Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva
El detonante principal de la crisis por la cual
atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso
de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013
el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el
año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero
del año 2016, con un precio de $24,25.[2]
El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al
capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador
del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo
petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente
desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se
fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos
sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las
necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que
antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política
asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la
pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.
Identificando socialismo con estatismo, mediante
sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal
mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más
grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más
corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales
ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las
empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo
hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas
sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la
población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el
ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del
petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico
de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del
petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por
barril.
Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del
valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que
han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A
través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la
moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía.
Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser
de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los
funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que
el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en
el país.[3]
En la época de las vacas gordas todo el ingreso
fiscal extraordinario se gastó, incurriéndose incluso en elevados niveles de
endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios
del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró
en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo
comenzó a hacer aguas.
El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y
de 5.7% en el 2015.[4]
Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%.[5]
Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda
externa se duplicó entre los años 2008 y 2013[6].
Si bien como porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción
del ingreso de divisas dificulta su pago.[7]
Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas
del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las
de finales del año 2012.[8]
El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre
en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados
financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen
al país en la actualidad.
A esto se suma la tasa de inflación más elevada del
planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de
180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%.[9]
Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales
disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año,
particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año
anterior.
Esta severa recesión económica podría conducir a
una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos,
medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada
vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de
alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está
produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de
la población.
De la situación en la que la FAO hizo un "Reconocimiento de
progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre" basado en
datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de
personas desnutridas,[10]
se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos
y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano. De
acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha
venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos
los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el
segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de
leche líquida completa se redujo a menos de la mitad.[11]
Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la
inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez
mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día,
incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez
al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la
población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que
anteriormente.[12]
En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios
de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de
salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así
como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el
acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales
y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los
enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos.
Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o
personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento.
Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como
diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.
El gobierno no reconoce la posibilidad de que el
país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior.
Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su
gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como
puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo
humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien
conocidas.
En estos últimos años el gobierno ha puesto en
marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los
cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la
ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado
desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada
uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos
hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado
concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda
crisis existente en la producción nacional.
La última iniciativa son los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de
bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido
este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes
alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras
partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han
formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de
quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más,
por la corrupción.
Con excepción de Caracas, durante meses en el año
2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas
diarias.[13]
Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo
trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario
reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado
venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando
desproporcionalmente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis
en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como
baterías y cauchos.
Todo esto se traduce en un severo deterioro de las
condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las
mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha
dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de las
principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes
actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de
encuestadoras privadas.[14]
En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[15]
en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta
normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre
y la mitad del total de la población como pobres extremos.[16]
Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la
mayor parte de la población.
La reducción de la capacidad adquisitiva es
generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población,
con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La
reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más
importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad
adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como
salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con
acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en
los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia
terminan favorecidos por la escasez/inflación.
En las condiciones actuales, el gobierno ya no
cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población
mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones,
la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un
sostenido deterioro.
Por la vía de los hechos, la política económica del
gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las
condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la
deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población
venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez
Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin
de cumplir con sus compromisos de deuda.[17]
Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no
petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[18],
lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año
2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que "...el Estado
venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los
acreedores internacionales..."[19]
Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de
las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.
Son variadas las propuestas que se han venido
formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos
populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios
para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca
la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana,[20]
que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios
niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por
parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones.[21]
Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos
sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno.
Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos
funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.
Igualmente importante sería la realización de una
auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es
legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía una
renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es
prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de
la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la
conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el
exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes
fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.
Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto
si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que,
en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los
necesitan.
Una nueva economía: las múltiples caras del
denominado "bachaqueo"
En los últimos tres años se han producido
reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente
en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes
básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del
llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción
conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el
acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y
privadas de distribución de alimentos.
Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido
en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y
mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un
generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre
el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos
productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de
veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza
mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando
de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el
desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el
acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa
en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados
bachaqueros.
Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se
cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de
la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad
se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los
empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si
dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se
paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el 67
% de la población venezolana reconoce que compra los productos total o
parcialmente a través de los llamados "bachaqueros".[22]
El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente
diversos no solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación
desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la
sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el
acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias
violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las
cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en
pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en
ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la
actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una
modalidad de sobrevivencia.
Lo que si puede afirmarse es que en un proceso
político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la
promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales
participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha
sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y
competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular
de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas
por la auto confianza y el entusiasmo en la relación sentirse parte de la
construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de
las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas
de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se
encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de
las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la
confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de
autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.
Es este el paisaje cultural que hace posible, por
ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para
incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico
de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación
a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente
permanente de violencia.
Además de las consecuencias de la desnutrición
infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración
para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha
ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado
de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la
conciencia colectiva.
La coyuntura política
El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013
abre paso a una nueva coyuntura política en el país. En las elecciones
presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás
Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia
de solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su
última elección, había ganado con una diferencia de 10.76%.
En las elecciones parlamentarias de diciembre del
2015, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD)
gana las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos
contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[23]
Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre
representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición
obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos
terceras partes en la Asamblea.[24]
La previa identificación de la mayoría de los
sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en
muchos centros electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente
por el gobierno.
De una situación de control de todas las
instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder
Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se pasa a una
nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.
Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea
Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado.
Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión
de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare
inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en
los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del Tribunal
Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre
éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica[25]
mediante el cual el Presidente se auto otorga poderes extraordinarios en el
ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuencia, durante los
primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un
espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con
capacidad para tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país.
El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas
especiales, comisiones presidenciales, nuevos "motores de la
economía" reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo
ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la
defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del
poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía
con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando
a "la Revolución" y al enfrentamiento al imperialismo, al
intervencionismo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los
golpistas y a la "guerra económica" como las causas de todos los
males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitraria de su control
sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio.[26]
Por esta vía se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución
del año 1999. Mientras tanto, el deterioro económico y social del país se
profundiza.
Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno
bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado respaldo político
y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del
año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama
renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una
"inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos".[27]
En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el Departamento de
Estado de EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba cooperando plenamente
con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos".[28]
En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos
integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas
tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia de un
contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un
debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos
progresistas en toda América del Sur. Son en este sentido significativas las
implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que vienen operándose en
Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos de los mecanismos de
integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez
había jugado un papel protagónico. Un expresión de estos cambios son los
sistemáticos ataques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, contra el
gobierno venezolano, presionando a los países miembros de la organización a que
se le aplique al país la Carta Democrática, y las resistencias que ha
enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presidencia
pro-tempore de MERCOSUR.
Descontento generalizado, protestas, saqueos,
represión e inseguridad
Confirmando el estado de ánimo que se percibe
diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en las colas de compra de
alimentos y el transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el
profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de
la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4%
considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los encuestados
opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y haya
elecciones presidenciales.[29]
De acuerdo a la encuestadora Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que
"es necesario cambiar de gobierno este mismo año para que se solucione la
crisis que vive Venezuela".[30]
Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en
general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la población
estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente Maduro.[31]
De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la
Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve la situación del
país como "mala" o "muy mala", y más de la mitad cree que
los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el Presidente.[32]
De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el
Presidente Maduro concluya su mandato antes del 2019.[33]
En la mayor parte de las encuestas se destaca
igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una
tendencia al descenso como resultado de la frustración frente a las
expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones
parlamentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad
Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo
un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de
la mitad confía en los diputados de la oposición y en los partidos de
oposición.[34]
Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la
población en su vida cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la
imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el
racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de
protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de
comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes.
Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como
una forma de enfrentamiento político al gobierno[35].
No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su
escala, que se trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A
diferencia de la situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo
consistió en una explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a
escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves que las del
1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan
grupos armados que actúan con violencia.
Esto se suma a la inseguridad que durante muchos
años ha sido caracterizada por la población venezolana como el principal
problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela no solo tiene la
tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país de
esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente
desde el año 1995.[36]
Algunos de los denominados "colectivos" de origen chavista han
devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni
los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha
conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el sistema
judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos en que grupos de
personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de
linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la
sociedad venezolana. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por el
Observatorio Venezolano de Violencia, dos terceras partes de la población
justifica los linchamientos cuando se ha cometido un "crimen
horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo,
de acuerdo a este observatorio, "en la mayoría de los linchamientos
observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles";
más bien se trata de inexpertos ladrones." En un barrio popular apareció
una pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te
agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!"[37]
Son tan grotescas estas imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha
prohibido su divulgación por las redes sociales.
El gobierno, ante esta descomposición generalizada,
ante una sociedad que ya no puede controlar, en vista de que su discurso se
hace cada menos eficaz, responde crecientemente con represión. Con frecuencia
las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases
lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas
policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido
en la Constitución,[38]
el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre
las "Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en
Funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia
ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones" decidió que ante una
situación de "riesgo mortal", el funcionario o funcionaria militar
"aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con
arma de fuego o con otra potencialmente mortal."[39]
En ausencia de una política pública de seguridad
integral y consistente en materia de seguridad, frente el desborde de la
violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una respuesta, en
julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la
Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la
de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos operativos han
sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por acentuar las
desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los sectores populares
y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este
dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte
de numerosos "hampones" y "delincuentes". El número de
"abatidos" es presentado por los funcionarios como medida del éxito
de los operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la
opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país
cuya Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte.[40]
El referendo revocatorio
La Constitución Venezolana contempla la posibilidad
de la realización de referendos revocatorios de cada uno de los cargos de
elección popular una vez pasada la mitad de su período de gestión. Este
instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la
gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el
chavismo como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de
1999, como una de las principales expresiones de la democracia participativa.[41]
Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente o
Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de la
gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato,
éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un
lapso de 30 días. Si el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años
del período presidencial, y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el
Presidente queda destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de
libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello que el
gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su
pleno control sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos
y a retardar lo más posible la realización del referendo.[42]
Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin de presionar al CNE para
que de los pasos necesarios en función de la realización del referendo
revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han
anunciado que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el
referendo y que los empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el
Estado.[43]
Estudiantes han denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por
la realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces
más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon
centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se han ido
imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se
han alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las
normas vigentes.
El CNE durante años fue una institución que contó
con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los
procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese
extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las
observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples
procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra
vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente
confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema
electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la
defensa de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los
Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años ha
ido perdiendo la confianza de los electores.[44]
En la medida en que con sus decisiones el CNE está impidiendo la realización
del referendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual
de ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el
prestigio y reconocimiento que había logrado con mucho esfuerzo. Desde un punto
de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la
realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los
requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una
elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma
ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año
2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese momento pasaría
a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente grave en las actuales
condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de
tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población
venezolana pueda decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro
político inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual
situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia
generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de
armas de fuego en manos de la población.
Mientras más se postergue una transición, que parece
inevitable dados los amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor
será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible.
El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado
como una derrota de las expectativas de transformación social en la población
venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el
fracaso de la gestión gubernamental.
Del rentismo extractivista petrolero al rentismo
extractivista minero
La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela
representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del
país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de
hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora
tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento
en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias
requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en
país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento
de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que
enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de
sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la
crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un
terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas
elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los
demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6
millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos
vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.
Más allá de la poco probable recuperación
significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de que
le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta
si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si
queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas
catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?
En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo
de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente
Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal?
interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de
múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de
reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la
proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se
pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo
extractivista minero.
El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto
presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco",[45]
abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la
gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros
minerales. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson
Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas
nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán
ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para
luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán".[46]
Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.
La explotación minera, sobre todo en la
extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa
obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción
socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio
nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta
área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes
extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad,
críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia
total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como
"democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural", y en carencia total de los estudios de impacto ambiental
exigidos por el orden jurídico vigente.
Lejos de representar una mirada alternativa a la
lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este
decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la
lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más
énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y
Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de
la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría
unos 280.000 millones de dólares.[47]
No hay tecnología de minería en gran escala que sea
compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en
este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio
del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría
necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica
biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de
numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en
contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de
estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de
efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de
absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por
ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio
nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los
actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la
explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que
controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y
promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el
territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de
esta dinámica devastadora.
Este proyecto constituye una flagrante y
generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos
están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en
los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados
por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del
hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley
Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre
estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que
están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como
internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen
actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos.
Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa desconociendo
la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición
como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.
En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto
del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos
sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible.
Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en
este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes
países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de
Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como
consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques
petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin
tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este
vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta
catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y
Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur
del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de
deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala
inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.
Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida
de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de
las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del
Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad
que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio
climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del
Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación
de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal
de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera
río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes,
inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello
se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil.
Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se
encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco
Minero del Orinoco.
En la explotación del Arco Minero está prevista la
participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto
contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones
mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y
celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados
requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de
"mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial
aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones.
Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración
total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor
agregado.
Las posibilidades de oponerse a los impactos de la
gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del
decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren
resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en
forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el
territorio del Arco Minero.
Artículo 25. Ningún interés
particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas,
prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido
en el presente decreto.
Los sujetos que ejecuten o
promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las
operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de
Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al
ordenamiento jurídico aplicable.
Los organismos de seguridad del
estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el
normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la
ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Son extraordinariamente graves las consecuencias de
esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares".
Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como ésta
está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro
interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un
"interés particular", y por lo tanto sujeto a que los
"organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones
inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las
actividades previstas" en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los
intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está
redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado,
señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y
gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de
los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto
igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto
"particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de
las actividades mineras quedan suspendidos?
¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda,
sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos
indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales
de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a
"sus normativas" entendidos igualmente como "intereses
particulares" que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción
con el "interés general" de la explotación minera en sus territorios
ancestrales?
Todo esto es aún más preocupante si se considera
que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del
Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg),
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[48]
Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin
limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o
indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la
previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la
Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético "interés
general" en la zona, tendrán un interés económico directo en que las
actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de
acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.
De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos
encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999
en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la
búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las
empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán
operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus
actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor
dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al
gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y
luchas anti mineras.
En síntesis, un gobierno que se auto denomina como
socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del
país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un
proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con
previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.
La reacción de diversos sectores de la sociedad
venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas,
movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por
ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto
administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]",
introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y
ciudadanas.[49]
La lucha por la anulación del decreto del Arco
Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático,
no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una
brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno
y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.
Caracas,
julio 2016
________________________________
[1]. Este texto fue escrito como un
insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al
Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa
Luxemburg en Quito.
[2]. En los meses de mayo y junio
del 2016 se ha dado una lenta recuperación de los precios del petróleo,
acercándose el crudo venezolano a los $40, muy por debajo del precio requerido
para lograr un equilibrio presupuestario.
[3]. De acuerdo al ex-Ministro del
gobierno del Presidente Chávez, Héctor Navarro, "unos 300 millardos de
dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y 2012 han desaparecido de
las arcas de la nación, sin haberse castigado a los responsables." Mayela
Armas, "Héctor Navarro: ‘Esto no es socialismo... es vagabundería. Fracasó
el capitalismo de estado y la corrupción’" Aporrea, Caracas 12 de
diciembre 2015.
[4]. Banco Central de Venezuela, Resultados
del índice nacional de precios al consumidor, producto interno bruto y balanza
de pagos, Caracas, 18 de febrero 2016.
[5]. "CEPAL pronostica que
economía venezolana se contraerá 7% este año", El Nacional,
Caracas, 8 de julio 2016.
[7]. En realidad no hay acceso
público transparente al las cifras sobre la deuda. Esta tiene diversos
componentes, entre otros la deuda de PDVSA y la deuda que se define como
interna pero que tiene que ser pagada en dólares
[9]. Instituto Nacional de
Estadísticas, Cuadro 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Variaciones
porcentuales, 2008 - Diciembre 2015.
[10]. Reconocimiento de la FAO a
Venezuela, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Roma, 26
de junio 2013.
[11]. Instituto Nacional de Estadísticas,
Encuesta de seguimiento al consumo de alimentos (esca) Informe Semestral
Segundo semestre 2012 al Primer semestre 2014.
[13]. Una elevada proporción de la
energía eléctrica del país es hidroeléctrica. El gobierno le atribuye la crisis
eléctrica exclusivamente al fenómeno del El Niño. La sequía, sin dudas, tiene
un alto impacto pero no basta para explicar la profundidad de la crisis. Son
igualmente importantes la devastación de las cuencas de los ríos de la Amazonía
venezolana como consecuencia de la explotación del oro por parte de miles de
mineros informales, y la ausencia de las previsiones, e inversiones necesarias
para contar con modalidades alternativas de generación eléctrica cuando este
fenómeno de carácter cíclico volviese a repetirse. Han sido prácticamente
inexistentes las inversiones en energías renovables.
[14]. Es tal la velocidad con la cual
están ocurriendo las cosas en Venezuela hoy que todas las estadísticas citadas
en el texto están necesariamente atrasadas en relación a la cambiante realidad.
[15]. Encuesta sobre Condiciones
de Vida en Venezuela. ENCOVI, Pobreza y Misiones Sociales Noviembre 2015,
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela,
Universidad Simón Bolívar y otras instituciones. Caracas 2016.
[16]. Este estudio, como todos los
que se realizan en Venezuela en la actualidad, presenta severos problemas
metodológicos. Una significativa proporción de los ingresos, así como de los
consumos de la población venezolana ocurren hoy por la vía de mecanismos
informales, ilegales e incluso mafiosos, mecanismos que están lejos de la
transparencia. Es por lo tanto extraordinariamente difícil tener acceso a
información medianamente confiable.
[17]. "Pérez Abad anuncia
restricción de divisas para cumplir deudas de PDVSA", Versión
Final.com.ve, Caracas 16 de mayo 2016.
[18]. Pérez Abad estimó importaciones
no petroleras 2016 en apenas $15 millardos, El Cambur, Caracas
12 de mayo, 2016.
[21]. De acuerdo a Edmeé Betancourt,
quien en ese momento presidía el Banco Central de Venezuela, del total de
$59.000 millones en divisas subsidiadas entregados solo en un año, en 2012,
unos $20.000 millones fueron entregados a "empresas de maletín", una
"demanda artificial" "no asociada a actividades de
producción". "Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados
en 2012 fueron a 'empresas de maletín'", Aporrea/AVN -
www.aporrea.org, Caracas 25 de mayo 2013.
[23]. Muchos analistas coinciden en
indicar que más que expresión de respaldo a la MUD, muchos de cuyos candidatos
no eran conocidos por los electores, esta votación es la expresión
plebiscitaria de un rechazo creciente al gobierno de Nicolás Maduro.
[24]. Para evitar el ejercicio de
esta mayoría calificada que le permitiría a la oposición tomar la mayor parte
de las decisiones en la Asamblea sin tener que negociar con los representantes
del gobierno, el Ejecutivo, a través del Consejo Nacional Electoral y con el
apoyo complaciente del Tribunal Supremo de Justicia, decide desconocer los
resultados del Estado Amazonas, reduciendo así el número de representantes de
la oposición de 112 a 109.
[25]. Decreto N° 2.323, mediante el
cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las
circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y
Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, N° 6.227 Extraordinario, Caracas 13 de
mayo 2016.
[26]. Entre estas está la suspensión
de elecciones sindicales (SIDOR) cuando no puede garantizar resultados
favorables, la negativa a reconocer el carácter de partido de la organización
política Marea Socialista, identificada con el chavismo crítico, y con
ello el bloqueo a su participación electoral. Igualmente, como ya se señaló, el
desconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias en el Estado
Amazonas, y como veremos más adelante, el bloqueo al referendo revocatorio.
[27]. The White House, Office of the Press Secretary. Executive Order – Blocking
Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation
in Venezuela, Washington, 9 de marzo 2015.
[28]. U.S State Department, Bureau of Counterterrorism and Countering
Violent Extremism, Country Reports on Terrorism 2015. Washington 2016.
[31]. Hinterlaces: "58 % quiere
salida constitucional del Presidente Maduro", El Universal,
Caracas, Caracas, 20 de marzo 2016.
[32]. Proyecto Integridad Electoral
Venezuela, UCAB, Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral
venezolano y situación país, Caracas, abril 2016.
[34]. Universidad Católica Andrés
Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela, Percepciones ciudadanas sobre
el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril, 2016.
[35]. Esta es, en todos los casos, la
interpretación que formula el gobierno. Ejemplo de esto son las declaraciones
dadas por el Gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña. De acuerdo con él, los
saqueos son parte de "un plan bien diseñado (por la oposición venezolana)
para generar zozobra". "Venezuela: la resaca después de dos días de
saqueos generalizados en Cumaná", El Nacional, Caracas, 17 de junio
2016.
[37]. Roberto Briceño-León,
"Acuerdo Social. Justicia por mano propia", Ultimas Noticias,
Caracas, 13 de junio 2016.
[38]. Artículo 68. Los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros
requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público.
[39]. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, número 40.589, Caracas 27 de enero de
2015.
[40]. "Artículo 43. El derecho a
la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni
autoridad alguna aplicarla. [...]", Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue
elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento
de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción
podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato."
[42]. Un paso más esta dirección la
dio el PSUV al introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de
amparo para solicitar la suspensión de los procesos del referendo argumentado
que se habría cometido fraude en el proceso de recolección de firmas.
"PSUV introdujo recurso ante el TSJ contra el referéndum
revocatorio", Contrapunto, 17 de junio 2016.
[43]. "Diosdado Cabello:
Funcionarios públicos que firmaron no deberían seguir en sus cargos", Correo
del Orinoco, 4 de mayo 2016; "Cabello: Empresarios que firmaron no
pueden trabajar con el Estado", El Universal, Caracas 11 de mayo
2016.
[44]. De acuerdo a una encuesta de
marzo del año 2016 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, "6
de cada diez venezolanos tiene poca o ninguna confianza en el CNE. Sin embargo,
80% de los entrevistados consideran que los resultados dados a conocer por el
CNE después de las elecciones parlamentarias reflejan la voluntad del pueblo y
más de 95% considera que las elecciones son el mecanismo mediante el cual deben
resolverse los problemas del país. Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto
Integridad Electoral Venezuela, "Percepciones ciudadanas sobre el
sistema electoral venezolano y situación país", Caracas, abril, 2016.
[46]. Agencia Venezolana de
Noticias, "Plan del Arco del Orinoco contempla industrializar
potencial minero nacional", Caracas, 27 de febrero de 2016.
[47]. Agencia Venezolana de Noticias,
"Gobierno nacional prevé certificar en año y medio reservas del Arco
Minero Orinoco", Caracas 25 de febrero, 2016.
[48]. Gaceta Oficial Nro. 40.845
correspondiente al 10 de febrero de 2016. Decreto Nº 2.231, mediante el cual se
autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía
Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras,
Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del
Poder Popular para la Defensa.
[49]. "31 de Mayo: Introducido
ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el Decreto del Arco Minero del
Orinoco", Aporrea, Caracas 1 de junio 2016.
Edgardo Lander
Martes, 12/07/2016
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