Por último,
el incremento en el gasto público destinado a bienestar social sin
planificación a largo plazo aumentó las posibilidades de corrupción.
La financiación de
los partidos políticos mediante fondos de la corrupción (por ejemplo, cuando
las empresas pagan sobornos a los partidos políticos y/ o políticos que usan el
dinero para su enriquecimiento personal o para sostener sus campañas políticas)
conduce a una distorsión en los mercados y a corrupción en la contratación
pública ( lo que conlleva mayores cargas impositivas para los contribuyentes a
cambio de una menor calidad en los servicios), lo que debilita el proceso
democrático, el Estado de derecho, etc.
¿Cuáles
con los países más afectados por la corrupción política y cuáles podrían ser
las causas?
De acuerdo con los
investigadores, la corrupción y la democracia se correlacionan y varios índices
que son bien conocidos también lo reflejan: un Estado de derecho débil, la
falta de libertad en los medios de comunicación, el fracaso de los Estados para
recaudar impuestos y distribuir dinero público de acuerdo con las buenas
prácticas y siguiendo buenos principios de gobernabilidad, leyes débiles para
la contratación pública, funcionarios públicos con remuneraciones inadecuadas,
etc.
Solemos
hablar de los corruptos pero omitimos a los corruptores. ¿Por qué tantas
empresas se encuentran involucradas en hechos delictivos con los gobiernos de
la región?
Sobornar a los
funcionarios públicos para obtener contratos fue lamentablemente una práctica
habitual hasta la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1997. El soborno a los funcionarios
públicos ha sido criminalizado en casi todos, sino todos, los países de la
región desde entonces. Además, las organizaciones internacionales, las
sociedades civiles y los gobiernos nacionales han hecho grandes avances para
desterrar esa práctica. El progreso ha sido lento pero ha redundado en
resultados positivos.
¿Qué
clase de «buenas prácticas» se podrían establecer para resolver la falta de
transparencia en América Latina? ¿Cuáles recomendaría?
Creo que es posible
identificar algunas políticas que servirían para la cuestión. Destacaría las
siguientes:
- Fortalecer el Estado de derecho (eliminando a
jueces y fiscales corruptos) y aplicar la ley de manera justa y eficaz.
Terminar con la impunidad en los casos de corrupción que involucran a
políticos, jefes de empresas y otras personas destacadas.
- Desarrollar la transparencia en la práctica: implementar contrataciones abiertas, transparentar el gasto público, hacer comparaciones de precios en las dependencias
- gubernamentales, evaluar
comparativamente servicios y costos.
- Exigir que quienes ocupen cargos públicos rindan cuenta de sus actos y asegurar que el rol del auditor general esté claramente definido y que cuente con los recursos adecuados y personal competente. El auditor general debe ofrecer una garantía independiente de que las actividades gubernamentales se desarrollan de acuerdo con las intenciones parlamentarias y de que se rindan cuentas por ellas.
- Una activa participación ciudadana en asuntos
de Estado. Por ejemplo, en la municipalidad de Nejapa, El Salvador, el gobierno
municipal se asoció con ONG locales y buscó incrementar la participación
ciudadana en la política local, lo cual resultó en un gran aumento en el
acceso de los residentes a agua potable, retretes y electricidad. Los
presupuestos participativos en Brasil y los consejos de política pública
son otros buenos ejemplos de una ciudadanía activa.
- Elecciones limpias y una fuerte participación del votante.
Traducción:
María Alejandra Cucchi
Por Gemma Aiolfi
Marzo 2017
Entrevista de Mariano Schuster
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