El oficialismo
dominará el foro legislativo hasta el 5 de enero
Aunque el período ordinario de sesiones
culminó el miércoles 16 de diciembre, los 165 diputados de la Asamblea Nacional
de Venezuela han recibido una convocatoria, firmada por su presidente y número
dos del régimen, Diosdado
Cabello, para nombrar en cuatro sesiones extraordinarias, que se
celebrarán entre martes y miércoles, a 12 nuevos magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia con períodos vencidos.
El chavismo, que dominará el foro
legislativo hasta el 5 de enero, cuando se instale una nueva terna que
controlará la oposición por mayoría absoluta, está decidido a limitar el margen
de maniobra de sus adversarios y conservar el control de los restantes poderespúblicos,
aprovechando hasta el último minuto de la legislatura saliente y tratando de
cubrir con disimulo los extremos legales. Aunque la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia establece que los nuevos togados del Supremo, compuesto por
seis salas y 32 magistrados, deberán ser nombrados por las dos terceras partes
de la Cámara, que el Gobierno y sus aliados no tienen, la imposibilidad de un
acuerdo entre las partes, enfrentadas desde hace 17 años, deja servida la mesa
para el escenario más probable.
Después de tres sesiones, la ley faculta al Parlamento para
escoger a los magistrados con tres quintos de los asambleístas en la cuarta
sesión. El oficialismo posee los 99 diputados necesarios para cumplir con el
requisito. Esa última sesión será con toda seguridad el miércoles en la tarde
venezolana, dos días antes de Navidad.
La oposición, que ha denunciado la
ilegalidad del procedimiento, parece más bien concentrada en la agenda que
tratará de imponer a partir del año entrante.
Al mismo tiempo, la Mesa de la Unidad (MUD), la coalición ganadora, ha prometido
legislar para sacar de la cárcel a todos los presos políticos, un anuncio que
ha encontrado tenaz resistencia entre el bolivarianismo.
Pero en las últimas horas un grupo de
exmagistrados y abogados vinculados a la oposición han intentado impugnar a los
382 candidatos a ocupar uno de los 12 cargos vacantes, pues sospechan que son
abogados identificados con el régimen y no cumplen con los requisitos
establecidos, y a los integrantes del Comité de Postulaciones que los avala. En
una conversación con El PAÍS, el abogado René Molina, exinspector de
tribunales, ha revelado que el diputado chavista Elvis Amoroso, presidente de
la instancia, es uno de los candidatos a togado y su hijo es parte de ese
comité como secretario. “Es decir, están convertidos en juez y parte”, afirma.
Nombramientos nulos
El grupo de abogados, entre los que están
los exmagistrados Jorge Rosell y Pedro Rondón Haaz, afirma que no se podría
nombrar el 23 de diciembre a los nuevos integrantes del Supremo porque el lapso
de impugnaciones vence en la víspera de Navidad y porque aún no se han resuelto
las refutaciones intentadas. “Estamos creando las condiciones para que estos
nombramientos sean considerados nulos por la próxima plenaria”, asegura Molina.
El Gobierno ha aceptado la dura derrota
recibida, pero no sus consecuencias. El llamado a sesiones fuera del período
ordinario se suma también al intento de intentar no reconocer los resultados
producidos en algunas circunscripciones electorales.
Se teme también que los grupos de choque
del régimen impidan la sesión inaugural de los nuevos diputados. Hasta ahora ha
habido llamados del gobernador del Estado de Aragua (centro-norte), Tareck El
Aissami, para sabotear el acto. Anticipándose, la exdiputada María Corina
Machado ha publicado un anuncio en prensa nacional en el que exige a la Fuerza
Armada Nacional que custodie el perímetro del hemiciclo de sesiones y resguarde
a los parlamentarios opositores. El conflicto político venezolano amenaza con
no respetar la tradicional pausa de fin de año.
Liberados tres trabajadores
de Pepsi
Los tres
trabajadores de PepsiCo en Venezuela que habían desobedecido un dictamen de la
inspectoría del trabajo de reanudación de la faena han sido liberados sin
cargos, afirma Empresas Polar, que embotella el refresco en el país.
Según la compañía,
las líneas de producción en la planta Caucagua, ubicada en el Estado de
Miranda, se paralizaron porque no cuentan con los permisos para obtener divisas
que permitan importar materias primas. “No hay repuestos ni laminado Tetra Pak
para producir en cuatro de las 18 líneas”.
Polar, la principal
productora de alimentos del país, tiene como accionista mayoritario el
empresario Lorenzo Mendoza, acusado por Nicolás Maduro de liderar una “guerra
económica” contra su Gobierno produciendo por debajo de su capacidad.
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