La
oposición conserva una holgada ventaja en la intención de voto a una semana de
las elecciones parlamentarias
La campaña electoral para las
elecciones legislativas en Venezuela entra en su
semana final con los ánimos crispados por la violencia política. No es un
asunto menor lo que está en disputa. El chavismo enfrenta la inédita
posibilidad de ceder el control de uno de los poderes públicos después de 17
años de hegemonía. Más de 19 millones de venezolanos podrán participar de una
contienda trascendental como la que más en la historia contemporánea del país
sudamericano.
La oposición, representada en su gran mayoría
por la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD), llega con
la opción real de controlar el Parlamento tras más de tres lustros de derrotas
y errores políticos que permitieron tanto al fallecido Hugo
Chávez como a su sucesor Nicolás Maduro consolidar
un poder sin contrapesos. La mayoría de las encuestas más reputadas le otorgan
en sus últimos estudios de campo a la oposición una ventaja de entre 20 y 30
puntos.
Nunca antes el gobierno había llegado a una
contienda electoral con menos intención de voto que sus rivales. Acosado por la
inflación, la crónica escasez y el colapso de un modelo económico que hostiga a
la empresa privada y sustituye la producción de bienes y servicios por
importaciones, el régimen tiene aún posibilidades de minimizar el impacto de
una derrota. Es muy probable que esa diferencia no se vea reflejada en los
resultados finales por cuatro razones: se trata de una elección en 87 circuitos
elaborados a la medida de los intereses del chavismo por el Consejo
Nacional Electoral (CNE); por la
campaña de miedo iniciada por el gobierno para advertir a sus electores de la
supuesta pérdida de las ayudas sociales –las llamadas misiones- con un
Parlamento controlado por la oposición; por la debilidad de la maquinaria de la
oposición, incapaz de garantizar la presencia de sus testigos en todo el país
para evitar las supuestas trampas chavistas en el acto de sufragio; y el uso de
los recursos del Estado puesto al servicio del partido de gobierno para
acarrear votantes.
Todas estas denuncias opositoras no serán
apreciadas por la comunidad internacional. El CNE ha negado la presencia de las
misiones electorales de la OEA y la Unión Europea con el argumento de que
éstas no pueden sustituir la supervisión los poderes autónomos locales. La
autoridad electoral venezolana ha aceptado la presencia de un equipo de Unasur,
encabezado por el expresidente Leonel Fernández, y de otros exgobernantes como
el español José Luis Rodríguez Zapatero y el panameño Martín Torrijos. Será en
todo caso una presencia política simbólica y en modo alguno una evaluación
sistémica del proceso.
El CNE, de mayoría oficialista, también ha obrado
para minimizar la derrota de sus aliados. Han autorizado que se coloque al lado
de la insignia de la MUD una tarjeta casi idéntica perteneciente al partido
chavista MIN Unidad y no han permitido que los aspirantes opositores nominales
se inscriban con sus apodos. Los votantes chavistas, en cambio, sí podrán
identificar a sus candidatos por sus apodos. La dirigencia opositora se ha
esforzado en las últimas semanas en recordarle a sus seguidores la ubicación
exacta de su insignia porque temen perder muchos sufragios en esta confusión.
Los encuestadores y analistas especializados en
temas electorales han calculado que para obtener la mayoría simple del
Parlamento la oposición necesita sacar entre 7% y 13% más votos que su
adversario. Que obtenga una mayoría calificada -111 diputados de 167 que
integran el parlamento unicameral- parece una utopía en estas circunstancias
tan desventajosas. La MUD se ha esforzado en mantener la diferencia las últimas
horas porque son conscientes de que ya no sirven victorias morales. En 2010
obtuvieron el 52% de los votos, pero el gobierno colocó al 60% de sus
aspirantes en la Asamblea Nacional.
Una victoria opositora abre un escenario nunca
antes planteado en 17 años de dominio bolivariano. Con el control del
Parlamento tendría la iniciativa de interpelar ministros, de iniciar
averiguaciones sobre escándalos de corrupción obviados por la mayoría chavista
en más de tres lustros, o de elaborar leyes que permitan la liberación de los
presos políticos, un acuerdo logrado por todas las fuerzas que componen la MUD
en caso de que sean mayoría, o de promover una enmienda a la Constitución para
acortar el período constitucional. Pero el chavismo tiene mucho margen de
maniobra para neutralizarlos. La penúltima legislatura (2005-2010) habilitó al
entonces presidente Chávez para promulgar leyes cuando advirtieron que habían
perdido la mayoría calificada en el Parlamento.
Los partidos políticos podrán promocionar sus candidaturas hasta la
madrugada del jueves 3 de diciembre. A partir de ese día las organizaciones
políticas no podrán organizar concentraciones y los medios de comunicación
tienen prohibido divulgar encuestas. Todo estará listo entonces para asistir a
un relevo histórico en el Parlamento o para ser testigos de la reanimación de
un enfermo terminal.
Foto:Mensajes electorales en las calles de Caracas / EFE
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