lunes, 29 de agosto de 2016

160 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela - Informe semestral (Enero – Junio de 2016)



Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela
  
Entre enero y junio de 2016, la organización Espacio Público registró 160 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 8,48% respecto al mismo periodo del año 2015. El total de casos/situaciones fue de 124, un 6% mayor que el primer semestre del año pasado. La incidencia de equipos y agresiones se da principalmente durante el trabajo de calle, en particular mientras se cubren acciones de protesta.
Enero comienza con una incidencia importante de los casos, al seguir una tendencia registrada a finales de 2015, en el contexto de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, mes en el que se registraron 48 casos. Tras una baja significativa en febrero, observamos un ascenso progresivo que ya para junio supera la marca inicial por cuatro casos.

Venezuela se mantiene bajo un estado de emergencia económica desde principios de año. A esto se le sumó –desde mediados de junio- un estado de excepción que criminaliza la protesta pacífica por motivos políticos lo que banaliza y vulnera las garantías ciudadanas. En este contexto se dio un incremento de protestas vinculadas a la exigencia de venta regular de productos alimenticios, paralelo a unas dinámicas represivas que a mediados de año alcanza el 93% del total de protestas reprimidas en todo el 2015.
La reacción hostil de los cuerpos de seguridad en el marco de movilizaciones afecta el ejercicio periodístico.

La intimidación expresada en el desalojo de reporteros de la zona de protesta, exigir –de forma ilegítima- permisos para su presencia en la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que las agresiones hayan alcanzado el segundo lugar de incidencia con un total de 22 hechos.

El silencio oficial sobre los índices de escasez e inflación configura una violación expresa del derecho a la información de los ciudadanos, pretensión que aumenta las garantías vulneradas ante el deterioro progresivo de otros derechos fundamentales, como la alimentación y la salud. Tras la confirmación oficial tardía de que la inflación de 2015 cerró en 180%, estimada por consultoras privadas en un 259%, en seis meses del 2016 las colas casi permanentes a las afueras de los locales comerciales se han intensificado. La poca oferta eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo.

Veinte (20) casos de violaciones a la libertad de expresión durante la cobertura de filas a las afueras de los comercios se registraron en el primer semestre, lo que equivale al total contabilizado en el año 2015. Impedir el registro mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos, por cuerpos de seguridad y en menor medida por particulares o grupos violentos, se perfila como patrón regular de restricción en este periodo.
Buena parte de los casos de censura (12) y el total de restricciones administrativas están vinculados al cese de circulación o reducción del formato de medios impresos ante la escasez de papel prensa. Cuatro (4) medios salieron de circulación de forma indefinida en lo que va de año. En total, ocho (8) medios presentaron dificultades para sostener la circulación regular de los impresos en el primer semestre del año.
La mitad de las víctimas son periodistas. El 23% fueron medios de comunicación hostigados o atacados directamente en sus instalaciones, esto último sucedió en cinco (5) oportunidades. Un grupo vulnerable es el de reporteros gráficos, al ser fácilmente identificables por sus equipos de trabajo, treinta y tres (33) fueron afectados en estos seis meses.
El Estado venezolano, entre instancias, cuerpos de seguridad, funcionarios y el Presidente de la República  suman el 69% del total de victimarios. La presencia de grupos violentos tiene una incidencia relevante ya que su intervención suele escalar hacia agresiones físicas, robos y hurtos de equipos. Ante estas acciones los cuerpos de seguridad han actuado, tanto en complicidad –al facilitar la comisión de los delitos- como por omisión al ignorar las denuncias realizadas por las víctimas al momento de ser violentadas.

Los Estados en los que se registra mayor violación del derecho son el Distrito Capital, con 38%, seguido de Lara, Aragua y Mérida con nueve (9), siete (7) y seis (6) casos respectivamente. Se registraron (4) cuatro hackeos, (2) dos prohibiciones de difusión de información por redes, (2) dos amenazas y hostigamiento por coberturas y (1) una denuncia de intervención telefónica.

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