Venezuela vive la crisis más importante
después de que se convirtiera en un exportador neto de petróleo.
A pesar de las expectativas de redención que despertó en la mayoría de la población la llegada del Chavismo al poder en 1999, y a pesar de que el gobierno disfrutó de la bonanza petrolera más prolongada de nuestra historia económica, al final las políticas ejecutadas con miras a la construcción del denominado socialismo del siglo XXI y al control de la sociedad llevaron al país hacia una catástrofe.
A pesar de las expectativas de redención que despertó en la mayoría de la población la llegada del Chavismo al poder en 1999, y a pesar de que el gobierno disfrutó de la bonanza petrolera más prolongada de nuestra historia económica, al final las políticas ejecutadas con miras a la construcción del denominado socialismo del siglo XXI y al control de la sociedad llevaron al país hacia una catástrofe.
Situación sobre la cual diferentes analistas e investigadores habían advertido que sucedería de continuar con las políticas económicas de controles, intervención de los mercados y cambios institucionales adelantados por los gobiernos de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro con el fin de doblegar las libertades civiles.
La realidad es que Venezuela vive hoy
una crisis de mayores dimensiones a la que existía en 1998, cuando la situación
de descontento social, de crisis económica y de los partidos políticos
tradicionales le sirvió de plataforma al proyecto chavista, para presentarse
como una alternativa viable que realizaría cambios en el modelo político y
económico. El proyecto chavista ofreció cambios políticos, acabar con la
corrupción y las elites políticas, superar el rentismo y redimir a aquellos que
habían sido excluidos del reparto de la renta petrolera, base de la dinámica
económica, social y de la imperfecta democracia que se instauró desde
1958.
La crisis se manifiesta en lo político,
lo económico y lo social. El deterioro en estas dimensiones es más que evidente
aunque el gobierno lo niegue, aunque no publique las cifras
oficiales que muestran el retroceso, aunque realice elecciones a su medida y
atribuya las causas de la tragedia que vivimos a una supuesta “guerra
económica”. Hoy Venezuela es un país arruinado, endeudado, con una
hiperinflación sin esperanzas de que sea superada porque repite los mismos
errores de su política económica y porque carece de voluntad política para
realizar los cambios requeridos. Venezuela es un país donde prolifera el hambre
y la desigualdad, el crimen y la corrupción. Es un país con servicios públicos
colapsados, con el peor sistema de telecomunicaciones de América Latina, sin
posibilidades de ejercer los derechos políticos a plenitud. Es Venezuela un
país donde sus ciudadanos huyen hacia otras naciones para buscar mejores
condiciones de vida y tener más seguridad personal. Venezuela es en la
actualidad un país aislado internacionalmente en lo económico y en lo político,
con una exigua renta petrolera (si es que todavía existe), pues Petróleos de
Venezuela (PDVSA) es una empresa que se desvió de su misión principal, redujo
su producción de petróleo drásticamente y se encuentra endeudada.
El venezolano Ricardo Hausmann,
considerado uno de los treinta economistas más influyentes del mundo, en una
entrevista que se le hizo en 2017 resumió la situación del país así:
“Venezuela es la catástrofe humana
más grande que se ha generado en período de paz. El desgaste del nivel de vida
de los venezolanos, la caída del PIB, el colapso del abastecimiento
alimentario, el deterioro de las condiciones de salud, el aumento de la
criminalidad… Atendiendo a las estadísticas económicas, algo tan grave como lo
que está pasando en Venezuela ha ocurrido en muy pocos momentos de la historia,
y menos en momentos de paz. Y ocurre con un Gobierno que ha violado acuerdos y
normas internacionales a los que debía someterse, en particular, la Carta Democrática de la
Organización de Estados Americanos (OEA)”.(Ver la entrevista a Hausmann
en: http://ethic.es/2017/06/entrevista-a-ricardo-hausmann/ )
En ese contexto, el incipiente sistema
nacional de innovación (SNI) que se había logrado conformar en las últimas
décadas del siglo pasado también agoniza en medio de la crisis. Aun cuando
algunas universidades y sus investigadores hacen heroicos esfuerzos por no
sucumbir ante los embates de la crisis, todas las estadísticas disponibles,
incluyendo los rankings internacionales de universidades, el número de
publicaciones en revistas científicas de impacto, las patentes registradas, el
número de Doctores, la visibilidad y otros indicadores muestran el retroceso.
La crisis lo destruye todo. La actividad de investigación en las universidades
no es la excepción.
Las Universidades venezolanas con
autonomía, particularmente la Universidad de los Andes (ULA), lograron,
mediante un esfuerzo sostenido por varias décadas, con políticas de fomento, de
financiamiento y de formación de recursos humanos, crear fortalezas en
investigación. Fortalezas que repercutieron favorablemente en la calidad de la
enseñanza del pregrado, en el crecimiento del postgrado y en las actividades de
extensión.
En los programas de certificación de
investigadores creados por el gobierno nacional desde 1990 (Programa de
Promoción al Investigador (PPI) y Programa de estímulo a la Investigación y a
la Innovación (PEII)) la ULA siempre logró posicionarse como la segunda o
tercera entre las universidades con mayor número de investigadores
certificados. Por su parte la calidad de nuestros egresados mejoraba y la
actividad de postgrado, altamente vinculada a la investigación, creció hasta
tener en la actualidad más doscientos postgrados entre programas de
especialización, Maestría y Doctorados. No en vano la ULA logró el prestigio
nacional e internacional del cual todavía hoy disfruta. Ahora esos logros están
amenazados, pues la ULA también sufre intensamente los efectos de la crisis
nacional.
Seguidamente se mostrarán tres gráficos que nos muestran el retroceso
que la actividad de investigación ha tenido en la universidad. Los Gráficos 1,
2 y 3 muestran que la ULA ha venido disminuyendo el número de
proyectos de investigación financiados, el número de investigadores reconocidos
por el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI-ULA) desde 2013 y el número
de Grupos de Investigación reconocidos y certificados por el Programa de Apoyo
Directo a Grupos de Investigación (ADG) desde 2014.
Fuente: CDCHTA-Planificación y Estadísticas
Fuente: CDCHTA-Planificación y Estadísticas
Fuente: CDCHTA-Planificación y Estadísticas
Entre las principales causas que
explican esos resultados se encuentran las siguientes:
1.
Los exiguos financiamientos para los
proyectos de investigación que puede ofrecer el CDCHTA ante el cerco
presupuestario que han tenido las universidades en la última década,
especialmente las autónomas. En un contexto de hiperinflación como el que vive el
país, los financiamientos son simbólicos, insuficientes para alcanzar los
objetivos de los proyectos. Estos financiamientos se ubicaban en julio de 2018
en menos de 3 USD para los proyectos de Grupo, que son los que reciben un monto
más elevado.
2.
Consecuentemente, los bajos y
deficitarios presupuestos para las universidades han debilitado los programas
internos de estímulo a los investigadores (PEI CDCHTA ULA) y a los grupos de
investigación (ADG-CDCHTA-ULA), siendo los premios que se otorgan por productividad
académica meramente simbólicos. No obstante, como lo muestran los gráficos y a
pesar de la tendencia decreciente, todavía la ULA cuenta con más de 1.000
investigadores y más de 137 grupos de investigación que decidieron
participar en las convocatorias que realiza bianualmente el CDCHTA, reafirmando
de esta manera su compromiso con la ULA y con su noble misión.
3.
La inexistencia de una adecuada
política nacional de ciencia, tecnología e innovación que permita generar los
financiamientos apropiados para la investigación, para el equipamiento
científico, para el fomento del intercambio científico, para la divulgación de
los resultados de investigación en revistas científicas, en congresos
nacionales e internacionales y el otorgamiento de becas para la formación de
recursos humanos. Estos programas no existen en la actualidad, a pesar de que
el gobierno sigue obteniendo ingresos derivados de las contribuciones a que
están obligadas las empresas públicas y privadas, según lo establecido en la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). En los últimos años
no hubo convocatorias del Fondo Nacional de Ciencia y tecnología (FONACIT) para
financiar proyectos de investigación, equipar los laboratorios, fomentar el
intercambio científico, las publicaciones y formar recursos humanos. Es
evidente la ausencia de una política nacional de fomento a la ciencia, la
tecnología y la innovación, mientras tanto el gobierno sigue sin rendir cuentas
sobre el destino de los recursos que recauda con la LOCTI. Debe quedar claro
que sin una apropiada política nacional de ciencia, tecnología e innovación es
muy poco lo que pueden hacer las universidades y sus organismos de fomento a la
investigación.
4.
Ausencia de programas que estimulen la
carrera académica y la actividad de investigación. Desde hace varios años no se
hace la convocatoria del Programa de estímulo a la Investigación y a la
Innovación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (PEII-ONCTI),
programa muy criticado por su falta de transparencia y rigurosidad, a la par
que los pagos que se hacían a los investigadores eran irrisorios y con retardos
injustificados.
5.
La jubilación y emigración de los
investigadores ante los bajos salarios, la falta de recursos para desarrollar
su carrera académica y la inseguridad personal. La ULA ha sido una de las
universidades más afectadas. Han emigrado tanto investigadores con experiencia
y altamente calificados como aquellos que apenas inician su carrera académica.
Simultáneamente el personal técnico de apoyo a la investigación también ha
emigrado o se ha jubilado, mientras que los equipos científicos son obsoletos o
se encuentran sin mantenimiento y sin posibilidades de repararlos por los
elevados costos.
El Sistema Nacional de Innovación (SNI)
vive su peor momento y también la actividad de investigación en la ULA. Desde
el CDCHTA el Directorio ha venido tomando decisiones para tratar de contener la
crisis, pero ello resulta imposible dado el agravamiento de la misma al nivel
nacional. No obstante, un reconocimiento debe hacerse a los investigadores, a
los grupos de investigación que aun en estas circunstancias tratan de
mantenerse activos, realizando investigación, docencia de pre y postgrado,
publicando en las revistas científicas con exiguos recursos, editando las revistas
científicas de la ULA y haciendo uso de alianzas con sus pares nacionales y del
exterior para poder tener acceso a un mínimo de recursos. Sin embargo, debe
advertirse que los indicadores aquí presentados sobre la actividad de
investigación en la ULA seguirán empeorando en la medida que no se tomen
medidas para enfrentar las causas de la crisis y se produzcan cambios radicales
en la manera de gobernar. El panorama no es esperanzador.
En medio de las circunstancias
difíciles que vivimos, a los universitarios no nos queda otra alternativa que
reafirmar y defender nuestros principios de autonomía, libertad, pluralismo y
democracia. Debemos exigirle al gobierno nacional que asigne un justo
presupuesto para la academia, pero también debemos exigir mayor comprensión y
espacio para la discusión sobre la situación que vive la investigación a
nuestro Consejo Universitario, de manera tal que los debates nos permitan
avizorar iniciativas y acciones colectivas que permitan paliar la crisis y
hacer las exigencias debidas ante las instancias nacionales. Debemos continuar,
hasta donde las circunstancias lo permitan, manteniendo la investigación activa
en la ULA. No hay otra alternativa.
Notas
___________________________________
(*) El autor es actualmente,
coordinador del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de
las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes (Venezuela).
(**)
Fotografía de la revista del CDCHTA, Investigación, en su
edición de 2010 celebrando los 45 años de fundada la dependencia.
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