Alberto Fernández, presidente de Argentina. (Foto: Alberto Fernández Prensa)
La reforma judicial que pretende imponer el dúo Fernández - Fernández es, en los hechos, de carácter orwelliano.
George Orwell, en su distopía 1984, describe los mecanismos utilizados por los políticos inescrupulosos para subyugar a la población. Los que menciona no los sacó de su imaginación sino de las prácticas del nazismo y del comunismo estalinista. Uno de sus mayores aciertos, fue recalcar la relevancia del lenguaje como poderoso instrumento de dominación.
La manera de mantener en la opresión a la ciudadanía es aniquilando el espíritu crítico de los individuos. Es despersonalizándolos para transformarlos en una masa informe incapaz de tener ideas propias.
En 1984, los recursos más potentes para anular la libertad de los ciudadanos y que estos no desarrollen una ideología opuesta a la que pretenden imponer los gobernantes, es la imposición de la neolengua y del doblepensar
La primera consiste en la reducción de la “viejalengua”, eliminando aquellos términos que les puedan servir a los sujetos para pensar de una manera que no les convenga a las autoridades. El régimen se propone erradicar muchas palabras, con las ideas y sentimientos que van asociadas. Las palabras son importantes porque el pensamiento se nutre de ellas y lo que les da sustento a ambos, son los hechos. En consecuencia, los políticos con tendencia totalitaria son enemigos de la realidad.
El objetivo era que una vez que la neolengua fuera ampliamente adoptada y la viejalengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, contrario a los intereses de los gobernantes, fuera literalmente impensable.
Con respecto al doblepensar, Orwell dice que es estar “consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas”. Por ejemplo, que el Ministerio del Amor aniquile a todo disidente.
Una muestra del doblepensar es su tuit: “Es hora de tener una Justicia independiente, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos no políticos”, al tiempo que propone los mecanismos para quitarle a la justicia (así con minúscula) lo que pueda quedarle de independencia. (¿o será que en la neolengua “independencia es sumisión”?).
Con sarcasmo, Ernesto Tenembaum señaló que «cuando veo un animalito que tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, para mí es un perro. Desde que asumió Alberto Fernández, el anuncio de la comisión para ampliar la Corte es la peor decisión de su gestión. Los argumentos que dan son todos rebatibles, insostenibles y frágiles para disimular lo que hay detrás que es la ambición de copar la Corte Suprema».
Fernández anuncia la creación de una Comisión de notables para que “asesore” sobre la reforma de la Justicia, cuando se sabe que ya fue “cocinada” en el Instituto Patria, un think tank fundado por Cristina Kirchner cuando perdió las elecciones en 2015.
Carlos Pagni describe de este modo la situación: “Era muy previsible que Cristina Kirchner ejercería una gran influencia en las iniciativas institucionales de la presidencia de Alberto Fernández. Sobre todo, las del campo judicial, donde ella experimenta sus grandes pesadillas”. Pero si había alguna duda, enseguida se disolvió cuando Fernández afirmó cínicamente, que uno de los asesores para reformar los tribunales era Alberto Beraldi, el abogado defensor de Cristina.
Pagni recalca que Fernández “Primero expuso una reforma general de la Justicia. Y después presentó la comisión que debe asesorarlo para esa reforma. Es un engaño para pocos. Ese equipo de sabios tiene como misión convalidar una remodelación de la Corte que ya está decidida. Pero esa remodelación, en el planteo del Presidente, está en segundo plano. Es un tributo a la vicepresidenta, que necesita que el máximo tribunal esté integrado por otros miembros, y aplique otros procedimientos, para cerrar sus problemas penales”.
Otro ejemplo del doblepensar, es que la Comisión tendrá 90 días para hacer recomendaciones sobre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el juicio por jurados. Fernández ha dicho que no cree necesario ampliar el número de miembros de la Corte: «No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo”. Pero habilitó la discusión sobre su eventual ampliación. (¿Será que en la neolengua “no creer es estar convencido”?).
Una prueba de ello es que no convocó para integrar esa comisión de juristas a Mario Kaminker, uno de los máximos expertos sobre integración y funcionamiento de la Corte. ¿Por qué razón? Porque Kamimker sostiene que las ampliaciones de la Corte en Argentina suelen estar contaminadas por la manipulación política. Con sarcasmo, Pagni comenta: “Es curioso que Fernández no quiera consultarlo […] Una ironía, claro. La comisión que se presentó ayer debe dictaminar a favor de la ampliación de la Corte, su división en salas y el mayor alcance del recurso extraordinario”. Es decir, todo aquello que “favorezca los deseos de impunidad de Cristina”. La esencia del programa fue sintetizada mediante un tweet por Alejandro Rúa, otro abogado de la vicepresidenta: «Toda la Corte macrista se tiene que ir».
Por otra parte, Pagni considera que “La expansión del fuero federal es una oportunidad fantástica para armar otra Justicia, sobre todo si se reforma el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura, una de las propuestas más interesantes de las conocidas ayer. Como ese proceso puede durar años, en el mismo Consejo se avanza a toda velocidad para satisfacer lo que la vicepresidenta exige de inmediato: la anulación de los traslados de jueces que han participado en sus infortunios judiciales”. O sea, despejar el camino hacia la impunidad.
Sin embargo, de las propuestas de Fernández la más tenebrosa -a la que no se le ha otorgado aún la debida relevancia- es con la que pretende domesticar a los jueces -al estilo de Hugo Chávez en Venezuela- sacándoles la seguridad de que permanecerán en sus puestos. La tranquilidad económica es la fuente de la independencia de los jueces.
Fernández pretende duplicar la cantidad de los juzgados para llegar a 46. Fusiona a los 12 juzgados de Comodoro Py con los 11 de Penal Económico, que es donde se investigan delitos aduaneros y de lavado, que es donde están las causas que afectan a Cristina. De los 46 tribunales, la mitad tendrán a los jueces actuales y la otra mitad a subrogantes por un año, con posibilidad de permanecer otros seis meses, hasta que se designen nuevos jueces por concurso. Esto último podría no pasar nunca como demuestra la experiencia venezolana.
En conclusión, vemos que el doblepensar y la neolengua han sido muy bien asimilados por el presidente Fernández. Su lema parecería ser: “la libertad es esclavitud, la sumisión judicial es independencia, la impunidad es Justicia”.
10 de Agosto del 2020
Panam Post
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