Mientras unos rechazan el cierre de
la frontera, otros aseguran que es una decisión positiva. El contrabando en la
frontera colombo-venezolana genera al año entre 8.000 y 12.000 millones de
dólares Las deportaciones
comenzaron el sábado. Horas después de que el presidente Nicolás Maduro
decretara un Estado de Excepción en cinco municipios de Táchira (se
extendieron a cuatro más), los cuerpos de seguridad del Estado iniciaron las
acciones.
Detuvieron a presuntos paramilitares
pertenecientes a la banda “Los Urabeños”, deportaron a ciudadanos colombianos sin
documentación, marcaron viviendas revisadas y demolieron otras tantas. Las
imágenes han dado cuenta de la actuación y del éxodo voluntario de colombianos
por trochas y a través del río Táchira.
Pero la medida tomada por el
presidente Maduro para acabar, según sus palabras, con el contrabando,
delincuencia, bachaqueo y bandas paramilitares que operan en la frontera, ha
generado apoyo y rechazo a la vez, esta última por las acciones derivadas de
ella: deportaciones arbitrarias, familias separadas y violación de derechos
humanos según organismos como Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y testimonios
de colombianos reseñados por medios internacionales. En contraposición, la
Defensoría del Pueblo de Venezuela asegura que no han ocurrido tales
violaciones.
“Estamos muy descontentos con lo que
está pasando en la frontera, hemos visto maltrato a colombianos y creemos
que están pagando justos por pecadores. La situación es lamentable,
creo que nadie puede estar de acuerdo con eso. A principios se semana pedimos
una cita con el embajador pero no estaba aquí”, señala Corina Álvarez,
presidenta de la Federación de Asociaciones Colombia Unida (Fedecol), una de
las organizaciones de colombianos residentes en el país.
Las casas de cambio y cambistas en Cúcuta han sido acusados de formar parte de un entramado que se ha encargado de golpear al bolívar
Como ella, varios representantes de
la comunidad neogranadina manifestaron a “La Razón” no estar de acuerdo con lo
que está ocurriendo con sus compatriotas. Para unos la medida debería
levantarse y para otros, mantenerse. Pero más allá de eso coinciden al decir
que el contrabando que se vive en la frontera no es resultado
de una sola nacionalidad, sino que venezolanos y colombianos tienen la misma
cuota de responsabilidad.
Millones de dólares en juego
El director ejecutivo nacional de la
Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus,
señala que para ellos la medida tomada por el presidente Maduro es una decisión
soberana de un gobierno que trata de restituir algunos derechos violentados en
la frontera.
“Se llega a ese extremo por el
abandono que ha tenido la frontera con respecto a políticas públicas que puedan
ayudar en el tema económico y de seguridad”. A su juicio, la medida responde a
tres hechos: la inseguridad por el incremento de la dinámica criminal en los
últimos 5 años, el narcotráfico y la desprotección económica o financiera
existente en la zona. Sobre cada uno plantea las causas.
La desmovilización,
desde 2010, de más de 30.000 paramilitares colombianos de las llamadas
Autodefensas Unidas Campesinas de Urabá y Córdoba, de quienes no se sabe a
dónde fueron, es la explicación al primer hecho citado por Tanus; la
exportación de psicotrópicos desde el país neogranadino hasta Venezuela,
convirtiendo a esta última como paso obligado para llegar al Caribe, y el
blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, es la segunda; y el
empobrecimiento del bolívar sería la tercera causa.
Tanus considera que varias decisiones
tomadas por Colombia han impactado en la moneda venezolana y facilitado el
contrabando.
“En el año 2000 se aprobó la
Resolución 8 del Banco de la República de Colombia. Esa acción le ha dado poder
a un grupo de cambistas en la frontera, que intervienen en la
operación de compra y venta del bolívar, derivando en el empobrecimiento del
bolívar y dando poder al contrabando”, asegura.
Pero además dice que esta práctica
ilegal terminó de consolidarse con la Ley Anticontrabando, aprobada hace pocos
meses por el gobierno de Juan Manuel Santos, pues “no ataca al
sistema cambiario y por tanto no va a atacar el contrabando”. En dicha Ley se
considera contrabando a la movilización de cargas o cantidades superiores a
10.300 dólares americanos.
“¿Qué están haciendo los contrabandistas?
Si antes tenían a una sola persona con 500.000 dólares de capital, ahora tienen
a 50 personas movilizando cada una 10 mil dólares”.
Acnur ha denunciado deportaciones arbitrarias, familias separadas y violación de derechos humanos tras el cierre de la frontera colombo-venezolana. En la imagen Un grupo de personas descansa con sus pertenencias una vivienda improvisada luego de cruzar el río Tachira | Foto: Miguel Gutiérrez – EFE
De ahí que para esta asociación el
contrabando en la frontera colombo-venezolana genere al año
entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, equivalentes a 4 puntos del PIB
colombiano.
Frente a esto, Tanus asegura que para
ellos nosotros es muy satisfactoria la decisión tomada por el presidente Maduro
porque les va a garantizar seguridad. “Es una medida en beneficio
de los colombianos que estamos aquí y no estamos vinculados a estructuras
criminales, bachaqueo ni contrabando”.
Además agrega que en Venezuela hay
aproximadamente entre 200.000 y 250.000 refugiados colombianos “de facto según,
Acnur”, por lo que esa población “debe estar completamente satisfecha y
complacida de que los factores criminales que los desplazaron de Colombia para
acá, hoy no van a estar en Venezuela”.
De parte y parte
Pero esta apreciación positiva sobre
el cierre de la frontera en San Antonio del Táchira no es
compartida por otras de las organizaciones existentes en el país.
Marcos Suárez, presidente de la Asociación de
Clemencieros en Venezuela (Asocleven), sostiene que los problemas de Venezuela
no son ocasionados por los colombianos sino por las malas políticas del
gobierno venezolano.
“El cierre de la frontera no soluciona nada.
El Gobierno tenía que llamar al presidente Santos y ponerse de acuerdo para,
entre ambos, establecer controlesy acordar la colaboración para la
captura de criminales. Además, no se puede generalizar con que todos los
colombianos somos paracos”.
Otro de los argumentos dados por
Suárez para rechazar el cierre de la frontera, y en el cual coincide con la
presidenta de Fedecol, es el trato que está recibiendo sus
compatriotas, que han quedado registrados en fotografías y reportes recogidos
por medios internacionales.
“Es un exabrupto lo que han hecho con
las familias que tienen toda una vida allí. El Gobierno permitió que invadieran
y ahora los sacan así. Debieron darles un plazo para salir, no
hacerlo de ese modo. Eso es una violación a sus derechos humanos. Estoy muy
dolido, siento impotencia”, dice Suárez.
La presidenta de Fedecol informó que
ante la gravedad de lo que está sucediendo con sus
compatriotas convocaron a una reunión de todos sus agremiados, para este fin de
semana, en la que decidirán posibles acciones a tomar.
El presidente Nicolás Maduro convocó una marcha el
pasado viernes en apoyo al cierre de la frontera y al Estado de Excepción
decretado en esa zona | Foto EFE
“Algo así no había pasado antes en el
país, los niveles de maltrato son graves. No todos los
colombianos somos contrabandistas, la mayoría somos personas decentes y
trabajadoras”, expresó Álvarez.
También comenta que con el tema del
contrabando se quiere achacar una culpa parcial. “No nos vamos a caer a coba.
Hace un mes vine de Colombia y me quedé loca al ver cómo venden productos
venezolanos en Cartagena y Barranquilla y no todos son colombianos, hay
venezolanos también. Lo vi, hablé con ellos para reclamarles y me respondían
que pasaban los productos pagándole a la Guardia Nacional. El
problema del contrabando es de parte y parte”.
Suárez se refiere al tema con una
pregunta. “¿Quién controla la frontera? La GNB. Pero le quieren echar la culpa
al pimpinero o al bachaquero cuando también pasan gandolas con gasolina y
camiones con productos de la canasta básica frente a la GNB. La corrupción
viene desde arriba. Ahí es donde está el negocio”.
Juan Carlos Tanus
detalla que estudios realizados por su organización han determinado que en
Cúcuta hay un 85% de penetración de productos de la canasta básica venezolana y
que se calcula que 6.000.000 de colombianosreciben en sus hogares,
al menos, un producto venezolano.
Para Tanus hasta ahora no ha existido
ningún caso de violación a los derechos humanos de sus compatriotas ni
separación de familias por el cierre de la frontera. Lo asegura porque el
defensor del Pueblo, Tarek William Saab, lo ha negado. Dice
desconocer la existencia de casas marcadas con letras para derrumbarlas o como
señal de revisadas pero coincide en que el gobierno venezolano debe cambiar su
postura sobre ellos para que el estigma no llegue a una discriminación masiva.
“Si bien el paramilitarismo
desarrollado en Venezuela tiene origen colombiano, ya hoy existe
paramilitarismo criollo en Venezuela. Y si bien el contrabando tuvo su
origen en Colombia, también depende de una contraparte venezolana. El
contrabando es un delito compartido, de mafias colombianas y estructuras
venezolanas”, aseguró Tanus.
Pablo Beltrán, representante de la
Asociación Arjoneros de Venezuela, va más allá. Rechaza que se asocie la escasez
de alimentos con el contrabando, pues las carencias son a todo nivel. “Aquí
faltan medicamentos, repuestos, materia prima, insumos. El problema va más
allá. Nosotros no somos la oveja negra”.
En los 35 años que tiene en el país
dice no haber visto algo igual. “Cuando estaba Chávez las deportaciones
estuvieron paradas durante 10 u 11 años. Siempre se ha estado detrás del ilegal
pero en el último año ha sido más candente, no sé por qué. No nos merecemos
esto, el cierre de la frontera nos perjudica a ambos. Venezolanos y colombianos
deberíamos estar unidos”, manifestó Beltrán.
Las colombianas son las que más emigran
Los representantes de las cuatro
organizaciones de colombianos en Venezuela coinciden en que la mejor manera de
resolver la situación actual es la vía diplomática, la negociación
entre ambos países. Además, la existencia de aproximadamente 5.000.000
de colombianos en el país (entre nacionalizados, residentes y
transeúntes, apuntan las asociaciones) no es poca cosa. Juan Carlos Tanus
informó que en un mes presentarán los resultados del sexto estudio sobre
movilidad realizado la Asociación de Colombianos en Venezuela.
Uno de los datos recabados indica que
61% de los colombianos que están llegando a Venezuela son mujeres y
estarían llenando las plazas de servicio doméstico, niñeras y enfermería
privada. También, que entre enero y julio de este año ingresaron (solo vía
terrestre, por los puntos fronterizos de Paraguachón, San Antonio y Puerto
Páez) 301.000 colombianos. Los estados con más neogranadinos son
Zulia, Miranda, Distrito Capital, Táchira, Carabobo y Aragua. Corina Álvarez,
presidenta de Fedecol, informó que desde la restricción de envío de remesas a
Colombia, “son muchísimos” los compatriotas que se han regresado al vecino país
por la imposibilidad de enviar divisas a sus familiares.
Aug 30, 2015
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