En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.
Y luego está el proceso para iniciar un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que este domingo fue aprobado en la Cámara de Diputados.
La votación –en la que se decidió trasladar la acusación al Senado– se dio después de que una comisión especial de Diputados le diera luz verde al proceso a inicios de la semana, por considerar que hay indicios que la presidenta cometió crímenes "de responsabilidad".
Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general.
Tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
¿O quizá la denuncia se apoye en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado?
Pues no.
El pedido de impeachment a Dilma Rousseff ha generado protestas a favor y en contra.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Y ha causado una gran fisura en Brasil,separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
La tensión que genera este tema fue evidente en el voto de la comisión, con fuertes acusaciones entre los diputados, gritos y desorden a la hora de la votación.
Y también es visible en la valla que se instaló frente al parlamento para separar a los partidarios de la presidenta Rousseff de aquellos que exigen su salida.
"Lo que está en juego no es sólo una cuestión legal, sino de estrategia política de los actores involucrados", dijo Carlos Pereira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de élite, en declaraciones a BBC Mundo.
§ La denuncia
El pedido de impeachment a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas.
Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Y días después de formular la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos "en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien".
Hélio Bicudo: de exfundador del partido de Rousseff pasó a ser uno de los autores del pedido de juicio político a la presidenta.
La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan "pedaladasfiscales", que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.
Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.
§ La defensa
§
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
"¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe", ha dicho la exguerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.
Luis Almagro: el secretario general de la OEA negó que haya una acusación "bien fundada" contra Rousseff.
Su defensa en el Congreso negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar su mandato.
También alegó que, al aceptar la denuncia contra la mandataria, el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, actuó por "venganza". Cunha enfrenta varias denuncias de corrupción, incluido el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior.
La presidenta recibió este mes el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro.
"Si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos", sostuvo Almagro.
§ El informe
En cambio, la comisión de Diputados que analizó el pedido de impeachment se pronunció el lunes a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a "una crisis fiscal sin precedentes" en el país.
Redactado por el diputado Jovair Arantes y aprobado en la comisión con 38 votos a favor y 27 en contra, el informe sostiene que la denuncia apunta a una "usurpación" de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
"Tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución", sostuvo.
El Congreso brasileño se apresta a definir el destino de la presidenta Rousseff.
Aunque la denuncia original contra Rousseff asocia los problemas fiscales del gobierno con el escándalo en Petrobras, Arantes evitó considerar ese argumento.
Y la justicia rechazó un pedido para anexar a la denuncia la acusación que le hizo a la mandataria el senador Amaral, tras ser detenido por planear la fuga en avión de un exdirector de Petrobras preso.
Ahora corresponde al Senado definir la suerte de Rousseff, en un proceso que mezcla ingredientes jurídicos con políticos en medio de una feroz recesión.
La Cámara de Senadores deberá decidir por mayoría simple si lo abre y obliga a Rousseff a apartarse del cargo por hasta 180 días mientras la juzga.
§ "Juego abierto"
El politólogo Pereira sostuvo que si esta denuncia naufraga, el presidente de Diputados podría activar otra de las nueve que ha recibido contra la mandataria, como el propio Cunha ha insinuado que haría.
Pero intentar juzgar en el Congreso a Rousseff por presunto financiamiento ilícito de su campaña implicaría riesgos para el partido de Cunha, el PMDB, que rompió con el gobierno días atrás.
El vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión de Rousseff, pertenece a ese partido y podría caer junto con ella, ya que la campaña involucró a ambos. El máximo tribunal electoral ya analiza denuncias opositoras sobre esto.
Al igual que Rousseff, el vicepresidente brasileño y actual adversario de la mandataria, Michel Temer, enfrenta el riesgo de ir a un juicio político.
Algunos creen que por eso Cunha optó primero por la denuncia presentada en octubre de 2015.
Un ministro del Supremo determinó la semana pasada que Diputados debe instalar otra comisión para analizar un eventual impeachment contra Temer, porque también habría autorizado "pedaladas fiscales".
La cuestión irá al plenario del Supremo.
Una encuesta de la firma Datafolha mostró el domingo que aproximadamente tres de cada cinco brasileños apoyan la apertura de juicios políticos a Rousseff y Temer, o la renuncia de ambos.
Pero el respaldo al impeachment de la presidenta cayó de 68% el mes pasado a 61% actual, según el mismo sondeo.
*Este artículo fue publicado originalmente el 12 de abril, luego de que la comisión de Diputados aprobara el inicio del proceso para el juicio político de Rousseff, y actualizado tras su votación por el plenario de la cámara baja.
Gerardo Lissardy
, 17 abril 2016
Almagro dice que el juicio a Rousseff es "político" y siembra dudas en la OEA
EFEBrasilia16 abr 2016
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, (d) posa con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, (i) durante una reunión hoy, viernes 15 de abril de 2016, en el Palacio del Planalto en Brasilia (Brasil). EFE
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro participa en una reunión con la presidenta de Brasil Dilma Rousseff (no en la foto) hoy, viernes 15 de abril de 2016, en el Palacio del Planalto en Brasilia (Brasil). EFE
La presidenta de Brasil Dilma Rousseff participa en una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro (no en al foto) hoy, viernes 15 de abril de 2016, en el Palacio del Planalto en Brasilia (Brasil). EFE
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó hoy a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y afirmó que el proceso que puede acabar con su destitución es de carácter "político", carece de "certezas" jurídicas y siembra "dudas" en el organismo.
Almagro fue recibido por Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al mismo tiempo que, en la vecina sede del Parlamento, el pleno de la Cámara de Diputados celebraba la primera de tres sesiones en las que definirá si el proceso llega a la instancia definitiva del Senado.
"Expresamos nuestras dudas y preocupación", porque "hemos tenido siempre a Brasil como un país que es un ejemplo de legalidad" en el continente, declaró Almagro a periodistas después de una reunión con Rousseff que duró cerca de una hora y media.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) explicó que las "dudas" del organismo pasan por los planes "ético, político y jurídico".
En el primer caso, indicó que "llama mucho la atención que la presidenta es una persona sobre quien no recae ninguna acusación penal, pero entre quienes las van a juzgar hay personas acusadas y hasta imputadas".
Aunque no lo aclaró, pareció aludir a parlamentarios sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción o incluso del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, procesado en la Corte Suprema por su presunta participación en los escándalos de la estatal Petrobras.
En lo político, sostuvo que "las mayorías circunstanciales en los parlamentos no resuelven los problemas y las crisis" de los países, en referencia al bloque que parece conformarse en la Cámara Baja en favor de que se instaure un juicio político contra Rousseff.
En ese marco, también subrayó que "no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas".
En ese aspecto, indicó que se trata de "una acusación de carácter político", que consideró "insuficiente" para llegar a un proceso de destitución en un régimen presidencialista.
Almagro, excanciller de Uruguay, indicó que las dudas de la OEA se extienden también al terreno político y se apoyan en informes recibidos por ese organismo "en los que se concluye que no hay certezas jurídicas en relación a las acusaciones" contra Rousseff.
Las acusaciones contra Rousseff señalan que incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Sin embargo, el Gobierno rechaza esos cargos y sólo admite que pudiera haber cometido alguna "falta" de tipo administrativo, que no se contemplan en la Constitución entre los llamados "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a una destitución.
Pese a sus afirmaciones, el secretario general de la OEA declinó opinar sobre si en Brasil está en marcha un "golpe de Estado", como dicen el Gobierno, toda la base oficialista y la propia Rousseff.
Tampoco precisó si ese organismo pudiera aplicarle a Brasil su llamada "carta democrática" y sancionar al país en caso de que se llegue a la destitución de la mandataria.
"Tendremos que estudiar a medida que evolucione la situación", dijo Almagro, quien explicó que "todavía no hay elementos como para hablar de una ruptura democrática", aunque indicó que "tal vez los haya el lunes o martes", en aparente alusión a la votación en que la Cámara Baja decidirá el domingo si el proceso avance al Senado.
Para que el proceso llegue a la Cámara Alta, que en ese caso decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff, la oposición precisa reunir 342 votos, que suponen una mayoría de dos tercios sobre un total de 513.
Si el proceso avanza, los 81 miembros del Senado definirán, por mayoría simple, si se inicia el juicio y, en ese caso, Rousseff será apartada durante los 180 días que esa cámara legislativa tendrá para concluir el proceso.
En ese caso, la mandataria sería sustituida por Temer, con quien ha roto toda relación y a quien acusó esta semana de ser "uno de los jefes de la conspiración" que, en su opinión, se gesta para recortar su mandato.
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