En vastas áreas
del sur de Venezuela, guerrillas colombianas, sindicatos criminales y fuerzas
de seguridad venezolanas compiten por el control de las minas de oro, las
cuales proveen fondos al acorralado gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las
fuerzas extranjeras deberían dejar de considerar la intervención militar y, en
su lugar, ayudar a negociar una transición pacífica en Venezuela, de lo
contrario el desenlace puede ser caótico.
¿Qué está pasando? Los sindicatos criminales de Venezuela y los
grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de
Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales
de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos
meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela.
¿Por qué sucedió? La crisis económica actual ha llevado a muchos
venezolanos empobrecidos a trabajar en el sector de la minería ilegal. Actores
armados estatales y no estatales, dentro de los cuales resaltan las guerrillas
colombianas, también se han expandido en esta región rica en recursos. El
rápido declive en la producción de petróleo ha convertido la minería de oro en
una fuente vital de ingresos.
¿Por qué es importante? La presencia de crimen organizado y
grupos guerrilleros perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y
dispara las tasas de homicidio. Su expansión y operaciones transfronterizas,
especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región en
un momento de extrema incertidumbre en Venezuela.
¿Qué debe hacerse? Proveer ayuda humanitaria para las poblaciones
afectadas, preservar las comunicaciones entre fuerzas armadas vecinas y
reanudar los diálogos de paz con los insurgentes en Colombia son medidas
primordiales a seguir. Las sanciones anunciadas sobre las exportaciones de oro
son contraproducentes y se deben descartar a favor de una debida diligencia más
sólida en el comercio de minerales.
Resumen ejecutivo
Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a
cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones
tropicales al sur están expuestas a graves riesgos de intensificación del
conflicto. Ricos en oro y metales raros, los estados de Bolívar y Amazonas han
llamado la atención de los funcionarios presionados por contrarrestar los cada vez
menores ingresos del petróleo y el colapso económico general. Al mismo tiempo,
grupos criminales violentos vienen ejerciendo control sobre las comunidades
mineras, a menudo en complicidad con las autoridades. En los últimos tiempos,
las guerrillas y los desmovilizados colombianos han cruzado el río Orinoco para
apoderarse de su parte de la industria minera principalmente ilegal. Las
riquezas y la proliferación de insurgentes en el sur complican las perspectivas
de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia militar a un
cambio político y avivarse los riesgos de violencia transfronteriza y de una
guerra de baja intensidad. La atención humanitaria para poblaciones en el sur,
la comunicación regular entre fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados
por hacer la paz con las guerrillas y la limpieza del comercio de oro
resultarán ser vitales para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos
vulnerables.
Las comunidades locales, indígenas en su gran mayoría, en medio de la
proliferante minería ilegal y de la expansión de grupos criminales o
insurgentes enfrentan ahora las mayores dificultades. Expuestos al terror que
generan los grupos armados que buscan imponer la obediencia, con tasas de
homicidio que alcanzan picos extraordinarios en algunos pueblos mineros, estos
residentes también se enfrentan a los efectos en su salud y en el ambiente de
los derrames de mercurio y de una epidemia de malaria. El aislamiento extremo,
un estado opresivo y la presencia de las fuerzas de seguridad silencian a
muchas de estas comunidades. Estas tensiones se incrementaron el 23 de febrero,
cuando las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a tres
manifestantes y obligaron a un alcalde indígena a exiliarse durante un intento
de traer ayuda humanitaria de Brasil.
Venezuela está sumergida en una crisis más profunda desde el 23 de enero
cuando, a raíz de las elecciones presidenciales que la mayoría consideró
injustas, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó reclamó el cargo de
presidente interino. Los Estados Unidos, Canadá y varios Estados de América
Latina y Europa respaldaron la medida, pero es improbable que el actual
presidente Nicolás Maduro renuncie fácilmente al poder. En este clima ya tenso,
los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían
socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la
minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas
armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y
le da al gobierno un salvavidas económico.
Los grupos armados que explotan el aislado terreno y la presencia
limitada del gobierno en las regiones del sur plantean otros riesgos de
violencia. Los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército
de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras
podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela. Dada
la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, Bogotá bien
podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe
ordenado por Caracas.
El reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos
disturbios en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e
internacional hacia Venezuela.
Una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a
Maduro por solicitud de Guaidó podría suscitar el apoyo de estos grupos
insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos,
perpetuar un conflicto de baja intensidad. Al mismo tiempo, las lealtades en el
sur de Venezuela son volátiles e impredecibles. Testimonios de testigos
presenciales sugieren una confabulación entre grupos armados no estatales que
realizan actividades criminales de protección alrededor de las minas y
oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela y el comando militar regional.
Exoficiales militares y de inteligencia afirman que la complicidad con estas
operaciones alcanza los altos rangos del gobierno y las fuerzas armadas,
quienes coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero. Pero las
rivalidades entre facciones infestan todas estas relaciones ilícitas. En
noviembre pasado, el ELN y la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento que
terminó con la muerte de cuatro guardias. Enfrentamientos entre el ELN y los
grupos criminales venezolanos, conocidos como sindicatos, también son comunes y
han hecho que ambos grupos se muevan más cerca de las zonas mineras en la
frontera guyanesa.
El reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios
en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional hacia
Venezuela, en especial en el caso de un cambio en la administración en Caracas.
Las fuerzas armadas colombianas y venezolanas posicionadas en la frontera deben
reconocer los graves riesgos que representan los movimientos insurgentes
transfronterizos para la paz de la región y preservar canales de comunicación
para aclarar incidentes sospechosos y evitar que escalen los enfrentamientos
que involucran a grupos armados no estatales. A pesar de que los diálogos de
paz entre el gobierno colombiano y el ELN llegaron a su fin tras el ataque con
carro bomba a una escuela de cadetes en Bogotá en enero que causó la muerte a
22 personas, Colombia debe estar lista para renovar las negociaciones si surgen
señales de que la guerrilla está dispuesta a embarcarse en diálogos serios.
Los poderes externos y la oposición venezolana también deben frenar los
llamados a una intervención militar extranjera en Venezuela, que solo sirven
para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros y a
proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro. Las autoridades
colombianas deben descartar por completo la posibilidad de una incursión
militar en Venezuela para atacar al ELN dado que expondría a los civiles a
niveles de violencia aún mayores.
Por otra parte, el sur tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria,
al igual que un programa significativo de asistencia médica con el objetivo de
contener la epidemia de malaria. La industria de la minería de oro, que se
encuentra en el núcleo de los riesgos ambientales y de salud de la región, así
como la proliferación de grupos armados, también amerita una respuesta
internacional concertada. Las sanciones a las exportaciones de oro, como fueron
propuestas el año pasado por Estados Unidos, darían como resultado más probable
un aumento del control de los traficantes sobre el comercio. Alejar el oro de
los circuitos de criminales y de los funcionarios corruptos requerirá en cambio
una transformación gradual de los enclaves mineros del sur de Venezuela, con
base en la aplicación de las directrices de debida diligencia internacional en
el comercio de oro y coltán por parte de los Estados miembros de la OCDE.
La disputa por la presidencia de Venezuela ha aumentado los temores de
que el país pueda sucumbir ante una desintegración caótica y violenta. Siendo
las regiones del sur los lugares más vulnerables ante este destino, lo que
sucede en Bolívar y Amazonas constituye una prueba de fuego para determinar si
este país con su profunda polarización puede salir de su crisis en paz.
Bogotá/Caracas/Bruselas, 28 de febrero de 2019
VER VIDEO AQUÍ:
Ivan Briscoe, Director del Programa para Latinoamérica y el Caribe de
Crisis Group, y Bram Ebus, Experto en la Región de los Andes, reflexionan sobre
los posibles riesgos de la minería ilegal del oro en el sur de
Venezuela. CRISISGROUP
I.Introducción
La lucha actual por la presidencia, las contundentes dificultades
económicas y la huida de millones de migrantes y refugiados atraen gran parte
de la atención internacional hacia Venezuela. Por el contrario, los
acontecimientos en las regiones remotas y con escasa población al sur del país,
que limitan con el río Orinoco, la sabana brasileña y la frontera selvática con
Guyana, tienden a pasar desapercibidos. Pero la violencia criminal, represión
estatal, escasez extrema y el contrabando en las regiones mineras del sur
representan problemas cruciales de seguridad y una grave amenaza para la
estabilidad regional.
La raíz del dilema del sur es una crisis económica nacional. La producción
de petróleo de Venezuela se ha reducido a la mitad desde 2014, lo que ha
llevado al Estado a explotar otras fuentes de ingresos. El 26 de febrero
de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó un nuevo marco legal para la
minería, incluida la creación del “Arco Minero del Orinoco”, descrito como un
“plan estratégico complejo y ambicioso para atraer inversiones”.Adicionalmente,
anunció $5,5 mil millones en inversiones mineras en 2016. Dos años
después, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Maduro afirmó que
Venezuela tiene las mayores reservas de oro en potencia del mundo. El país
también cuenta con abundantes depósitos del metal valioso coltán, diamantes e
incluso uranio.
Pero el estado venezolano y los inversionistas extranjeros no son los
únicos que impulsan la fiebre minera. Las redes delictivas organizadas y los
grupos armados ilegales han tomado el control de diferentes partes de la
región, donde exigen obediencia a aproximadamente 300 000 mineros en la mayoría
de los pueblos mineros. Es importante destacar que no todos estos grupos
son venezolanos, sino que cada vez más cuentan con guerrilleros y disidentes
colombianos que están ampliando su presencia a lo largo de una frontera con
poca vigilancia, a raíz de sus tambaleantes procesos de paz. Sus
actividades tendrán un impacto significativo en la paz y la seguridad de la
región; uno de estos grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), detonó un carro bomba en el estacionamiento de una escuela de cadetes en
Bogotá el 17 de enero de 2019, que dejó un saldo de 22 personas muertas y
docenas de heridos. En respuesta, el presidente colombiano Iván Duque terminó
las ya suspendidas conversaciones de paz con el ELN, lo que abre el camino
para una nueva ofensiva contrainsurgente contra un grupo que se extiende por la
frontera con Venezuela y goza del apoyo y la protección de sectores del
gobierno venezolano.
Y a medida que se expande la bonanza de la minería ilegal, las
regiones fronterizas están cada vez más expuestas a la violencia y los disturbios
del sur de Venezuela.
Por otra parte, la masacre de octubre de 2018 de dieciséis mineros cerca
de la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, ilustró
con crudeza la intensidad de la violencia que involucra a grupos armados
alrededor de las zonas mineras. Pero este no fue el único asesinato masivo
de la región. Los informes de los medios de comunicación indican que se han
producido doce masacres en el estado Bolívar desde 2016, que han dejado 107
muertos. Con seguridad, la cifra real será mucho más alta; muchos
asesinatos no se denuncian porque ocurren en lugares remotos, a menudo
habitados por indígenas, con infraestructura limitada de transporte o
comunicación. Las comunidades victimizadas temen hablar con terceros, incluso
cuando sus familiares desaparecen.
Más de dos años después del decreto del Arco Minero de Maduro, los
grandes inversionistas y las empresas mineras prometidas se han mantenido al
margen. La propagación de actores violentos en la región y los estragos de las
operaciones mineras ilegales fuera de control están perjudicando los
territorios indígenas y sus frágiles ecosistemas. Grupos indígenas, a veces
armados, han luchado contra las incursiones de operaciones mineras. Los grupos
no estatales y las fuerzas estatales se enfrentan con mayor frecuencia. Y a
medida que se expande la bonanza de la minería ilegal, las regiones fronterizas
de Guyana, Brasil y, en especial, Colombia están cada vez más expuestas a la
violencia y los disturbios del sur de Venezuela. En un contexto de tensiones
intensas y relaciones diplomáticas debilitadas entre Venezuela y sus vecinos,
la agitación en estas zonas fronterizas actualmente se ha convertido en un
posible detonante de conflictos futuros.
La investigación de campo para este informe incluyó más de 100
entrevistas con expertos, líderes comunitarios, oficiales militares, y mineros
y comerciantes de minerales retirados y actuales en las zonas fronterizas entre
Venezuela y Colombia. Un taller de dos días con 15 representantes indígenas de
Venezuela llevado a cabo a finales de 2018 ayudó a identificar los principales
riesgos de conflicto e inestabilidad en las regiones mineras del país.
II.Grupos armados ilegales en el sur de Venezuela
Grupos criminales locales, guerrilla y facciones insurgentes disidentes
de Colombia, y sectores corruptos de las fuerzas de seguridad controlan
extensas áreas al sur del río Orinoco. Debido a la rápida evolución de la
política en Venezuela y los atractivos económicos de la minería, el panorama de
los actores armados se ha transformado en los últimos años. La colaboración
entre los actores estatales y no estatales armados a veces es evidente, pero
por lo general es difícil de detectar.
A. Grupos
criminales y guerrillas colombianas
Las principales organizaciones criminales en el estado Bolívar son los
sindicatos o las pandillas encabezadas por los llamados pranes. Un pran es el
jefe de un grupo criminal que normalmente se dedica al narcotráfico y a las
actividades criminales de extorsión y que a menudo dirige sus operaciones desde
la prisión. Por otra parte, los sindicatos surgieron de los sindicatos de
trabajadores de la construcción en las dos principales ciudades de Bolívar,
Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. De acuerdo con los trabajadores, era común que
los sindicatos de la construcción obtuvieran contratos laborales en la
industria de la construcción a través de la intimidación y la extorsión y ya
operaban como grupos de crimen organizado antes de que la crisis económica
hiciera que la industria se contrajera.
En efecto, los pranes y los sindicatos se han fusionado en un único
fenómeno criminal, a pesar de que siguen estallando los enfrentamientos
violentos entre grupos que compiten entre sí. Los problemas económicos de
Venezuela los han obligado a diversificar su portafolio de actividades
ilícitas, lo que a su vez ha impulsado su expansión y ha agravado las disputas
sobre el control territorial. “En este momento, los pranes no necesitan obtener
sus armas del gobierno porque tienen suficiente oro para comprar su propio
armamento”, dice un representante de una ONG. Presuntamente, en algunas
ocasiones los militares han armado a los sindicatos que operan en alianza con
las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales reciben pagos en oro a cambio,
pero al mismo tiempo estas pandillas criminales se han vuelto más
independientes y más difíciles de controlar a medida que ganan terreno y
amplían su influencia política y económica.
Al occidente de Bolívar, en la frontera con Colombia y Brasil, se
encuentra el estado Amazonas, que a lo largo de la historia ha sido un punto de
entrada a Venezuela para los grupos guerrilleros colombianos de izquierda,
específicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos operaban en el país antes
que el fallecido presidente Hugo Chávez llegara al poder en 1999, pero se han
afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades
ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada
vez más superpuestos. Sin embargo, la tolerancia oficial venezolana hacia los
grupos guerrilleros colombianos precede el auge de la minería en el sur del
país. Una indicación temprana de la indulgencia del Estado se produjo en 2005,
cuando el teniente coronel de la Guardia Nacional, José Humberto Quintero, fue
encarcelado por capturar al líder de las FARC, Ricardo González, el llamado
“ministro de relaciones exteriores” del grupo. Con esta acción, el
gobierno venezolano dio la señal de que los guerrilleros podían operar con
impunidad.
Las FARC, consideradas en su momento como la mayor insurgencia de
Colombia hasta que depusieron sus armas en 2017, encontraron en Venezuela un
refugio seguro para evadir a las fuerzas armadas de Colombia y un nuevo
territorio para expandir el lucrativo negocio del tráfico de drogas y las
actividades mineras ilegales. Al posesionarse Hugo Chávez como presidente
y en especial después de recuperar el poder tras un intento de golpe de Estado
fallido en 2002, permitió que las guerrillas colombianas cruzaran hacia
Venezuela con mayor facilidad. En un discurso dirigido al parlamento que
se transmitió en vivo por televisión en 2008, Chávez insistió en que ni las
FARC ni el ELN eran grupos terroristas, sino “verdaderos ejércitos” y “fuerzas
insurgentes quw tienen un proyecto político”. A pesar del llamado de
Chávez ese mismo año para que las guerrillas se desmovilizaran, las FARC
continuaron utilizando a Venezuela como una retaguardia estratégica, moviendo
combatientes, armas y secuestrando víctimas a través de la frontera.
El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas
mineras de Venezuela.
El ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia con un
estimado de 2 000 combatientes dentro de las fronteras del país, ha estado
cruzando con regularidad hacia Venezuela desde fines de la década de 1960, en
especial desde el departamento de Arauca. Según una investigación
realizada por FundaRedes, una ONG con sede en Venezuela, el ELN controla las estaciones
de radio, influye en el currículo de las escuelas rurales y está estrechamente
vinculado con políticos locales en Venezuela. Según se informa, el ELN
está presente en al menos trece de los 24 estados de Venezuela, mientras que
varios de sus líderes viven en Venezuela. Aunque el grupo participó
nominalmente en un proceso de paz con el gobierno colombiano entre 2017 y enero
de 2019, parece haberse reinventado en Venezuela, absorbiendo nuevos reclutas
dentro del país y modificando su identidad de fuerza guerrillera dedicada
exclusivamente a una campaña de resistencia armada contra las élites
gobernantes de Colombia a una que basa gran parte de sus operaciones centrales
en Venezuela. “Las guerrillas colombianas no son guerrillas fronterizas”,
dijo el director de una ONG local. “Aunque tienen campamentos a lo largo de la
región fronteriza, su actividad en Venezuela es a nivel nacional”.Incluso se
informa que existe un campamento del ELN en la Sierra de San Luis, que se
encuentra entre los estados Lara y Falcón, a 30 km de la costa del Caribe, una
ubicación estratégica que podría, en teoría, garantizarles el control sobre las
rutas de tráfico hacia el Caribe holandés.
B. Expansión a lo
largo de la frontera rica en recursos
Los sindicatos delictivos venezolanos controlan grandes extensiones de
territorio rico en recursos en el estado Bolívar y dirigen operaciones mineras
ilegales hasta la frontera con Guyana, donde asesinaron recientemente a unos
mineros de ese país. La intimidación y la violencia extrema se han
convertido en el medio preferido para asegurar que las comunidades locales
obedezcan a las pandillas. Los sindicatos también han operado a lo largo
de la frontera con Brasil, donde se han enfrentado con grupos de guardias
indígenas que intentan proteger sus tierras. No obstante, a pesar de su
rápida expansión, los sindicatos están bajo la amenaza de competencia
proveniente de Colombia. Según un excomandante en jefe, el ELN ahora obtiene
alrededor del 60 por ciento de sus ingresos de la minería y las actividades
relacionadas con la minería en Colombia y Venezuela, mientras que un frente
disidente de las FARC conocido como Acacio Medina obtiene más de la mitad de
sus ingresos de las operaciones mineras en Venezuela.
El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de
Venezuela. Los mineros locales informan que grava las operaciones mineras
ilegales y las actividades relacionadas, como el transporte de suministros a
las minas. El ELN también subcontrata a otros actores armados para sus operaciones,
lo que dificulta saber exactamente cuán extensas son las actividades de la
guerrilla. Pero numerosos testigos del negocio minero testifican que el
ELN ahora controla un corredor de oriente a occidente a través de las
principales regiones minerales del sur de Venezuela, lo que consolida su
autoridad en algunas zonas mineras mientras busca extenderse hacia otras.
Los sindicatos aún manejan la mayoría de las minas en el estado Bolívar,
pero recientemente han perdido terreno ante el ELN en los municipios de Cedeño,
Sifontes, Piar, Sucre, Angostura y Roscio. Según se informa, el 20 de mayo de
2018, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, los guerrilleros les
arrebataron a los sindicatos una gran cantidad de minas en una región central
del estado Bolívar, que habían quedado casi desiertas mientras movilizaban a
los votantes de Maduro. Los guardias armados que se quedaron murieron en la
toma de control. El grupo también opera a lo largo de la frontera con
Guyana, donde se dice que ha establecido corredores de apoyo financiero y
logístico durante la última década y ha buscado el contacto con comunidades en
el municipio de Gran Sabana, cerca de Brasil.
En el estado Amazonas, los líderes de las comunidades indígenas informan
la presencia de disidentes de las FARC y las guerrillas del ELN en los siete
municipios estatales, dos de los cuales limitan con Brasil y cinco con
Colombia, donde están sumamente involucrados en las actividades mineras. La
minería en el estado Amazonas ha sido ilegal desde el decreto 269 de 1989, que
abarca la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y otros parques
nacionales, pero aún domina la economía de la región. Los tres principales
pueblos venezolanos que limitan con Colombia a lo largo del río Orinoco, Puerto
Páez (estado Apure), Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo (ambos en el
estado Amazonas), cuentan con una fuerte presencia del ELN. Varias fuentes
identifican a un combatiente llamado Alex Bonito como líder local de la
guerrilla.
Por otra parte, los disidentes de las FARC del frente Acacio Medina
controlan el área de Puerto Colombia-San Felipe, en el lado colombiano del río
Negro, y operan en el municipio de Río Negro en el lado venezolano del
río. Se dice que los disidentes de las FARC también dirigen las minas de
Yapacana en Amazonas. Según un excombatiente del frente 16 de las FARC, que
solía operar principalmente en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés,
el grupo se familiarizó con las minas de Yapacana mientras gravaban las
operaciones ilegales de minería de coltán y oro en la región de Guainía de
Colombia en 2007. Fuentes de inteligencia colombianas sostienen que el
frente 16 no se desmovilizó en 2017 después del acuerdo de paz porque el
negocio de la minería ilegal se había vuelto muy lucrativo. Varios mineros
colombianos y venezolanos que viajan desde las minas para vender su oro en
Puerto Inírida, en el estado colombiano de Guainía, afirman que el ELN también
está presente en las minas de Yapacana y sus alrededores. Al parecer, los dos
grupos armados operan a través de algún tipo de alianza, junto con miembros de
la Guardia Nacional, que tiene una base en el área.
Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la
paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un
refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie.
Las actividades del grupo disidente Acacio Medina compuesto por
exmiembros de nueve frentes de las FARC y, según se informa, liderado por Géner
García Molina (alias Jhon 40), esclarecen la forma en que operan estos
grupos. Además de minas, el Acacio Medina controla 30-40 botes de dragado
de oro en el río Negro en el suroriente de Guainía. Por cada bote, los
disidentes reciben un estimado de diez gramos de oro al mes en impuestos, cuyo
valor de mercado es de aproximadamente $400. Según fuentes de inteligencia, una
red criminal que involucra al Acacio Medina, presuntamente opera junto a
oficiales militares y un guardia de prisión, enviando entre 15 y 20 kilos de
oro a Colombia por semana. Por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, que
cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia, el Acacio Medina presuntamente
también mueve armas, cocaína y dinero en coordinación con frentes disidentes
ubicados en las zonas fronterizas. Los corredores de drogas van desde los
departamentos de Guainía y Vichada en Colombia hasta Brasil y Venezuela,
mediante redes fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de las
orillas de los ríos desde donde se dice que los aviones salen rumbo a destinos
internacionales.
Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la
paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un
refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie, a pesar de las
enérgicas protestas en Bogotá. Se cree que algunos combatientes de las FARC que
se desmovilizaron en 2017 se unieron a grupos disidentes que operan a lo largo
de la frontera oriental de Colombia y Venezuela.Varios combatientes del ELN
también se fueron a Venezuela después de que Iván Duque fuera elegido
presidente en junio de 2018 y una vez que se paralizaron las conversaciones de
paz en septiembre. Tanto el Alto Comisionado para la Paz de Colombia,
Miguel Ceballos, como el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes
Trujillo, reiteraron a principios de 2019 y antes del ataque con carro bomba en
Bogotá que un acuerdo de paz con el ELN seguiría siendo una quimera si
Venezuela continuaba albergando al grupo guerrillero y, en especial, a sus
miembros que enfrentan órdenes de captura internacionales.
C. Negocios
ilegales y control social
Las lucrativas operaciones mineras no son el único atractivo para los
grupos criminales que buscan ganar dinero en el sur de Venezuela. Los
adolescentes que reclutan con facilidad en comunidades indígenas remotas y
pobres, un corredor de drogas hacia los mercados del Caribe, América del Norte
y Europa, y fuerzas de seguridad locales corruptibles convergen para crear un
clima propicio para muchas formas de actividad ilícita.
Los sindicatos controlan un amplio portafolio de actividades ilegales
que incluyen extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas, e imponen sus
propias reglas estrictas sobre estas actividades criminales y las comunidades
donde operan. En un pueblo cerca de las minas de Las Claritas, los
habitantes esperan frente a un ruedo de peleas de gallos vacío para consultar
al “patrón de la zona” y pedirle favores o para que resuelva las disputas. El
sindicato resuelve los conflictos locales con mano de hierro, imponiendo multas
o medidas disciplinarias que incluyen trabajo comunitario forzado. La
capacidad de los sindicatos para la violencia armada también es sorprendente.
En la ciudad minera de El Dorado, estado Bolívar, un sindicato particularmente
violento ataca a otros grupos encabezados por pranes rivales con despliegues de
fuerza abrumadora. “Son un grupo de élite que maneja partes de la población. En
El Dorado, por ejemplo, tienen unos 400 [miembros] en motocicletas y unos 120
para conducir las lanchas. Si atacan, lo hacen en grupos de 100 a 150”.
Los sindicatos y las guerrillas tienen relaciones problemáticas con los
propios mineros. Los mineros que trabajaban antes en Amazonas y Bolívar dijeron
que preferían las guerrillas a los sindicatos y la Guardia Nacional. Todos
los grupos criminales y guerrilleros cobran impuestos sobre la extracción y el
transporte de minerales, calculando el monto que adeudan los mineros en función
al tamaño de sus operaciones. Los mineros a su vez suelen hacer pagos en oro.
Los sindicatos ejecutan sumariamente a aquellos que no pagan la cuota acordada,
mientras que las guerrillas tienden a darle más tiempo para que realicen el
pago. Un caso reciente de un desertor del ejército de 19 años que robó en
las minas cercanas a El Callao, estado Bolívar, ilustró los horrendos castigos
que imponen los sindicatos. El joven fue encontrado vivo con las manos
amputadas, los ojos arrancados y la lengua cortada. Sin embargo, se dice
que los guerrilleros también recurren a palizas y ejecuciones públicas, incluso
por delitos como llevar un teléfono celular a las minas. Las drogas y el
alcohol están prohibidos en las minas bajo el control de la guerrilla, con la
excepción de una pequeña fiesta que se lleva a cabo en las minas de Yapacana
cada quince días.
III. Política de Estado y vínculos ilícitos
En 2016, el entonces presidente Maduro anunció que 150 multinacionales
de 35 países habían expresado su interés en invertir en el Arco Minero del
Orinoco. Pero cualquier compañía que desee operar en el área designada
debe formar una empresa conjunta con una compañía estatal, que controla una
participación mayoritaria. Esto significa que las empresas extranjeras tienen
que trabajar en sociedad con los altos mandos militares de Venezuela, que
administran las empresas mineras públicas del país. Hasta el momento, no se ha
materializado ningún acuerdo significativo con empresas extranjeras luego de
las declaraciones de prensa iniciales del gobierno venezolano que anunciaba
nuevas inversiones en la región, y la mayoría de las minas siguen bajo el
control de grupos armados no estatales.
Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas [...]
utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería
ilegal.
Impulsar la industria minera en las regiones del sur de Venezuela fue
problemático desde el principio. Maduro firmó el decreto del Arco Minero sin
consulta o sin aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición,
como lo exige la Constitución. De hecho, la Asamblea votó a favor de derogar el
decreto en junio de 2016 por no haber sido consultado, y argumentó que la zona
minera de 112 000 kilómetros cuadrados se superpone con varias áreas
protegidas tales como reservas forestales y parques nacionales, incluido un
Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Parque Nacional Canaima. El
gobierno tampoco realizó los estudios de impacto socioambiental obligatorios ni
realizó una consulta previa con las comunidades indígenas de acuerdo con la
Constitución de Venezuela.
A. El Arco Minero y
las fuerzas armadas
Oficiales militares activos o retirados participan en aproximadamente el
30 por ciento de las empresas estatales en Venezuela y están presentes en todas
las juntas directivas de firmas estatales dedicadas a la minería.Una de ellas
es CAMIMPEG, una compañía militar de minería, petróleo y gas establecida en
2016. El ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, anunció en agosto
de 2016 que las fuerzas armadas no solo protegerían la infraestructura minera,
sino que también participarían en proyectos de desarrollo económico local a
través de una “unión civil-militar”. En la práctica, esto se ha
configurado en Zonas Económicas Militares. Estas “zonas”, que incluyen el
Arco Minero del Orinoco, brindan mayor libertad de acción para que los
militares se involucren en actividades comerciales.
Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas, en especial
el Ejército y la Guardia Nacional, utilizan su influencia política para
enriquecerse a través de la minería ilegal, y testigos informaron que guardias
y soldados les cobraban a los mineros un porcentaje de la producción de oro y
exigían pagos de extorsión en las rutas desde y hacia las minas. En El
Callao, el histórico pueblo minero de Venezuela, un funcionario que trabaja
para la empresa minera estatal Minerven admitió que la empresa obtiene su oro
de proyectos mineros ilegales, que supuestamente están a cargo de los
sindicatos. Los mineros de los estados Bolívar y Amazonas explican que
debe pagarse un impuesto en oro a la Guardia Nacional. La Guardia también
opera al menos tres puntos de control para “gravar” las mercancías que se
transportan por el río hacia las minas de Yapacana, donde los pagos se realizan
en pesos colombianos o en dólares americanos. En el camino de regreso, las
tarifas de extorsión se pagan en oro. Un ex-general del Ejército venezolano ha
dicho que el ejército facilita los vuelos clandestinos que transportan
minerales a destinos del Caribe al sacarlos del radar. Por otra parte, los
traficantes colombianos de coltán que compran en Venezuela deben tratar
directamente con un comandante de la Guardia Nacional, según un comerciante
local.
Soldados visitan una obra donde se procesa el oro procedente de
diferentes minas informales. La mayoría del mismo es posteriormente vendido a
la compañía estatal Minerven, a pesar de su origen ilegal.Bram Ebus
El 25 de junio del año pasado, el gobierno respondió a los informes de
minería ilegal con el arresto del vicepresidente de Minerven, Darwin Alan
Evans, por tráfico de oro. Su arresto formó parte de una operación más
amplia llamada Manos de Metal, mediante la cual 39 traficantes de oro se
convirtieron en el blanco de los fiscales venezolanos. No obstante, los
críticos del gobierno han argumentado que estas repentinas medidas severas no
estaban dirigidas a contrarrestar las exportaciones ilegales de oro, sino a
instalar operativos leales en cargos cruciales a lo largo de la línea de
suministro.
B. Actividades
criminales de protección
Los mineros pagan cuotas o “impuestos” de protección en cantidades de
oro relativamente pequeñas, pero frecuentes. Estos montos aumentan de forma
considerable cuando el ELN o los sindicatos sobornan a los funcionarios del gobierno.
Los comerciantes de minerales informan que las autoridades estatales de mayor
jerarquía aceptan kilogramos de oro como sobornos y afirman que, por ejemplo,
los altos oficiales militares en el estado Amazonas reciben al menos 20 kg de
oro cada mes (valorados en aproximadamente $800 000) para permitir la
minería ilegal en Yapacana. Esto ayuda a explicar por qué los altos mandos
del ejército en la región, especialmente en el estado Bolívar, se encuentran
entre los cargos más populares en Venezuela. También se realiza una rotación
frecuente de estos generales, que ayuda a fomentar las expectativas y refuerza
la lealtad hacia el gobierno en los círculos militares de alto nivel.
Según un exoficial de la inteligencia venezolana, el oro del estado
Amazonas termina, a través de pagos de extorsión, en manos de jefes regionales
de las fuerzas de seguridad y las oficinas de inteligencia. Los
incumplimientos en el pago de sobornos esperados han generado tensiones entre
la Guardia Nacional y las guerrillas, según los mineros en Yapacana. Un testigo
informó que, en un incidente, los guerrilleros le dispararon directamente a un
helicóptero del ejército venezolano en un intento por hacerlo
estrellar. Las comunidades indígenas armadas también expulsaron a la Guardia
Nacional del municipio de Alto Orinoco después de cansarse de los repetidos
abusos y las demandas de extorsión.
Aprovechando las denuncias de una profunda participación del Estado en
el comercio ilegal de oro, y con el objetivo de debilitar aún más al gobierno
de Maduro, los Estados Unidos vienen tomado medidas. Después de la exportación
de 21 toneladas de oro de Venezuela a Turquía en 2018, por ejemplo, Washington
afirmó mediante una orden ejecutiva con fecha del 1 de noviembre que las
exportaciones de oro se estaban utilizando para enriquecer a la élite política
y económica de Venezuela a costa de aumentar la violencia y los abusos de
derechos humanos en el sur del país, y se considerarían responsables de futuras
sanciones. Sin embargo, aún no se ha aplicado ninguna sanción. Turquía ha
sido nombrado como el principal comprador conocido de oro venezolano, y se dice
que los productos alimenticios para las cajas de raciones que subsidia el
Estado habrían sido transportados de Turquía a Venezuela como parte del acuerdo.
No obstante, aunque el contrabando de oro está asociado con delitos que
perjudican a las comunidades locales, la imposición de sanciones a las
exportaciones estatales de oro podría ser una medida equivocada. Debido a que
la mayoría del oro ya sale de Venezuela a través de rutas de contrabando, es
probable que las sanciones solo aumenten el volumen del oro de contrabando y,
por ende, los ingresos de las redes de crimen organizado, la guerrilla y los
funcionarios corruptos del gobierno. El oro se puede traficar a países vecinos
en donde recibiría un certificado de origen, lo que sería una forma ilegal pero
efectiva de evitar una sanción.
IV. Efectos sociales y humanitarios
La presencia estatal limitada y las escasas oportunidades económicas son
la norma en el sur de Venezuela, así como en los departamentos colombianos
adyacentes de Vichada y Guainía. Estas condiciones hacen que las regiones sean
propicias para la actividad ilícita, al tiempo que exponen a muchas
comunidades, en particular de los pueblos indígenas, a graves riesgos
humanitarios y ambientales.
A. Pobreza y
aislamiento
Las inundaciones del río Orinoco en octubre de 2018, que casi arrasan
con las comunidades indígenas en las orillas de los ríos e inundaron los
centros urbanos, dejaron al descubierto la vulnerabilidad de muchas poblaciones
a los desastres naturales y las dificultades para organizar una respuesta de
emergencia. La infraestructura es una rareza. No hay acceso por carretera
a Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía, y la carretera a Puerto
Carreño, capital de Vichada, solo es transitable en temporada seca. Los ríos
principales y cientos de afluentes sirven como rutas principales para el
transporte y la comunicación, con un control estatal limitado sobre el
transporte de mercancías y personas.
Aparte de los pocos trabajos disponibles con las autoridades municipales
y departamentales, el empleo formal es casi inexistente. Antes del inicio
del auge de la minería, los habitantes de Guainía vivían de las plantaciones de
caucho, el comercio de dientes y piel de gatos salvajes y el cultivo de
coca. En 2017, las regiones amazónicas de Colombia experimentaron un
aumento del 6 por ciento en los cultivos de coca, aunque las fuentes de
los gobiernos locales sostienen que esto subestima la realidad y que gran parte
de la coca de la región no puede detectarse mediante imágenes satelitales. Las
facciones disidentes de las FARC asociadas con el cultivo de coca han crecido
en tamaño en ambos lados del río Guaviare, entre Puerto Inírida y Barranco
Minas.
Los medicamentos disponibles no han detenido la epidemia de
malaria entre los mineros debido a niveles de dosis incorrectos y la falta de atención
médica especializada.
La falta de combustible en Venezuela ha agravado enormemente estas duras
condiciones económicas. Ya no se puede llegar a las comunidades remotas
que solían ser accesibles por vía fluvial debido a las dificultades de
abastecimiento de combustible para las embarcaciones pequeñas. Los indígenas
varados en Puerto Ayacucho no han podido regresar a sus comunidades en meses, y
con frecuencia dependen de los asientos disponibles esporádicamente en los
vuelos militares.
El combustible se compra con frecuencia en Colombia, donde es mucho más
caro que en Venezuela, y se transporta a las minas donde su valor aumenta de
forma significativa. Incluso el combustible caro que se compra en Colombia se
puede vender al doble del precio en las minas de Venezuela. Además, cada
barril de 55 galones que se dirigía a las minas tenía un impuesto del ELN de
US$6 en 2017; se sabe que los gravámenes han aumentado desde entonces. Un
desvío similar hacia las minas afecta el suministro de medicamentos, que sufren
de una escasez crónica en todo el país. Un exoficial de la inteligencia
venezolana con excelente conocimiento de la región explicó que “toda la comida
se transportaba a las minas [y] se hizo escasa en [el resto de Amazonas]. Me
contaron que en las minas se puede encontrar todo lo que hace falta, todo.
Todos los medicamentos que normalmente encontraría en una farmacia están
disponibles allí”. Sin embargo, los medicamentos disponibles no han
detenido la epidemia de malaria entre los mineros debido a niveles de dosis
incorrectos y la falta de atención médica especializada.
El resentimiento público por las adversidades económicas y las
dificultades para viajar o transportar mercancías en el sur de Venezuela,
exacerbadas por la presencia de numerosos puestos de control militar, han
provocado una serie de protestas. En el estado Bolívar, la carretera
principal entre Venezuela y Brasil estuvo bloqueada durante más de una semana
en octubre del año pasado mientras la población protestaba contra la falta de
alimentos y la ocupación de los territorios indígenas por parte de los
mineros. Cuando hay alimentos disponibles, los dueños de los supermercados
locales a menudo exigen oro como pago. El gobierno venezolano distribuye
cajas de suministros básicos de alimentos a precios muy por debajo del precio
del mercado, pero los suministros se consideran inadecuados y el sistema de
asignación también sirve como medio de control político. Los
representantes indígenas en el estado Amazonas, por ejemplo, se quejan de que
les retuvieron las cajas de alimentos tras no participar en las elecciones de
2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. También informan que
últimamente los funcionarios del gobierno los están presionando para que firmen
un documento diciendo que no quieren recibir ayuda humanitaria del exterior.
Las tensiones entre las comunidades indígenas y las fuerzas de seguridad
en el estado Bolívar subyacen la extrema violencia utilizada para bloquear la
llegada de ayuda humanitaria a Venezuela desde Brasil el 23 de febrero, lo cual
causó la muerte de tres manifestantes en el área de Gran Sabana y la huida al
exilio del alcalde indígena del pueblo fronterizo de Santa Elena de Uairén.
Fuerzas de seguridad fueron enviadas al área junto con docenas de autobuses
llenos de milicias progubernamentales, conocidas como colectivos.
B. Salud y ambiente
La minería ha tenido un impacto especialmente devastador en las
comunidades indígenas. El mercurio que se utiliza para extraer el oro del
mineral contamina la tierra y los acuíferos, hasta tal punto que en 2017 se
encontró que una población que vive a lo largo de los ríos Guainía, Inírida y
Atabapo tenía aproximadamente 60 veces el nivel máximo recomendado de mercurio
en la sangre. En Venezuela, el 92 por ciento de las mujeres indígenas
examinadas en la cuenca del río Caura tenían niveles de mercurio por encima del
límite de 2 miligramos por kilo establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y el 37 por ciento de las mujeres en los pueblos de Yé’kuana y
Sanema tuvieron complicaciones en el parto relacionadas con la exposición al
mercurio.
El daño que genera la minería en la salud pública se extiende mucho más
allá de las comunidades indígenas. Venezolanos de todas las regiones del país
viajan a las zonas mineras en busca de medios de supervivencia y, si es
posible, de riquezas. Cuando regresan con sus familias, traen consigo no solo
unos pocos gramos de oro, sino también enfermedades infecciosas. El problema se
agrava con el colapso del servicio de salud de Venezuela. Incluso los módulos
de atención primaria de salud establecidos en barrios pobres o áreas rurales
bajo la administración de Chávez se han cerrado en su mayoría debido a la falta
de fondos, y al menos 26 160 médicos han emigrado debido a la crisis económica.
En 1961, según la OMS, Venezuela se convirtió en el primer país en
erradicar la malaria en áreas con alta densidad de población, y en la década de
1980 la enfermedad casi había sido erradicada en todo el país. Pero debido a
esfuerzos inadecuados de prevención y falta de medicamentos profilácticos, se
ha presentado una nueva epidemia de malaria: se presentaron oficialmente
242 976 casos de malaria en 2016 y 406 289 en 2017. Solo en el
estado Bolívar, se registraron más de 200 000 casos en 2017, equivalentes
a más del 10 por ciento de la población local. A nivel nacional se estima que
hubo 600 000 casos en el año hasta noviembre de 2018.
La malaria en el Amazonas está vinculada a la minería y a la
deforestación, en especial en los municipios de Sifontes, El Callao, Angostura,
Sucre, Gran Sabana y Cedeño, todos los cuales se encuentran en el estado
Bolívar y se superponen con el Arco Minero. Los pozos mineros deforestados, llenos
de aguas estancadas son lugares ideales para la reproducción de mosquitos
portadores de malaria. Los mineros duermen en campamentos improvisados y
hamacas alrededor de estas aguas infestadas. Una investigación realizada por
una ONG local calculó que la malaria ocasiona el 21 por ciento de las muertes
en el estado Amazonas y el 25 por ciento en Bolívar. La ausencia de
medicamentos subsidiados contra la malaria ha dado lugar a un mercado negro de
pastillas para la malaria, que a menudo se pagan en oro.
“La plaga cayó sobre nosotros”, dijo un líder local en el municipio de
Ature, Amazonas. Una comunidad en el municipio con cerca de 600 miembros
ha visto hasta 80 personas por semana que necesitan tratamiento. En una
comunidad cercana, más de la mitad de los 2 000 habitantes padecen
malaria. Ature comparte frontera con el departamento colombiano de Vichada que,
junto con Guainía, está recibiendo un número creciente de casos de malaria a
medida que los migrantes y los refugiados llevan la enfermedad al vecino país.
En la actualidad, hay más de un millón de refugiados venezolanos en Colombia y
el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que, en
el peor de los casos, habrá cuatro millones para el 2020. Cerca del 95 por
ciento de los extranjeros que cruzan la frontera con malaria son venezolanos y
55 por ciento de los venezolanos infectados con la enfermedad ingresaron al
país a través de Guainía o Vichada.
C. Vida comunitaria
y control criminal
La minería también está cambiando los estilos de vida de los indígenas.
“Desde el momento en que el indígena deja de protegerse, se acaba todo”, dijo
un líder indígena. Tanto en el lado venezolano de la frontera como en el
colombiano, el absentismo escolar está aumentando con el éxodo de adolescentes
que van a trabajar en las minas. Los centros mineros exponen a las niñas al
trabajo sexual. Las jóvenes y algunas veces menores de edad ejercen el trabajo
sexual por tres o cuatro gramos de oro – aproximadamente entre $50 y $60, dado
el menor valor del oro en las ciudades mineras, mientras los adolescentes
arriesgan su salud y sus vidas realizando tareas mineras peligrosas o
exponiéndose a sustancias contaminantes. Se dice que los disidentes de las
FARC obligan a los jóvenes a trabajar en las minas. “Vienen con nosotros. Si
no, sus familias serán objetivos militares”, es lo que los guerrilleros
disidentes les dicen a los reclutas jóvenes y, a menudo, indígenas para las
minas, según un alto funcionario del ala de servicios sociales de la iglesia
católica.
Entretanto, en algunas partes del sur de Venezuela, los sindicatos del
crimen y los grupos guerrilleros están ejerciendo una influencia cada vez mayor
en la vida comunitaria. Las FARC siempre han tenido una gran base social entre
las comunidades indígenas, que a menudo eran blanco de las antiguas guerrillas
para su adoctrinamiento. El ELN y los disidentes las FARC continúan reclutando
en estas comunidades y, según se informa, han interferido con los programas
educativos locales, entregando materiales de enseñanza que idealizan a las
guerrillas. Incluso han realizado obras públicas. En el departamento
colombiano de Vichada, un excombatiente de las FARC afirmó que los guerrilleros
construyeron cerca de mil kilómetros de carreteras, algunas de ellas aptas para
el tráfico motorizado.
La presencia del ELN en la capital del estado Amazonas, Puerto
Ayacucho, ha con-tribuido a un aumento masivo en la tasa de homicidios.
En el estado Bolívar, las guerrillas se han acercado a las comunidades
que enfrentan problemas con los sindicatos para ofrecer “protección” contra las
pandillas delictivas violentas. El ELN también ofrece armas, junto con
entrenamiento militar y político. En Amazonas, una maestra dijo que algunos de
sus estudiantes vivían en un campamento cercano del ELN, donde reciben comida y
refugio. Hay campamentos en toda la región, cuatro de los cuales están
ubicados cerca de la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho. Las
estrategias para mantener a las comunidades bajo control también incluyen
entregas por parte del ELN de paquetes de alimentos subsidiados por el Estado
en al menos 40 municipios de cinco estados diferentes, incluidos Bolívar y
Amazonas.Mientras tanto, continúa la educación política en las comunidades.
Cinco estaciones de radio que dirige el ELN operan en las zonas fronterizas con
Colombia.
Las reglas estrictas que establecen los guerrilleros del ELN o los
disidentes de las FARC pueden traer un cierto nivel de orden a las minas bajo
su control, pero a un alto costo. Se informa que muchos líderes comunitarios
han sido asesinados en los últimos años. No se tolera el consumo de alcohol ni
drogas y se castiga con la muerte. La presencia del ELN en la capital del
estado Amazonas, Puerto Ayacucho, ha contribuido a un aumento masivo en la tasa
de homicidios. La ciudad de 41 000 habitantes tuvo 38 asesinatos en 2014 y
236 en 2016. Puerto Páez, en el estado Apure, que también limita con
Colombia, ha experimentado un aumento similar, que se ha atribuido a las
campañas de “limpieza social” de las guerrillas. Mientras tanto, en las
comunidades mineras que administran los sindicatos se registraron tasas de
homicidios impactantes por cada 100 000 habitantes: estos incluyen El
Callao (620 por cada 100 000 personas en 2018), Roscio (458) y Sifontes
(199). En 2018 la tasa nacional de homicidios en Venezuela se calculó en 81,4
por cada 100 000, la más alta en América Latina y el Caribe.
V. Riesgos y respuestas internacionales
El territorio colombiano que limita con el sur de Venezuela ha estado en
gran parte libre de violencia debido a su baja densidad de población y a las
franjas de selva impenetrable. Pero la baja incidencia de enfrentamientos no es
señal de ausencia o inactividad de grupos armados no estatales. Después de
servir durante muchos años como un corredor de tráfico de bajo perfil, la
región fronteriza ahora enfrenta mayores riesgos de conflicto debido al
creciente movimiento transfronterizo de grupos armados irregulares en un
momento de profunda desconfianza y falta de comunicación entre los estados vecinos.
A. Competencia
armada y actividad transfronteriza
La presencia creciente de unidades guerrilleras atraídas hacia las minas
del sur de Venezuela ha alarmado a las fuerzas armadas colombianas en la
región. Fuentes en el ejército informan que han aumentado su presencia
defensiva a lo largo de la frontera. Las preocupaciones de Colombia no se
limitan a la concentración de unidades guerrilleras en el área, también se
extienden a incursiones transfronterizas por parte de las fuerzas militares
venezolanas. La Guardia Nacional ha ingresado a Colombia en varias ocasiones
por razones que aún no son claras. En septiembre de 2018, por ejemplo, la
Guardia Nacional ingresó al área llamada El Mantequero, departamento de
Vichada, a vandalizar instalaciones comunitarias y robar mercancía.
Por otra parte, las relaciones volátiles y, a veces, competitivas entre
sectores del ejército venezolano y los grupos armados en las zonas mineras
generan sus propias fricciones violentas. En un incidente notable, el ELN
asesinó a varios miembros de la Guardia Nacional el 1 de noviembre de 2018 para
tomar represalias por el arresto de su líder, Luis Felipe Ortega Bernal,
también conocido como “Garganta”. A raíz de estos enfrentamientos, varios
enfrentamientos más tuvieron lugar en Amazonas, Venezuela. La evidencia
sugiere que la relación entre las fuerzas armadas de Venezuela y la guerrilla
colombiana es altamente inestable. En las minas de Yapacana y sus alrededores,
los residentes locales también reportan choques ocasionales entre los disidentes
de las FARC y el ejército venezolano.
Estos choques sugieren que no todos los sectores del gobierno venezolano
o el establishment de seguridad están conformes con tolerar o
favorecer la expansión del ELN o de los disidentes de las FARC. De hecho,
futuros enfrentamientos entre los sindicatos, las fuerzas armadas venezolanas y
la guerrilla colombiana continúan siendo probables, en especial porque los
militares parecen haber retirado el apoyo a la mayoría de los sindicatos,
mientras que el respaldo estatal a la guerrilla colombiana está lejos de ser
uniforme. Los líderes locales de las fuerzas armadas rotan con frecuencia, y no
todos los oficiales militares desplegados en la región están en buenos términos
con la guerrilla. Entretanto, las supuestas incursiones por parte de las
fuerzas armadas o unidades de inteligencia venezolanas en las zonas mineras
controladas por sindicatos habrían dejado una estela de asesinatos sin arrestos
registrados. Según el general retirado del Ejército Clíver Alcalá Cordones,
“el jefe de la región no da estas órdenes de matar. Cuando esto se presenta, es
porque la orden vino de Caracas”.
Los grupos guerrilleros también operan cerca de la frontera oriental de
Venezuela con Guyana. El diputado de la oposición venezolana Williams Dávila se
topó con un retén del ELN en agosto de 2018 cerca de Isla Anacoco, un área que
administra Venezuela cerca de la región de Esequibo, que es parte de Guyana
pero que reclama Caracas. Según un exintegrante de alto nivel del ELN, el
grupo ha estado activo en la zona fronteriza en disputa entre Venezuela y
Guyana durante aproximadamente diez años y controla dos rutas fluviales
utilizadas para el contrabando a Guyana desde San Martín de Turumbán y cinco
minas cercanas.Además de ser la frontera con Guyana, esta área se encuentra a
unos 170 kilómetros de la frontera con Brasil. “Están adoctrinando a la gente
de la zona, entran y reclutan”, declaró un líder indígena.
Los sindicatos violentos, que el ELN desplazó de las zonas mineras en
Bolívar, también se han trasladado hacia la frontera entre Venezuela y Guyana,
lo que ha causado alarma entre las autoridades de Guyana. El 13 de noviembre,
un miembro de un sindicato le disparó a un policía guyanés que viajaba por el
río Cuyuní. Con las Fuerzas de Defensa de Guyana desplegadas en el área,
las futuras peleas con los sindicatos o el ELN son una posibilidad real.
B. Defensa
estratégica y el ELN
Con años de experiencia en combate en Colombia y un dominio adquirido de
la guerra de guerrillas, la presencia del ELN en Venezuela parece servir a los
intereses estratégicos de sectores del estado y las fuerzas armadas, en
especial ante la posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una
intervención militar para destituir a Maduro o su gobierno. No se puede saber
con precisión en qué consistiría dicha intervención militar extranjera y cómo
se llevaría a cabo, pero un ejército de guerrilleros entrenados podría por lo
menos aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad,
en particular en las densas regiones selváticas del sur de Venezuela, donde el
ELN está creando una base de apoyo social en las comunidades donde está
presente. En caso de una intervención militar externa, el ELN ha dicho que
está comprometido con la defensa del gobierno venezolano.
Además, el fin de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el
gobierno colombiano conlleva el riesgo de una reanudación total de las
hostilidades violentas entre Bogotá y la insurgencia, teniendo como
consecuencia probable que el enfoque de los líderes políticos y las fuerzas
armadas se desplace hacia la presencia del ELN en Venezuela. Si las dos partes
no logran reanudar las negociaciones, el ELN podría intensificar las
actividades ofensivas, mientras utiliza una base fortalecida en Venezuela,
donde el grupo puede contar con dinero, recursos, mano de obra, armas y un
refugio seguro. De hecho, el grupo está ahora más cerca de lograr la “fuerza de
guerrilla continental” que desde hace mucho tiempo pretendía crear, con
combatientes presentes en al menos cuatro países diferentes: Colombia,
Venezuela, Ecuador y Guyana (cerca de la frontera con Brasil). Esto le permite
al ELN reclamar el título del mayor grupo guerrillero de América Latina.
Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer
una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente
peligroso, y podría provocar mayor violencia.
A pesar de los muchos obstáculos en el camino de una renovación de los
diálogos de paz con el ELN, este es el momento más urgente para retomar las
negociaciones. Al tener un refugio seguro en Venezuela, resulta prácticamente
imposible para las fuerzas colombianas derrotar militarmente a la guerrilla sin
la cooperación del gobierno venezolano, lo que probablemente requiera un cambio
de poder en Caracas, o una incursión imprevista en el territorio venezolano.
Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una
intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente
peligroso, y podría provocar mayor violencia y daños a los civiles en el área
debido a la presencia y el control de las guerrillas sobre las comunidades, al
mismo tiempo que empujaría a los rebeldes a las zonas fronterizas colindantes
con Guyana y Brasil. A menos que la ofensiva se combine con esfuerzos para
abordar las causas detrás del auge de la minería ilegal y las vulnerabilidades
de la población local, los grupos armados rivales también buscarían aprovechar
un ataque contra las guerrillas para establecer su control sobre más zonas mineras,
lo que empeoraría el derramamiento de sangre. Por lo tanto, aunque las
condiciones no son favorables en la actualidad, el Estado colombiano y los
aliados internacionales no deben cerrar la puerta a futuras conversaciones con
las guerrillas.
Las fuerzas armadas en estos dos países también deben tomar medidas
urgentes para evitar enfrascarse en una pelea más grande como consecuencia de
los movimientos transfronterizos y los ataques de la guerrilla u otros grupos
armados. Preservar las líneas de comunicación entre los jefes de unidades
armadas posicionadas en la frontera será primordial. Al mismo tiempo, las
potencias extranjeras deben abstenerse de amenazar con una intervención militar
en Venezuela puesto que esto incentiva aún más al gobierno de Maduro a
fortalecer sus vínculos con los actores armados no estatales colombianos y los
alienta a permanecer cerca de las zonas fronterizas para que puedan reaccionar
en caso de tal intervención
C. Conflicto y
migración
Los refugiados y migrantes venezolanos se pueden encontrar en
asentamientos informales en las ciudades colombianas de Puerto Carreño y Puerto
Inírida, aunque los principales flujos de migrantes hacia Colombia siguen
presentándose más al norte. A pesar de que sus familias han huido de Venezuela,
los hombres regresan a las minas cercanas en Amazonas para trabajar mientras
sus familiares permanecen en Colombia. Los habitantes de estos barrios
colombianos se quejan con frecuencia de las amenazas de los grupos armados
ilegales, el trabajo sexual por parte de niñas menores de edad y la falta de
acceso a una atención médica digna.
Estos refugiados y migrantes sufren dificultades en las ciudades
fronterizas del sur de Colombia, pero recalcan que no pueden regresar a
Venezuela, en especial aquellos que han sido víctimas de desplazamiento forzado
por parte de grupos armados. Las personas que trabajaron en las minas
venezolanas y huyeron a Colombia dicen que se ha vuelto demasiado violento.
“Todo el mundo quiere ser jefe”, explicó una exminera, en relación con la
violencia, y agregó que los guerrilleros se habían apoderado de varias minas en
Bolívar, donde ella había trabajado anteriormente bajo los sindicatos. Los
líderes indígenas que se oponen al gobierno de Maduro o a la presencia de los
guerrilleros son objeto de violencia e incluso de asesinato. Algunos grupos
indígenas en Bolívar y Amazonas se han armado a sí mismos, o el Estado les ha
suministrado armas, para defenderse de los intrusos violentos, creando aún más
actores armados.
En vista de la escalada de violencia en la región, el creciente número
de actores armados y sus efectos sobre la migración y los flujos de refugiados,
el gobierno colombiano, con el apoyo de donantes extranjeros, debe atender las
necesidades humanitarias en la frontera sur. Además, las dificultades prácticas
para reanudar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN no
deberían llevar a Bogotá a descuidar el imperativo de evitar la reanudación de
las hostilidades entre las partes que empeorarían la crisis humanitaria.
D. Limpieza del
comercio de oro
Las potencias extranjeras deben encontrar alternativas a la imposición
de sanciones a las exportaciones de oro que, como se señaló, estimula el
tráfico y el control criminal sobre el comercio. En la actualidad, gran parte
del oro extraído en el sur de Venezuela se introduce de contrabando en los
países vecinos y las islas en la región del Caribe y luego se legaliza allí,
cambiando así el país de origen declarado del oro. En consecuencia, las
compañías que importan oro desde América Latina y el Caribe no pueden
simplemente confiar en los documentos oficiales de aduanas como prueba de que
el oro no se ha extraído de forma ilegal en Venezuela.
Un posible enfoque alternativo sería alentar a los países en los que se
comercia oro a que tomen medidas adicionales para garantizar que las compañías
de comercio de minerales y todas las empresas relacionadas con el negocio se
adhieran a las directrices estrictas de debida diligencia. Estas incluyen
controles de la cadena de suministro con base en normas internacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como
las consagradas en la Ley Dodd-Frank para las empresas de los Estados Unidos
que se aprobó en julio de 2010, y las obligaciones de debida diligencia de la
cadena de suministro de la UE relativas a los minerales provenientes de zonas
de conflicto y de alto riesgo, que entrarán en pleno vigor en 2021.
La debida diligencia en la cadena de suministro puede ser una
alternativa efectiva a las sanciones unilaterales si se implementa de manera
íntegra y se aplica rigurosamente.
El marco de debida diligencia de la OCDE proporciona un punto de
referencia internacional para los esfuerzos de limpiar las cadenas de
suministro de minerales. En la actualidad, 35 Estados miembros de la OCDE y
ocho no miembros, entre ellos Colombia y Brasil, se han adherido a estas
directrices, que establecen normas para las empresas de comercio de minerales y
exigen informes periódicos y auditorías independientes de los países
signatarios. Sin embargo, estas normas son compromisos voluntarios que se
incentiva a las empresas a adoptar y depende de cada Estado miembro decidir si
las hace legalmente vinculantes o no. Hasta el momento, se han promulgado como
ley en los Estados Unidos mediante la Ley Dodd-Frank, y en países donde los
recursos naturales se han relacionado con conflictos y abusos de los derechos
humanos, como la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi.
La debida diligencia en la cadena de suministro puede ser una
alternativa efectiva a las sanciones unilaterales si se implementa de manera
íntegra y se aplica rigurosamente. Esto no impediría que las compañías compren
y comercialicen oro de Venezuela u otros países de América Latina, sino que
requeriría que las empresas que lo hacen, así como las instituciones
financieras asociadas y los mercados de materias primas, demuestren que están
tomando las precauciones adecuadas para garantizar que conocen el origen legal
de los minerales y no están financiando a grupos armados, regímenes sancionados
o abusadores de derechos humanos. Si bien estas medidas no transformarían
instantáneamente la producción de oro en Venezuela, impondrían una presión en
puntos importantes de la cadena de suministro para detener estos abusos.
VI. Conclusión
La seguridad en el sur de Venezuela se ha deteriorado de forma alarmante
en los últimos años en la medida en que varios actores armados, estatales y no
estatales, compiten por el acceso a los recursos naturales y se aprovechan de
las poblaciones locales en su lucha por el poder y el control territorial. Las
fuerzas armadas de Venezuela, la presencia estatal más visible en la región, no
solo han fallado en evitar esta violencia, sino que, según numerosos
testimonios de testigos, han alentado y aprovechado el saqueo de minerales en
un corredor terrestre que comienza en la frontera con Colombia y se extiende
hacia Brasil y Guyana. Ajenos al Estado y empobrecidos a raíz del colapso
económico de Venezuela, muchas personas en la zona han caído en las garras de
los grupos armados y el sustento que proporciona la minería ilícita.
En un contexto de distanciamiento total entre el gobierno venezolano en
ejercicio y sus vecinos Colombia y Brasil, los movimientos transfronterizos de
guerrilleros con vínculos con las fuerzas de seguridad venezolanas plantean
peligros claros para la estabilidad regional. Las amenazas de una invasión de
potencias externas exacerban las tensiones fronterizas y, si se llevan a cabo,
podrían infligir un mayor sufrimiento a los civiles y sumir a la región en
violentos enfrentamientos entre facciones armadas rivales. Las alianzas
frágiles y volátiles entre varios actores armados en el sur de Venezuela
aumentan estos riesgos. Enfrentamientos frecuentes entre estos actores y sus
cambios de poder y bases de apoyo ya exponen a la región, y en particular a las
zonas fronterizas con Colombia y Guyana, a picos inesperados en la violencia
armada y al desplazamiento forzado de las poblaciones locales.
Tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer
los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las
hostilidades regionales.
Incluso mientras se desarrolla la crisis política en Venezuela, los
países vecinos y los Estados extranjeros interesados deben tratar de mitigar
tanto la amenaza de una crisis regional más amplia como los peligros que
enfrentan las comunidades locales. Esto significa que, independientemente de
sus diferencias políticas, tanto los países vecinos como el gobierno venezolano
deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial
incremento de las hostilidades regionales; por lo tanto, deben tratar de
mantener canales de comunicación estables entre sus fuerzas armadas y entre los
altos funcionarios políticos. Esto también significa que las agencias de la ONU
deben responder al deterioro del conflicto, los abusos de derechos humanos y
los riesgos para la salud, y atender las necesidades humanitarias de los
residentes y refugiados en el sur de Venezuela y las zonas fronterizas
adyacentes. Venezuela, por su parte, debe dejar de obstaculizar a las agencias
internacionales de ayuda que desean atender a las poblaciones vulnerables,
mientras que Colombia no debe cerrar la puerta a futuras conversaciones con el
ELN. Se debe evitar una intervención militar para atacar las bases venezolanas
de la guerrilla, que podría enardecer las tensiones ya aumentadas.
Por último, Estados Unidos debe abstenerse de imponer sanciones a la
producción de oro y a las exportaciones con el fin de castigar y aislar
financieramente al gobierno y las élites venezolanas. Tampoco es realista en
las circunstancias actuales proponer la creación inmediata de un sector minero
legal: todos los minerales que salen de Venezuela están vinculados en cierta
medida a actividades ilícitas. En cambio, los Estados miembros de la OCDE que
ya son signatarios de iniciativas dirigidas a reducir el comercio de minerales
de zonas de conflicto deberían introducir normas adecuadas de debida diligencia
en la legislación, las cuales deben aplicarse a todas las empresas involucradas
en el comercio de minerales que salen de Venezuela y países de América Latina y
el Caribe por los cuales pasan los minerales ilegales de Venezuela, con el
objetivo de incentivar la construcción gradual de prácticas legales de minería
en el país.
El destino de Bolívar y Amazonas está vinculado de forma indisoluble al
futuro político de Venezuela y a la cuestión de cómo y cuando saldrá de su
crisis actual. Pero el sufrimiento y el aislamiento extremo de las comunidades
locales, así como las amenazas que representan las riquezas mineras y las
facciones armadas en toda la región deben poner al sur de Venezuela como el
centro del interés por el futuro del país.
Bogotá/Caracas/Bruselas, 28 de febrero de 2019
Anexo A: Mapa de Venezuela
CRISISGROUP
Anexo B: Mapa del Arco Minero del Orinoco
CRISISGROUP
Anexo C: Mapa de actores armados no estatales involucrados en minería
CRISISGROUP
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