El diálogo, que es un eufemismo para hablar de negociación, es un espacio incierto que se abre desde la dimensión internacional en el contexto actual del conflicto político venezolano.
En las próximas semanas veremos si efectivamente la comunidad internacional continuará asumiendo un simple papel de facilitador o más bien se verá obligada a mediar directamente para buscar una alternativa que contribuya a resolver la actual coyuntura política, económica y social en Venezuela.
La región tiene un reto: las instituciones internacionales disponibles, sea la OEA o UNASUR, son organizaciones bastante disfuncionales y con poca capacidad de articulación política y con bajos niveles de legitimidad.
Distintos países latinoamericanos favorecen estas distintas instancias dependiendo de la temática o de los intereses que están en juego. Intercambian cada uno de estos espacios en la medida en que las coaliciones regionales se van transformando.
Esto es claramente lo que ha salido a relucir nuevamente con el caso venezolano.
Tanto Luis Almagro en la OEA como Ernesto Samper en UNASUR, si bien persiguen agendas diferentes en el plano internacional, cuando se refieren a la situación venezolana, han terminado asumiendo estilos similares que no siempre facilitan un papel mediador. Ambos han utilizado lo que se denomina “la diplomacia pública” para aumentar su visibilidad y competir por el protagonismo sobre el mejor tratamiento para atender el quiebre institucional del país, cuando más bien debieron haber optado por una movilización diplomática igualmente activa pero mucho más soterrada.
De ahí que en la medida en que la crisis venezolana se siga profundizando, lo cual luce inevitable, veremos cómo estos mismos espacios regionales, aunque frágiles, van a tener que involucrarse crecientemente en la resolución del conflicto venezolano. No obstante, por sus debilidades, estas mismas organizaciones tendrán que ser complementadas por instituciones o actores extra-regionales, como la ONU o el Vaticano, que puedan mediar de una forma más efectiva.
No puede ser de otra forma: la magnitud de la crisis política, económica y social en Venezuela no sólo es profunda sino que plantea literalmente un dilema existencial de supervivencia para los diversos grupos en pugna. Unos grupos que, durante más de una década, gracias a la retórica revolucionaria y el uso excesivo de un lenguaje de guerra, se han acostumbrado a concebir la política como todo o nada, en la que el diálogo es tan solo un mecanismo de tregua y no la base institucional que garantiza la convivencia democrática.
Es por ello que no debe sorprender a nadie que todos los actores relevantes, sobre todo aquellos cercanos al mundo opositor, mantengan la desconfianza y el escepticismo; y que, a pesar del gesto de aceptar el diálogo, ninguno de ellos esté convencido que la situación política pueda ser transformada a través de semejante mecanismo diplomático. Para muchos, y con razones de sobra, el pasado continúa siendo el mejor predictor del futuro: hasta ahora la historia reciente ha mostrado que el diálogo para el chavismo es tan solo una forma de postergar su verdadero objetivo revolucionario.
Un paso para atrás para dar dos hacia adelante.
De modo que es lógico anticipar, en medio de semejante escenario, que cada grupo intentará mantener vivo su mejor amenaza creíble para incrementar su poder de negociación en el plano internacional, si es que esa posibilidad de diálogo realmente se materializa.
El gobierno insistirá en su control institucional y político sobre los poderes públicos para dilatar o impedir una salida constitucional. La oposición insistirá en la necesidad de materializar la activación del referendo revocatorio a través de la movilización social. Y, por si fuera poco, la sociedad, cada vez más insatisfecha y cada vez más dispuesta a acudir a las calles a protestar, continuará aguardando desesperadamente en largas filas soluciones diarias frente a la escasez de alimentos y medicinas.
El panorama es claro: el chavismo representa un gobierno débil, sin fuerza electoral y con una seria amenaza de un desbordamiento social, pero con un férreo control institucional. En cambio, la oposición es electoralmente fuerte pero dispersa políticamente y sin capacidad relativa de capitalizar definitivamente el creciente descontento de los venezolanos.
El resultado de esta equación es un país que no posee mecanismos políticos ni institucionales ni electorales para dirimir sus conflictos; y por lo tanto, tampoco tiene capacidad para abordar y resolver los problemas estructurales que enfrenta tanto en el plano económico como social.
De ahí que la preocupación internacional por la crisis venezolana sea genuina. Sería estúpido pensar de otra forma.
El colapso económico, y por estas mismas razones, las altas probabilidades de un derrumbe definitivo en el sector petrolero, tendrían serias consecuencias, no sólo para el futuro del país, sino para la seguridad hemisférica en general.
La crisis en la frontera con Colombia, como consecuencia de las distorsiones cambiarias y los controles de precio, es socialmente cada vez más aguda. Pronto, el flujo migratorio venezolano, el desplazamiento del comercio, el continuo declive de las remesas y la capacidad de absorber a los mismos inmigrantes colombianos que se quieran regresar a su país de origen, va a implicar tensiones crecientes que el gobierno neogranadino va a tener dificultades para atender y que pudiesen comprometer parcialmente muchos de los avances que han logrado.
Centroamérica y el Caribe es otra fuente de preocupación. La dependencia energética de estos países y su gran vulnerabilidad frente a un cambio en los niveles de subsidio y provisión petrolera; plantea una profundización de la crisis tanto fiscal como externa, que muchas de estas pequeñas islas y naciones están padeciendo. Si bien Petrocaribe ha sido un mecanismo petrolero de cooptación diplomática por parte del gobierno venezolano, no es menos cierto que los caribeños y centroamericanos tienen que ver una resolución del caso venezolano como algo estratégico, pues el chavismo por si solo ya no puede proveer tanta filantropía. Esto supone una posición menos servicial y más constructiva por parte de estas pequeñas naciones, que ya ven en los Estados Unidos y México aliados más confiables pero tampoco muy generosos.
Y un colapso social, sin que el país pueda reestablecer el orden político, algo que no es descabellado imaginarse, implica un fenómeno de gran desestabilización, pues la violencia, el crimen organizado y las actividades ilegales del narcotráfico, el secuestro y el lavado de dinero, encontrarían un contexto aún más atractivo para continuar creciendo a tasas aún mayores.
Es obvio: el asunto venezolano tiene ramificaciones insospechadas que son regionalmente relevantes.
Eso no quiere decir que el desenlace se decida en ese espacio internacional.
Los factores domésticos, en especial, las protestas populares, la profundización de la contracción económica, el papel de las Fuerzas Armadas, la amenaza de una disolución arbitraria de la Asamblea Nacional y la presión del referendo revocatorio, seguirán marcando el destino de una coyuntura que está en un punto muerto por no decir irresoluble.
También es sencillo concluir que el último esfuerzo de facilitación internacional, que lideró el ex-presidente Zapatero a través de UNASUR, se tropezó con las mismas limitaciones que han tenido este tipo de iniciativas en el pasado: la imposibilidad de llegar a acuerdos bilaterales entre gobierno y oposición.
Este fracaso muy probablemente obligue a elevar la mediación internacional hacia otras instancias que trasciendan a América Latina, como lo puede ser el Vaticano, para buscar alternativas.
Y muy posiblemente la ONU, quizá con una secretaria general en manos de Argentina, quien sabe, también pueda jugar un papel destacado.
Pero todo eso será más adelante. La primera fase, que es facilitar la construcción de una agenda y un espacio de diálogo y negociación, lo debe cumplir UNASUR. La OEA pareciera haber quedado relegada a la espera de activar la Carta Democrática en caso que la situación se continúe deteriorando. Luis Almagro mostró sus dotes morales pero también su poca pericia política. Si bien la secretaría general de UNASUR, en manos del ex-presidente Ernesto Samper, es una fuente de preocupación para la oposición ante su generosidad discursiva frente al chavismo, también es cierto que Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia y Uruguay son una fuente de control.
Sin embargo, la verdadera disyuntiva para la comunidad internacional es si realmente hay alternativas para resolver el asunto venezolano. ¿Existe algún acuerdo, más allá de lo que cada uno los actores desean individualmente, que sea satisfactorio para ambas partes?
Si somos honestos, semejante opción no es implausible.
Sin embargo, esta posibilidad, aunque remota, requiere de un acto de buena voluntad, un acuerdo político, una reforma constitucional y un acompañamiento internacional para su verificación.
Una opción de esa naturaleza supone un chavismo que abdica definitivamente su pretensión hegemónica, especialmente frente a la Asamblea Nacional, y consecuentemente, abandone el control sobre los poderes públicos para restaurar el Estado de Derecho.
Un acuerdo semejante también supone una oposición dispuesta a convivir con el chavismo como fuerza política y a aplazar sus aspiraciones presidenciales inmediatas por un corto periodo de tiempo.
El acto de buena voluntad sería remover los obstáculos que el gobierno ha colocado a la convocatoria del referendo revocatorio y permitir que la recolección de firmas continúe su camino sin mayores dilaciones.
El acuerdo, en cambio, estaría orientado a dar garantías mutuas para ambas partes y podría tener clausulas como las siguientes:
1. Una reforma constitucional votada tanto por chavistas como opositores para reducir el periodo presidencial de seis a cinco años y prohibir la reelección de la primera magistratura. Esta reforma sería aplicada retroactivamente.
2. Una extensión del periodo de los gobernadores y alcaldes de cuatro a cinco años con una reelección inmediata, también aplicada retroactivamente.
3. Una amnistía concebida en términos muy amplios para chavistas y opositores y que se extienda al estamento militar.
4. Una renovación de todos los poderes públicos de acuerdo a los lineamientos constitucionales establecidos.
5. La implementación de un programa de estabilización económica y protección social con acceso inmediato a financiamiento internacional.
6. El acuerdo debe ser ratificado popularmente y la consulta realizada concomitantemente con el referendo revocatorio en caso que logre ser activado.
7. La comunidad internacional, a través del Vaticano, se encargaría de la verificación del cumplimiento del acuerdo.
Esta negociación lograría otorgar garantías mutuas a todos los grupos relevantes. Aseguraría la alternabilidad electoral tanto a los chavistas como a los opositores y también le permitiría al país una salida pacífica y rápida a la dramática situación económica actual.
Para el chavismo, el acuerdo permite que el efecto del referendo revocatorio no precipite unas elecciones presidenciales, pues, al reducir a cinco años el periodo presidencial, ya se habría pasado el umbral de cuatro años para su convocatoria. El chavismo, a través del Vice-presidente (en caso que la oposición gane el referendo revocatorio), mantendría el control del poder ejecutivo y contaría con poco más de un año para estabilizar la economía en el marco de un acuerdo nacional. El chavismo también lograría posponer las elecciones presidenciales, regionales y locales hasta finales del 2017. El chavismo garantizaría, aún perdiendo las elecciones presidenciales del 2017, que un presidente opositor no pueda optar por la reelección, lo cual aumentaría significativamente sus probabilidades de volver a controlar la presidencia en un futuro próximo.
La oposición también obtiene grandes ganancias a través de este acuerdo. Garantiza que se active el referendo revocatorio. Logra instaurar el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos, así como la libertad de los presos políticos. Le permite adelantar la elección presidencial en más de un año. Y garantiza adicionalmente las condiciones electorales para ganar la Presidencia de la Republica por un periodo de cinco años. Adicionalmente, la prohibición de la reelección para la presidencia, también le permitiría a los distintos lideres de la oposición, frecuentemente enfrentados por ver quien lidera la transición, contar con un mecanismo efectivo que aumente la alternabilidad entre ellos.
Sin embargo, el verdadero ganador sería la sociedad venezolana. El país lograría resolver por mucho tiempo su problema de gobernabilidad y aseguraría de este modo la estabilidad democrática. El acuerdo le daría un nuevo marco institucional a la sociedad venezolana para dirimir sus conflictos políticos, garantizaría el funcionamiento del Estado de Derecho y adicionalmente generaría un acuerdo nacional que permita abordar los enormes desequilibrios económicos con miras a promover el crecimiento y proteger socialmente a los sectores más vulnerables.
Obviamente, una negociación de este tipo, mediado por la comunidad internacional, es un acuerdo histórico pero también uno que quizás sea un sueño.
La realidad es siempre más dura y en el caso venezolano: mucho más rebelde.
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Michael Penfold es Investigador Global del Woodrow Wilson Center, Profesor Titular del IESA en Caracas y Profesor Invitado de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Es Ph.D de la Universidad de Columbia especializado en temas de Economia Politica y Politica Comparada. Fue Director de Politicas Publicas y Competitividad de la CAF Banco de Desarrollo de America Latina. Es Co-autor junto con Javier Corrales de Un Dragon en El Tropico: La Economia Politica de la Revolucion Bolivariana (Brookings Institution) que fue seleccionado por Foreign Affairs como mejor libro del Hemisferior Occidental. Autor también de Dos Tradiciones, Un Conflicto: El Futuro de la Descentralización (Mondadori) Editor del Costo Venezuela: Opciones de Politica para Mejorar la Competitividad y Las Empresas Venezolanas: Estrategias en Tiempo de Turbulencia.
Al Límite // ¿Se deshace el Estado?; por Luis García Mora
Por Luis García Mora | 19 de junio, 2016
Fotografía de Prensa Presidencial
Lo que acaba de ocurrir en Cumaná esta semana, el “Cumanazo”, no es la malhadada réplica del “Caracazo”, pues es falso que el pasado regrese. Es algo mucho más actual. Diferente. Sus imágenes son las de una tomografía axial del país. O las de la resonancia magnética que retrata su grave enfermedad terminal. Una enfermedad que para nada pareciera afectar a quienes están conduciendo a Venezuela por los momentos. Por encima de tantos devaneos y maquillajes democráticos, ni Chávez ni Maduro aceptaron jamás el espacio de convivencia pacífica y civil que llaman “juego democrático”. Al contrario, siempre se manejaron en la fantasía de un comando que capturó el poder y secuestró sus instituciones.
Por lo que no está democráticamente dispuesto a soltarlas. Son su botín. Y los disturbios, los saqueos, los negocios arrasados son evidencia del giro que ha tomado la protesta popular por la desaparición de la comida. De las medicinas. De los hospitales. De las escuelas. De la seguridad. De la paz y la vida normal. La democracia no tiene absolutamente nada que ver con su modelo de convivencia.
En un 94,6 por ciento los venezolanos consideran que la situación del país es mala. Al igual que la gestión de Maduro (74,2 por ciento). Siendo así que al 76.9 por ciento no le merece ninguna confianza y considera (73.4 por ciento) que debe ser removido ya, revocado (63,2 por ciento) sin terminar el mandato (74 por ciento).
Por lo que inexorablemente la fotografía actual del revocatorio y la protesta popular avizora la inminente sobredimensión del conflicto, mientras Maduro cierra las salidas políticas y redirecciona el conflicto a la calle, amparado en la represión y presionando la radicalización violenta del régimen. Una violencia de Estado que, como una serpiente que se muerde la cola, se retroalimenta de la ausencia de acción gubernamental, amenazando mucho más la salida pacífica.
¿QUÉ VIENE?
A medida que las protestas derivan en actos vandálicos, Maduro arrecia sus acusaciones contra la oposición culpándola de cualquier cosa: de alentar el caos para desestabilizarlo, y de crear las condiciones para una intervención extranjera.
Eso pareciera ser lo que en su mente de fiera herida e impopular imagina como ruta de escape. Aunque los hechos apunten al incremento de la mediación extranjera –ya activada en UNASUR y la OEA, con el beneplácito de los Estados Unidos y Europa, y hasta el Vaticano–, la cual estaría llamada a involucrarse más en nuestra situación, pues amenaza con desbordarse hemisféricamente (desplome definitivo del sector petrolero, crisis de fronteras, hambruna, refugiados), y no para buscar una tregua, sino para desarmar el conflicto y asegurar la convivencia. ¿La supervivencia?
Por lo que todos los factores de la ecuación se acumulan y potencian, junto al peligro de colapso social y económico en marcha. Sin que podamos reestablecer el orden político, pues el institucional y constitucional lucen rotos.
Junto al hecho de que el país ve desaparecer los mecanismos constitucionales y político-electorales para dirimir el conflicto. El CNE demora y pone trabas y el Tribunal Supremo no luce en capacidad de arbitrar. Del mismo modo, corre la ruptura radical del electorado, del pueblo, con la idea de una “revolución bolivariana”, al evidenciarse que no hay gestión ni capacidad para resolver problema alguno. Y esto está siendo difícil de digerir por el sector más radical del chavismo, pues hay otro más sensato y estratégico que, estrangulado por la cúpula, lee con claridad un desastre donde no encuentra en su liderazgo un gramo de ética, de moral.
NO EXISTE MORAL REVOLUCIONARIA
Se deshace el control del Estado.
Con un presidente al que sólo se le ocurre, gritar desbordado: ¡Todo el poder a los CLAP! (Comités locales de abastecimiento y producción), en bufo remedo del ya manido y pátético: “¡Todo el poder a los soviets!”.
Lo que significa que solo les queda acudir al expediente de redistribuir –y por la fuerza– la miseria.
Negocios arrasados. Calles militarizadas. Centenares de detenidos. Heridos. Y el líder hablando no de soluciones, de acciones concretas, de estratégicas programáticas, sino de algo tan pueril como “violencia bachaqueril”.
Por lo que habría que procesar a Capriles por instigar la violencia y cerrar la Asamblea. Absurdo. Ocurriría en momentos en que los saqueos y las protestas antigubernamentales se incrementan, y las fuerzas de seguridad lucen dispuestas a usar sus armas de fuego para controlar a los manifestantes.
El gobierno luce nariceado por el monstruo que él mismo engendró. La ingobernabilidad. La violencia.
En razón del “Cumanazo”, el ministro general Padrino López, el martes, frente a la dramática situación, hubo de dirigirse internamente a la FAB, advirtiendo que estamos obligados a “mantener en pie a nuestra Patria libre de violencia política, criminal y social. Y ¡Lo podemos hacer!” ¡Nadie con más poder que la FANB!, dijo.
Es más, Padrino añadió: “Estamos transitando un hilo divisorio entre la anarquía y la gobernabilidad”. Y según un periodista usualmente muy bien informado, es muy probable que a partir del 24 de este mes tan decisivo, se tenga un Alto Mando en el Ejército de “chavistas químicamente puros y radical hasta los tuétanos”.
ENTONCES, ¿SE PASA LA PALANCA?
Las FAN son determinantes, aquí y ahora. La gran pregunta que se hacía la revista Semana de Bogotá en estos días era si ante el descontento generalizado, “los miembros de las FAN estarían dispuestos a usar sus fusiles para proteger a un gobierno que a estas alturas sólo busca perpetuarse para no afrontar sus deudas con la Justicia”.
La interrogante late dentro y fuera del país, ante el reclamo social generalizado: se han producido m{as de 1500 protestas en el primer trimestre de 2016. Rige la emergencia económica y un estado de excepción desde el 13 de mayo. Se multiplican la carestía y la escasez de alimentos (87 por ciento), la hiperinflación y los cortes de luz.
Y el Gobierno sigue sin asumir la responsabilidad echándole la culpa al sector privado y al adversario político.
Con un gravísimo (como lo advertía Padrino López con razón) problema de gobernabilidad. Y un hilo divisorio muy fino.
En Argentina, por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” que gobernó desde comienzos de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, se pasó la palanca.
Con un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzosa de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado.
Se la denominó también “Guerra Sucia”, en alusión al carácter informal del enfrentamiento entre el poder militar –desligado de la autoridad civil– contra la población civil. Hoy se recuerda el uso sistemático de la violencia contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático de las Fuerzas Armadas, que determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales, y propició la utilización de tácticas y procedimientos bélicos irregulares contra la población.
El poder adquirió formas ominosas. Difíciles de entender. ¿Qué cómo fue posible? Nunca se sabe.
Lo que sí se sabe décadas después de la dictadura, es que con 370 jefes y oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, los militares permanecen en sus cuarteles.
Con una situación como la actual, ojalá que esto no se convierta en Argentina.
EL ESTRECHÓN DE MANOS
Entre Delsy Rodríguez y John Kerry constituyó un giro radical pues se produjo horas después de que Maduro dijera que Estados Unidos pretendía una intervención militar en nuestro país.
Pero se dieron la mano, lo vimos, aunque los rostros de ambos eran un poema, enigmático si se quiere, tras el recuerdo de hace un año en Haití cuando la misma Delsy junto con Cabello se tomaron aquella otra foto con Thomas Shannon (que ahora viaja a Caracas), tras las sanciones (congelamiento de activos y suspensión de visas) a funcionarios chavistas acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
Es más, Kerry ha sorprendido en Dominicana al decir luego que “EE. UU. no presionará para suspender a Venezuela de la OEA”. Y pide a UNASUR “perseverar” en el diálogo de los expresidentes, como “vía prioritaria”. ¿Hay otras?
Muchos analistas destacaban esta semana que ahora, al entrar en el diálogo con los Estados Unidos, la presión para Maduro no sólo es interna con los saqueos y la protesta contra la escasez. Ahora viene también desde afuera. Por lo que debe decidir.
Mientras tanto, por aquí Michel Penfold presentó su plan para resolver el conflicto político venezolano que gira en torno al absurdo antidemocrático implantado por Chávez, desde 1998, de no levantarle el teléfono a nadie, y decretar a partir del 11 de Abril su lucha a lo Mao, con un esquema más bien nazi, a lo Carl Smith, de eliminar la relación de convivencia democrática con el adversario político, y convertirla en una de amigos y enemigos.
De exterminio total sin treguas ni negociaciones, ni acuerdos ni diálogo. Hasta que un ejército (no un partido) acabe totalmente con el otro. Con un escenario de guerra de PlayStation en el que quien gana lo hace sobre el exterminio del otro.
Algo que de política únicamente tenía el nombre. Y lo demás era, es cuartel. Y tropas y soldados y misiles y…
A lo que el “Plan Penfold” se enfrenta, y que a grandes rasgos busca, es que el chavismo 1) desista de la irreversibilidad hegemónica de su proyecto, 2) respete la Asamblea electa democráticamente por el pueblo y 3) abandone el control del resto de los poderes públicos para restaurar el Estado de Derecho.
Mediante 7 pasos de una lógica política kantiana que están en su artículo y usted lo puede encontrar en esta misma página. Y para lo que se requeriría con asistencia internacional, un acto de buena voluntad, un acuerdo político, una reforma constitucional y finalmente un acompañamiento internacional muy poderoso para su verificación.
No para buscar una tregua: para asegurar la convivencia. Un sueño, como admite Michael.
Aunque en el apretón de manos de Kerry y Rodríguez parece gravitar como la hoja de ruta que todos compartimos. Y que de repente, sobre el espectro de esta conflagración total que se plantea Maduro, alguien, (como los magistrados y el alto mando militar) hasta podría aceptar.
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