Ante la
emergencia universitaria decretada por la Fapuv, el Comité Ejecutivo de
la Apula propone una serie de acciones de protesta que incluyen asambleas
en cada seccional ULA y movilizaciones de calle a fin de reactivar el conflicto
universitario del año 2015 si el Gobierno nacional persiste, desconociendo el
diálogo, en incumplir los acuerdos con la federación.
El
presidente de la Apula, Virgilio Castillo expresó en rueda de prensa que en noviembre del año 2015, la Fapuv acordó el regreso a las aulas de
clase siempre y cuando se cumpliera con las condiciones y acuerdos establecidos
con las autoridades universitarias representadas por la Asociación Venezolana
de Rectores (AVERU) y el Gobierno nacional, representado por el entonces
Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ing. Manuel
Fernández.
“Este acuerdo fue posible gracias a
la importancia que FAPUV le da al diálogo como mecanismo
indispensable para el impulso de las políticas públicas y para la solución de
los conflictos”, resaltó el dirigente gremial.
Pero hoy –añadió- la situación de
conflicto universitario tiende a agravarse, debido al incumplimiento de esos
acuerdos por parte del gobierno nacional.
En este sentido la FAPUV en su
reunión ordinaria de Junta Directiva de 29 y 30 de marzo pasado, acordó
declarar la emergencia universitaria y el impulso de un plan de acción.
Algunos referentes para la valoración
de la emergencia universitaria son, detalló Castillo:
- Recursos insuficientes para
salvaguardar el derecho a la salud de todo el personal
- Depreciación continua y acelerada
de los sueldos.
- Situación deficitaria del
“Presupuesto Académico” con merma en las asignaciones para investigación,
extensión y docencia.
- Partidas casi inexistentes para
cambios de dedicación, ascensos y reposición de cargos.
- Entrega tardía de las asignaciones
para salud, salarios, providencias estudiantiles y gastos de funcionamiento.
- Desequilibrio y déficit de la
capacidad instalada en relación con el número de estudiantes que ingresan.
- Precaria disponibilidad para cubrir
las becas de estudio, el servicio de comedor y de transporte estudiantil.
- Exclusión en el presupuesto de
compromisos financieros de las actas convenio.
- Desmantelamiento de las
universidades por la acción impune del hampa.
De allí expuso el catedrático de la
Facultad de Medicina ULA, que la universidad venezolana funciona gracias
a los grandes sacrificios por parte de los universitarios y aparenta una
normalidad institucional inexistente.
“El derecho a la gratuidad de la
enseñanza comienza a vulnerarse pues se pretende descargar sobre los
estudiantes la dotación de los insumos necesarios para su formación, colocando
a los alumnos de menos recursos en condición de minusvalía”, añadió.
A esto se suma –continuó- la
dramática situación de escalada de los precios, carestía, empobrecimiento y
crisis humanitaria de salud que vive la nación.
“Hoy, la realidad nos da la razón
sobre la tabla salarial que propusimos y defendimos, pues teníamos consciencia
del fenómeno hiperinflacionario que se nos avecinaba. Nuestra postura, al no
firmar la IICCU, no era política era en defensa de la calidad de vida de todos
los universitarios. FAPUV se quedó sola en esa lucha, porque factores
políticos prevalecieron sobre los gremiales. Es obligación de los universitarios levantar
su voz de protesta”.
Por lo tanto,
prosiguió Castillo señalando el llamado a
la acción a sus agremiados y a los demás gremios universitarios,
por lo que acuerda:
1. Pronunciamiento de la Federación sobre la situación actual declarando la
“Emergencia Universitaria”.
2. Asamblea general de profesores de todas las universidades, el mismo día
y a la misma hora, lapso durante el cual quedarán suspendidas las actividades.
3. - Realizar una Reunión Extraordinaria del Consejo Superior de la
Federación, para discutir la “Situación Nacional de las Universidades en el
contexto político-social que vive el país”.
4. - Presentación
de un Acta Compromiso con la AVERU para la defensa conjunta de la universidad y
los derechos laborales consagrados en los diversos instrumentos contractuales.
5. - Promover un gran encuentro nacional de todas las organizaciones
gremiales, sindicales y civiles para elaborar un plan de lucha en defensa de la
vida.
6. - Apoyar la desincorporación de los Profesores de sus actividades de clase
si no reciben el pago de su salario en el momento previsto.
7. - Que cada Asociación de Profesores acuerde con sus respectivas
autoridades universitarias, un horario de contingencia en función de las
condiciones de cada Universidad.
8. - Si en un
plazo perentorio no hay respuesta práctica por parte del gobierno nacional,
anunciaremos e impulsaremos nuevas medidas de radicalización del conflicto.
“Aprovecho esta oportunidad, que me
brindan los medios de comunicación, para recordar al nuevo Ministro del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza
Monserrat, el Artículo 51 de la CRBV: “Toda
persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier
autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre asuntos que sean de
la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta”.
“Sr. Ministro, desde el
mes de enero, cuando Usted fue designado, hemos enviado 3 comunicaciones a su
Despacho solicitando Audiencia y dos al CNU solicitando
derecho de palabra, y aún no nos han dado respuesta”.
Relató Castillo que el día 10 de
marzo de 2016, la Federación introdujo en la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), una Acción de Nulidad por
inconstitucionalidad de normas, contra el Artículo 31 del Decreto Ley del ISLR,
aprobado por el Presidente Maduro, vía Habilitante, en el año 2014, conjuntamente
con Amparo Constitucional como protección a los Derechos Colectivos e Intereses
Difusos de los Profesores Universitarios, en el entendido que el patrimonio
familiar de los profesores ha sido afectado con el cobro indebido del ISLR.
“Nuestra intención fue,
que el máximo órgano de administración de justicia proveyera todo lo conducente
a la obtención con prontitud de la decisión judicial que restableciera de
manera inmediata la situación jurídica infringida y restituyera el goce y el
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales conculcados con
fundamento en los Artículos 26 y 27 de la CRBV que contempla el amparo de los
derechos de incidencia colectiva”.
Finalmente expuso que pareciera que
el TSJ sólo da celeridad a la materia en contra de la Asamblea
Nacional (AN), pero no atiende las solicitudes de defensa de los derechos de
los trabajadores. “Pasó Semana Santa y se venció el tiempo para la declaración
y pago del ISLR, y hoy 07 de abril, aún no han dado
curso al Recurso de Amparo que se introdujo el 10 de marzo”, concluyó Castillo.
(Prensa
Apula O.M. CNP: 18.195 Foto: Leo León).
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