“Bajo
la toga del magistrado se esconde el puñal del sicario”. Piero Calamandrei
(1889 - 1956), jurista, político y periodista italiano, refiriéndose a los
magistrados que refrendaban todos los deseos de Benito Mussolini.
Desde
que el finado llamó “plastas” a los magistrados del TSJ que se atrevieron a
sentenciar que lo del 2002 no fue golpe de estado sino “vacío de poder”, la
revolución se movió a buscar fichas dóciles, jueces tras una buena jubilación,
políticos que a duras penas superaban un post grado, para que llenasen esos
cargos claves para dar el baño “constitucional” a un gobierno que se pasaba la
constitución por el mero forro.
Valiéndose
de una Asamblea roja (por “autosuicidio” de la oposición), ampliaron a 32 el
número de magistrados y poco a poco fueron sustituyendo alfiles y caballos por
viles peones. Y peonas. El “Uh, ah! Chávez no se va” que coreaba el cartel de
las togas impúdicamente en las aperturas del Año Judicial, derrumbó la moral en
lo que debía ser el palacio de la justicia para todos los venezolanos.
En
los últimos diez años, el descarte de verdaderos magistrados, a quienes jubilan
incluso antes de vencerse su período, ha dejado cada vez más ciega a la dama de
la balanza. Jamás emiten una sentencia que perjudique al gobierno, o que
tan siquiera lo disguste. El afecto apasionado por el caudillo y su revolución
perturbó incluso a algunos que con poco currículo para ser magistrado como Luis
Velázquez Alvaray o uno que sí conoció al dragón porque era el portador de sus
llamas, como Eladio Aponte Aponte, decidieron desertar cada uno por sus razones
pero ambos echando el cuento de cómo el finado llamaba pidiendo que le
pusieran preso o que le abrieran juicio a opositores. Debían seguir las
directrices de la Fiscal y les advertían que no se preocuparan por las pruebas,
porque también el contralor Clodosvaldo Russián (Dios lo tenga donde merece)
colaboraría gustoso, aportando “pruebas”.
El
TSJ ha seguido la misma política de cartel con el gobierno de Maduro. Los
magistrados, supuestos garantes de la Constitución, se han dado desde hace años
a la tarea de corregirle la plana a la Carta Magna y emitir sentencias supra
constitucionales. Como aquella que admitió la reelección indefinida, aprobada
en un dudoso referendo, pues la verdadera consulta sobre la reforma
constitucional rechazo todas las propuestas del finado, incluida la reelección
indefinida.
Con
las irreversibles rectoras del CNE, conforman un grupo deleznable de violadores
de la voluntad popular. Para que el caudillo no se les muriera en la campaña,
adelantaron las elecciones presidenciales a octubre, aún cuando la toma de
posesión siguió en su fecha del 10 de enero. Todo este cartel de magistrados,
rectoras, defensor, contralora, asambleístas engañaron al país: sabían con toda
certeza que al presidente le quedaba poco tiempo de vida y no debían admitir su
reelección. Pero todos ellos arriesgaban sus jugosos cargos y el poder
absoluto. Y siguieron adelante pese a que los periodistas, la oposición y medio
planeta sabíamos que el hombre jamás podría cumplir otro mandato.
Apostaron
al amor ciego que muchos tenían al caudillo y ganaron. Pero vendría lo peor:
mentir al país sobre la verdadera condición del líder. A los 3 días de la
victoria, el entonces reelecto presidente nombra a su entonces canciller
Nicolás Maduro como vicepresidente. Regresa de Cuba para despedirse el 8 de
diciembre en una cadena para el recuerdo histórico, nombra encargado de la
presidencia a Maduro y pide votar por él en caso (que él sabía seguro y por
tanto, mentía) de que no regresara. Así Nicolás Maduro, alguien
cuya partida de nacimiento es el secreto mejor guardado del régimen, llega a la
presidencia de la República. Pasado un mes y a sabiendas de que la ausencia era
total y absoluta, el TSJ se hace sordo ante clamor de los juristas y deja en el
limbo la ausencia presidencial. Hasta que en marzo la verdad indiscutible de la
muerte del finado (no, no es redundancia) obliga al TSJ a emitir una sentencia
declarando que quien debe encargarse de la presidencia es el vicepresidente y
no el presidente de la Asamblea Nacional, como ordena la constitución en caso
de ausencia presidencial antes de la primera mitad del mandato.
Para
ayudar aún más, no tomaron en cuenta que el finado ni siquiera se había
encargado por lo que muy extrañamente el vicepresidente podía tomar un cargo
cuyo titular nunca se juramentó. Pero necesitaba otro empujoncito para asegurar
la silla, así el TSJ declaro que el Vicepresidente sí podía lanzarse a la
presidencia sin separarse del cargo temporal que ocupaba, violando así el
artículo 229 de la constitución. El heredero no pudo tener peor desempeño,
ajustado a su escaso currículo. Así que ni la complicidad de poderes pudo
evitar la rebelión de los votantes el 6 de diciembre. Como despedida, la
derrotada AN nombro a la carrera y violando lapsos y condiciones, magistrados
que ayuden a conservar los privilegios del poder aún por encima del voto de los
venezolanos.
A
pesar de la paliza, el cartel no entiende el rechazo de la mayoría hacia sus
tramposas, por decir lo menos, conductas. Lo primero que hicieron los recién
vestidos magistrados fue quitarle la mayoría calificada a la oposición,
anulando la elección de tres diputados de Amazonas. Y el CNE que los proclamo,
mudo. Por su parte el presidente solo afrenta a un pueblo que está sufriendo
una crisis humanitaria: en lugar de hacer cambios indispensables hasta para su
gobierno, que tiene el agua al cuello, aumenta la burocracia creando cinco
ministerios más, entre ellos una burla que se llama “agricultura urbana”. En
sus discursos amenaza a los productores con intervenirlos, a los medios con
cerrar la importación de papel, a Mendoza con encarcelarlo. Pero jamás menciona
el 270% de inflación que acabo con la clase media, ni el racionamiento
eléctrico que extermina hoteles y centros comerciales; tampoco habla del
agua podrida y de la crisis sanitaria y medicinal de Venezuela. Ejemplo de esa
conducta a espaldas al país es su visita a Valencia, donde su paso desde el
aeropuerto a la fábrica que inauguró fue cubierta metro a metro por soldados,
que también ordenaron cerrar las puertas del Hyperlíder cercano, para que el
presidente no viera las gigantescas colas.
Ahora
el TSJ declara “constitucional”, por encima de la constitución, un decreto de
emergencia económica que permitirá al gobierno tomar a manos libres toda clase
de decisiones incluidas expropiaciones y corralitos. Este cartel ineficiente y
corrupto, ha arruinado en tiempo récord lo que quedaba de Venezuela, pero
tendrá que rendir cuentas pronto. Todos sus pasos afrentan al país decente. Que
la Asamblea Nacional y la MUD determinen de una vez cual es la formula
constitucional para deshacernos
CONSTITUCIONALMENTE
de este cartel. Nadie quiere aventuras suicidas. Y si ellos fueran responsables
tampoco las querrían. El país cruje agobiado y molesto. La salida es ya.
Charito
Rojas
Charitorojas2010@hotmail.com
@charitorojas
Carabobo
- Venezuela
"Estos son los períodos de
crisis de la legalidad: cuando el juez se ve constreñido a aplicar leyes que ya
no corresponden a la conciencia social. Entonces el juez es llevado a
convertirse, de servidor de la ley, en crítico de la misma; es llevado a hacer
la comparación entre estos dos términos vueltos tan distantes entre sí, y a plantearse
el problema de la ley justa, vacilando entre permanecer fiel a la supervivencia
formal de las viejas leyes y el dejarse atraer por las seducciones de la nueva
justicia que apunta: estos son los períodos de tránsito en que la legalidad se
halla en peligro." (Piero Calamandrei. "Crisis de la Justicia"
en Crisis del Derecho,
Buenos Aires: Ejea, 1961, p. 315)
DESCARGAR ARTÍCULO: PIERO CALAMANDREI Y LA DEFENSA JURIDICA
DE LA LIBERTAD
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