El intento del
chavismo por suprimir al poder legislativo ha sacado a relucir las diferencias
al interior del régimen y propiciado el acercamiento entre las fuerzas de la
oposición.
La
ruptura institucional promovida por el chavismo no asomó su nariz a partir de
las resoluciones que su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció a finales de
marzo, en las cuales quedaban clausuradas, definitivamente, las funciones del
Poder Legislativo. El golpe del chavismo a la Constitución venezolana se ha
gestado de forma silenciosa y progresiva a lo largo de poco más de un año, luego
de su derrota electoral frente a las fuerzas de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015, en los
cuales la MUD obtuvo 114 escaños, frente a poco más de 50 del chavismo.
Desde
el año pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela, electa con el voto de más de
14 millones de personas, está impedida de ejercer sus funciones por encontrarse
en “desacato”. El TSJ, que ha vetado treinta instrumentos legales sancionados
por el Legislativo, colocó al parlamento venezolano en esta situación una vez
que decidiera acoger una demanda hecha por diputados chavistas en torno a la
existencia de un presunto fraude en la elección de ocho diputados del estado
Amazonas. El TSJ habría ordenado la desincorporación de tres diputados opositores
y uno chavista, con el objeto de iniciar las averiguaciones de la denuncia. Una
vez que la directiva del Legislativo advirtió que tales denuncias jamás iban a
ser investigadas, y que la medida perseguía colocar en suspenso a los diputados
para quitarle a la bancada opositora la mayoría absoluta del Hemiciclo, decidió
incorporar a los parlamentarios por cuenta propia.
En
realidad, la comunidad internacional sorprendió al gobierno de Maduro colocando
la última parte del techo al edificio de su dictadura. Las resoluciones que
anunciara Maikel Moreno, presidente del TSJ, en marzo, estaban destinadas a
suprimir la inmunidad parlamentaria de todos los diputados, con el objeto de
allanar el camino a procesos penales a los más incómodos. La sentencia del TSJ,
integrado por personas muy cercanas, en lo personal y lo político, a Nicolás
Maduro, también le quitaba a la Asamblea Nacional sus facultades, que a
continuación iban a ser asumidas por el propio Tribunal, y por Maduro, quien
quedaría de esta forma investido de mayores poderes para atender “la emergencia
económica”, decretada el año pasado, y eventualmente, “el estado de conmoción
interior”.
Cuando
la maniobra chavista comenzaba a tomar cuerpo, ocurrió lo que nadie esperaba:
el viernes 31 de marzo, durante la presentación de su informe anual de gestión,
la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, objetó el procedimiento
que adelantaba el chavismo en el Tribunal Supremo de Justicia, denunciando la
existencia de la “ruptura del hilo constitucional”.
Las
palabras de Ortega Díaz, pronunciadas en la sede del Ministerio Público, fueron
involuntariamente televisadas por el canal estatal, Venezolana de Televisión, y
aplaudidas por el público presente. Su intervención cayó como una bomba en las
filas rojas, y produjo una enorme confusión tras las bambalinas del poder en la
tarde de aquel 31 de marzo. La canciller Delcy Rodríguez suspendió una
reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. También el
vicepresidente, Tareck El Aissami, y el propio Moreno, tuvieron
que aplazar sus conferencias de prensa. El Aissami y Maduro
evidenciaron rostros tensos y agotados en la televisión.
Una
ficha tradicional del chavismo durante todos estos años, la fiscal Ortega Díaz
hizo público su malestar luego de purgar una silente procesión interna que
lleva poco más de un año y que fue fuente de rumores en círculos
informativos especializados. Quizá no sea una ruptura ideológica. Parece ser un
tema de métodos. A los ojos de Ortega, de acuerdo con las versiones que
circulan, Maduro y Cabello han ido demasiado lejos.
Después
del terremoto que produjo la alocución de Ortega Díaz, apareció de nuevo
Moreno, a nombre del TSJ, procurando hacer lucir el desacuerdo como un tema de
pareceres de carácter técnico, y anunciando que, en adelante, quedaban sin
efecto algunos de los contenidos más escandalosos de la sentencia. El chavismo
acuñó la tesis del “impasse” entre los poderes públicos, y anunció que ya ha
quedado resuelto. Al hablar de “impasse” intenta evadir el impacto de cargar
con la palabra “golpe”. Maduro reunió al Consejo de Defensa de la Nación,
integrado por personas de su gobierno, e hizo oficial el retroceso “táctico”
luego del golpe seco. Quedaron sin efecto las resoluciones sobre la legislación
que iba a asumir el Tribunal, así como lo relativo al fin de la inmunidad
parlamentaria. Nicolás Maduro, sin embargo, ha quedado facultado para celebrar
acuerdos de interés nacional en materia de hidrocarburos, sin la contraloría de
la Asamblea Nacional. En el momento actual, los diputados de la Asamblea
Nacional no reciben sueldo, ni manejan partidas, y deben costear todos sus
gastos personales por cuenta propia, pues el ejecutivo de Maduro les niega los
recursos. Los ministros de Maduro, algunos con graves señalamientos de
corrupción, no han asistido una sola vez a una interpelación legislativa.
Los
mandos militares, con el ministro Vladimir Padrino a la cabeza, han permanecido
en silencio. El control del chavismo sobre las Fuerzas Armadas es objetivo. Se
sabe que las palabras de la fiscal tuvieron eco, y que su rebote en los
cuarteles forma parte de la crisis. Presente en el Consejo de Defensa que
quiere hacer aparentar normalidad, Padrino en todo momento ha tenido celo en
acompañar a Maduro y en salvaguardar sus intereses. Algunos corrillos que se
cuelan del hermético mundo de las Fuerzas Armadas dan cuenta de la existencia
de una enorme inconformidad, si bien sus mandos ofrecen una monolítica lealtad
hacia el chavismo como proyecto, con sus desafueros incluidos. Para algunos
conocedores del tema en el país, sin embargo, el silencio guardado por los
militares, más que una muestra de adhesión, debe ser interpretado como un signo
de confusión y malestar.
Luego
de las resoluciones de la OEA, que arrinconan más al gobierno de Maduro, el
presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha llamado a la población a
protestar. El episodio y su gravedad parecen haber reconciliado a las
crecientes masas opositoras con su dirigencia luego del fracaso del referéndum
revocatorio. Las dos manifestaciones realizadas en Caracas a partir de la
crisis han sido multitudinarias, y muy aguerridas al enfrentar a
la policía. En ellas rebosa la indignación.
La
Asamblea Nacional, aún existente, aunque sin alas, prepara un proceso para
destituir a los magistrados del TSJ. La dirigencia de la MUD, que domina el
legislativo, sostiene que el procedimiento golpista adelantado tiene
consecuencias penales. El chavismo lo niega. De hecho, Maduro ha aprobado ya el
presupuesto nacional de 2017 por
cuenta propia, evadiendo al poder legislativo, mediante otra sentencia mágica
del TSJ. Todo el mundo se pregunta qué hará, a partir de ahora, la fiscal
Ortega Díaz: si tomará el retroceso táctico de Maduro como una disculpa
suficiente para no pelearse con sus viejos camaradas, o si decidirá asumir las
consecuencias de su denuncia para restituir la vigencia de la Constitución.
06 abril 2017
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