Las fotos son contundentes. La ministra para Servicios
Penitenciarios de Nicolás Maduro,
Iris Varela, fue retratada junto a un grupo de hombres armados el domingo
24 de febrero de este año. Con seis fotos se registró su presencia en el puente
Francisco de Paula de Santander, que comunica el estado Táchira (Venezuela)
con el departamento del Norte de Santander (Colombia).
Varela y su escuadrón armado estaban
en un escenario convulsionado: un día después del ataque al camión de ayuda
humanitaria que la Asamblea Nacional traía
hacía Venezuela.
Un AR 15 resalta a la vista, un fusil de largo alcance
capaz de disparar 100 balas en un minuto.
Tres hombres vestidos de civiles -sin identificación de cuerpo
de seguridad del Estado- llevan cada uno una de estas armas de guerra. La
postura del trío es de quién está dispuesto a accionar el armamento. Además
llevan ajustados chalecos antibalas y
un radio portátil de comunicación.
Foto: EFE
Otro de los acompañantes de la ministra Varela es un hombre que
empuña una Beretta 92 Fs. No lleva ninguna
otra indumentaria bélica o de protección. Tampoco ningún documento
visible que lo identifique con un cuerpo de seguridad del Estado.
Foto: EFE
Las gráficas son la evidencia a priori de tres
violaciones a las leyes venezolanas, de acuerdo a especialistas
consultados por Efecto Cocuyo.
1.- Competencia usurpada
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, explicó
que Iris Varela no tiene competencia en materia de orden
público ni en defensa de
la nación.
Estos serían los dos escenarios que podría argumentar el
gobierno de Nicolás Maduro para mandar sus
fuerzas de seguridad al puente fronterizo.
En Venezuela, los organismos de seguridad ciudadana son los que
tienen la competencia de controlar el orden público. Así lo determina la Ley
Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Policía
Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), policías estadales y municipales sí tienen funciones en esta
área preventiva.
Al rededor de Varela había funcionarios de la GNB.
Ellos, sin embargo, no portaban armas de fuego. Solo escudos antimotines. Al
menos, lo que se ve en las fotos de la agencia de noticias EFE.
Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el
órgano al que le compete la custodia de la nación. Varela es abogada y ministra
para los Servicios Penitenciarios, pero no pertenece a la Fanb.
2.- Un arma bélica, no
preventiva
Debido a su acción de fuego, el AR15 no se considera una
herramienta para el control del orden público. La Ley
Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional solo
permite en estos casos el uso de armas no letales.
Un exfuncionario de la Fanb explicó a Efecto
Cocuyo que el AR15 es un fusil semiautomático. Su uso era popular
antes del 2002 en los cuerpos de seguridad preventivos. Detalló que eran parte
del arsenal de los grupos tácticos y solo eran usados para operaciones
represivas, contra la delincuencia organizada.
Después de esta fecha, los grupos tácticos de las policías
civiles fueron eliminadas. Solo quedó la Brigada de Acciones Especiales (BAE)
del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Sin embargo, este fusil nunca fue un armamento oficial de la Fanb.
3.- Sin identificación
La Ley para el Control de Armas, Municiones y Explosivos indica
que los funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado están autorizados para
el uso de armas. Esto tiene sus condiciones: “Un funcionario, militar o
policial, debe estar identificado como miembro de un ente de seguridad al
momento de accionarla. Sobre todo en un contexto violento como el que se
presentaba en la frontera el 23 y 24 de febrero”, expuso Rocío San Miguel.
La especialista explicó que en estos escenarios se debe entender
a quién se subordina el funcionario armado. Esto permite establecer
responsabilidades en caso de haber violaciones de derechos
humanos.
Para ella, las fotos demuestran la aquiescencia del gobierno a
los grupos de civiles armados.
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