¿Quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores
del blanqueo de capitales lanzado recientemente por el gobierno argentino?
En
un contexto de crisis económica y ajuste, ¿quiénes son los verdaderos ganadores
y perdedores del blanqueo de capitales lanzado recientemente por el gobierno
argentino?
El blanqueo de
capitales apunta a un doble objetivo: a incrementar la recaudación tributaria
en un contexto de aumento del déficit fiscal y a aportar dólares a la economía
de forma de aliviar la situación externa. Sí se cumplieran ambos objetivos, el
gobierno saldría beneficiado, en tanto esto le permitiría morigerar
parcialmente la caída en la recaudación producida por la reducción de otros
tributos (retenciones y bienes personales) y por la caída en el nivel de
actividad económica, a la vez que se produciría un ingreso de divisas por una
vía alternativa al endeudamiento.
Sin embargo, los
beneficios obtenidos por el gobierno serían transitorios, ya que no se trata de
un incremento sostenible de los ingresos tributarios ni tampoco de una fuente
genuina de dólares. Lejos de tratarse de un nuevo flujo de ingresos fiscales y
divisas para fortalecer la capacidad de intervención del Estado –tanto a través
del gasto público como en materia cambiaria–, se trata de un stock que
ingresa por única vez. En este sentido, probablemente le sirva al gobierno para
ganar algo de «aire», teniendo en cuenta que la crisis económica no parece
haber encontrado su piso aún y que el año que viene se llevarán a cabo las
elecciones de medio término. Esta política está muy lejos de resolver algunos
de los problemas estructurales que, tanto en materia fiscal como de balance de
pagos, enfrenta la economía argentina.
Por fuera del
sector político, los que claramente se benefician con el «blanqueo» son
aquellos que nunca declararon sus tenencias y ahora pueden hacerlo a un costo
muy reducido y sin mayores penalidades.
Si bien puede haber individuos de
sectores medios que, por ejemplo, en los últimos años hayan adquirido dólares
en el mercado ilegal de divisas (guardándolos «debajo del colchón») y ahora
quieran blanquearlos, los mayores beneficiarios de este tipo de políticas
suelen ser los grandes empresarios, aquellos que fugaron capitales en masa,
tanto para evadir el pago de impuestos locales como para reasegurar sus
ingresos en «moneda dura». Basta con señalar que entre 2007 y 2011 (antes de la
implementación del denominado «cepo cambiario») se fugaron del circuito
financiero local nada menos que 75.000 millones de dólares, casi el equivalente
a la deuda pública que entró en default en diciembre de 2001.
Las filtraciones y denuncias por maniobras de fuga de activos facilitadas por
bancos como el HSBC y J.P. Morgan son solo algunos ejemplos del carácter
estructural de esta operatoria.
A ello hay que
agregar que dentro del «paquete» de la ley de exteriorización de capitales se
incorporó el compromiso de ir reduciendo progresivamente el impuesto a los
bienes personales hasta su desaparición total en 2019. Se trata de una medida
sumamente regresiva, ya que este tributo es proporcional al patrimonio de los
individuos, con lo cual se desfinancia el Estado recortándoles impuestos a los
sectores de más altos ingresos.
Los perdedores
lógicamente son siempre los mismos, aquellos que no tienen capacidad de ahorro
y mucho menos de fugar dinero. En este sentido, dada la orientación que han
venido teniendo la mayoría de las políticas aplicadas por el gobierno de la
alianza Cambiemos, es muy difícil que lo recaudado a través del blanqueo sea
utilizado para llevar adelante políticas que permitan ir resolviendo algunos de
los problemas estructurales que aquejan a la economía argentina y que afectan
el desempeño del mercado de trabajo local (tanto en materia de empleo como de
salarios), lo cual no quiere decir que no pueda haber medidas «paliativas» de
carácter transitorio que le garanticen cierta «paz social» al gobierno.
Teniendo
en cuenta las enormes asimetrías socioeconómicas existentes y los procesos de
concentración de riqueza en marcha, ¿cuáles serían las implicancias políticas
de estos mecanismos de «sinceramiento» en términos de legitimidad democrática?
Mi interpretación
es que el blanqueo puede tener efectos contradictorios en términos de
legitimidad política. Por un lado, desde el Estado se está diciendo «se pueden
trasgredir las leyes sin que haya un verdadero castigo», dado que regularmente,
transcurrido un tiempo, se ofrecen «amnistías económicas». En este caso en
particular, el efecto es más negativo, ya que los mayores beneficiarios son
aquellos que se encuentran en la parte superior de la pirámide social. De todos
modos, es un hecho que en Argentina los delitos económicos cuentan con una
amplia tolerancia social, especialmente aquellos vinculados a la evasión fiscal
y a la fuga de capitales. La poca sanción social a este tipo de delitos se ve
acompañada de una escasa penalización judicial, procesos que contrastan con la
fuerte sanción de los pequeños delitos cometidos contra la propiedad privada,
los cuales generalmente están asociados a los sectores populares.
Sin embargo, por
otro lado, la mayor recaudación tributaria generada por el blanqueo aporta
recursos que se podrían destinar a suavizar algunos de los efectos negativos de
la política de ajuste que está llevando adelante el gobierno. Por ejemplo,
financiar algunas demandas de los movimientos sociales y/o realizar obras de
infraestructura que dinamicen la inversión y el empleo. En este sentido, se
trata de recursos que potencialmente pueden contribuir a sostener aspectos
materiales de la función de legitimación social del Estado. Ello dependerá de
las relaciones de fuerza en el plano social y del margen de maniobra política
que tenga el gobierno, es decir, del nivel de consenso que logre –o no– para
impulsar sus políticas de ajuste.
En la misma
dirección, aunque con un efecto mucho más acotado, podría operar el mayor
ingreso de divisas que generaría el blanqueo. Si bien en términos cuantitativos
se trata de un monto limitado, ya que no hay obligatoriedad en todos los casos
de efectivamente depositar las divisas en el sistema financiero local, los que
sí lo hagan podrían terminar contribuyendo a mantener cierta estabilidad en el
tipo de cambio. Ello no solo podría fortalecer parcialmente la posición del
Banco Central –y evitar una mayor desvalorización del peso–, sino que también
ayudaría a que la inflación no se acelerase aún más. Aunque, reitero, dadas las
magnitudes involucradas y el hecho de que no todos están obligados a «traer los
dólares», su efecto sería bastante acotado.
¿Qué
efectos macroeconómicos tienen estas medidas tributarias? ¿Cuáles podrían ser
las herramientas alternativas para aumentar la recaudación fiscal en los países
en desarrollo?
Como señalaba
anteriormente, los efectos macroeconómicos son limitados tanto en su impacto
sobre el conjunto de la economía como en el tiempo. En materia tributaria,
estas medidas pueden producir un aumento transitorio en el nivel de
recaudación, dado que se trata de un stock que ingresa por
única vez. Sin embargo, en la medida en que este tipo de situaciones no sean
acompañadas de mayores condicionalidades en el destino de los fondos, en un
breve lapso la situación recaudatoria va a volver al punto de partida anterior
o inclusive a uno peor, dado que se dispuso la eliminación de gravámenes como
el impuesto a los bienes personales. Por otro lado, ante la ausencia de
direccionamientos en su destino, difícilmente la masa de recursos que ingrese
con la exteriorización de capitales se traduzca en inversiones «productivas»
con un algún impacto de consideración sobre la economía local.
En lo que respecta
al sector externo, como mencioné anteriormente, no es esperable una «lluvia de
dólares» ya que, más allá del éxito que tenga la medida, en muchos casos los
declarantes no están obligados siquiera a ingresarlos al sistema financiero
local. Por otro lado, no se trata de dólares generados «genuinamente» a través
de, por ejemplo, mayores exportaciones, sino que se trata de un ingreso
extraordinario que no es posible replicar en el tiempo.
De modo que la
mayor recaudación tributaria que generan los blanqueos como el lanzado por el
gobierno de Mauricio Macri no se basa en una nueva fuente estable de ingresos
sino que constituye una medida excepcional y extraordinaria. Más bien, al
reducir y eliminar el impuesto a los bienes personales, tiende a reducirla en
el mediano plazo. Justamente los impuestos a los patrimonios son medidas
progresivas que permitirían incrementar la recaudación en países
subdesarrollados. Por ejemplo, una medida inexistente en nuestro país que
contribuiría a incrementar los ingresos del Estado de forma progresiva es el
famoso impuesto a la herencia. Otro ejemplo de ello son los impuestos a los
inmuebles, como el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires,
cuyo nivel es relativamente bajo en relación con el patrimonio. Por supuesto que
implementar este tipo de iniciativas requiere de voluntad política y un fuerte
apoyo social, tal como quedó evidenciado con las resistencias que enfrentó el
gobierno provincial anterior por parte de los propietarios rurales cuando quiso
imponer el último aumento del inmobiliario rural.
Algo similar sucede
con las retenciones a las exportaciones, las cuales fueron reducidas o
directamente eliminadas –según el caso– por el actual gobierno nacional. Se
trata de un tributo altamente progresivo por dos motivos complementarios: por
un lado, porque se deduce de la renta obtenida en las actividades agropecuaria
y extractiva, es decir, un excedente generado a partir de la explotación de
recursos naturales que, como tales, no fueron «producidos» por sus dueños sino
apropiados. Por otro lado, las retenciones tienen la función de desvincular
parcialmente el precio internacional del bien en cuestión del precio doméstico.
Esto es de suma importancia cuando se trata de «bienes salario», es decir, de
productos que no solo se exportan sino que también se destinan al mercado
interno y que tienen un fuerte impacto en la canasta de consumo de los sectores
populares, como el trigo o la carne.
Otra de las
reformas que se está discutiendo actualmente, que es la del impuesto a las ganancias,
también va en sentido contrario a aumentar la recaudación e incrementar la
progresividad. Si bien es cierto que el mínimo no imponible es bajo y que las
escalas deben actualizarse, las modificaciones propuestas hasta el momento
apuntan a beneficiar a los segmentos más privilegiados de los trabajadores, sin
una alternativa clara de cómo compensar la merma recaudatoria que ello
generaría. Es importante señalar que el impuesto a las ganancias es el más
importante y progresivo (y casi el único) que tiene Argentina.
De todas formas,
debe tenerse en cuenta que si bien un incremento en la recaudación tributaria a
partir de este tipo de medidas puede permitir una reducción en los niveles de
desigualdad en la distribución del ingreso, lejos está de eliminar las
asimetrías que imperan en el ámbito de la producción, es decir, entre quienes
generan la riqueza nacional y quienes se apropian de ella. Pero ello requeriría
una discusión mucho más profunda que las planteadas en la actual coyuntura.
Por Andrés Wainer
Diciembre 2016
Entrevista de Victoria Mutti
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