Introducción
La violencia y la inseguridad ciudadana son dos de los flagelos que, unidos bajo el mismo esquema conceptual, constituyen una de las mayores preocupaciones para el venezolano en la actualidad. La expansión de este fenómeno en Venezuela ha llegado a niveles que anualmente se superan a sí mismos, abriendo además espacios de aparición en contextos en los que históricamente no se habían presentado jamás.
Así, en estados que en otras épocas se consideraban seguros, actualmente se reportan altas y significativas tasas de incidencia delictiva que, si bien a nivel comparativo nacional pueden parecer bajas, hacia lo interno de la región representan cambios drásticos en las modalidades y expresiones delictivas.
Mérida es un ejemplo de lo que se comenta. Considerado durante años un estado rural, con una economía basada principalmente en la agricultura y el turismo, con la prevalencia e incidencia de la Universidad de Los Andes (ULA) en la organización y dinámica social de su capital, es aún considerada una de las entidades más seguras de Venezuela. Sin embargo, tal calificativo reviste muchos contrastes vinculados, principalmente, con el aumento cuantitativo de sus tasas delictivas, además de las expresiones cualitativas de las mismas, incluyendo la expansión de la violencia común y nuevas modalidades delictivas según las zonas geográficas de la entidad.
Estudiar este fenómeno en la entidad merideña es el propósito del Observatorio Venezolano de Violencia y su coordinación en Mérida (OVV Mérida), desde donde en el último año se han profundizado y extendido los estudios, propuestas y programas destinados a entender e intervenir sobre el flagelo de la violencia en diversos ámbitos. Con un equipo de investigadores que hacen vida en la Universidad de Los Andes, el OVV Mérida forma parte de un gran equipo que, con siete observatorios similares en el país, se aboca a la producción y estudio científico de la violencia, buscando establecer, bajo parámetros de análisis diseñados y orientados por metodologías válidas y confiables, un diagnóstico y propuestas generales para combatir este flagelo en el país. Entendiendo que el inicio de la acción en contra de la violencia parte del conocimiento de la misma, la tarea del OVV y sus sedes nacionales cobra vital importancia en una Venezuela en la que la calidad de las cifras oficiales sobre la inseguridad ciudadana y la violencia está seriamente cuestionada, o bien estas cifras no se publicitan con la periodicidad que deberían.
Es así, entonces, que en el presente documento se exponen y describen los proyectos e investigaciones emprendidos desde el OVV Mérida como parte de un equipo general, indicando además los resultados obtenidos y la interpretación de los mismos como una propuesta inicial para entender, intervenir y contrarrestar la violencia y la inseguridad ciudadana en el estado Mérida.
Mérida en el contexto nacional
Mérida es una de las 23 entidades regionales que, en conjunto con el Distrito Capital y las Dependencias Federales, forman parte de la división político-territorial de Venezuela. Su población estimada para 2017 fue de 991000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2017), con una superficie de 11300 kilómetros cuadrados y una densidad de 83,25 habitantes por kilómetro cuadrado. Se ubica como el décimo quinto estado con mayor población en el país, el décimo cuarto con mayor superficie y el octavo con mayor densidad poblacional. Hacia lo interno, Mérida está dividida en 23 municipios autónomos y 86 parroquias civiles. Mérida, capital del estado y del municipio Libertador, el más poblado de la entidad, es el asiento del poder público regional y de las principales facultades de estudio de la ULA, así como de su rectorado. Los municipios Alberto Adriani (El Vigía), Campo Elías (Ejido) y Sucre (Lagunillas), junto al municipio Libertador, son los más poblados de la entidad, acumulando poco más del 55 % de la población total. Su economía se basa principalmente en la agricultura, el turismo, la ganadería y la actividad pública vinculada a la Universidad de Los Andes y a los Gobiernos regionales y municipales. La industria que existe en la entidad está vinculada al procesamiento y la distribución de alimentos derivados de la agricultura y la ganadería, así como a la hotelería y el turismo.
En cuanto a la violencia y la inseguridad ciudadana, durante años Mérida se consideró el estado más seguro de Venezuela. De acuerdo con el estudio de Birkbeck, Murúa y Rodríguez (1999), las tasas delictivas para la entidad durante el período 1961 a 1998 se presentaron con un comportamiento distintivo en ciertos aspectos en relación con la tendencia nacional. Así, para delitos como el hurto y las lesiones personales, la tendencia nacional y regional fue similar en este período, mientras que para delitos con mayor carga de violencia, como el homicidio y robo, hubo una distinción importante en la tendencia desde finales de los ochenta hasta 1998: mientras en el país se incrementaban estos delitos, en Mérida permanecían estables.
La conclusión de estos investigadores fue que Mérida escapó a la explosión u ola delictiva que caracterizó a los estados más urbanizados durante este lapso (Birkbeck y otros, 1999). Sin embargo, al igual que en otras entidades con este mismo comportamiento, el incremento en las cifras de los delitos violentos en esta región no se haría esperar. De acuerdo con Crespo (2016), la expansión de la violencia a principios de siglo implicó que gran parte de los estados con bajos niveles en sus tasas de delitos violentos tuvieran un acelerado incremento entre 2002 y 2007 que los equiparó a la tendencia nacional. Por supuesto, las magnitudes en estas tasas son diferentes pero, en cuanto a tendencia o comportamiento de las mismas, estas se homologaron con la nacional, es decir, hubo estabilización en la tasa del delito de lesiones, reducción en los robos y hurtos e incremento en los homicidios (Crespo, 2016). Obviamente, tal tendencia es vista, desde las cifras oficiales, seriamente afectada por la cifra negra o la no denunciabilidad de los delitos.
Así pues, desde 1998 hasta 2004, la tasa de homicidios en Mérida pasó de 5 a 24 por cada 100 000 habitantes (100 m/h) (Provea, 2006), mientras que las tasas de hurtos y robos en este mismo lapso pasaron de 30 a 49 por cada 100 m/h, y de 9 a 27 por cada 100 m/h, respectivamente (Birkbeck y otros, 1999; Ministerio de Justicia, 2001-2005). A partir de 2004, según la cifra ofcial, los delitos contra la propiedad empezaron también a comportarse de manera similar a la tendencia nacional: abrupta reducción de los hurtos y un descenso significativo, si bien no tan marcado, en los robos (Crespo, 2008). Aunque, como se comentó anteriormente, esta reducción está relacionada con la cifra negra y el incremento de la tasa de no denunciabilidad de los delitos.
La precisión en las cifras oficiales sobre la violencia y la inseguridad en Mérida es la misma que se tiene sobre las cifras nacionales desde 2006: ninguna. En 2016, como parte del relanzamiento de la Misión a Toda Vida Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia publicó un documento técnico en el que se expusieron algunas cifras para los delitos comunes en el lapso 2012 a 2015. En el caso de Mérida, estas cifras se resumen en la tabla 1.
TABLA 1
Tasa por 100 000 habitantes para los delitos totales, homicidios, robos de vehículo, robos, hurtos y lesiones personales.
Estado Mérida, 2012-2015
Delito/año 2012 2013 2014 2015
Homicidios 21 17 16 20
Robo de vehículos 32 46 57 86
Robos 59 45 52 55
Hurtos 116 119 109 117
Lesiones 99 52 43 44
Totales (sic) 194 163 170 207
Fuente: Misión a Toda Vida Venezuela, 2016.
Se aprecian varios aspectos interesantes para comentar en la tabla 1. El más importante tiene que ver con la inconsistencia de las cifras, expresada en que, en cada año presentado, la tasa de los delitos totales es menor a la suma de solo los cinco delitos presentados. Se supone que si los delitos totales corresponden a la suma de todos los delitos registrados, incluyendo los delitos de homicidio, robo de vehículo, robo, hurto y lesiones, y su tasa por 100 m/h se calcula con base en la misma población con la que se calcula también la tasa para los delitos que integran o suman la totalidad, el resultado en tasa de todos los delitos que se incluyen para el resultado de los delitos totales debería ser igual y nunca mayor que la tasa para esta categoría delictiva (los totales). Así, únicamente los cinco delitos presentados suman 327 para 2012, 279 para 2013, 277 para 2014 y 322 para 2015.
Al tener en cuenta entonces que a la suma de los delitos totales se agregan delitos como la violación y el secuestro, por ejemplo, la magnitud del total de delitos es mucho más elevada que la presentada a nivel oficial. Este detalle, por no llamarlo error, pone en evidencia la calidad y validez de los datos y cifras presentados por los organismos públicos. Esto, además, se evidencia con las cifras presentadas por las encuestas de victimización efectuadas en 2009 en el ámbito nacional y las registradas desde 2009 a 2016 en el estado Mérida. Ahora bien, aun cuando se tomaran las cifras expuestas como válidas, se observaría una tasa de homicidios que es de tres a cinco veces mayor que la tasa establecida por la Organización Mundial de la Salud para considerar los homicidios como un problema de salud pública. Para 2016, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de muertes violentas en Mérida fue de 57 por cada 100 m/h, lo que la ubicaba en la posición décimo novena a nivel nacional. Aunque, en comparación con las demás entidades, Mérida registra tasas delictivas bajas, tal apreciación no debe conducir a la conclusión de que dicha entidad es segura, pues sus cifras son alarmantes. Por ejemplo, a nivel internacional, la lista de las cincuenta ciudades con mayor tasa de homicidios por 100 m/h presenta cifras que oscilan entre 130 y 30, en la que Venezuela tendría 18 ciudades incluidas dentro de esta lista, contando con Mérida para los años 2015 y 2016. En el ámbito nacional, cada región tiene sus particularidades; y, en lo que respecta a las regiones, al considerarlas de manera independiente, el panorama en el que Mérida aparece como un estado seguro varía notablemente.
Por ejemplo, según el estudio de Contreras (2011), entre 2008 y 2011, de acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios en el estado Mérida representaron entre el 18% y el 24% del total registrado. Contreras (2011) computó los delitos que en registros policiales se calificaban como cometidos con armas de fuego: homicidios (frustrado y tentado), robos, lesiones y posesión de arma de fuego, y encontró que estos representaban el 63 % de los delitos totales que eran conocidos por las autoridades. Además, señaló en su estudio el importante repunte del delito de homicidio en municipios rurales y con baja tasa poblacional (Contreras, 2011). Similares resultados constató Mayorca (2015) al observar el crecimiento de los homicidios entre 2014 y 2015, señalando que entre los municipios con mayor crecimiento para este delito se contaba el Julio César Salas, uno de los más pequeños y rurales en la entidad merideña.
¿Qué conclusiones preliminares pueden extraerse de esta breve exposición sobre las cifras de inseguridad y violencia en el estado Mérida? Primero que, en comparación con otros estados venezolanos, Mérida tiene niveles delictivos que son bajos, aunque sean altos en comparación con las regiones más seguras a nivel internacional y los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Segundo, hacia lo interno y con relación a la morfología y las modalidades de la violencia que se viven en la entidad, este fenómeno no solo se presenta en los sectores más urbanos y poblados, sino que se ha homologado de manera bastante sustancial hacia las zonas menos pobladas y rurales, aunque expresándose diferenciadamente.
De esta manera, en los municipios más poblados prevalecen los delitos contra las personas y la propiedad con connotación violenta (homicidios y robos), mientras que en los municipios menos poblados y más rurales son más comunes los robos, aunque el registro de homicidios en algunos casos (como los de los municipios Julio César Salas, Tulio Febres Cordero y Obispos Ramos de Lora) tienden a presentarse con una magnitud preocupante (Crespo, 2016).
Por último, para cerrar, Mérida tiene características bastante particulares, que lo hace un estado con su propia violencia, la cual no es baja, mostrando matices que preocupan profundamente a los investigadores del tema.
El trabajo desde el OVV Mérida
El OVV Mérida, conformado por un grupo de investigadores, criminólogos principalmente, vinculados a la ULA, inició sus estudios en la entidad a partir de octubre de 2016. Con más de diez años de experiencia en la investigación sobre la violencia y la inseguridad ciudadana en el país y en el estado, este equipo de Mérida se vinculó con la red nacional del Observatorio Venezolano de Violencia con el propósito de articular estudios con equipos de otras regiones del país, logrando así dar un mayor alcance a la investigación que desde el seno de la ULA se venía desarrollando.
Las actividades de investigación, propuestas y campañas en contra de la violencia que se han llevado a cabo desde octubre de 2016 pueden resumirse en las siguientes:
1. Monitoreo y estudio de las cifras sobre seguridad ciudadana y violencia en la entidad. Esto se efectúa a través de dos fuentes fundamentales: el Observatorio Regional de Prensa (OP) y las encuestas de victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito. Ambas metodologías serán explicadas en los siguientes apartes.
2. Estudio sobre la violencia vinculada con la situación de desabastecimiento de alimentos, así como sobre linchamientos.
3. Mesas de trabajo con el sector del transporte público y monitoreo de los delitos cometidos en unidades de transporte público.
4. Campañas en contra de la violencia en el transporte público y contra la violencia de género.
5. Estudio de los familiares de las víctimas de homicidios.
En las siguientes secciones se presentará un resumen general de las metodologías y resultados de estas investigaciones y actividades.
Observatorio de Prensa (OP) y victimización
Tal como se comentó y expuso en la sección anterior, las cifras sobre la delincuencia en Venezuela constituyen en la actualidad un secreto de Estado y, cuando las mismas se exponen, parecen tener problemas de sesgo, lo que reduce de manera notable su validez y confiabilidad. Por ello, el Observatorio Venezolano de Violencia y sus sedes regionales hacen un monitoreo constante de los registros de sucesos delictivos reportados en los medios impresos o digitales de cada región. Esto permite construir o, al menos, tener una aproximación a la magnitud y movilidad de los índices y modalidades delictivas en cada región.
Por supuesto que esta información no puede considerarse la cifra certera, real o absoluta de la criminalidad en la zona donde se levanta, pues el objetivo de este registro, denominado Observatorio de Prensa (OP), no es suplir la estadística oficial. Más bien, el objetivo es presentar el registro y la cobertura mediática de los sucesos delictivos, lo cual puede, al mismo tiempo, tomarse como un indicador de los índices delictivos reales que se experimentan en la entidad, principalmente para delitos violentos con baja incidencia de la cifra negra, como lo es el homicidio. Lo ideal sería que el Estado publicara de manera constante y con márgenes de validez y confiabilidad aceptables las cifras delictivas, y que este tipo de monitoreo fuera una referencia comparativa sobre los mismos, y no al contrario.
Entonces el OP parte de la metodología de operacionalizar los delitos comunes que impliquen violencia interpersonal, incluyendo la definición y el registro de variables espaciales y situacionales que acompañaron la comisión del acto delictivo. En este aspecto se incluyen variables como: lugar del suceso, tipo de delito, número de víctimas involucradas, así como información sociodemográfica de la misma; indicadores situacionales del delito: hora de la comisión, vínculos entre víctima y victimario, empleo de armas en la ejecución de la acción, móvil, entre otros. Por último, incluye este registro la información sobre la reacción institucional en contra del victimario: si hubo denuncia, captura, juicio o sentencia, así como atención y ayuda a la víctima.
En paralelo a este registro, el OVV Mérida también realiza monitoreos, aunque más locales, sobre la victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito. Este estudio se ha desarrollado principalmente en el municipio Libertador, donde se encuentra Mérida, capital de la entidad, y se viene llevando a cabo desde el año 2010. Estas mediciones se desarrollan con la metodología de encuesta por hogar a muestras de ciudadanos, distribuidos proporcionalmente según las parroquias del municipio Libertador y su peso poblacional con respecto al total de la población de esta localidad municipal.
Las muestras fueron escogidas por muestreos aleatorios simples, en varias etapas y estratificados atendiendo a los criterios sociodemográficos reportados en los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística. La información desde 2010 hasta 2016 fue levantada por los estudiantes cursantes de las cátedras Análisis Estadístico y Análisis Estadístico Multivariante de la carrera de Criminología, en la ULA, debidamente entrenados para este trabajo.
Los resultados del OP dan cuenta de que en el lapso en registro (noviembre de 2016 a septiembre de 2017) se han reportado 226 homicidios en la prensa regional merideña. En los nueve meses de 2017 que incluye este registro, los homicidios computan 171, representando el 49 % de los delitos reseñados en prensa, mientras que la tentativa de homicidio representó en este lapso el 29 % de las reseñas, el robo cometido con y sin lesiones a la víctima el 19 %, y otros delitos el 3 %.
En otras palabras, entre enero y septiembre de 2017 se registraron 290 víctimas de homicidio, de las que 171 (59 %) perecieron en el acto, mientras que 119 (41%) sobrevivieron, aunque un 10 % de estos pereció posteriormente. Como se aprecia en el gráfco 1, en 2017, julio fue el mes en el que se registró mayor cantidad de sucesos violentos, mientras que, en todo el lapso de estudio, diciembre de 2017 es el que apuntó un mayor número de víctimas fatales.
GRÁFICO 1
Total de homicidios registrados en prensa regional.
Noviembre 2016-septiembre 2017.
Estado Mérida Fuentes: Diarios Pico Bolívar y Frontera;
OP OVV Mérida.
Los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani acumularon en este lapso el mayor registro de sucesos, con un 60 %. Cuando esto se desglosa por delito, en estos municipios fueron frecuentes y constantes los robos, las lesiones y los secuestros; mientras que el homicidio fue por lo general frecuente en los mismos, aunque no de una manera consistente en el lapso en estudio. Hubo meses en los que la segunda y tercera mayor proporción de homicidios reseñados, según los municipios, se concentró en localidades poblacionalmente pequeñas, como Obispos Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero o Julio César Salas. De hecho, los dos primeros municipios acumulan el 7 % de los homicidios y tentativas de homicidios registrados en 2017, proporción que es muy alta si se considera que son dos de los municipios que aglomeran, aproximadamente, menos del 5 % de la población total de la entidad.
Por su parte, los resultados de las encuestas de victimización se muestran en el gráfico 2. Entre 2010 y 2017, el porcentaje de victimización encontrado en la capital merideña promedió un 48 % anual, siendo 2016 y 2017 los años con mayor nivel. Estas tasas son muy elevadas, pues indican que, en promedio anual desde 2010 hasta 2017, al menos 48 de cada 100 habitantes del municipio Libertador del estado Mérida, con edades comprendidas entre 18 y 65 años, fueron víctimas de un delito.
GRÁFICO 2
Porcentaje de personas encuestadas que fueron víctimas de un delito. Estado Mérida. 2010-2017.
Muestra de ciudadanos, municipio Libertador
Fuente: Encuesta de victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito, municipio Libertador del estado Mérida, OVV Mérida.
El delito más frecuente en estas mediciones fue el robo, principalmente de teléfonos, con una carga lesiva en contra de la persona y cometido con arma de fuego. El porcentaje de víctimas que no denunció el delito ha sido preocupante en este lapso, reportándose en una media anual del 65% y de 78% en 2017, lo que constituye la cifra más alta de las observadas. La principal razón para no denunciar siempre ha sido la inefectividad policial en la atención del delito, mientras que la principal razón para denunciar tuvo que ver con la responsabilidad moral y ciudadana: «Los delitos deben denunciarse». Esto fue constante en todas las mediciones.
Igualmente, cuando se desglosa la denunciabilidad según los delitos, el panorama cambia de acuerdo con lo observado en los resultados preliminares de la medición de 2017: delitos como la corrupción o el chantaje de funcionarios públicos no son denunciados en un 98 %, mientras que los hurtos lo son en un 90 % y los robos en un 88%, aunque dependiendo del tipo de robo la proporción varía: son más denunciados los robos a viviendas o de artículos de vehículos (reproductores, baterías, entre otros), en comparación con los robos de teléfonos celulares, prendas, dinero, etc.
La percepción de seguridad ciudadana se ajusta bastante a los resultados de la victimización. Para las muestras en estudio, el principal problema de su comunidad y ciudad es la inseguridad. Proporciones que rondan el 65 % de las muestras reportan no sentirse seguras al caminar por las calles de su comunidad y un porcentaje mayor, alrededor del 79 %, reporta la misma sensación en las calles de la ciudad. El miedo al delito, concebido como la probabilidad percibida de ser víctima, igualmente se registró alto en 2017, manteniendo la constante observada en otros estudios (Crespo, 2012, 2013).
En resumen, para cerrar, el registro y monitoreo de la actividad delictiva en Mérida, efectuado a través del OP y de encuestas, aporta importante información para el conocimiento, aproximado al menos, de la magnitud de la delincuencia en la entidad. Al igual que en el resto del país, los merideños están siendo azotados por este flagelo, que cobra vidas e importantes recursos materiales de la ciudadanía, además de mermar la confianza en las instituciones de control social del Estado.
Suicidios en Mérida
Durante 2017, en Mérida se apreció un importante repunte de los suicidios. Llamó la atención primero la cobertura periodística de este fenómeno, lo cual por tradición no suele ser tan común. Advertido esto, el equipo de trabajo del OVV Mérida, en colaboración con el grupo de estudiantes cursantes de la cátedra Violencia (del año Único-2017), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, levantaron la información hemerográfica sobre los suicidios en la entidad desde enero a diciembre de ese año. Esta información fue cruzada con otras fuentes de información obtenidas por el equipo de trabajo, para lograr una proyección de naturaleza indiciaria sobre la cifra de suicidios en la región.
En total, durante 2017 se registraron 189 suicidios en la región, lo cual implicó una tasa de 19 por cada 100 m/h. Esta tasa es la más alta que se ha registrado en los últimos 30 años en la entidad. Un 75 % de los suicidas fueron hombres. El 69 % se registró en los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani, los cuales son los más poblados y urbanos del estado. Solo un municipio rural, Rivas Dávila, con 5 %, registró una tasa que representó más del 1 % del total regional.
La edad promedio de los suicidas fue de 38 años, con un rango de edad que fue desde los 14 hasta los 89 años. Resulta interesante que, al segmentar la edad en rangos, el 25 % de los suicidas tuviera edades entre los 14 y 24 años y el otro 25 % entre los 44 y 57 años. En otras palabras, la mitad de los suicidas tenía entre 14 y 43 años, concentrándose 1 de cada 4 suicidas en el rango menor que implica una edad muy joven (14 a 24 años). Igualmente, 3 de cada 4 suicidas no superaban los 57 años.
En el gráfco 3 se observa la cronología de la tasa de suicidios en Mérida. Cuando esta tendencia se compara con la nacional, se constata que, entre 1995 y el año 2000, siete de cada cien suicidios registrados en el país ocurrieron en Mérida. En 1999 se registró la tasa más alta en la historia de la entidad hasta ese momento: hubo 118 suicidios, lo que supuso una tasa de 16,35 por cada 100 m/h, representando además el 9 % de todos los suicidios registrados en el país ese año. Solo el estado Zulia tuvo ese año más suicidios en cifra bruta que Mérida, con 243, lo que representó el 19 % del total nacional, pero, al transformarla en tasa, era muy inferior a la merideña.
También en este mismo lapso, mientras la tasa de suicidios a nivel nacional tuvo un promedio anual de 4,86 por cada 100 m/h, la merideña fue de 11,27, ubicándose como la primera y segunda más alta en este período de seis años. Desde el año 2000 al 2003, la tasa se estabilizó entre 11 y 12 suicidios por cada 100 m/h, pero desde 2003 tuvo una reducción progresiva que fue paralela en la entidad y a nivel nacional hasta el año 2016, cuando registró la más baja en las últimas dos décadas: 4,16 suicidios por cada 100 m/h.
Gráfico 3
Fuentes: Anuarios de mortalidad, Ministerio de Salud, 1995-2016; diarios Frontera y Pico Bolívar, 2017.
En 2017, la tasa cerró en 19,09 por cada 100 m/h. Es decir, se quintuplicó la tasa de 2016. En este lapso (1995-2017), Mérida tuvo una tasa promedio de 11 suicidios por cada 100 m/h, mientras que a nivel nacional fue de 4. Mérida, en este período, superó en promedio de hasta tres y cuatro puntos a la segunda entidad que registró más suicidios en el país. Ya para 2018, solo en el mes de enero se pudieron contabilizar 13 suicidios reportados en la prensa, lo que representa un aumento del 260 % con respecto a la cifra de suicidios reportados por la misma vía en enero de 2017.
Estudios sobre la violencia y situación económica y estudio sobre los familiares de víctimas de homicidios
Durante 2016 y 2017, el OVV Mérida desarrolló también dos importantes estudios en materia de violencia. El primero formó parte de un proyecto nacional y fue realizado también por los demás observatorios en sus respectivas regiones. Consistió en un estudio sobre la violencia vinculada a la coyuntura económica, específicamente al desabastecimiento y a las dinámicas derivadas del mismo, tales como las colas y el «bachaqueo», entre otros. Igualmente, en este estudio se abordó el fenómeno del linchamiento y el de los saqueos como reacción social y forma expresiva de violencia, indagando además sobre las percepciones acerca de su justificación o condena.
El segundo estudio versó sobre las percepciones generales acerca de la violencia en familiares directos de víctimas de homicidios ocurridos en la entidad. El objetivo de esta investigación fue conocer las reacciones individuales y la percepción del control social formal y del suceso en sí en familiares directos de víctimas de este delito. Ambos estudios fueron concebidos bajo la metodología cualitativa, el primero con la estrategia del grupo focal y el segundo con entrevistas en profundidad. En cada caso, los entrevistados reportaron su voluntad de participar en el grupo focal o en la entrevista –fueron sujetos diferentes en cada ocasión–.
Para el primer estudio se efectuaron dos grupos focales, constituidos por ocho personas cada uno. El primero se efectuó en noviembre de 2016 y el segundo en febrero de 2017. Ambos grupos estuvieron conformados por personas de diferentes estratos sociales, edades y ocupaciones. Los hallazgos en ambos grupos tuvieron más coincidencias que diferencias y pueden resumirse de la siguiente manera:
1.Sobre la situación de desabastecimiento, una palabra resume la percepción que ambos grupos focales tuvieron sobre este tema: gravedad. Los participantes manifestaron que la dinámica para adquirir productos regulados siempre ha sido mediante la recolección previa de la cédula y la realización de una cola al día siguiente, lo cual suele llevarse a cabo desde la madrugada para custodiar el lugar en la fila. Reportaron que son frecuentes las riñas entre las personas que hacen cola, principalmente por violaciones del lugar o posición en la fila, lo que comúnmente se conoce como «colearse». También indicaron que, para los momentos en los que se realizaron los grupos focales, la magnitud y frecuencias de las colas habían bajado porque los productos básicos no llegaban o, cuando llegaban, su precio regulado era tan alto que no eran accesibles a cualquiera.
La función de los cuerpos de seguridad que custodian las colas para la adquisición de productos en los almacenes importantes de Mérida y Ejido también puede resumirse en una palabra: adorno. Esto quiere decir que, a pesar de estar presentes en estos lugares y presenciar actos que pueden catalogarse como ofensas públicas e, incluso, como actos violentos y delictivos, estos no intervienen para evitarlos, controlarlos o reducirlos.
De acuerdo con las percepciones de los participantes, los funcionarios de seguridad (guardias nacionales o policías) no cumplían ninguna función de custodia, resguardo del orden o prevención de la violencia mientras se hacían las colas. Más bien su presencia incentivaba la corrupción, el desorden, la anarquía y el descontento entre quienes estaban en la fla, pues eran frecuentes las situaciones en las que estos funcionarios dejaban pasar a otras personas que no estaban en la formación. De hecho, las anécdotas sobre este tema abundaron en la dinámica del grupo focal, en las que los participantes ejemplifcaban con hechos la ineficiencia de los funcionarios de los organismos de seguridad cuando se presentaban riñas o disturbios.
Con relación a la violencia en estos espacios y durante este tipo de dinámica, los participantes reportaron que también eran muy frecuentes los episodios de riñas y discusiones, así como tiroteos y enfrentamientos entre grupos que suelen organizar las colas y cobrar por puestos en las mismas. Sobre este punto reportaron que existen grupos informales que se dedican a organizar las colas y a cobrar por puestos privilegiados, lo cual termina generando molestia entre todas las personas e incentivando las riñas y discusiones.
2. Con relación a los linchamientos y saqueos: la reacción de los participantes en ambos grupos focales sobre el tema de los linchamientos también fue unánime: de rechazo. Aunque inicialmente la discusión se dividió en dos posiciones: por una parte, la de aquellos que apoyaban que con una persona «incorregible» se pudiera hacer justicia por mano propia o que en una situación de extrema necesidad se justificara saquear un local comercial; y por la otra parte, quienes sostenían que las personas no son las indicadas para juzgar las acciones de los demás; que aun cuando el Estado falle en su función de control, al menos Dios es el encargado de castigar las acciones del delincuente, así como que nada justifica atentar contra las propiedades de los demás.
Luego de una dinámica interesante sobre este tema, todos terminaron coincidiendo en el último punto: en ninguna ocasión se justifica hacer justicia por mano propia ni tampoco saquear por necesidad. Aunque todos reconocieron que el Gobierno es incapaz de proporcionar justicia, todos se orientaron por la fe y principios religiosos, al sostener que la justicia divina sería al final la que juzgaría a estos delincuentes.
Este último punto fue también el resultado común en la percepción que sobre la justicia tenían los familiares de víctimas de homicidio. Para este estudio se entrevistó a dos mujeres, madres de víctimas de homicidios ocurridos en el municipio Libertador del estado Mérida. Una de las entrevistadas era madre de dos jóvenes asesinados en septiembre y diciembre de 2016, mientras que la otra era madre de una joven asesinada en enero de 2017. Las entrevistas versaron sobre sus percepciones sobre los hechos en los que fallecieron sus hijos, en la construcción simbólica de tales hechos, en la apreciación y el significado de los mismos sobre la estructuración de la idea de la justicia y en el significado del Estado y el control social para ellas.
Los hallazgos dieron cuenta de que la apreciación y fe religiosa constituye un marco de construcción social que suple la reparación que la justicia formal debería tener para estas personas. Al igual que en la percepción general de los participantes en los grupos focales, las entrevistadas sostenían que no confiaban en la justicia del Estado, que más bien la misma estaba ausente y que ante tal ausencia solo quedaba en Dios juzgar a los asesinos de sus hijos. Además, no veían al linchamiento como una salida o forma de hacer justicia contra los delincuentes, quienes, después de todo, serían juzgados por la justicia divina.
Los resultados constatados en ambos estudios, someramente expuestos en esta sección, muestran cómo las personas han construido mecanismos de defensa individuales ante la desprotección que sienten por parte del Estado. Estas reacciones confirman de cierta manera el fracaso del Estado como ente garante de la seguridad individual, y en algunos casos se presentan más bien como una forma de dominación que apoya el descontrol, el caos, la anarquía y la corrupción.
Mesas de trabajo y campañas en contra de la violencia
También a finales de 2016 y principios de 2017, el OVV Mérida efectuó dos mesas de trabajo con transportistas merideños, principalmente de las líneas Los Caracoles y Santiago Apóstol, que cubren las rutas San Juan-Mérida-San Juan y Lagunillas-Mérida Lagunillas, con un recorrido de aproximadamente 65 kilómetros –de ida y vuelta– a través de tres municipios: Sucre, Campo Elías y Libertador, todos del eje central y urbano de la entidad merideña. Fueron dos las mesas de trabajo que se realizaron, en las que se abordaron temas relacionados con la inseguridad y los delitos registrados en las unidades de transporte público, sus percepciones sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en tales situaciones y las sugerencias que tenían sobre cómo mejorar la seguridad de los usuarios y transportistas.
Sobre el primer aspecto, los transportistas manifestaron que la situación de inseguridad en el transporte público era bastante grave. Reportaron que son frecuentes en sus unidades los robos a los usuarios y en ocasiones a los choferes, situación por la que muchos de los pasajeros los acusan de complicidad. Igualmente refrieron que los pasajeros, por lo general, no se motivaron a denunciar el delito del que fueron víctimas, como tampoco ellos se motivaban a hacerlo, pues su reporte generalizado fue que la Policía no los atendía, ya que en muchos casos los choferes les manifestaban a los funcionarios policiales en alcabalas que habían sido víctimas y ellos no hacían nada.
A pesar de esto, su propuesta para disminuir los índices de robos en las unidades de transporte público fue la de implementar más alcabalas móviles, así como crear un sistema de monitoreo en el que los choferes puedan activar señales de alarma constante para que los organismos de seguridad den respuesta eficiente a sus solicitudes.
En paralelo a esta actividad, se desarrolló una campaña en contra de la violencia en unidades de transporte público, campaña que además fue monitoreada con instrumentos de medición con el fin de evaluar su impacto. Esta campaña consistió en pegar calcomanías en las unidades de transporte público con mensajes alusivos en contra de la violencia y levantar una encuesta sobre las incidencias delictivas y hechos problemáticos acaecidos en la unidad, encuesta que se repitió dos meses después de realizada la campaña en la misma muestra de transportistas, con el objetivo de determinar el impacto.
Los resultados mostraron que la campaña tuvo un efecto positivo en los usuarios del transporte público, con una reducción notable de situaciones conflictivas tales como discusiones, insultos entre pasajeros, y entre estos y el chofer. Igualmente los usuarios reaccionaron de manera positiva ante los mensajes de las calcomanías. Con ambas experiencias queda expuesto que la atención a grupos o sectores sociales particulares, para que expresen su interés, inquietudes y sugerencias en materia de seguridad ciudadana, así como planes que impliquen detalles como pegar una calcomanía, tienen un efecto social muy positivo que si bien podría no vincularse directamente con la reducción o prevención de los índices objetivos de la delincuencia, reduce notablemente la sensación de inseguridad en estos espacios, lo que, al final de cuentas, resulta muy importante en una sociedad y en un Estado en el que el fracaso de las políticas criminales es más que evidente.
Conclusiones
Mérida es un ejemplo de cómo han variado los patrones delictivos en las últimas dos décadas. Luego de ser calificado como el estado más seguro de Venezuela, hoy está bastante lejos de llevar el calificativo de «seguro», pues si bien las cifras que reporta sobre este tema lo ubican entre los menos inseguros del país, hacia lo interno reporta una violencia cuyas expresiones cualitativas van más allá de las cifras, muy altas además, en comparación con otras épocas.
Igualmente, en la entidad se percibe la expansión de la violencia a zonas que geográficamente no tenían niveles tan marcados como en los últimos cinco años se han presentado. Esta expansión está dando cuenta de que la violencia en Mérida no es solo una cuestión urbana, sino que las zonas menos urbanizadas están reportando y experimentando sus propias manifestaciones de violencia.
Estas manifestaciones no se expresan únicamente como delitos o violencia interpersonal. Están llegando a la aparición de nuevas modalidades delictivas también en zonas en las que antes no se veían, tales como los municipios Sucre, Campo Elías y Libertador de la entidad, en los que, en el último trimestre de 2017, apareció con frecuencia la figura del «pimpinero», asociado al depósito y tráfco de combustible. Esta modalidad, sumada a muchas otras debido a la cercanía de la frontera colombiana, está expandiendo y legitimando nuevas vías delictivas como forma de satisfacer las necesidades ante la ineficiencia de las instituciones de control social.
A esto se agrega el aumento drástico de la tasa de suicidios en la región. Si bien Mérida fue uno de los estados con mayor tasa deeste fenómeno a nivel nacional en el lapso 1995 a 2017, la evidencia dio cuenta de que desde finales de la primera década del siglo XXI los suicidios se estaban reduciendo, para luego experimentarse una explosión importante en 2017. Podría pensarse que la violencia no solo se ha expandido como forma de conducta que implica la lesión del otro y del sistema moral en general, sino que también está conllevando la autolesión y representando una forma de salida relacionada con la pérdida de esperanza social y la desvinculación institucional.
Desde el OVV Mérida se levanta la voz, como organización universitaria y académica, con el objetivo de instar a las autoridades correspondientes a que tomen cartas en el asunto y velen por los derechos y garantías a la ciudadanía. El primer paso para regular la violencia es reconocerla; y, más allá de reconocer el problema, implica dejar de buscarles responsables a su causa y reconocerse como responsables para su solución. Desde esta óptica, la violencia dejará de ser el problema de todos causado por unos; el problema de todos cuya solución descansa en la voluntad política e individual de toda la ciudadanía.
Referencias
BIRKBECK, C., Murúa, M. y Rodríguez, J (1999). «La delincuencia común en el estado Mérida entre 1961 y 1998», Revista Cenipe, n.o 18-19, pp. 23-48.
CONTRERAS, M. (2011), Análisis descriptivo de las cifras ofciales sobre seguridad ciudadana en el estado Mérida. Tesis de grado presentada para optar al título de Criminólogo. Mérida, Universidad de Los Andes.
CRESPO, F. (2008). Inseguridad ciudadana en Mérida: el nacimiento de la escuela del crimen. Ponencia presentada en la reunión anual de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida.
__________ (2012). «Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito. Un estudio en tres municipios del estado Mérida», Mérida, una ciudad de servicios. Mérida, Ed. Vicerrectorado Académico Universidad de Los Andes Consejo de Publicaciones.
__________ (2013). Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito. Un estudio comparado en dos ciudades de Venezuela. Caracas, UNES.
__________ (2016). Cultura de la violencia. Caracas, Universidad Central de Venezuela.
MAYORCA, J. (2015). «Libertador fue el municipio con más homicidios en 2014», El Nacional. Tomado de la página web el día 19 de noviembre de 2017.
MINISTERIO DE JUSTICIA (2001-2005). Boletín de estadísticas delictivas (Caracas), Oficina de Divulgación.
MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA (2016). Documento técnico. Caracas.
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA (2016). Informe Anual.
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA (2017). Informe Anual.
PROVEA (2006). «Seguridad ciudadana», Informe anual sobre derechos humanos. Tomado de la página web el día 23 de septiembre de 2017.
Este artículo forma parte del libro Los nuevos rostros de
la violencia. Autores: Roberto Briceño León, Alberto
Camardiel y Gloria Perdomo
No hay comentarios:
Publicar un comentario