En 2030 todos los países del mundo deberán tener
mejores condiciones para el desarrollo sostenible. Esa es la premisa bajo la
cual han sido aprobados y reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) desde el año 2015. Estos objetivos, divididos en 17 áreas, constituyen la
referencia de gobiernos y organismos internacionales para las decisiones que
deberán tomarse en los próximos años para alcanzar lo propuesto. En cada una de
las áreas de objetivos se han establecidos metas, unas específicas y otras no
tanto, que permiten que se haga el seguimiento.
Asumamos que todos aquellos grupos o instancias
interesadas en promover el cumplimiento de los ODS se disponen a tomar las
previsiones para alcanzarlos. Y para ello examinan en detalle cada una de las áreas
señaladas. Lo primero que se puede notar es que los ODS están colocados en una
lista (del número 1 al 17). La utilización de una lista tiene valor práctico.
Indica que allí están contenidos los aspectos de mayor relevancia. La
presentación de una lista también puede indicar que cada uno de los elementos
tiene igual relevancia. Sin embargo, también sabemos que en una lista se
colocan en primer lugar algunos elementos y otros se colocan posteriormente. De
manera que no es tan cierto que todos los elementos tienen similar connotación.
En otras palabras, el orden en la lista también tiene importancia.
En los primeros ocho ODS, el criterio corresponde a
aquellas condiciones que deben ser mejoradas para que el desarrollo sea
efectivamente sostenible y llegue a todas las personas en todos los países. El
primero de los ODS es eliminar la pobreza, lo cual debe ser uno de los aspectos
que cuenta con un amplio consenso. Y así sucesivamente se señalan otros ODS,
entre los cuales se incluye desde la seguridad alimentaria hasta la energía
para todos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos primeros ocho ODS? Aparte
del hecho relevante de que expresan demandas muy significativas en el ámbito
global, el cumplimiento de cada uno de estos ocho ODS supone que la sociedad de
cada uno de los países tiene los recursos necesarios y suficientes para tal
fin. Lo cual, por supuesto, es altamente deseable. Pero, estar de acuerdo en la
satisfacción de una demanda o necesidad no significa que la sociedad tenga los
recursos para garantizarla. Se requiere que esos recursos estén disponibles. Y
para que estén disponibles es fundamental que se tomen decisiones que afectan
la producción de valor en cada país. Es decir, no es posible garantizar
los recursos si previamente no se ha afectado la forma en la que la sociedad
genera los recursos.
Este aspecto, la producción de valor, aparece en el
ODS número 9, cuando se señala que se deberá promover la “industrialización
sostenible” y la innovación. El lugar en el que está colocado este ODS no
expresa realmente la importancia que tiene. Es decir, no se refleja en los ODS
que la producción de valor sea una condición previa para la garantía de los
otros ODS. De hecho, del total de 17 ODS, solo uno está relacionado con la
producción de valor y el ingreso suficiente para que los otros ODS sean
alcanzados. De allí que pudiera quedar la impresión, especialmente desde el
ámbito de la gestión pública, que la mera concentración en el resto de los ODS
será suficiente. Más bien puede pasar todo lo contrario, esto es, que los
países, y especialmente, los gobiernos, no puedan asignar los recursos
requeridos, fundamentalmente porque no han sido creados. La aspiración de los
ODS puede terminar generando una mayor frustración.
No es lo mismo, entonces, enunciar una lista de ODS
que proponer un marco de referencia en el cual se indiquen condiciones previas
que deben alcanzarse. Entre estas condiciones previas, existen dos de especial
consideración. La primera es el marco institucional en el cual los países toman
decisiones, es decir, las reglas que permiten acordar objetivos de desarrollo.
Este aspecto está involucrado en el ODS 16, pero al ser presentado dentro de
una lista general no se puede apreciar cabalmente.
La segunda condición previa es la relacionada con el
tipo de producción que se requiere en la casi tercera década del siglo XXI,
justamente la que está asociada con la generación de tecnologías de la mayor
sofisticación. Este aspecto no se encuentra desarrollado en los ODS de manera
que permita asociar la creación de valor con la generación de los recursos que
se requieren para satisfacer los otros ODS. En resumen, tanto los aspectos
institucionales como la generación de valor son condicionantes que deber ser
tomados en cuenta en esta perspectiva.
En los próximos años, la implementación de políticas
para alcanzar los ODS en 2030 adquirirá mayor relevancia. Distinguir que el
centro de la acción pública está fundamentalmente en la generación de un nuevo
modelo de producción en el que se enfatice la creación de valor, especialmente
compatible con la sociedad del conocimiento, será quizás la mayor diferencia.
Continuar con la ejecución de políticas en las cuales
se intente mejorar las condiciones de vida sin modificar la producción de
valor, será la forma de mantener, e incluso ampliar, el rezago de los países de
América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo sostenible.
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