Gran
Misión Vivienda Venezuela
La propuesta de ley para dar titularidad a los
beneficiarios de la Misión Vivienda encendió una nueva batalla entre oposición
y gobierno. La MUD busca seguir creciendo de cara a los futuros procesos
electorales y para ello debe morder con más fuerza en los segmentos
poblacionales “D” y “E” justo el público del programa social, donde se
concentra el apoyo más duro al oficialismo. El chavismo desplegó las UBCH para
hacer frente a lo que Maduro tildó de amenaza y a la par empezó a entregar
títulos de “propiedad familiar”. Los vecinos de los urbanismos están en medio:
“Queremos nuestro título, pero creo que ambos han tergiversado el tema. Con el
título la gente vería que hace, si alquila, vende o se queda”, dice Edgar
Pérez, adjudicado en uno de los edificios construidos en Bellas Artes
El pasado 29 de enero, el PSUV desplegó a sus militantes
para una guerra que inició con la llegada de 2016 y la nueva Asamblea Nacional.
La confrontación nunca fue anunciada directamente y no implica armas ni
enfrentamientos violentos. Es una lucha estratégica disputada en tableros
políticos y no militares y en la que cada bando tiene objetivos claros: la MUD
busca socavar la base de apoyo del chavismo para poner en jaque su supremacía,
mientras que el oficialismo la protege a fin de preservar su dominio del poder.
Julio Borges, el jefe de bancada de la MUD en la Asamblea
Nacional, fue el encargado de dar el grito de guerra. Ocurrió el 5 de enero,
cuando el parlamentario planteó la agenda legislativa de su equipo. Ocultas
entre la ley de amnistía y otras propuestas que sirvieron de bandera para
movilizar al electorado más opositor en las elecciones, se mencionaron dos
iniciativas dirigidas a un público distinto y que tiende a engrosar las filas
del chavismo: la ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la
Gran Misión Vivienda y el proyecto de bono alimenticio para jubilados y
pensionados.
Esos fueron los dardos con los que comenzó la batalla. El
planteamiento de ambas propuestas fue hecho rápidamente en las semanas
siguientes y la primera ley fue aprobada en primera discusión el 28 de enero
con el voto salvado del oficialismo.
Al día siguiente reaccionó el presidente Nicolás Maduro
durante una plenaria del III Congreso Socialista del PSUV: “Debemos enfrentar y
derrotar el proyecto de ley presentado por la contrarrevolución en la Asamblea
Nacional, que pretende quitarle al pueblo el derecho a la vivienda y la
propiedad de la tierra urbana para pasarlo a las mafias de la burguesía
inmobiliaria. Hay que defender la Gran Misión Vivienda Venezuela como un logro
del pueblo en revolución”. Luego ha calificado el proyecto de ley como una
amenaza.
Los jefes de Círculos de Lucha Popular (CLP) del PSUV, así
como las cabezas de las Unidades de Batalla (UBCH) y de las Patrullas, los
dirigentes más cercanos a la base popular del partido, recibieron órdenes
claras ese día: salir a hablar con la gente sobre la propuesta opositora y los
peligros que supuestamente oculta.
“Ya hemos hecho varias reuniones con las UBCH de los
distintos sectores y en casas de la misión. Buscamos hacer hincapié en que la
gente ya tiene títulos de propiedad de las viviendas y que lo que quieren ellos
realmente es ligar los hogares a hipotecas. Nuestra misión es informar mejor a
la gente, hemos sido débiles en eso”, afirma Isidro Figueroa, jefe de un CLP en
la parroquia Alto de Los Godos, de Maturín, Monagas.
La MUD no se ha quedado de brazos cruzados. Luego de la
aprobación en primera discusión, la propuesta fue sacada a la calle para la
consulta pública. “Ya hemos hecho 15 reuniones para explicar nuestro
planteamiento. 4 fueron en sectores de Petare como Barrio Unión y Maca. Hemos
tenido una discusión frontal sobre la verdad de esta ley”, advierte Miguel
Pizarro, diputado de Primero Justicia y presidente de la comisión de Desarrollo
Social.
La guerra está en pleno desarrollo y bien podría definir si
es posible que el apoyo a la MUD siga creciendo de cara a las próximas
elecciones. El 6 de diciembre la oposición tuvo un salto importante que le
permitió vencer en lugares donde nunca había ganado. Ahora tiene que morder la
base del chavismo para seguir en ascenso.
¿Es posible? El reto es complejo en un país en el que el chavismo se ha
encargado de tejer redes ideológicas, emocionales y clientelares durante los
últimos 17 años. Sin embargo, los resultados del 6 de diciembre demuestran que
es posible que sectores típicamente oficialistas den la oportunidad a la MUD
frente a las máquinas de votación.
A esa conclusión se llega tras analizar los resultados de
los centros de electorales ubicados en edificios de Misión Vivienda, donde se
concentra parte de la base dura del PSUV.
En los últimos comicios parlamentarios había 20 centros
cuyos nombres los identificaban como edificios construidos por el programa
social. En ellos la MUD consiguió en promedio 12,2% de los votos, porcentaje
pequeño pero que significó un incremento de 9,9 puntos porcentuales respecto a
lo obtenido en centros con las mismas características durante las
presidenciales del 7 de octubre de 2012, la última vez que Hugo Chávez
participó en unas elecciones.
El aumento es aún más destacable si se considera que el
incremento de la MUD entre esos dos comicios a escala nacional fue un poco
menor: 9,2 puntos porcentuales solamente. Además, en una muestra de centros de
votación ubicados en consejos comunales o salas de batalla, donde también
tiende a dominar el chavismo, se registró exactamente la misma tendencia.
“La guerra económica ha funcionado como un alicate. La gente
no está acostumbrada a que le peguen por el estómago y a las mujeres les afecta
que sus productos de higiene personal sean tan difíciles de conseguir”, considera
Isidro Figueroa al estudiar las razones por las que un sector de la población
votó por la MUD por primera vez.
Sea guerra económica o las consecuencias de un modelo
fracasado, lo cierto es que la situación que se empezó a vivir desde 2014 ha
tenido un impacto sobre parte de la base dura del chavismo.
En los centros estudiados de Misión Vivienda, el apoyo al
partido de gobierno promedió más de 95% en los comicios presidenciales de 2012
y 2013 y los municipales de 2013. En las estructuras ubicadas en consejos
comunales, el respaldo se ubicó en más de 73% como media.
Eso cambió de manera importante en la última votación,
ocurrida luego de que la crisis empezó a afectar directamente a los ciudadanos
y los problemas económicos pasaron a ser identificados como los principales del
país en distintas encuestas. En esta ocasión el apoyo al PSUV en los centros de
Misión Vivienda promedió 85,5%, 10 puntos menos, y en consejos comunales 65,2%,
8 puntos menos.
Las armas. La
ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión
Vivienda y el proyecto de bono alimenticio para jubilados y pensionados son las
propuestas más populares que ha presentado la bancada de la MUD que domina la
Asamblea, según números de Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.
“El 30% no apoya la ley de Misión Vivienda, el mismo
porcentaje que se mantiene respaldando al PSUV; alrededor del 15% está todavía
indeciso y el resto (por el orden de 55%) la aprueba. Con la ley del ticket de
alimentación para pensionados los números son aún más claros y el respaldo
aumenta en más de 5 puntos porcentuales”, asegura el experto.
Seijas agrega que con leyes como la de amnistía el respaldo
no supera el 45%, lo que demuestra que solo causa agrado entre los sectores que
tradicionalmente apoyan a la MUD.
“Con estas dos propuestas apuntan claramente al segmento “D”
y “E”, donde siempre se ha concentrado el mayor apoyo del PSUV. Además lo hacen
tratando de tomar una de las banderas tradicionales del chavismo como lo son
las viviendas”, añade el encuestador.
Para entender mejor la situación es clave evaluar con mayor
detalle la base de apoyo chavista. El 6 de diciembre 5.610.148 electores
votaron por los candidatos lista del oficialismo. Alrededor de 25% de ellos son
miembros de la burocracia del PSUV porque son parte de los 985 delegados del
Congreso, 3.988 jefes de CLP, 13.682 jefes de UBCH, 136.820 jefes de patrulla o
de los más de 1,3 millones de patrulleros que la organización tiene en teoría.
Estos son los simpatizantes más leales del oficialismo.
El 75% restante son ciudadanos que podrían estar inscritos
en el partido, pero que no necesariamente tienen militancia activa. Los mueven
vínculos por motivos “utilitarios-clientelistas”, por elementos “emocionales o
carisma” o por ideología, según estudios de segmentación política hechos en el
pasado por Datanálisis sobre la filiación al chavismo. El primer factor es el
más importante e identifica hasta a 70% de la base oficialista, indican las
investigaciones de la firma.
Los números de Delphos arrojan otros datos sobre los
seguidores del oficialismo: la mayoría de ellos son mayores de 35 años.“Entre
los jóvenes el apoyo al PSUV está en alrededor de 20%, mientras que en los
adultos rebasa el 30% y se acerca a 35%. La disminución del chavismo entre los
jóvenes de los segmentos “D” y “E” ha sido bastante significativa en el último
año”, explica Seijas.
El grupo de edad más interesado en el tema de las pensiones
es el de mayores de 35 años de edad, por lo que la MUD está buscando hablarle
directamente al segmento que le ha sido reacio.
En el último año, dirigentes de base del PSUV admiten que se
han registrado deserciones entre los inscritos no militantes y algunos
patrulleros. “Los jefes de CLP, UBCH y Patrullas nos hemos mantenido intactos
porque pasamos pruebas ideológicas y somos la vanguardia de la organización.
Las cosas solo han cambiado entre aquellos que no son seleccionados para tareas
específicas”, comenta Figueroa. Ese grupo menos leal es el más numeroso de la
base chavista.
Los argumentos. Ante el riesgo que puede significar el avance opositor, el
PSUV ha recurrido a la siembra de temor y desconfianza entre sus seguidores.
“Hemos tenido más de seis reuniones en distintos sectores y
en todas remarcamos la necesidad de evitar la nueva ley de Misión Vivienda
porque lo que busca es que la gente tenga que pagar créditos por las casas que
les dio el gobierno”, afirma Haydee Toro, coordinadora de la UBCH Generalísimo
Francisco de Miranda, ubicada en Filas de Mariche, Miranda.
Elías Jaua, diputado del PSUV y miembro de la Dirección
Nacional del partido, agrega que la oposición busca quitarle el carácter de
“inembargable” a las casas entregadas a través del programa social. “La ley
tiene tres objetivos claros: 1) Hacer demagogia política con algo que no
construyeron; 2) Pagar la deuda que tienen con los latifundistas urbanos al
devolverles el monopolio de la fijación de precios especulativos; y 3) Crear
las condiciones para un avance de la banca inmobiliaria hacia las más de un
millón viviendas construidas. Ningún banco va a dar un crédito sobre algo que
no puede embargar”, aseguró el legislador en una breve entrevista que concedió
el pasado 11 de febrero antes de entrar al hemiciclo para la sesión del día.
Borges y Pizarro defienden su propuesta y remarcan que no
tienen intenciones ocultas.
“No llegaría un crédito junto con la ley. La propuesta es
muy simple: busca que los beneficiarios pasados y futuros de Misión Vivienda o
cualquier desarrollo urbanístico de Conavi o Banavih sean dueños plenos con su
título gratuito, registrado y sin ningún tipo de burocracia. Vamos a mantener
las condiciones ya establecidas”, afirma el jefe de bancada de la MUD.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, la cual
se encargó de redactar la propuesta aprobada en primera discusión, añade que la
ley solo hace mención a créditos a los que podrían acceder los beneficiarios
por su nueva condición de propietarios plenos. El título, asegura, les daría
una garantía para el futuro.
“Nosotros no vamos a llenarle los bolsillos a los banqueros
con un mercado secundario o hipotecario ni vamos a llenar el hueco fiscal del
gobierno poniendo a pagar a la gente. Los créditos serán para quienes quieran
hacer mejoras a su vivienda, pero no para acceder a ella. Así podrán planificar
teniendo estabilidad”, aclara Pizarro.
Para evitar que las casas con los títulos de propiedad
recién entregados sean vendidas, la ley incluirá una disposición transitoria
que prohibirá la venta por un período de una década o más, advierte el
legislador.
Pizarro añade un elemento que funcionaría para romper la
base dura chavista: “Queremos que se acabe el chantaje y la amenaza a la gente
de que le van a quitar las viviendas si no votan por el gobierno. Buscamos que
eso no ocurra más nunca”.
Los dirigentes de base del PSUV aseguran que no utilizan esa
práctica para buscar votos, aunque admiten que sí hacen recorridos casa por
casa en los edificios del programa social en busca de apoyo valiéndose de otras
estrategias. Por ejemplo, las UBCH monitorean las necesidades de los vecinos y
tratan de saciarlas a través de sus contactos con el Estado.
Lo que viene. Pizarro calcula que en un mes la Asamblea debería aprobar la
ley de títulos de propiedad de Misión Vivienda en segunda discusión para que
entre en vigencia lo más pronto posible. Con la ley de cestaticket para
jubilados, que fue sancionada tanto por la MUD como por el PSUV en primera
discusión el 11 de febrero, calcula el mismo lapso para su aprobación.
Sin embargo, el chavismo no se ha dado por vencido y busca
dificultar la puesta en práctica de las nuevas ordenanzas o restarles
importancia.
Con el tema de los bonos de alimentación y medicinas, la
bancada chavista propuso que se cree una cuota financiera especial a las
empresas privadas para poder pagar las 10 unidades tributarias que se daría a
cada pensionado, a la vez el Presidente aseguró que el gobierno no tiene
recursos para ese gasto. Esto complica la discusión porque la grave crisis
económica ha afectado la productividad del capital privado, el cual ya está
sometido a nuevos impuestos.
Con respecto a la Misión Vivienda, Maduro informó que se
empezarán a entregar títulos de protocolización que serán inscritos en
registros especiales del programa social. La formalización ocurre cinco años
después de que la misión fue lanzada por Hugo Chávez.
“El presidente dio un plazo de seis meses para que
entreguemos sus documentos a todos los beneficiados. No habíamos podido hacerlo
antes porque son un millón de viviendas y eso requiere de un gran esfuerzo. Las
leyes vigentes ya dejan claramente establecida la plena posesión”, asegura
Jaua.
Sin embargo, la bancada opositora remarca que esos
documentos no son lo mismo que un título de propiedad plena y están abiertos a
la discrecionalidad del gobierno. La falta de consenso hace evidente que la
guerra por convencer a los segmentos “D” y “E” continuará.
“Una vez sean aprobadas estas propuestas traeremos a
discusión la Ley de Barrios para dar títulos de propiedad a más de 2 millones
de familias que viven en zonas populares. Buscamos democratizar la propiedad y
que tengamos un país de propietarios”, informa Borges.
La guerra por la base de apoyo chavista pica y se extiende.
De su resultado final podría depender el futuro político del país.
FRANZ VON BERGEN
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