¿Quién defiende a los trabajadores que combaten la
corrupción?
Los trabajadores que luchan contra el sistema que
favorece la corrupción merecen ser defendidos. Las instancias internacionales
deben garantizar sus derechos.
Los informativos
suelen transmitir denuncias de corrupción. En la mayoría de los casos, comentan
la participación de servidores públicos y/o representantes de algún poder del
Estado como involucrados. Se denuncia en abundancia a los corrompidos, se ataca
al Estado y a sus agentes, pero se calla sobre los corruptores. Los medios
afirman que lo hacen para combatir el desvío de recursos estatales y el
enriquecimiento ilícito. De lo que casi nunca se habla es de los corruptores.
Tampoco se refieren a la persecución de las trabajadoras y los trabajadores
públicos que se levantan en contra de un sistema político-administrativo
históricamente corrupto.
De eso vamos tratar
aquí. De la pérdida de puestos de trabajo, de las amenazas, de los
desplazamientos y hasta de los asesinatos, que son muchas veces la consecuencia
para quienes desde el aparato del Estado denuncian y visibilizan la corrupción.
No cabe duda de que
la forma de hacer política y de gobernar en nuestros países genera corrupción.
Nos hemos cansado de ver empresas privadas financiando elecciones para mantener
el control sobre los parlamentos, o comprando decisiones judiciales que las
favorezcan, perpetuando la impunidad. Lo mismo sucede con los nombramientos en
puestos claves de gobierno de personas con claros y fuertes intereses
corporativos y financieros, lo que dificulta así la lucha contra la corrupción.
Todos admiten que estos hechos se producen, pero no hay real interés de la
clase dominante en cambiar de hecho esta situación. ¿Y qué decir cuando en
algunas situaciones precisamente los que buscan construir alternativas –como en
el caso actual de Brasil– son los más denunciados como corruptos?
En la mayoría de
los medios, al menos en América Latina, se informa que hay personas corruptas,
pero sin hablar de los corruptores empresariales. Tampoco se habla de las
empresas transnacionales que hoy NO pagan sus impuestos sobre ganancias y
aportes sociales y que transfieren todos sus beneficios financieros a paraísos
fiscales, y promueven descaradamente la evasión ilegítima de recursos. Esos
mismos recursos que deberían estar en las arcas del Estado y financiar
servicios públicos de calidad.
A esa evasión se
suman el contrabando, el narcotráfico, el tráfico clandestino de personas y
otras ilegalidades que van socavando al Estado y ampliando el alcance de la
corrupción.
Sabemos que no toda
la estructura ni mucho menos todas las personas del Estado concuerdan con eso.
Todo lo contrario, hay una gran cantidad de personas que no están de acuerdo.
En este marco se
inscribe un tema importante: ¿qué pasa cuando estas personas deciden combatir
la ilegalidad?
En los sindicatos,
en las ONG y en otras organizaciones que luchan contra esta situación hay
innumerables registros de una fuerte persecución contra quienes denuncian la
corrupción de una empresa y la evasión de tributos incumpliendo los deberes
impositivos. Estos agentes del Estado pagan caras sus denuncias, incluso con la
vida.
Se sabe con
seguridad que los asesinatos de líderes sindicales y populares en Guatemala,
Colombia, Honduras y en otros tantos países casi siempre están relacionados con
denuncias de ilegalidad.
Lo mismo en países como Brasil, Argentina o Chile,
donde hay muchísimos casos de venganza contra quienes denuncian lo ilícito.
Se hace necesario
hoy, como una de las formas de combate a la corrupción empresarial, defender a
las y los denunciantes, especialmente a quienes son más vulnerables, como las
trabajadoras y los trabajadores públicos sujetos a una fácil persecución.
Una propuesta fue
presentada recientemente como reacción a esta grave situación. En mayo de este
año, representantes del sindicalismo internacional entregaron al director
general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Rider, una
solicitud para que en ese órgano se constituya un comité que estudie la
situación de vulnerabilidad de las y los denunciantes y, con las conclusiones a
las que se arribe, se elabore una norma destinada a proteger a las trabajadoras
y los trabajadores cuando denuncien corrupción.
La idea presentada
por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus asociados de la Unión
Internacional de Trabajadores de los Organismos de Control (UITOC) busca
defender y ofrecer mejores condiciones de trabajo a quienes tienen la tarea de
investigar, inspeccionar, controlar y sancionar las diversas prácticas de
corrupción, sea la actuación de los gobiernos de turno o, fundamentalmente la
connivencia de estos o su permeabilidad a las presiones de los grupos de poder
económicos inescrupulosos, empresas que evaden recursos, organizaciones
criminales, carteles mafiosos dedicados al narcotráfico, entre otros.
El petitorio a la
OIT es enfático al decir que «Nuestros afiliados se enfrentan a diario ante la
contradicción de cumplir con sus obligaciones y por ello poner en peligro el
puesto de trabajo e incluso sus propias vidas enfrentándose a malos
funcionarios que pretenden callar y disciplinar a nuestros trabajadores. No
actuar firmemente ante el acoso o violación a un solo trabajador es suficiente
para permitir disciplinar al resto de los trabajadores para evitar que se
cumpla con el deber institucional de alertar y controlar la corrupción».
Algo similar
solicitó recientemente Alfred de Zayas, experto independiente sobre la
promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Su propuesta fue
que el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), António Guterres, promueva una conferencia mundial para prohibir los
paraísos fiscales, tratar el tema de la evasión fiscal y garantizar la
protección efectiva de los y las whistleblowers, es decir, los
y las denunciantes y/o informantes de crímenes cometidos por personas,
corporaciones o el poder público.
En esta sintonía,
sea en la OIT o en la ONU, se destaca la importancia de la defensa de las
delatoras y los delatores de corrupción, preservando sus derechos contra
represalias, combatiendo y rompiendo el ciclo de la eterna impunidad.
Ahora habrá que
esperar las respuestas de la OIT y de la ONU. Que estas iniciativas prosperen
es el deseo de todo demócrata honesto.
Por Jocelio Drummond
Noviembre 2016
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