El debate sobre las razones por las cuales los resultados de la elección
han sido los que supuestamente son ha pasado del fraude numérico a la discusión
sobre la naturaleza de la abstención. Mientras que los militantes de la
abstención buscan levantar una bandera de victoria frente a la MUD, algunos
defensores de la coalición opositora acusan a los primeros de la baja
participación en supuestos bastiones de la oposición. Y mientras la
energía y el debate público en el seno de la población opositora (pro MUD o no)
se reduce a acusaciones recíprocas sin sentido, la realidad es que el Gobierno
y el CNE han declarado al voto como su enemigo público número 1, tal como vimos
el 15 de octubre.
En el afán de destruir la confianza en uno de los elementos más importante
de la cultura política de los venezolanos, el Gobierno y su CNE han
desarrollado una estrategia de guerra de guerrillas contra el voto cuyo
resultado opera tanto a nivel procedimental, físico y psicológico.
Desde el punto de vista procedimental, las malas prácticas del CNE se
iniciaron el día mismo en que el ente no convocó la elección para diciembre de
2016, momento en el cual el mandato de los gobernadores culminaba. Así, el CNE
manipuló el calendario electoral a los fines de retrasar la celebración de la
elección, evitando el efecto de “caballo ganador” que muy posiblemente se
hubiese dado luego de su derrota en la elección de la Asamblea Nacional de
diciembre de 2015. Pero esta manipulación del calendario se agravó en el
momento en que, una vez convocada las elecciones para el 10 de diciembre de
2017, las mismas fueron adelantadas por el CNE por “mandato” de la
inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Esto supuso una
reorganización del cronograma electoral en el que procesos como la sustitución
de candidatos, selección, notificación y formación de miembros de mesa y la
propia campaña electoral sufrieron modificaciones abruptas. Recuérdese que,
para el 11 de septiembre de 2017, todavía no se tenía claro cuál era el día
exacto de la elección. En todo caso, la reducción de los lapsos en estos
procesos, así como los procesos internos de la MUD para la selección de
candidatos, reclutamiento y entrenamiento de testigos de mesas y organización
de su estructura electoral, colocaron en desventaja a la coalición opositora.
Desde el punto de vista físico, a pocos menos de 48 horas de la
elección, el CNE cambió de lugar de votación a más de 715 mil electores. A lo
anterior se le añade centros en los que no hubo luz, máquinas que no
funcionaron y no fueron sustituidas o pasadas a voto manual, violencia en las
adyacencias de los centros de votación, expulsión de testigos de la oposición
de algunas mesas. Todos estos hechos constituyen situaciones que condicionan el
resultado ex ante, de manera que no es posible cuantificar cuánto de la
abstención puede ser atribuido a las barreras físicas impuestas por el
Gobierno, cuánto es desafección ciudadana y cuánto es estructural (los que
nunca votan o han migrado). Por otra parte, en aquellos lugares donde no había
testigos de oposición y/o miembros de mesas independientes del Gobierno, hubo
la posibilidad de que se inflara la votación mediante la usurpación de
identidad de electores que no asistieron a votar. Así, los niveles de
participación reportados por el CNE en diferentes centros de votación, así como
los resultados mismos, están condicionados por un conjunto de malas prácticas
electorales cuya consecuencia es la imposibilidad de confiar en el resultado
emitido por el CNE.
Desde el punto de vista psicológico, muchas de las prácticas anteriores
tuvieron como propósito sembrar en el electorado que el voto es incapaz de
transformar la realidad. En este sentido, el CNE construye una imagen de
parcialidad pro gubernamental con el fin de que no los ciudadanos no confíen en
el sistema electoral y por tanto se abstengan de votar. En las elecciones de
gobernadores hubo una intensa campaña para construir la percepción de que la
elección había sido convocada por la ANC, cuando es realidad era un mandato
constitucional no cumplido por el CNE. A esta narrativa se le suma el fraude
perpetrado por el CNE al avalar una elección inconstitucional, así como el
hecho de haber inflado el nivel de participación en dicha elección. A esa
narrativa también se le añadió, con insistencia, que la elección suponía
legitimar a la ANC. Así mismo, se repitió sistemáticamente que los gobernadores
electos debían juramentarse ante la ANC.
Todo lo anterior se alimentó del descontento y desafección de grupos
importantes de la oposición frente a la MUD. Muchos ciudadanos se sintieron
defraudados con el desempeño de la coalición opositora durante y luego del
ciclo de protestas vividos entre marzo y julio de 2017, los problemas de
articulación y comunicación de los partidos de la Mesa de la Unidad, así como la
carencia de un liderazgo capaz de convocar a una importante grupo de sus
seguidores que decidieron no participar.
Para el final del domingo 15 de octubre la victoria del Gobierno parecía
haber sido perfecta. Sin embargo, el Gobierno se topó con Andrés Velásquez en
el estado Bolívar, quien se había estado preparando para la elección desde 2015
cuando rechazó ser diputado de la AN para aspirar a la gobernación. A
diferencia de otros postulados de la MUD cuyas candidaturas fueron advenedizas
–bien por inhabilitación de candidatos naturales o por oportunismo político–
Andrés Velásquez tenía un equipo organizado para ganar y defender la elección.
De allí que, ante el fracaso de las tácticas de guerrilla que condujeron a la
tergiversación del acto de votación en algunos estados del país, el Gobierno se
ha visto obligado a perpetuar un fraude cambiando abiertamente los resultados
de varias mesas de votación para adjudicar la Gobernación del estado Bolívar al
candidato del PSUV. Este fraude constituye la prueba más evidente de que las
elecciones en Venezuela no se conducen de manera equitativa, justa y
transparente.
Así las cosas, el Gobierno, en su afán totalitario, ha demostrado lo
precario del sistema electoral venezolano. Para quienes argumentan que nuestro
sistema electoral era bueno porque en 2015 la oposición logró ganar las
elecciones parlamentarias, los comicios del 15 de octubre de 2017 son la
evidencia de que el Gobierno es incapaz de aceptar un proceso conducido de
manera íntegra y justa. La intención de destituir a los gobernadores que no se
juramenten ante la ANC es otra muestra más de que las elecciones son
instrumentales. Tal como ocurrió con la elección de la AN en 2015, el Gobierno
es incapaz de reconocer las consecuencias de las elecciones, a saber: que en
democracia el poder es temporal, su ejercicio depende de la voluntad de los
electores, y que para ser considerado demócrata el respeto al Estado de Derecho
es tan importante como la legitimidad electoral. Así, la diatriba entre
“abstencionistas” y “participacionistas” es un debate estéril. La pregunta que
me hago es cómo rescatar el voto como instrumento de la ciudadanía para la
elección de un sistema político que ofrezca respuestas a las cada vez mayores
necesidades de la sociedad. Al día de hoy, el Gobierno ha herido de muerte al
valor del voto entre los venezolanos, y su objetivo es eliminarlo para
perpetuarse en el poder permanentemente.
Fuente: https://politikaucab.n
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