El hombre siempre se ha regido por cánones morales.
Cuando Caín mató a Abel, no existía norma escrita que condenara el hecho, sin
embargo, sintió vergüenza ante la voz divina que le increpó preguntando por su
hermano. Posteriormente comenzó a regir su conducta por disposiciones escritas
pero aisladas. Aunque existen algunas recopilaciones anteriores, fue con el
emperador Justiniano en el siglo VI, en Roma cuando se inició la compilación de
leyes denominándolas Códigos, en ese caso el Corpus Iuris Civilis o
Código de Justiniano.
De esta manera nació la primera gran división del Derecho
como ciencia: Derecho Natural o conjunto de normas ideales, justas y eternas
reguladoras de la conducta humana, frente al Derecho Positivo fundado en
norma escrita que emana de un órgano con competencia para hacerla y aplicarla
en forma coactiva.
La ley se sancionaba por la observación de los hechos
sociales, incluso en la actualidad es el método de mayor aceptación. Se
ponderan las circunstancias en abstracto, los supuestos que la
conforman se califican en base a la conducta de una persona considerada, en
promedio, como normalmente prudente o diligente (bonus pater familiae) y, ante
su incumplimiento, se impone una consecuencia justa.
Al principio las leyes no obligaban al poderoso, ellos
tenían la exclusividad de una fuerza que les inmunizaba de los efectos de las
normas, destinadas a mantener la conducta de los pobres y débiles sociales,
dentro de cauces exclusivos para servir a sus amos.
Los reyes sustentaban su poderío omnímodo en hacer creer
que eran enviados de Dios. Con diversos movimientos colectivos, pero
fundamentalmente con la Revolución Francesa (1789), el monarca como tal, perdió
fuerza y nació la República.
Antes y ahora, los seres humanos hemos sido
incapaces de mantenernos dentro de la norma si no hay un organismo fuerte
encargado de aplicarla y, una sanción ejemplarizante ante su violación. Hoy
tenemos al Estado provisto de capacidad para sancionar la ley, imponerla y
hacerla cumplir, incluso a través de las armas y la fuerza.
Siendo entonces que el Estado tiene un poderío inmenso
pero razonablemente necesario, hubo de desconcentrarse ese poder de manera que
diversas ramas a través de elementos propios, controlándose recíprocamente y
colaborando entre sí, cumplieran la cuasi divina función de proporcionarnos a
los habitantes de una Nación, la posibilidad de convivir en armonía, de
satisfacer nuestras necesidades, desarrollarnos, multiplicarnos y en fin,
disfrutar del don de la vida.
Todo esto se logra simplemente con el cumplimiento de la
ley, es decir, sometiéndonos voluntariamente a su imperio! Pero el Estado que,
repito, tiene como función propia, exclusiva y excluyente concebir, administrar
y aplicar la norma, es un ente ideal, es una ficción regido por seres humanos e
imperfectos.
He allí el problema! cuando el hombre se cree Dios; aun
siendo mortal se siente eterno; cuando piensa que el poder es
permanente y no efímero; cuando no tiene la capacidad o la humildad para
entender que las normas que hace, lo rigen a él también y a los suyos; si no
tiene conciencia o no acepta los límites, se desborda el poder y
surgen los demonios con el abuso y la anarquía.
Venezuela tenía derecho a buscar otros caminos si
consideró que los gobernantes de la República Civil lo habían hecho mal. El
pueblo de Venezuela actuó dentro de los límites de los derechos
individuales, al elegir a Hugo Chávez en 1998, pero también a revocarle el
mandato en el 2003 y a que la Asamblea Nacional designada en el 2015, pudiera ejercer
sus funciones de legislar y controlar. Todo eso estaba regido por la ley y
debía cumplirse bajo su imperio.
Ha sido la interpretación e imposición anárquica del
entramado legal, lo que llevó al actual Presidente de la República
a convocar una Asamblea Constituyente, a pesar de estar claramente facultado
sólo a proponerla para que el pueblo la convoque si esa era su voluntad.
Indebidamente convocada e impropiamente instalada, la Constituyente
asumió de manera impropia sancionar leyes constitucionales, sin estar previstas
en nuestro ordenamiento jurídico, aunque puede transformar al
Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución
(artículo 347 CN99), sus efectos no son directos ni inmediatos porque el
producto de su trabajo ha de ser aprobado por referendo popular, como se hizo
en 1999 con la actual Constitución.
Los diferentes órganos del Estado violentan
continuamente nuestro ordenamiento y propician caos y anarquía cuando
confunden, ex profeso, los límites del gobierno y del partido gobernante;
cuando mantienen hombres en las cárceles por sus ideales, a pesar que las
leyes y tratados internacionales, que también lo son y tienen jerarquía
constitucional (artículo 23 CN99), garantizan la libertad de pensamiento.
También se incumple la ley cuando los recursos básicos de
una nación inmensamente rica no se distribuyen equitativamente, con los únicos
límites de los esfuerzos personales de sus habitantes.
El Poder Judicial contraviene la norma cuando no aplica
justicia distributiva o sus sentencias no son gratuitas, oportunas, coherentes,
expresas y precisas.
Se desdibuja el Estado cuando el Contralor protege a
quien debe controlar; cuando el Fiscal se alía al gobierno o el Defensor no
ampara los intereses y garantías básicas del Pueblo. También cuando el árbitro
electoral se parcializa o se designa en pago de lealtad.
Es inconveniente que el Derecho Administrativo
contencioso, de relativa reciente creación en Venezuela, no se oriente a
igualar derechos sino para subir el pedestal del príncipe. Nos habituamos a la
expropiación sin pago justo y oportuno, que lo transforma en confiscación,
figura que convierte al Estado en forajido.
Es la muerte del Derecho cuando la
manifestación pública y pacífica es controlada con armas y se califica como un
delito.
Lo peor de todo es el mal ejemplo que esa conducta
anómala del gobernante proyecta al ciudadano, obligándolo a actuar por
imitación. Ahora pensamos que es lícito y conveniente no pagar por los
servicios que utilizamos o que las luces rojas de los semáforos son adornos. Se
ha hecho común cerrar las calles, técnicamente del dominio público,
justificando nuestra conducta con la excusa de la protección de nuestras vidas
y bienes, acosados por el hampa común.
Ese es el mayor fracaso de la llamada Revolución
Bolivariana, no se somete al estado de Derecho, ni impone para todos y conforme
lo escrito, el imperio de la ley. Dios bendiga a Venezuela!
Digalo Ahi Digital
@jesusajimenezp
21 de marzo de 2020
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