“Renunciar a la libertad es renunciar a ser un hombre, equivale a
firmar la rendición de los derechos de la humanidad, e incluso de sus deberes”
(J.J. Rousseau. El Contrato Social).
En las democracias no puede
haber presos políticos. La democracia, la libertad, los derechos y la
tolerancia constituyen eslabones de una sola cadena civilizatoria construida
durante siglos para asegurar la dignidad de las personas ante cualquier poder.
Sin embargo, ningún régimen
no democrático acepta de buena forma ni abiertamente que mantiene presos
políticos. Por el contrario, son precisamente los regímenes de dudosa
naturaleza democrática, los que en su intento de cuidar las apariencias ante la
comunidad internacional, terminan ocultando el carácter político de muchos de
sus presos. En otras palabras, donde hay presos políticos, los procedimientos
legales utilizados para mantenerlos injustamente en la cárcel, están diseñados
para ocultar esa condición con recursos que van desde la invención de cargos
criminales hasta la obstrucción del debido proceso con el retardo,
desnaturalización y negación de los derechos y beneficios contemplados en la
Constitución y en las leyes.
La libertad está íntimamente
ligada con la ley y con la democracia. Por ello resulta sencillamente criminal
que por razones políticas o subalternas se manipule la ley para privar de su
libertad a cualquier ser humano.
La historia ha dejado en
evidencia la anormalidad de consentir un gobierno que, apartado de la
Constitución y las leyes, se dedique a someter al pueblo que tendría que
defender. Las sociedades se dan gobiernos para hacer prevalecer y respetar los
derechos de sus miembros, no para negar o perder esos derechos. Por tanto, la
instrumentalización política del poder judicial significa la muerte del Estado
de Derecho, de la Libertad, la Democracia y, por tanto, de la dignidad del ser
humano. El caso es que frente al oprobio, los pueblos siempre sobresalen
retornando a la Libertad y a la Democracia.
Desde hace tiempo se viene
observando la existencia de presos políticos en Venezuela y que su número
aumenta mes a mes. Desde hace tiempo se viene denunciando esta grave situación
y cada día hay más atención internacional sobre la violación de los derechos
humanos que estamos sufriendo cada vez más venezolanos. Especial mención nos
merece el caso de nuestro compañero y amigo, Manuel Rosales Guerrero, fundador
y líder del partido demócrata social “Un Nuevo Tiempo”.
Manuel Rosales es un preso de
conciencia del régimen porque se le mantiene en la cárcel por sus
ideas y por su incuestionable compromiso con la democracia en virtud del cual
contribuyó decisivamente a derrotar electoralmente a ese mismo régimen en el
Estado Zulia y en toda Venezuela en varios procesos fundamentales. No hay otra
razón. Todo lo demás se ha caído por su propio peso. En su expediente sólo
sobresalen los vicios de un proceso en el que se demuestra la existencia de
pruebas forjadas, falsas acusaciones y una vil componenda delatada por sus
propios autores.
No cabe duda que los presos
políticos pagan con sus vidas el más alto precio para que los demás podamos
tener algo de lo que ellos carecen en absoluto, que es su libertad. De allí la
importancia de no olvidar ese sacrificio, de no olvidar a sus familias y de no
olvidarnos de la precariedad de nuestra propia libertad.
Son fascistas los
gobernantes que consideran que los derechos humanos son concesiones o
privilegios otorgados desde el poder, que se dan o retiran a conveniencia. A
ellos se les olvida que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que la
justicia divina tarda pero no perdona.
Por: Luis Loaiza Rincón
Diputado a la Asamblea Nacional y al PARLASUR
No hay comentarios:
Publicar un comentario