La ejecución
extrajudicial del ex inspector de policía Oscar Pérez y seis de sus
conmilitones, dispuesta a confesión de parte por la Presidencia de la República
(“a 17 días de dar la orden, orden cumplida” declaró un complacido Maduro la
noche del 16 de enero), es apenas otro doloroso y emblemático episodio en la
incontable serie de aberraciones que devastan el tejido social cada vez que la
más obtusa, intolerante e ideologizada lógica militar, entronizada en el poder,
violenta y remplaza la tolerante, civilista y civilizadora lógica de la
política en la conducción de una república.
Episodio, el de Pérez y sus
compañeros, muy probablemente de uso interno, de un generalato que estimó
llegado el momento de dirigir a los integrantes de los cuerpos militares y
paramilitares un aviso de amenaza: a quienes objetan, desacatan o se alzan
contra la doctrina y praxis oficiales del régimen, será aplicada a la letra la
consigna del comandante eterno socialismo o muerte, y morirán de un
tiro en la cabeza como Oscar Pérez. Nuestro inspector disidente habría sido
pues ejecutado pourl’exemple, un cruel castigo inventado por
los centuriones romanos y reeditado por las fuerzas beligerantes de la Primera
Guerra Mundial cuando mandaban a fusilar sobre el campo de batalla a supuestos
cobardes y desertores; una aberración militarista dramáticamente escenificada
hace sesenta años por Stanley Kubrick en su inmortal Senderos de Gloria de
1957.
Igual tratamiento
militar-aberrante recibieron en el país: a), desde 2015 la grotescamente
llamada Operación de Liberación del Pueblo, entrarle al cerro a lo mero macho
en busca de forajidos, paramilitares y “terroristas” matando a justos y
pecadores con muchas decenas de víctimas, y b) las dos protestas-insurrecciones
civilistas y desarmadas de 2014 y 2017 contra la dictadura, ahogadas en sangre
por los cuerpos militares y paramilitares del régimen con saldos de
aproximadamente 80 y 200 muertos, en su aplastante mayoría por fuego castrense.
Respetables ONG nacionales y la propia ex fiscal Ortega han calculado que
dentro de ese terrible y vergonzoso fardo que Venezuela lleva en hombros de los
casi 30.000 homicidios al año (España: 292 en 2016), la cuota parte de muertos
bajo fuego militar y paramilitar para el período 2015-2017 fue de
aproximadamente 8.000 víctimas. Recuérdese, para contrastar hipócritas retóricas
y duros hechos, que el 17 de noviembre de 2011, rememorando la célebre condena
bolivariana maldito sea el soldado que dispare contra su pueblo, el
hiperbólico coronel Chávez había vuelto a jurar que “más nunca se verá en
Venezuela una Fuerza Armada ametrallando y masacrando inclementemente al
pueblo”. ¡Trágica incongruencia de dictaduras que impusieron al país una
concepción bélica del convivir!
Pero la más mortífera
aberración parida por un régimen despótico con cerebro en Fuerte Tiuna es la
que trasluce la política oficial de negar la creación de canales humanitarios
que mitiguen las devastadoras carencias de alimentos y medicinas, so pretexto
militar de que serían la antesala de una invasión del país.
Este tipo de reacción
fóbica con visión demonizada del “imperio” lo incorporó a la praxis
gubernamental el coronel Chávez cuando la vaguada de Vargas en enero 2000.
Descalificó la búsqueda internacional de ingenieros militares formulada por su
ministro de la Defensa, Raúl Salazar, y prohibió que se acercaran a aguas
nacionales dos navíos norteamericanos con hospitales, 450 ingenieros y
sofisticadas maquinarias de rescate, al declararlos innecesarios.
La hipótesis de que
la traída de alimentos y medicinas pudiere inducir una invasión física de
Venezuela por fuerzas norteñas o brasileñas (hipótesis que solo un afiebrado
estratega de escritorio puede formular y un gobierno deshonesto apropiársela
para aparentar ante el mundo una inexistente suficiencia) es hoy doctrina
oficial del poderoso Ministerio de la Defensa, con el presidente Maduro y todo
un cortejo de civiles colaboradores del régimen de consecuentes pregoneros. Fue
en octubre 2015 cuando el ministro López Padrino –rechazando declaraciones del
general John Nelly, jefe del Comando Sur, en que se mencionaba una eventual
crisis humanitaria en Venezuela– comenzó de primero a conjugar “crisis
humanitaria” con “plan preconcebido e “injerencismo imperialista”, a lo que
siguió, en septiembre 2017, una doble precisión: a) la crisis humanitaria “la
están provocando el imperio y sus seguidores nacionales apátridas” y b) “la
solicitud de un canal humanitario abierto … los que estamos vestidos de verde,
de patriotas… sabemos que lo que está detrás de una intervención de carácter
humanitario… es una intervención desnuda, un injerencismo descarado”, razón por
la cual el canal humanitario dejó de ser una cuestión de vida o muerte para
miles de venezolanos para convertirse manu militari en un
problema “de seguridad y defensa de la patria” que solo y los vestidos de
verde, perennes salvadores de la patria, manejarían.
Maduro ha sido un
diligente divulgador de esa mortífera aberración militarista añadiéndole
ingredientes retóricos de su cosecha: “Este país no requiere ayuda humanitaria,
es un cuento falso… no es un país mendigo”; otras contradiciéndose al afirmar
que “es la oposición la que sabotea la distribución de alimentos y medicinas en
el país” (¡luego la crisis existe!), otras más sacando a relucir la
deshilachada y ya irrealista tesis de que la fulana crisis “es un invento de
Estados Unidos para justificar una invasión a fin de apoderarse del petróleo y
las riquezas del país”, o aseverando que “hay una campaña mundial dirigida
desde Washington para planear una intervención extranjera con la excusa de una
supuesta crisis humanitaria”; hasta inventar siniestramente que “las acciones
de violencia y terroristas… de 2017… buscaban generar una crisis humanitaria
para justificar la intervención y ocupación militar imperialista en el país”.
Otros integrantes civiles de la escuálida cúpula gubernamental recogen de
cuando en vez y a su manera la consigna, y como botón de muestra la cínica
falsedad del modelo Delcy: "En
Venezuela no hay hambre, no hay crisis humanitaria, hay amor”... También
al felón Tribunal Supremo de Justicia se le ordenó actuar en consecuencia: el
27 de octubre pasado negó por cuarta vez a la ONG Cecodap, con nueve meses de
atraso, un recurso de amparo con el que se buscaba garantizar a todo menor de
edad el acceso a medicamentos esenciales.
En esta época de
vertiginosa expansión de la libre comunicación, Venezuela se nos ha convertido
en una cápsula comunicacional cada vez más disminuida y sin balizas por obra de
un régimen que retiene u oculta información esencial y supervisa, espía, filtra
y censura todo lo que entra y sale de ella, por una constelación mediática
nacional diezmada o domesticada, por una rampante y lamentable autocensura, una
libertad de enviar y recibir mensajes cada día más reducida y controlada, un
hardware comunicacional obsoleto, desactualizado y degradado a ojos vista, unas
redes sociales en irrecuperable pérdida de credibilidad, y hasta una
minimización por razones de inseguridad de la habitual inter-sociabilidad no
virtual, del conversar y visitarse, del fraternal ágape, del desplazarse, salir
de noche, viajar y asistir a actos multitudinarios. Resalta obviamente en este
cuadro el rol del régimen como principal represor de libertades, generador
de fakenews e imitador casi perfecto de aquel mundo orwelliano
en que los dictadores inventan una “neolengua” (patria, país potencia,
magnicidio, amor, felicidad suprema, invasión etc. etc.), tienen ministerios de
la Verdad para manipular la historia; del Amor para
perseguir, torturar y matar a quien no ame al tirano; de la Paz para
debelar las oposiciones y de la Abundancia para manipular
políticamente la escasez. En un ámbito interrelacional empobrecido a ese punto,
confuso y maniqueo, carente de fuentes informativas de confiable credibilidad,
es lícito preguntarse por rectitud profesional si efectivamente vivimos una
grande y peligrosa crisis humanitaria, y si al régimen no le asiste alguna
razón cuando remite a la intervención de agentes exteriores las dificultades
médico-alimentarias del país.
Algún lector habrá
probablemente soltado una lágrima al leer el pasado 31 de diciembre, en el
medio electrónico Prodavinci, la larga entrevista de Hugo Prieto al
médico anestesiólogo y paliativo Fabio Fuenmayor titulada “La crisis
humanitaria es un clisé que no le dice nada a nadie”. Citemos in extenso la
voz de este testigo presencial de los hechos, de alguien que maneja a diario el
segmento terminal de la vida allí donde llegan a su cuello de embudo el
desastre hospitalario nacional, la fuga de médicos, la carencia casi total de
medicamentos esenciales y la hambruna, a que nos diga si la “crisis
humanitaria” es una realidad o un cuento de la oposición: “La Crisis
humanitaria es una edificación bien montada por la revolución chavista cuando
llegó al poder…En una revista interna del Ministerio de Salud, la
entonces ministra, María Lourdes Urbaneja (2003), planteó que había que acabar
con la industria farmacéutica, porque era “capitalista”… y que había que
regresar a la medicina tradicional;… ellos consideran que la medicina
tradicional indígena es mejor que la medicina occidental, …y que [debe
tratarse] la hipertensión con remedios que no sean producto de la industria
farmacéutica…; es un problema ideológico que, a mi modo de ver, llega a la
sicopatía o a la sociopatía…. Solo puedo ver el sufrimiento de la gente en su
cara…no hay manera de que pueda aliviarle el dolor… porque no dispongo de los
coadyuvantes para tratar sus diferentes condiciones…Ninguno de mis pacientes ha
tenido disponibilidad de medicamentos a través del 0-800 Salud… y más recientemente
les preguntan si tienen el carnet de la patria.”Muchos “pacientes de
hipertensión, de diabetes o de cáncer saben que van a morir porque no están
recibiendo el tratamiento para la tensión o para el azúcar”. Cuando un paciente
se muere “los familiares me donan los analgésicos que les quedaban,… porque
esos pacientes recibieron analgésicos que, a su vez, a mí me habían donado. A
través de ese ‘sistema’… logras atender a cierto número de pacientes. Pero eso
te coloca en la difícil situación de tener que decidir a quién le doy y a quién
no le doy…. A los demás los tengo que mandar a la calle, a buscar sus
medicamentos…
Estamos extirpando senos para evitar que la mujer muera en una
recaída…el país ha regresado a prácticas médicas de hace 30 años… porque los tratamientos
lógicos, normales, convencionales, de quimioterapia y radioterapia no se pueden
aplicar… El Instituto Nacional de Higiene quedó en un segundo plano para saber
si un medicamento era apto o no apto. Todo eso se perdió, todo eso se mandó a
la porra. Entonces, tú no sabes con qué estás trabajando… Actualmente no tengo
pacientes que se están curando sino que se están muriendo… Las estadísticas
[sobre las causas de las muertes] no se llevan porque al gobierno no le
interesa de qué se va a morir la gente… si en Venezuela es difícil contar los
muertos por la violencia ¿vamos a contar los muertos por causas no violentas?…
La gente se está muriendo en las calles como en el siglo XVIII por enfermedades
infecciosas, por contaminación en los hospitales, por falta de prevención, por
falta de tratamientos curativos y por falta de tratamientos paliativos. Sí, la
gente está muriendo de mengua en las calles. ¿Qué puedes esperar, si la gente
está comiendo de la basura? Claro, es más elegante hablar de crisis humanitaria.
Es menos soez…”.
Los medios más
decentes vuelcan a diario sobre el país espeluznantes informaciones relativas
al doble drama de falta de alimentos y de servicios e insumos curativos que
sería prolijo sintetizar. Charitas señala la existencia en Venezuela de hasta
380.000 menores de edad en riesgo de inanición irreversible por carencia de
alimentos. Datos globales fehacientes no existen principalmente porque el
régimen, arteramente, dejó de publicar en 2013 el Anuario de Mortalidad,
pero el gremio médico nacional abriga la íntima certeza, por ahora no
cuantificable, que un porcentaje increscendo de las
aproximadamente 420 defunciones diarias en el país se debe a insuficiencias
alimenticias, desastroso estado de los hospitales públicos, falta de asistencia
médica y crónica carencia de al menos 80% de los medicamentos e insumos
esenciales. El día en que se vuelva a disponer de estadísticas confiables de
mortalidad nacional quedará en evidencia, no caben dudas, de que el tratamiento
militar de la crisis humanitaria nacional, basado en la fábula de la “invasión”
que bloqueó la creación de canales humanitarios alternativos, produjo la muerte
prematura de decenas de miles de venezolanos.
El régimen felón no
quiere aparecer ante el mundo como un paria y no priorizó el derecho a la vida
de los venezolanos como se lo exige la Constitución. No posee ni el dinero ni
el crédito para adquirir medicinas y alimentos, y achaca la causa y el efecto a
la disidencia.
Sin embargo, el país le hubiese perdonado su rechazo al “canal
humanitario” si, en gesto pertinente y decoroso, hubiera encarado con humanista
valentía el problema dando prioridad a la supervivencia de la población por
sobre el pago puntual de las inmensas deudas que le dejó Chávez al país, o
hubiese suspendido sine die el regalo de decenas de miles de
barriles diarios de petróleo a Cuba, invirtiendo el ahorro en la traída diaria
al país de uno de los cargueros ShaanxiY8F de la aviación militar forrado de
medicamentos hasta cubrir totalmente la penuria nacional. Nada de eso hizo y
siempre negó el “canal”; no lavó ni prestó la batea, actuó bajo intoxicación
ideológica principista de inspiración castrense dejando que centenares y miles
de venezolanos se murieran en aras de esa aberración militar. En junio 2017 el
régimen llegó incluso a hacer caso omiso de una relevante oferta oficial de
ayuda medicinal y médica del PNUD de Naciones Unidas. En las catastróficas
condiciones en que se encuentra hoy el país, la no interrupción de la ayuda
chavista a Cuba ha pasado literalmente a ser un delito de lesa población
venezolana, un crimen estalinista y sado-masoquista.
Al actuar de la
suerte, el régimen viola flagrantemente los artículos 83 y 84 de la
Constitución que definen la salud como “un derecho social fundamental, obligación
del Estado que lo garantizará”, viola el 438 del Código Penal venezolano y
viola el 7-k de los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional, que
Chávez se precipitó a firmar entre los primerísimos el 7.6.2000, el cual impone
a la Corte intervenir ante “cualquier acto inhumano que cause intencionalmente
graves sufrimientos y atente contra la integridad física o la salud mental de
quien lo sufre”.
El necesitado de
ayuda médico-sanitaria es persona en estado de peligro que el Estado debe
constitucionalmente socorrer. El no asegurar a la población alimentos
suficientes, no garantizarle atención sanitaria adecuada, constituyen delitos
equiparables, en el plano social, a la no prestación de ayuda a individuo en
peligro, configurando un delito por no prestación de auxilio a sociedad en
peligro. Es lo que el derecho francés llama desde 1934 non assistence à
personne en danger que el artículo 223-6 de su más reciente Código
Penal condena con penas de 5 años de prisión y 75.000 euros de multa,
aplicables incluso –léase bien– a quien impida la prestación del socorro por
terceros (como la no-aceptación de una ayuda foránea), o lo que una ley
italiana llamada “del buen samaritano” califica de delitto di
omessasolidarietá, solidaridad que el artículo 593 de su Código Penal
define como “un deber aunque resulte penoso o peligroso prestarlo” y cuya pena
pasa al doble si la no prestación de socorro causa el fallecimiento de la
persona a socorrer. Pero el régimen finge ignorar, o ignora paladinamente, o lo
sabe y lo viola, que nuestro propio Código Penal también contempla el delito de
“omisión del deber de socorro” y prescribe en su artículo 438 una pena para
quien “habiendo encontrado persona…en situación peligrosa…haya
omitido la prestación de su ayuda a dicha persona” por considerarla infracción
dolosa al deber de solidaridad, mientras que su artículo 195 recoge el
principio francés de incriminar por igual a quien impide la prestación de
socorro por terceros, al condenar de 3 a 12 meses de prisión el “no solicitar
auxilio ajeno con urgencia”.
Llama la atención que
la defenestrada fiscal Luisa Ortega, al denunciar el 15 de noviembre 2017 al
presidente Nicolás Maduro y cuatro generales de su gabinete ante la Corte Penal
Internacional de La Haya por “delitos de lesa humanidad”, con un libelo de 495
páginas y 1.000 piezas a convicción, se haya limitado a señalar los crímenes de
asesinato, tortura y encarcelamiento que condujeron a la muerte de 1.767
personas en 2015, de 4.677 en 2016 y de 1.846 el primer semestre de 2017, tomando
pues en consideración tan solo los apartados a), b), e) y f) del artículo 438
de los Estatutos de la CPI en que se enumeran los once casos definibles como
“crimen de lesa humanidad” y descuidando el anteriormente señalado apartado k): “ Otros
actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental
o física” que, en el sub-capítulo alimentación y salud vienen hoy
produciendo en Venezuela una mortalidad muy superior a la causada por el
asesinato de disidentes y otros perseguidos a mano de fuerzas gubernamentales.
28 DE ENERO DE 2018 12:09 AM
apasquali66@yahoo.com
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