El Tribunal de Justicia
declara válida la medida propuesta por Nicolás Maduro y que el Parlamento había
rechazado
El fuego cruzado entre
gobierno y oposición produjo este jueves en Caracas dos declaraciones de
emergencia. Por un lado la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, aprobó
un acuerdo que proclama el estado de “crisis alimentaria” en Venezuela, y por
el otro, el Gobierno de Nicolás Maduro obtuvo del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), bajo su control, un veredicto por el que declara vigente el Decreto
de Emergencia Económica que
el Poder Ejecutivo había preparado a mediados de enero pero que el parlamento
rechazó en esa ocasión.
Las confusiones jurídicas afloraron este jueves
cuando Ejecutivo y Legislativo movieron, mediante esta guerra de declaraciones
de emergencia, sus fichas en el tablero del ajedrez político que juegan desde
la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el pasado 6
de enero. En los hechos, sin embargo, nada había mejorado al final del día ni
en la situación financiera del país ni en la escasez ya crónica de productos de
consumo básico, como alimentos o medicinas.
En una transmisión
televisada, Maduro aplaudió la decisión del Supremo, a la que ve como un signo
del imperio de la “democracia, (y la) constitucionalidad” en el país. Con su
decreto de emergencia económica ya
en vigencia, anunció, “activaré un conjunto de medidas en los próximos días,
que ya venía trabajando”.
El 14 de enero Maduro publicó
en la Gaceta Oficial el decreto número 2.184 para declarar la emergencia
económica en todo el país, que presentó ante la Asamblea Nacional el 19 de
enero. Al cabo de una discusión dentro del plazo de ocho días previsto por la
ley, la bancada opositora hizo valer su mayoría pararechazar el decreto el
29 de enero. De acuerdo a voceros parlamentarios, fue desaprobado porque otorga
poderes discrecionales al Ejecutivo para expropiar empresas y, en definitiva,
ahondaría en políticas ya fracasadas.
Sin embargo, el chavismo apeló al Tribunal Supremo
de Justicia, que ya había certificado la constitucionalidad del decreto el 21
de enero. Este jueves, a instancias de “miembros de Consejos Comunales, Comunas
y otros movimientos sociales”, la misma Sala Constitucional del TSJ falló ante
un recurso de interpretación por el que determinó que la Asamblea Nacional no
había cumplido su tarea de “control político” del decreto dentro los plazos
legales y que, por lo tanto, el decreto tiene vigor.
Apenas horas antes, el
parlamento, entre las protestas de la minoría oficialista, había aprobado en su
sesión ordinaria la declaración de una “crisis alimentaria” en Venezuela y el
cese en los hechos de la “seguridad alimentaria”. El documento solicita a las
organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y para la
Infancia (Unicef) el
envío urgente al país de expertos para evaluar la crítica situación de
desabastecimiento. De acuerdo a la declaración parlamentaria, el propio
Gobierno ha admitido niveles de escasez de hasta 87% en distintos rubros
alimentarios, aunque denominándolos como “niveles de acaparamiento”. El
Gobierno chavista alega que la escasez y la inflación son producto de una
“Guerra Económica” que el imperialismo y la burguesía local estarían librando
contra la Revolución Bolivariana.
En la misma y agitada jornada, la bancada opositora
aprobó en primera discusión la Ley de Reforma de la ley del Banco Central.
También, con el apoyo unánime, y por lo tanto inusitado, de ambas fracciones
políticas, se aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas. El diputado de
Primero Justicia (oposición), Julio Borges, presentó el proyecto de Ley de
Producción Nacional. Todas son normativas con las que se busca tomar las
riendas de la delicada situación económica y social del país.
No obstante, el renovado
conflicto de poderes entre Legislativo y Judicial, aupado este último desde el
Gobierno, no augura momentos mejores para una crisis que,
como la venezolana, parece agravarse día a día.
Los miembros del Supremo de Venezuela durante una de sus sesiones. Archivo EFE
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