Vladimir Aguilar es un abogado
especializado en derecho indígena que cuenta con respeto y admiración por parte
de las comunidades originarias del país, con las que trabaja estrechamente.
Además de politólogo y doctor en Estudios del Desarrollo, es director del Grupo
de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, con
quien conversamos a propósito de celebrarse este 9 de agosto otro Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.
- ¿Cuál es el balance sobre la realidad
de las comunidades originarias en nuestro país?
- El balance es pesimista, a pesar de todos los avances que en materia
normativa y legislativa se han venido dando en nuestro país: a mayor normativa
jurídica ha existido mayor fragmentación de los territorios y en consecuencia
mayor cooptación de las organizaciones indígenas. Todo ello responde a la
política extractivista que el Estado venezolano ha venido desarrollando en los
últimos años. El Arco Minero del Orinoco ha puesto al descubierto esta política
de extracción ilimitada de recursos a través de la Agenda Económica Bolivariana
como la expresión final del Plan de la Patria, donde ya se venía definiendo que
Venezuela como país potencia desde el cual se pudieran explotar recursos
convertidos en materia prima para el mercado internacional.
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“No hay ninguna experiencia conocida que indique
que pueda haber una minería de carácter sustentable, menos en las condiciones
en las que se encuentra nuestro país”.
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- Siendo el derecho a la tierra la principal demanda de los pueblos indígenas: ¿qué razones explican el retraso en el proceso de demarcación de sus territorios?
- Hay razones de carácter
institucional, de falta de acompasamiento entre derechos reconocidos e
instituciones que estén a la altura para materializarlos. Las áreas ricas en
recursos minerales coinciden con los territorios que de manera ancestral han
ocupado los indígenas. Ante una política económica y saldar una deuda
histórica, como es el reconocimiento de los territorios, el Estado va a escoger
el aceleramiento de esta política extractivista. Un tercer elemento tiene que
ver, lamentablemente, con la pérdida de fortaleza del movimiento indígena
venezolano para enfrentar estas políticas que amenazan sus territorios.
Entonces hay tres niveles. Un nivel de abajo hacia arriba, la ausencia de
organizaciones fuertes indígenas; uno intermedio: la política del Estado de
expoliación de recursos y un último nivel: la falta de acoplamiento entre
derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos jurídicos nacionales
e internacionales y las instituciones que tienen que hacer efectivos estos
derechos a través de políticas públicas interculturales e indígenas que, lamentablemente,
no existen en nuestro país.
- Después de tres años de gestión
¿Nicolás Maduro ha sido una ruptura o continuación de la política indígena de
Hugo Chávez?
- Ha existido una profundización de la
política entreguista de los recursos naturales a intereses extranjeros. Es
posible que lo mismo hubiese ocurrido si el presidente Chávez hubiese estado
vivo, porque la política económica que venía implementando era insostenible. La
política del presidente Maduro es más agresiva, de desmembramiento sistemático
del movimiento indígena venezolano, de persecución a sus líderes. También hay
mayor presencia militar en las instituciones y en territorios
fronterizos.
- ¿Cuál debería ser el papel de la Asamblea Nacional en cuanto a
derechos indígenas?
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- A través de una iniciativa
legislativa es posible convertir los procesos de autodemarcación, que ya
existen en muchísimos pueblos indígenas, en demarcación, un derecho consagrado
en el artículo 119 de la Constitución. En el país ha habido 17 años de
reconocimiento de derechos, en este momento lo que se trata es de avanzar
cualitativamente en su ejercicio. Si bien existe un 12% de titulación de
territorios, esta iniciativa legislativa nos permitiría también mirar si esas
titulaciones responden a lo contenido dentro de los instrumentos jurídicos
internacionales y la Constitución, pues se han venido dando desde una visión
agrarista, asumiendo a los pueblos indígenas como comunidades campesinas.
- Ante las críticas, el Gobierno creó
un Ministerio de Minería Ecológica. ¿Ayudará en disminuir los impactos
negativos?
- El Ministerio de Minería Ecológica es
una tautología: no hay minería ecológica. Por donde lo observemos el Arco
Minero es una arremetida contra los derechos indígenas y viene a ser el
corolario de la fragmentación de los territorios que han venido ocupando. No
hay ninguna experiencia conocida que indique que pueda haber una minería de
carácter sustentable, menos en las condiciones en las que se encuentra nuestro
país.
- Hay denuncias sobre participación
guerrillera en actividades de minería, ¿son ciertas las denuncias?
- Hemos visto situaciones de microestallidos y microenfrentamientos en
zonas del estado Bolívar y Amazonas, donde algunas organizaciones indígenas han
venido siendo confrontadas por estas guerrillas que también actúan como cuerpos
armados de los mineros ilegales, e incluso de las propias empresas mineras. Sí
hay paramilitares y guerrilla haciendo minería ilegal y custodiando mineros
ilegales en nuestro país, eso es un hecho.
Jueves, 04 Agosto 2016 00:00
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