El
bloqueo económico de una nación a un país es una cosa, y la sanción a altos funcionarios
específicos por presuntos actos de corrupción, narcotráfico, lavado de
capitales, terrorismo, violación a libertades democráticas y a los DD HH, es
otra. Personalísima y más grave, pues puede llegar a ser parte de una red
delincuencial, como fue la extendida por los carteles de la droga, o como lo
hizo la empresa Odebrecht desde 1995 al 2016, con tentáculos en más de 24 naciones
de América, Europa y África. Allí está el caso de Kuczynski, De Vido y Lula.
Desde
1960 los Estados Unidos implementaron una política de bloqueo económico contra el
estado cubano, como respuesta a las expropiaciones de propiedades de ciudadanos y compañías
estadounidenses por parte del gobierno revolucionario en la isla. Está
posición se endureció con el embargo de las administraciones de Eisenhower y Kennedy
1962, y la aprobación de la Ley Helms-Burton, 1996, con la venia del presidente
Bill Clinton; aun cuando la ONU ha
votado 23 veces seguidas desde 1992 a favor de su levantamiento.
En
la VII Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2017 en Panamá, vino el
deshielo. Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se
dieron las manos y acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y
económicas entre ambos países, comenzando
el inicio del levantamiento del bloqueo.
Fue
obvio que la política del embargo contra una nación solo perjudicaba a su
pueblo, y no a su gobierno, que fue ineficiente, y muy bien aprovechada
propagandísticamente por el régimen cubano, dándole un argumento sólido para
galvanizar su defensa con la bandera de la “no injerencia extranjera y la
defensa de la patria”. La legalidad es muy distinta a la práctica real. En la
relación comercial entre ambos países, Estados Unidos está
entre los cinco principales socios económicos de Cuba, a la que
envía, “por razones humanitarias” miles de toneladas de productos agrícolas y
medicinas al año.
Apenas
a 12 meses del histórico encuentro Obama-Castro, otra cosa ocurrirá en la VIII
Cumbre que se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima, donde ha sido vetada la
presencia de Nicolás Maduro por la mayoría de los países del continente. Castro
y Cuba salieron fortalecidos de Panamá. Maduro saldrá de Perú en el más infecundo
aislamiento, y sindicado como arbitrario y antidemocrático, encogiendo la
impronta que los libertadores, Bolívar y Sucre, dejaron en Junín y Ayacucho.
La
reducción de las relaciones del régimen Maduro es patética, tiene una
característica particular, a diferencia de lo que ocurrió con el embargo en
Cuba: El Departamento del Tesoro de USA sancionó a 59 funcionarios, Canadá 56, Panamá 55, UE y
Suiza 7, y seguramente el Grupo de Lima que ha vetado la presencia de NM
en la Cumbre de Perú y condenó las elecciones previstas para el 20 de abril, le
han impuesto prohibiciones, no al gobierno, ni al país, sino a más de ochenta ministros,
altos funcionarios, y al propio entorno presidencial, con nombres y apellidos,
por supuestos delitos, e infracciones de
leyes y principios, nacionales e internacionales.
Ninguno de los sindicados ha dicho nada en su descargo. El canciller
Jorge Arreaza hizo una precaria y trivial nota de protesta a los representantes
de la UE acreditados en Venezuela; sumada a la trillada posición del TSJ de que se lesiona la autodeterminación y hay una subordinación a la
política injerencista de USA. Pretendiendo salvaguardar, con esta pantomima a
los individuos acusados. Más de lo mismo.
¿Qué
efecto producirán estas sanciones, la investigación sobre Odebrecht, y la VIII
Cumbre de las Américas? Veremos.
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