José Antonio Gamallo Díaz, nativo de Pontevedra,
Galicia, España, y naturalizado venezolano, fue uno de los que lo sorprendió la
muerte a la edad de 45 años, el 11 de abril de 2002, en los sucesos conocidos
como la masacre de Puente Llaguno en Caracas, a 300 metros del Palacio
Presidencial de Venezuela (Miraflores). Había llegado a
Caracas con su familia a la edad de 9 años. Formaba parte de esa legión
de manifestantes que ese día marchaban contra el gobierno de Hugo Chávez, donde
grupos de civiles dispararon contra los manifestantes y, él fue impactado por
una bala en la cabeza. Gamallo Díaz quedó tirado en la calle con el rostro y la
cabeza sangrante, lo trasladaron al hospital Vargas, lo dieron por muerto,
camino a la morgue notaron que sus signos vitales respondían, lo llevaron al
quirófano. Meses después murió en Galicia.
La señora Amelia Gamallo Guiyen, solicita ayuda al
gobierno español, el presidente era José María Aznar, haciendo valer su
nacionalidad española y la de su hijo José Antonio, que es el factor de
conexión fundamental para denunciar ese crimen en la Audiencia Nacional
Española. Desde el año 2004, el caso lo atiende el abogado William Cárdenas
Rubio, quien fue diplomático en Madrid y es especialista en la jurisdicción
penal internacional. Ese abogado ha conducido las denuncias ante la Corte Penal
Internacional de La Haya, al respecto ha dicho “desde que se cometieron las
primeras agresiones violentas del régimen del teniente coronel Hugo Chávez, en
contra de grupos opositores venezolanos, hasta la presente fecha, bajo la
presidencia de Nicolás Maduro”.
La madre de José Antonio Gamallo, le
extendió un poder al abogado William Cárdenas, para que la representará en la
querella que intentaría contra el presidente Chávez, al respecto comentó “Me
fui a Caracas a buscar otras víctimas que quisieran denunciar en España y con
ellas, representadas por algunos abogados que hoy integran el Foro Penal,
presentamos la querella contra Hugo Chávez y 25 de sus más cercanos
colaboradores, caracterizadas, según su análisis, por ser sistemáticas,
generalizadas y obedecer a una estrategia política….”.
De la Audiencia Nacional Española a La Haya
Presentada la querella ante la Audiencia Nacional
Española por Amelia Gamallo y su abogado por los hechos ocurridos el 11 de
abril de 2002, donde perdió la vida su hijo José Antonio, contra el presidente
de Venezuela, en ejercicio Hugo Chávez Frías, el ponente del caso es el
magistrado Fernando Andreu Merelles, quien en la sentencia considero que a Hugo
Chávez no se le podía enjuiciar en España por ser un Jefe de Estado en el
ejercicio de sus funciones, y de un país con el que España mantiene
relaciones diplomáticas, pero ante la gravedad de los hechos ocurridos
“consideró que debía enviar el expediente a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI), jurisdicción en la cual, de acuerdo a lo estipulado en el
estatuto de Roma, no hay obstáculos para juzgar a Jefes de Estado”. Fue
comisionado el abogado Cárdenas Rubio, para que él mismo lo llevara
personalmente. Los Crímenes de Lesa Humanidad y los otros crímenes que conoce
la Corte Penal Internacional no prescriben, se mantienen en el tiempo y son
imprescriptibles.
Es así, como los sucesos del 11 de abril de 2002, se
convierten en el detonante que le abren las puertas de la Corte Penal
Internacional al presidente Chávez y a Nicolás Maduro, y están siendo
sustanciados en el voluminoso expediente conocido como “Caso Venezuela”, por
Crímenes de Lesa Humanidad.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el
año 2004, ha sido receptora de todas las denuncias por los crímenes de Lesa
Humanidad que se han cometido en Venezuela. Allí se han acumulado denuncias de
crímenes cometidos durante los años que van desde 2002 hasta el presente 2018.
La Fiscal Fatou Bensouda y el Examen
Preliminar
La Fiscal del Alto Tribunal Internacional, el pasado 8
de febrero anunció la apertura de un Examen Preliminar sobre las denuncias que
a partir de abril de 2017, se interpusieron contra el gobierno de Nicolás
Maduro Moros. La fiscal no se pronunció sobre las denuncias anteriores, no se
sabe si están desestimadas, lo cierto es que hay un silencio. El Fiscal
anterior Luis Moreno Ocampo, sin explicación alguna y de un plumazo desestimó
22 denuncias contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El examen Preliminar no es una investigación Per
se, en sí misma, es un proceso donde se inspeccionan todas las
informaciones existentes, la fiscalía debe solicitar y exhortar al estado
venezolano a que cumpla con las investigaciones, que pueda juzgar y sentenciar
los crímenes que el tribunal penal internacional pueda conocer, y éste está
obligado a enviarle toda la información necesaria para que la Fiscalía de la
CPI pueda decidir si existe merito para iniciar una investigación formal.
Para la fiscalía pronunciarse deben cumplirse preliminarmente
tres aspectos: I) Si existen razones para concluir que se ha cometido o se está
cometiendo un crimen que la CPI puede investigar y eventualmente juzgar; II)
verificar si el caso es admisible. Si se cumplen estos dos requisitos, va la,
III) deberá determinar si el inicio de la investigación beneficiaria al interés
de la justicia.
Informe de los Derechos Humanos y los
Escudos de Cartón
El 30 de agosto de 2017, en la ciudad de Ginebra fue
presentado el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos Humanos, el mismo fue elaborado sobre los hechos ocurridos en
Venezuela durante las manifestaciones y protestas que se realizaron entre los
meses abril y julio del año 2017, a su vez fue consignado ante la Fiscalía de
la CPI en La Haya. Dicho Informe señala “que han ocurrido alrededor de 140
muertes violentas, miles de heridos y detenidos ilegalmente, cientos de
torturados y personas que han recibido tratos inhumanos y crueles, por una
actuación caracterizada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las
autoridades y grupos armados, en hechos que no son casuales y que considera
forman parte de una estrategia de ataques sistemáticos a una parte de la
población civil…..Será nuestro trabajo demostrar como realmente ocurrieron los
hechos, que en estos pocos casos los manifestantes actuaron en legítima
defensa, en contra de un enemigo que le superaba en número, con armas de fuego
letales y haciendo uso desproporcionado de la fuerza… Todos sabemos que la
mayor parte de las víctimas fueron estudiantes que solo portaban en sus manos
un escudo de cartón”, así se lo comentó al periodista José Emilio Castellanos
el doctor William Cárdenas Rubio, uno de los abogados defensores de
los venezolanos en la Corte Penal Internacional.
@marioevaldez
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