La
premura del Gobierno de Venezuela por conseguir ingresos a través de la
explotación del "Arco Minero del Orinoco" no respeta la Constitución
e implica graves violaciones a los derechos humanos, en especial de 16 pueblos
indígenas.
Un grupo de organizaciones académicas y no gubernamentales
advirtieron de la amenaza de este proyecto en una audiencia pública del 159
Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se clausura hoy en Panamá.
El
"Arco Minero" ocupa más de 111.000 kilómetros cuadrados al sur del
río Orinoco y hoy día sus minas, principalmente de oro, son explotadas
artesanalmente por grupos ilegales.
El
Gobierno prevé para esta región, que equivale al 12 % del territorio del país,
un desarrollo industrial "ecosocialista" que permita diversificar la
débil economía nacional, dependiente del petróleo, en base a la extracción de
oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales que se traducirían en cientos
de millones de dólares.
En
medio de la crisis económica, el presidente Nicolás Maduro oficializó el
proyecto con un decreto ejecutivo en febrero pasado, una atribución que según
las ONG viola la carta magna del país porque no se ha consultado con los
pueblos indígenas ni tiene su consentimiento, carece de un estudio de impacto
ambiental y dicta disposiciones que deben ser antes aprobadas por el
parlamento, hoy liderado por la oposición.
En este territorio habita el 30 % de los pueblos originarios
del país caribeño, dos de especial delicadeza, el Hoti o Jodi y el Eñepá,
pueblos "en contacto inicial" porque voluntariamente han decidido
aislarse, explicó a Acan-Efe Vladimir Aguilar, del Grupo de Trabajo de Asuntos
Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA).
En
la región se encuentran algunos de los principales monumentos naturales y
reservorios del país, como el parque nacional Canaima, escenario de la catarata
más alta del mundo, el Salto Ángel.
Sin
embargo, los representantes estatales admitieron ante la CIDH que aún no existe
estudio de impacto ambiental, a pesar de que ya se han formado empresas mixtas
y se han firmado acuerdos con algunas de las 150 compañías extranjeras que se
incorporarían al proyecto.
El
Estado explicó en la audiencia que la explotación solo se haría en una quinta
parte de la zona seleccionada y que no afectaría las áreas protegidas, lo que
no convence a las ONG y líderes indígenas por la falta de estudios y la tendencia
mundial a expandir la frontera extractiva una vez implementado el modelo de
desarrollo.
No
obstante las arbitrariedades denunciadas por varios sectores, Maduro emitió en
mayo pasado un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que le
confirió más atribuciones especiales en el marco de los bajos precios del
petróleo y la crisis de desabastecimiento del país.
La
medida le permite entregar concesiones a empresas extranjeras sin la aprobación
parlamentaria, algo que prohíbe la Constitución y ha rechazado la asamblea
legislativa.
Cuarenta
organizaciones de la sociedad civil denunciaron esto como "una ruptura del
hilo constitucional", y específicamente el Programa Venezolano de
Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió "el inicio de un
desvío dictatorial".
El
representante de Provea Rafael Uzcátegui relató esto a la CIDH y denunció que
el decreto del proyecto explícitamente pone el interés extractivo por encima de
derechos como a la huelga y la asociación.
Esto,
sumado a la creación de una zona militar especial para la defensa del Arco
Minero, ocurre en un contexto de vulnerabilidad de los pueblos indígenas por el
incumplimiento de la deuda histórica de la demarcación de sus territorios.
Solo
un 12 % de las comunidades originarias tiene titulaciones, a pesar de que la
totalidad de las demarcaciones debía haber estado completada en 2002, explicó
Aguilar.
Además,
advirtió a Acan-Efe, la calidad de los títulos que ha entregado el Gobierno no
es superior a la de una carta agraria, lo que inhibe a estos pueblos de la
protección completa y garantizada de su cultura y sus lugares sagrados, entre
otros derechos.
Provea,
el Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo de la ULA pidieron a la CIDH que a
la luz de estas amenazas trabaje en un Informe País, además de persuadir al
Estado para que la Relatoría sobre Derechos de Pueblos Indígenas visite
Venezuela. ACAN-EFE
Published December 07, 2016
Elisa Vásquez
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