En un escrito anterior señalaba que, en esta contienda entre la
MUD y el régimen, no se comparte el mismo juego. No se coincide en el objetivo
ni en las “reglas de juego” para alcanzar los fines propuestos. De ahí las
dificultades que impone el diálogo a las fuerzas democráticas. Pareciera que no
fuera así, pues a simple vista lo que está en disputa es quién debe ocupar el
poder. Pero detrás de este elemento unificador se esconden fines radicalmente
diferentes sobre qué hacer con el poder.
Para el fascismo el poder es un fin en sí mismo, por ser la única
garantía de que se cumplan con los designios trascendentes reservados para el
Pueblo (con mayúscula, sujeto histórico del cambio que responde como un solo
hombre a los llamados del líder). El Pueblo cristaliza tales designios
precisamente por estar en el poder o, mejor dicho, porque un líder esclarecido
lo ejerce en su nombre para, desde ahí, darles forma. Puede ser asegurar la
pureza y superioridad de la raza aria; restablecer en Italia la grandeza que
disfrutó bajo el Imperio Romano; revivir las glorias de la gesta emancipadora
para asegurar la independencia definitiva; y, en este orden, instaurar un
“socialismo del siglo XXI”. En todo caso, el poder es para quedarse con él y
disfrutar de sus canonjías, pues es el Pueblo postergado que -¡al fin!- logra
su usufructo. Éstas van desde viáticos, guardaespaldas, camionetas y otros
“atributos del cargo”, hasta los “negocios” facilitados por las relaciones de
poder, siempre que no trastornen la estructura de mando o comprometan el
combate contra los enemigos. La ideología juega un papel muy importante para
los fascistas en todo esto, pues proporciona los raciocinios para asumir, desde
el poder, que la Nación les pertenece o, mejor dicho, que ellos son la Nación. Quien no comparte este
criterio y, más bien, quiera desplazar a los fascistas del poder, es enemigo
del Pueblo y debe ser combatido; para él ni pan ni agua. Nada mejor para
ilustrar este punto que las declaraciones del Vice-presidente Istúriz en el
sentido de que la marcha convocada por la oposición para llegar a Miraflores “tiene que pasar por encima del
pueblo”. El pueblo mayoritario -piénsese en las multitudinarias
concentraciones del 1º de setiembre o del 28 de octubre- ¿no son pueblo, Aristóbulo?
En democracia las fuerzas que compiten por el poder están
obligadas a hacerlo rivalizando por los favores del pueblo (en minúscula; una
asociación de personas y agrupaciones muy diversa, heterogénea y con pluralidad
de intereses y gustos, muchas veces en conflicto). Se supone que el movimiento
político que mejor interpreta las aspiraciones mayoritarias de quienes componen
ese pueblo gana las elecciones y logra ejercer el poder. En tal sentido, es el
bienestar del pueblo lo que va a servir de referencia para la acción política
en democracia. Esto no quiere decir que los políticos democráticos sean siempre
servidores desinteresados o desconocer que muchos cínicamente acomodan sus
“ofertas” para acceder al poder en busca de beneficios personales. Pero bajo
escrutinio de ese pueblo, directamente en asuntos concernientes a su localidad
o gremio, o indirectamente a través de los órganos de representación y con el
auxilio de medios de comunicación independientes y libres, las prácticas
malsanas tienden a ser desenmascaradas y sufrir sus ejecutores el costo
político que termina desalojándolos del poder. De ahí la importancia decisiva
de contar con las instituciones de un Estado de Derecho y con las condiciones
requeridas para que sus preceptos se cumplan.
De modo que para Maduro y la oposición democrática luchar por el
poder no significa la misma cosa. Creer que ambos luchan por lo mismo, solo que
desde perspectivas e intereses distintos, pudiera constituir uno de los mayores
errores de la MUD a estas alturas de la contienda. Al no proseguir el mismo
fin, tampoco el régimen va a coincidir con las razones ni con la lógica que
debe guiar la solución de las diferencias. Para empezar, ni a Maduro ni a
ninguno de sus acompañantes les importa un comino la suerte del pueblo, como lo
atestigua de manera fehaciente y trágica los niveles de hambre y miseria a que
lo ha sometido por negarse a rectificar sus políticas. Su ineficacia y efectos
perversos no van a influir para que el gobierno busque un acercamiento con la
oposición, pues estas políticas han pasado a constituir la razón de ser de quienes
hoy ocupan el poder. Los controles, regulaciones, precios regulados –entre
ellos los del dólar y la gasolina-, la no rendición de cuentas ni el respeto
por los procedimientos del Estado de Derecho, y la discrecionalidad con que son
manejadas las compras, contratos y transacciones de todo tipo, les han proveído
de inmensas fortunas; no importa que, en paralelo, hayan arruinado al país. Más
cuando los ampara una construcción ideológica que legitima sus desmanes. La
nueva oligarquía constituida a partir de tal disfrute del poder en absoluto se
va a sentir presionada para concertar el restablecimiento de la soberanía
popular –a través del RR16 o de elecciones generales anticipadas- para abrir
vías de solución a la actual tragedia.
Al respecto, temo que la MUD pudiese estar metiéndose un autogol
si deja pasar definitivamente la activación del RR16 y reclamar, en reemplazo,
unas elecciones generales para principios del próximo año. Porque éstas no
están contempladas en la Constitución. Maduro acusó un importante costo
político entre partidarios –incluyendo militares- y la opinión internacional al
desenmascararse como dictador precisamente porque inhabilitó la Carta Magna.
Con elecciones generales fuera de lapso ese argumento ahora es de Maduro: no están contempladas en la
Constitución. Y, por si no me hice entender con lo argumentado en los párrafos
anteriores, confiar en que el gobierno “entre en razón” en interés de
encontrarle salidas a los padecimientos del país, no pasa de una inocentada
irresponsable.
Y he aquí por qué mantengo que la MUD no ha sabido ejercer la
ventaja que significa representar una mayoría abrumadora a favor del cambio.
Porque lo único que hará que ceda la posición del gobierno para que converja
con la necesidad de restablecer el orden constitucional es la fuerte presión de
esa mayoría. Véanse las infelices admoniciones de Maduro de que la oposición no
va a entrar, “ni por votos ni por balas”, en Miraflores, solo pocos días
después de haberse comprometido ante el emisario del Papa en respetar los
derechos del otro. Sin presión, vuelve a sus andanzas fascistas. Esto significa
movilizaciones de calle y apoyo internacional para que el régimen entienda que
la única base aceptable del dialogo es el respeto al orden constitucional. De
lo contrario, el diálogo será un “tenteallá” para perder tiempo e inviabilizar
los reclamos democráticos. No será la primera vez.
La búsqueda de acuerdos es perentorio por la desesperación de la
gente, sus sufrimientos y el cronograma ya bastante comprometido para el RR16.
Y estos acuerdos sólo serán factibles a partir de demostraciones de fuerza,
democráticas y en ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Bajo un
gobierno fascista, derecho que no se lucha por ejercer es un derecho que se
pierde. Esto no significa provocar enfrentamientos violentos hasta que, por
fin, Maduro y su gente se vean obligados a salir. Al contrario, el desafío del
liderazgo democrático está en evitar este tipo de confrontaciones, que son las
que busca el régimen para justificar la represión y deslegitimar a la
oposición.
Los fascistas, por las buenas, no van a entregar el poder. Son
demasiados los intereses acumulados, excesivo su fanatismo y blindaje
ideológico, para comprometerse con un dialogo sincero. ¿Qué va a hacer la MUD
para lograr que ello ocurra? ¿Cómo aprovechar nuestras fortalezas?
“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo
y librarás cien batallas victoriosas”
Sun Tzu, filósofo de la antigua China.
Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com
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