Con las elecciones presidenciales sin
fecha definida, la propia presidenta del CNE sancionada y la muerte de Óscar
Pérez -tiroteado durante una redada ejecutada por efectivos de seguridad del
Estado- el diálogo entre oficialismo y la coalición opositora continúa sin
arrojar resultados concretos
Las
sanciones que acordó la Unión Europea (UE) en contra de los funcionarios del
gobierno del presidente Nicolás Maduro, lejos de boicotear el diálogo que el
chavismo mantiene con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en República
Dominicana, tiene como objetivo presionar para que las conversaciones
arrojen acuerdos concretos que sean puestos en práctica, coincidieron expertos.
“No
es contradictorio el diálogo con las sanciones porque a pesar de los encuentros
no hubo un cambio en las conductas antidemocráticas del gobierno”, dijo Mariano
de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales en declaraciones a El Nacional Web.
Por
el contrario, recordó que la UE insistió en que levantará sus castigos si
finalmente ambas partes firman un pacto y lo cumplen en un periodo determinado
de tiempo, aunque reconoció que no debe pasarse por alto el contexto en el que
penalizaron a integrantes del gobierno de Maduro.
“Entienden
que las probabilidades de que haya resultados fructíferos son muy pocas”,
sopesó de Alba.
En
la mañana de este lunes, fuentes europeas confirmaron a agencias de noticias
que a siete funcionarios venezolanos les prohibieron ingresar a cualquiera de
los 28 países miembros de la UE, al tiempo que les congelaron sus cuentas
bancarias y activos que tienen en su posesión.
Entre
los afectados se encuentran Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ); Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE); Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin); Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV); Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB); Tarek William Saab, defensor del pueblo designado
por la chavista asamblea nacional constituyente y Néstor Reverol, ministro de
Interior y Justicia.
En
noviembre de 2017 la Comunidad Europea sancionó por primera vez a Venezuela
tras aprobar un embargo con el que prohibieron la venta y abastecimiento de
armas, municiones y equipos militares que alegaron podrían ser utilizados para
reprimir manifestaciones.
Diego
Arria, diplomático y ex presidente del Consejo de Seguridad de la Organización
de Naciones Unidas, adelantó que a la lista se le irán añadiendo nombres debido
a que prevé que las discusiones están destinadas a fracasar porque únicamente
benefician al chavismo dándole una “fachada democrática”.
“El
diálogo solo sirvió para enterrar las oportunidades de salir del régimen. (…)
México y Chile (mediadores escogidos por la MUD) no deberían hacer más
presencia. Sería de más ayuda que dijeran que se dieron cuenta de que el
gobierno no cumplirán con sus promesas”, analizó Arria en palabras ofrecidas
a El Nacional Web.
En
la misma sintonía se mostró la ONG Human Rights Watch, que consideró que
no queda en el país ninguna institución independiente que pueda actuar como
contrapoder.
"En
este panorama tan crítico no hay instancias internas para frenar abusos o
castigar a los responsables. ¿Qué es lo único que queda? Las instancias
internacionales. Son la única posibilidad, la condena internacional
constante", dijo en declaraciones telefónicas a EFE el director para
América de HRW, José Miguel Vivanco.
Diosdado
Cabello, —sancionado— fustigó las sanciones de la UE y acusó al organismo de
responder a intereses de Estados Unidos para desestabilizar al chavismo. “Lo
que hicieron fue un disparo contra el diálogo y no fueron personales sino
contra Venezuela para aislarla y neutralizarla”, opinó, pasando por alto los
dictámenes de la Eurozona, que detallan con nombres y apellidos a los
afectados.
El
dirigente oficialista pidió acciones de reciprocidad en contra
de funcionarios europeos y despotricó las accones de los dirigentes
de la MUD a los cuales tildó de incompetentes.
Entretanto
el canciller de España, Alfonso Dastis, indicó durante una reunión entre
ministros de Exteriores de la UE que consideran que las sanciones las tomaron
como “incentivo para la negociación” según la agencia AFP.
Por
otra parte fuentes de la MUD consultadas por El Nacional Web no
aportaron información ni asumieron posturas acerca del efecto de las sanciones
sobre los funcionarios señalados.
Elecciones
presidenciales en tela de juicio
La
definición de un cronograma para las elecciones presidenciales y la renovación
de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron puntos de discusión
desde que arrancó el diálogo.
Mientras
la MUD insiste en cambiar las cinco cabezas que conforman al Poder Electoral,
el chavismo cedería a cambiar únicamente a dos de los rectores, los cuales
tienen sus períodos vencidos, siempre según la agencia AFP.
Indiferentemente
de que se modifiquen a los funcionarios, el internacionalista de Alba advirtió
que los comicios no generan confianza ante la comunidad internacional, más aún
con la presidenta del ente, Tibisay Lucena, sancionada por la UE, Estados Unidos
y Canadá.
“Las
elecciones tienen un serio problema de credibilidad dada la experiencia en los
comicios de la fraudulenta asamblea nacional constituyente y de alcaldes y
gobernadores que se dieron en los últimos meses”, expresó de Alba.
Arria,
ex diplomático, enfatizó que la comunidad internacional no confía en que los
actuales directivos del Poder Electoral puedan ofrecer garantías para futuros
comicios.
De
hecho criticó que la MUD tome acciones concretas en contra de Lucena,
presidenta del CNE, quien acumula sanciones en Estados Unidos, Canadá y la UE.
“Pareciera
no importarles que el mundo sancione y descalifique Lucena y otros funcionarios
como el propio Maduro”, fustigó.
Cabello,
uno de los sancionados, negó tener bienes y cuentas en Europa, defendió la
gestión de los afectados por las sanciones y en el caso particular de Lucena
ironizó: “La sancionaron por hacer elecciones”, dijo durante una rueda de
prensa.
En
vilo por la muerte de Óscar Pérez
Las
medidas de la UE a funcionarios venezolanos, que tuvieron como objetivo
prevenir represión por parte del gobierno de Maduro contra la disidencia,
entraron en vigencia apenas una semana después de que cuerpos de seguridad del
Estado acabaran con la vida de Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, que se reveló ante el chavismo.
Tanto
de Alba como Arria alertaron que la operación que acabó con la vida de Pérez,
además de catalogarla como irregular, levantó suspicacias en la comunidad
internacional.
“Hay
preocupación porque se ejecutó a personas que aparentemente se rindieron y aún
así se les violaron sus derechos humanos”, expresó de Alba, quien afirmó que
tampoco veían con buenos ojos una salida por medio de una insurrección armada.
Arria,
no obstante, advirtió que durante el procedimiento no solo se vio la peor cara
de un régimen que tildó como narcodictadura sino que exhortó a la MUD a no
quedarse indiferente ante el hecho.
“El
gobierno demostró que hará lo que le dé la gana. Esto debió generar una
reacción pero no se atreven a calificar esa acción como un crimen”, señaló.
El
dato
Suiza
no forma parte de la UE, por lo que las cuentas bancarias y activos que
pudieran poseer alguno de los siete funcionarios chavistas sancionados no
sufrieron ningún tipo de restricción.
Por LUIS PICO | @PICOLUIS01
22 DE ENERO DE 2018 05:55 PM | ACTUALIZADO EL 22 DE ENERO DE 2018 18:06 PM
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