El abogado y defensor de Derechos Humanos, Rafael
Narváez, señaló que en el país existe un 98% de impunidad en cuanto a los
crímenes que se cometen y que con esto “el gobierno favorece a la delincuencia
al no castigar al victimario”. Con esto, Narváez le salió al paso a las
declaraciones dadas por la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en
las que aseguró que el país es campeón en Derechos Humanos”.
Narváez señaló que, solo en el mes de octubre más
de doscientos cadáveres ingresaron a la Morgue de Bello Monte como saldo fatal
de hechos violentos. Recordó la aplicación fallida de planes de seguridad,
incluyendo la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) de la cual sostuvo
que a noventa días de su aplicación se trata de “un capricho mediático del
Gobierno” que no ha surtido efecto en bajar índices de criminalidad.
“La Ministra Varela está equivocada” remarcó el
activista de DDHH y señaló que, pese a que en la Constitución Nacional se
establece la protección del individuo por parte del estado en derechos
fundamentales como la seguridad ciudadana, alimentación, salud y trabajo “la
realidad es que en Venezuela están vulnerados esos derechos”.
“Vemos como cada día se incrementan las colas, que
tienen al menos cuatro horas de duración, colas de gente esperando por la
posibilidad de llevar artículos de primera necesidad a sus hogares, los cuales
no se consiguen. Por otra parte, está la ausencia de medicamentos que vulnera
el derecho a la salud, el padecimiento que pasan los pacientes con enfermedades
crónicas, hipertensión, enfermos renales, con cardiopatías. También se
violentan los derechos económicos y jurídicos de los venezolanos” argumentó.
El defensor de DDHH aseguró que “el Estado es
violador de Derechos Humanos, desprecia la vida, la justicia y fortalece la
impunidad”. Agregó que no hay políticas de rectificación para garantizar los
derechos fundamentales y que lo ocurrido durante la detención del ex gobernador
zuliano Manuel Rosales en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo es una
muestra más. “El Sebín incauto celulares, para borrar imágenes que no le
convenían al Estado, incautó información de periodistas, planteando así la
censura, violentado derecho al trabajo y al libre ejercicio de periodismo. En
vez de estar pendiente de los pranes, es un Estado cómplice mientras la
delincuencia se arma con granadas” concluyó.
La Patilla, octubre 16, 2015 4:27 pm .
Foto archivo
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