Nada
menos que 5.535 han sido los muertos “por resistencia a la autoridad” durante
el año 2017, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. ¿A qué
autoridad? A la de funcionarios policiales y militares.
Hace
ya tiempo que quien esto escribe había reseñado que estaba dada la orden de
matar a los jefes de bandas aunque estuvieran acostados en sus camas. Hace años
que esto se está cumpliendo a rajatabla. Es muy fácil para los funcionarios
policiales o militares camuflar, bajo el rótulo de “resistencia a la
autoridad”, la muerte deliberada de una persona. Basta ponerle a la víctima,
una vez cadáver, un arma en la mano y disparar con ella hacia alguna parte.
El
sentido común nos dice que no son tantos los jefes de banda; pero, aunque
fueran, el Estado no tiene derecho a ordenar o simplemente permitir la muerte
de nadie en este país y menos facilitar la libre iniciativa del funcionario al
respecto, el cual, además, bien sabe que no será sometido a ninguna sanción.
Las
cifras del año 2017 son solo una muestra de cómo se está procediendo en el
control de la violencia de los delincuentes. La preocupación se hace mucho
mayor si consideramos que muchas de las víctimas habrán sido personas inocentes
que nada tenían que ver con el delito. Sabemos muy bien cómo las llamadas
fuerzas del orden disparan sin ningún reparo cuando persiguen a quien a sus
ojos aparece como un delincuente. Y digo bien: “aparece”. En efecto, demasiadas
veces es la apariencia la que guía la acción represiva. Tener “cara de
malandro”, ya sea por el color de la piel, ya sea por el gesto, ya sea
por la indumentaria, es razón suficiente para que la supuesta autoridad decida
“neutralizar” a una persona sin ningún remordimiento y sobre todo sin ningún
peligro de recibir algún tipo de sanción.
Hace
ya mucho tiempo que el Estado venezolano parece haber decidido actuar sin
ninguna contemplación, sin pararle mientes a los derechos más elementales del
ciudadano. Lo estamos continuamente experimentando. Últimamente lo hemos vivido
cuando un grupo de sublevados contra el gobierno, mientras clamaban su entrega
y rendición, fueron públicamente masacrados.
No
se trata de defender a quienes violan las leyes y asesinan, también sin
misericordia, sino de respetar la vida de todo ser humano como un derecho
inviolable por muy delincuente que sea su conducta.
Si
un Estado como el nuestro se permite violar este fundamental derecho, todos los
ciudadanos, buenos y malos, estamos en peligro de muerte. Defendiendo la vida
del delincuente, defendemos también la nuestra.
30 DE ENERO DE 2018 12:10 AM
ciporama@gmail.com
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