En un dramático discurso pronunciado
el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su gobierno se encaminaba a
firmar dentro de poco un acuerdo con el sindicato del crimen organizado FARC,
para poner fin a las hostilidades. “El tiempo de la paz” está cerca, predijo
solemnemente.
No tan rápido, dispararon las FARC
ese mismo día. Sus líderes dieron a conocer un documento de seis puntos
objetando las afirmaciones del equipo negociador de Santos en La Habana sobre
el estado de los diálogos y lo que se ha acordado.
El público colombiano no tiene manera
de saber a quién creer. Después de cuatro años de negociaciones en Cuba entre
el gobierno de Santos y las FARC, el “avance” del que se jactó su presidente en
Nueva York aún no es público. Por supuesto, incluso si los colombianos fueran a
verlo, nada podrían decir al respecto: Santos retiró recientemente su promesa
de someter la totalidad del acuerdo final a un referéndum nacional.
Las
FARC, por su parte, entienden que tienen todo el poder que necesitan sobre
Santos. El mandatario ha apostado su legado a un acuerdo y está hambriento del
reconocimiento internacional que le acarrearía la firma de un tratado de paz.
Lo que está en juego es aún más después del espectáculo en Nueva York, donde
Santos prácticamente prometió que presentaría un acuerdo final completo dentro
de seis meses. El presidente de Colombia debe haber estudiado el arte de la
negociación con el equipo que el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, envió a tratar con Irán.
El bando de Santos ha dicho que las
FARC no enfrentarán cárcel si confiesan sus delitos. Si lo hacen, recibirán
penas de cinco a ocho años que limitarían sus movimientos a las zonas rurales
en las que viven. En su comunicado, las FARC dicen que nunca estuvieron de
acuerdo con ningún proceso que suponga cualquier confinamiento o restrinja la
libertad de quienes admitan alguna culpa.
Las FARC también estipularon en su
comunicado que el gobierno democráticamente electo de Colombia no tendrá
autorización para interpretar el acuerdo. Esa autoridad, dijeron, residirá en
los futuros jueces que asuman su tarea en la jurisdicción especial para la paz.
Las FARC esperan tener un papel en la selección de dichos magistrados.
El gobierno de Santos ha dicho que el
acuerdo sobre justicia todavía contiene cierta “ambigüedad” y requiere más
negociaciones. Las FARC dicen no: el asunto “está cerrado”; no hay nada más que
discutir.
La semana pasada, las FARC también
clarificaron su posición no negociable sobre cómo se pagarán las reparaciones a
las víctimas de los crímenes cometidos por el grupo guerrillero. Según el
diario El Espectador, Enrique Santiago, un asesor jurídico de las FARC, dijo a
la emisora colombiana Blu Radio que la organización no tiene responsabilidad
por ninguna reparación. La adecuada compensación a las víctimas, afirmó, es
responsabilidad de los individuos que cometieron los crímenes. Si el culpable
no tiene dinero, entonces el Estado colombiano —es decir, los contribuyentes—
tendrá que pagar.
Esto suena como una conveniente vía
de escape para una organización que, según estimó el año pasado la revista Forbes,
obtiene un ingreso anual de US$600 millones del narcotráfico.
Los partidarios del pacto me han
sugerido que el apoyo al reciente acuerdo sobre justicia por parte del gobierno
de Obama, Cuba y el papa Francisco demuestra su legitimidad. Sin embargo, no
está claro qué acuerdo: ¿la versión de Santos o la versión de las FARC? Más
aún, ¿por qué las opiniones de unos extranjeros tienen más peso que las de los
colombianos?
El afán por tercerizar una importante
decisión política al Tío Sam y el Vaticano es especialmente extraño viniendo de
la izquierda, que pasó la mayor parte del siglo XX criticando el imperialismo
norteamericano y la interferencia extranjera en los asuntos internos de los
países de la región.
Los colombianos merecen justicia por
los delitos de las FARC. También merecen seguridad. Sin embargo, durante mucho
tiempo las FARC han sido cuidadosas de decir sólo que depondrían sus armas, no
que las entregarían. Los traficantes de drogas que van a la cárcel en los
países con un débil estado de derecho son legendarios por manejar sus negocios
desde las prisiones. Imagínese a Colombia cuando estos jefes de la mafia vivan
legalmente por todo el país, sin haber renunciado ni a sus bienes ni a sus
armas.
Santos quiere que los colombianos
confíen en las FARC, consideradas un grupo terrorista por el Departamento de
Estado de EE.UU. Sin embargo, el presidente colombiano no vive en lugares como
el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador y el océano
Pacífico. Las FARC han identificado el área como un buen lugar para cultivar
coca. Apenas en agosto, durante un supuesto cese al fuego, las FARC mataron a
Gilmer Genaro García, un líder de la comunidad afrocolombiana que se les cruzó
en el camino.
El viernes, Santos atacó a sus
críticos que respetan la ley alegando que para estos “la paz es inaceptable”.
El mandatario debería guardar su virulencia para los líderes de las FARC. El
sábado, volvieron a plantear objeciones a la versión del presidente sobre el
acuerdo de justicia, señalando que la fecha límite de marzo no es “viable”.
Pero, sin duda, Santos encontrará con el tiempo una forma de arreglar sus
diferencias con los gánsteres.
Por MARY ANASTASIA O’GRADY
The Wall Street Journal. Lunes, 5 de Octubre de 2015 0:02 EDT
La Paz del Castro
Chavismo Santista
Por Carlos Valverde
Fundador y Ex Dirigente Nacional del MOIR
El 23 de septiembre del 2015 pasará a la historia
de nuestro país como el día en que se cometió el más grave acto de traición a
la tradición democrática de Colombia, calculado y ejecutado por Juan Manuel
Santos en su condición de Presidente de la Republica y comparable solo a la
felonía realizada por el presidente José Manuel Marroquín con la “venta” de
Panamá.
El episodio empezó cuando después de su posesión el
7 de agosto del 2010 Santos se reunió con Chávez y lo declaró “su nuevo mejor
amigo”. Allí lo que se pactó fue iniciar el más tenebroso y truculento maridaje
bajo la égida de los hermanos Castro, dictadores seculares en la Isla de Cuba y
responsables en el siglo pasado del mercenarismo pro soviético, cuando enviaron
hombres del pueblo cubano para servir a los intereses de los nuevos zares rusos
en su política expansionista en el África y donde a nombre del “socialismo”
asesinaron a miles de hombres, mujeres, ancianos y niños en Angola. Los Castro
sólo son bendecidos por los partidos y grupos políticos adscritos a la
corriente pro-mamerta de América Latina y el mundo, que en Colombia están
representados por el Polo Democrático Alternativo y los supuestos
“progresistas”.
Pónganle el nombre que quieran a quienes así
hablamos y concluimos: traidores, derechistas, fascistas o cualquiera de los
epítetos a que están acostumbrados los “izquierdistas” colombianos. Como
afirmaba Francisco Mosquera “ese archipiélago de grupos y subgrupos
clasificados bajo el membrete de “izquierda”, un distintivo que en Colombia
sirve para todo aunque no exprese nada”, hoy al servicio de los más oscuros
intereses contra la nación por sus ambiciones electorales que los llevaron a
beber del manantial terrorista, aunque muchos de ellos no hayan respaldado el
uso de las armas.
Fidel Castro, Raúl, Maduro, Santos y sus secuaces
han entrampado a Colombia. Para lograr su propósito han levantado la bandera
del combate contra el fascismo, tal como lo hizo el Partido Comunista contra
Gaitán en la década del 40 del siglo pasado y hoy adecúan esa misma táctica
contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el único líder de masas en la
nación capaz de detener, por el respaldo mayoritario entre los más de 45
millones de compatriotas que habitamos nuestro país, que Colombia se transforme
en la nueva Venezuela. Uribe no sólo tiene el apoyo, sino que ha logrado
desentrañar el peligro que se avecina y las frases “almibaradas” de quienes
dirigen el complot.
El comunicado leído en La Habana, bajo la
parafernalia orquestada por Raúl Castro y con la presencia de Juan Manuel
Santos y Timoshenko, está basado en la total impunidad para las Farc. El
narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento forzado de niños y todos los
crímenes de lesa humanidad, si se confiesan, tendrán “castigo” de 5 a 8 años
que será determinado por una Jurisdicción Especial para la Paz integrada por
magistrados nacionales y extranjeros y consistirá en “un componente de
restricción de libertades y derechos”. Los delitos políticos o conexos gozaran
de amnistía o indulto. Es decir, que no habrá un día de cárcel y por tanto el
Estado Mayor terrorista de las Farc podrá participar en política y aspirar a
cargos en los cuerpos legislativos y a la presidencia de la república.
¡Enhorabuena!
Los hechos son tozudos e irrefutables. Chávez la
emprendió contra Uribe y Maduro militarizó la frontera, desató una violenta
represión contra los colombianos acusándolos de para- militares, les marcó su
casa a humildes pobladores y ordenó derrumbarlas, se apropió de sus pocos
bienes materiales, asesinó indígenas, violó el espacio aéreo, vulneró nuestra
soberanía y dignidad. Previamente callaron los países de Unasur ante el fallo
amañado de La Haya que pretende despojar a nuestra nación de 75.000 kilómetros
cuadrados de mar territorial, fallo que fue recibido con alborozo por el estado
mayor del narco-terrorismo y el Sr. Ortega, presidente de Nicaragua, recibió la
felicitación de las Farc. En el penúltimo acto de esta comedia Santos viajó a
Ecuador, bajó la cabeza y se plegó a la infamia cometida por el déspota Maduro
contra nuestra patria y nuestros hermanos colombianos. En el entreacto los
filibusteros de la “izquierda” que tanto alardean de defender la soberanía
frente a Estados Unidos se colocan a la orilla del Presidente Santos y sienten
el terror que les produce perder a Bogotá, para continuar saqueándola y
fungiendo de representantes de la pobrería, otorgándoles irrisorios auxilios,
sin permitir el desarrollo de la producción y la infraestructura. Los
uribistas, los integrantes del Centro Democrático y la mayoría de la población
bogotana debemos prepararnos para votar por Francisco Santos a la Alcaldía de
Bogotá, porque él representa el rechazo al pacto de impunidad y entre otras cosas
por eso se diferencia de los otros candidatos.
Como afirma el ex presidente y senador Uribe
estamos ante un Golpe de Estado contra la democracia. El Congreso será
sustituido por el Congresito, las leyes se amañan para complacer a las Farc,
las cortes se suplantan con las anunciadas Salas de Justicia y con el Tribunal
para la Paz. El cerco se cierra sobre Colombia a nombre de una concepción que
es la causante de este enredo: que el país vive una guerra y por tanto hay que
acabar con el “conflicto armado”. Lo cierto es que nuestra nación es víctima
del ataque de grupos terroristas que se fundaron en el periodo de la guerra
fría, entrenados y financiados desde el exterior y en consecuencia el desangre
y las tropelías contra nuestros campesinos son ejecutadas por grupos de
malhechores al servicio del socialismo del siglo XXI y del narcotráfico
internacional.
Lo demás son paparruchadas de Santos y su círculo
palaciego que ha echado por la borda la tradición democrática de Colombia. La
paz con los terroristas no puede ser obtenida sobre la base de allanarles el
camino a la dirección del Estado. A Uribe le corresponde la difícil tarea de
profundizar su liderazgo y recurrir a organizar no sólo a sus adeptos más
fervientes sino a la mayoría de la población colombiana para salvar la nación.
http://www.analitica.com/opinion/la-paz-del-castro-chavismo-santista/
El
dudoso acuerdo de Colombia con los terroristas
MARY
ANASTASIA O’GRADY
Lunes, 28
de Septiembre de 2015 0:02 EDT
The Wall
Street Journal
La decisión del Vaticano de desconocer a la
comunidad de derechos humanos de Cuba durante el viaje del papa Francisco a la
isla dejó cabizbajos a muchos católicos. Fue doloroso ver imágenes del
Pontífice codeándose con Fidel y Raúl Castro mientras al menos 140 disidentes
cubanos —proscriptos que son pobres, muchos de ellos negros— eran arrestados,
algunos llevados a la rastra, por la policía secreta.
Lo que captó menos la atención, pero puede resultar
igual de perjudicial para los débiles y vulnerables en América Latina, fueron
las declaraciones del Papa sobre Colombia.
Refiriéndose a cuatro años de negociaciones del
gobierno colombiano en La Habana con el grupo terrorista y narcotraficante de
las FARC, el papa Francisco dijo: “Por favor, no tenemos derecho a permitirnos
otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”. Traduciendo el
lenguaje del Pontífice, eso quiere decir “concluyan esto”.
Días después, el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, voló a la isla, estrechó manos con el dictador cubano Raúl
Castro y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias “Timochenko”),
y anunció un acuerdo. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos,
elogió el pacto y esta semana Santos está en Nueva York para asistir a la
Asamblea General de Naciones Unidas y para recibir más elogios.
Tal vez Kerry ha visto el acuerdo, pero los
colombianos no. Todo lo que saben son porciones que ha compartido Santos.
Parece como una lista de exigencias de las FARC que data desde el inicio de las
negociaciones hace cuatro años. Si lo que sabemos hasta ahora sirve de
indicación, este acuerdo es una rendición ante los terroristas que hará que
Colombia sea más peligrosa, menos justa y más pobre.
Las atrocidades cometidas por las FARC no llevarán
a los perpetradores a la cárcel. En lugar de eso, serán juzgados por uno de los
dos tribunales especiales, que incluirán jueces de otros países. ¿Qué países?
Nadie sabe. Si los acusados reconocen sus delitos, las penas más severas serán
la reclusión en las áreas rurales donde ya viven, por entre cinco y ocho años,
y algo de servicio comunitario. En el caso de los crímenes contra la humanidad,
esto violará los compromisos de Colombia bajo la Convención de Ginebra.
Las FARC han dicho que no entregarán sus armas. La
guerrilla debe reparaciones a las víctimas y a la nación, pero nadie sabe de
qué forma pagarán sus deudas o a quién. Los líderes de las FARC ingresarán a la
arena política llenos del efectivo que obtuvieron en los negocios de la cocaína
y el secuestro.
El año pasado, Santos anunció que quería ampliar la
definición de delito político para incluir el tráfico de drogas de modo que las
FARC pudieran argumentar que no son mafiosos sino actores políticos. También
tenía el propósito de cumplir con las exigencias de los guerrilleros de no
pagar con cárcel.
Cuando los colombianos protestaron ruidosamente, el
mandatario argumentó que nunca lo había dicho. Incluso le pidió a su embajador
en Washington que escribiera una carta a este diario negando que lo hubiera
dicho.
Por supuesto que lo dijo. Sus palabras fueron
grabadas. Ahora eso es parte de su arreglo con los mafiosos, que también
prohíbe la extradición.
Miembros de las fuerzas armadas colombianas, el
gobierno civil y la sociedad civil también serán puestos en el banquillo junto
con los terroristas, tal cual como siempre lo han querido las FARC.
Esto pondrá a los colombianos que se oponen al
grupo guerrillero a la par con lo que esencialmente es un sindicato de crimen
organizado, respaldando así el argumento engañoso de que esta es una guerra
civil en la que las dos partes son igual de responsables.
Esta es una narrativa viciosa. La condena de
militares con testimonios falsos es ya un pasatiempo favorito de la izquierda
colombiana. Ahora será más fácil porque los soldados serán presionados para que
confiesen delitos que no han cometido con el fin de evitar sentencias
draconianas. Esto implicará a sus superiores, los blancos principales.
Las fuerzas armadas han realizado grandes
sacrificios para pacificar a Colombia y son la institución más respetada del
país. Si les preguntaran, los colombianos nunca estarían de acuerdo con esta
traición. Por lo tanto el presidente ha roto su promesa de realizar un
referendo nacional sobre el acuerdo.
Ya perdí la cuenta de cuántas veces Santos me dijo
personalmente que los colombianos tendrían la oportunidad de votar sobre lo que
se acordara en La Habana. El mandatario repitió esa promesa en entrevistas y
numerosos discursos a la nación. Aun así, durante un programa radial en agosto
declaró de forma categórica: “Nunca me he montado en un referendo”. Ahora llama
la consulta popular un “suicidio”.
A Santos no le preocupa el escarnio que evoca entre
los colombianos con sus negaciones patológicas de lo que ha dicho cuando
aquello ya no es conveniente. Está demasiado ocupado trabajando en su próximo
engaño: para eludir la Constitución, propone comisiones especiales en el
Congreso para que aprueben el acuerdo. Y le está pidiendo al Congreso el poder
para gobernar por decreto —al estilo de Hugo Chávez— por un periodo de 180 días
de modo que pueda dictar la implementación del acuerdo.
Colombia es una democracia frágil. Santos, con la
ayuda de Raúl Castro, el papa Francisco, el gobierno estadounidense de Barack
Obama, está en el proceso de matarla.
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