¿Cómo se sentirían los
españoles si un Gobierno con propensiones autoritarias convoca unas elecciones
adelantadas en las que los partidos opositores están invalidados, sus
principales dirigentes están presos o exiliados y el árbitro electoral es un
ente controlado por el presidente que busca ser reelecto? Para ser más
concreto, ir a unas elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas y en
las cuales el PSOE está invalidado, Pedro Sánchez está preso y Albert Rivera,
en el exilio.
Eso sería inaceptable. Y,
seguramente, eso lo sabe el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin
embargo, esa es la propuesta que Zapatero quiere que acepte la oposición
venezolana.
Cuando decidieron negociar
con el régimen de Nicolás Maduro su participación en las próximas elecciones,
los grupos opositores tenían unos objetivos muy concretos: que se organizaran
unos comicios presidenciales transparentes, libres y competitivos; que se
liberara a todos los presos políticos; que se restituyeran los derechos
políticos a los candidatos opositores arbitrariamente inhabilitados; que se
reconociera la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y, lo más importante,
que se atendiera la crisis que está diezmando a los venezolanos. Nada de eso
resultó aceptable para el Gobierno de Maduro
Y eso lo sabe Zapatero.
Todos los sondeos de opinión
muestran que la mayoría de los venezolanos no quiere que Nicolás Maduro siga
siendo su presidente. Y la gran mayoría desea que la salida del actual régimen
sea democrática y sin violencia. ¡Quieren votar! Pero no en elecciones donde
las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno. El Consejo
Nacional Electoral es el árbitro, en teoría independiente, que está a cargo de
garantizar la pulcritud de las elecciones. En la práctica es, desde hace casi
dos décadas, un desvergonzado y transparente apéndice del Gobierno.
Eso lo sabe Zapatero.
La gran mayoría de los
medios de comunicación están controlados directa o indirectamente por el
régimen, que los usa como un potente instrumento de propaganda. También son la
fuente de constantes e inmisericordes ataques a la oposición, a la cual no se le
permite el derecho de réplica o la rectificación de las infamias que
diariamente diseminan los órganos del Estado. Eso lo sabe Zapatero.
El Gobierno no ha permitido
la presencia de observadores internacionales neutrales y cualificados en
ninguna de las elecciones que ha habido y en las que están por venir. Eso
también lo sabe Zapatero.
Más aún, los líderes de la
oposición más populares, competentes y electoralmente competitivos están
presos, han sido inhabilitados por jueces leales al Gobierno o han debido huir
al exilio. Y sí, eso lo sabe Zapatero.
A los 28 años, David
Smolansky fue electo alcalde de El Hatillo, una zona adyacente a Caracas. El
alcalde más joven en la historia de Venezuela llevó a cabo una gestión exitosa
y supo sobreponerse a las más burdas maniobras del Gobierno para hacerlo
fracasar. La popularidad y el éxito de Smolansky resultaron intolerables para
Maduro y sus esbirros. El joven alcalde fue acusado por el Tribunal Supremo de
Justicia, otro apéndice del Gobierno, de no reprimir con violencia las
protestas pacíficas que ocurrieron en su jurisdicción. Fue inmediatamente
destituido y se ordenó su arresto y traslado a una cárcel donde rutinariamente
los presos políticos son torturados. Smolansky se negó a entregarse y estuvo 35
días en fuga. Finalmente, se lanzó a un arriesgado periplo por el sur de
Venezuela que le permitió entrar a Brasil por la ruta de la selva. En un gesto
que les honra, las autoridades brasileñas lo acogieron. Hoy el joven político
vive en el exilio y sueña con volver a trabajar por Venezuela. El de Smolansky
no es un caso aislado. Otros 12 alcaldes han sido arbitrariamente destituidos,
y la mitad de ellos han sido encarcelados y maltratados.
Y, por supuesto, todo esto
lo sabe Zapatero.
Hace pocos días, el exjefe
del Gobierno español participó junto con Pablo Iglesias, el líder de Podemos,
en un acto de apoyo a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Morales lleva doce
años en el poder y aspira a un cuarto mandato. La Constitución boliviana no
contempla esa posibilidad: un presidente solo puede permanecer en el cargo dos
periodos consecutivos. En 2016 Morales convocó un referéndum nacional para
eliminar esa limitación. Lo perdió. Sin amilanarse, el presidente apeló
entonces al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no tuvieron problema
alguno en decidir que Morales puede postularse una vez más a la presidencia de
Bolivia.
La conducta de Evo Morales
no merece el aval y el aplauso de un demócrata.
Y Zapatero lo sabe.
Twitter @moisesnaim
25 feb 2018
El País
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